CE - Sentencia 17001233300020180055201 de 2025

Radicación: 17001-23-33-000-2018-00552-01 (4484-2021) Demandante: María Dufay Chica Aldana Demandada: Nación – Ministerio de la Educación Nacional y otro

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO

BogotÆ D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho (Ley 1437 de 2011) Radicación: 17001-23-33-000-2018-00552-01 (4484-2021)

Demandante: María Dufay Chica Aldana Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Secretaría de Educación del departamento de Caldas

Tema: intereses moratorios. Subtema 1. Homologación del personal administrativo de la Secretaría de Educación de Caldas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de l 26 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la demanda.

I. S˝NTESIS DEL CASO

La accionante prestó sus servicios como empleada administrativa y fue incorporada

de febrero de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la demanda.

I. S˝NTESIS DEL CASO

La accionante prestó sus servicios como empleada administrativa y fue incorporada en la planta de personal de la Secretaría de Educación de Caldas. Debido a esto se realizó la homologación y nivelación salarial del empleo. En el presente proceso, la actora solicita la nulidad del acto administrativo que le negó el pago de los inte reses moratorios presuntamente causados sobre las sumas que le pagó la Secretaría d e Educación del departamento de Caldas por concepto de la nivelación y homologación salarial.

II. ANTECEDENTES 2.1. La demanda1

1. María Dufay Chica Aldana, por conducto de apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 2 de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que a continuación se seæalan.

2.1.1. Pretensiones

2. La demandante solicitó la nulidad de la Resolución 5053-6 del 7 de mayo de 2018, dictada por la Secretaría de Educación del departamento de Caldas, que le negó el

1 ˝ndice 2 Samai, ED_17001233300020180000(.PDF) NroActua 2, pÆgs. 3-25. 2 9 de noviembre de 2018.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00552-01 (4484-2021) Demandante: María Dufay Chica Aldana Demandada: Nación – Ministerio de la Educación Nacional y otro

Demandante: María Dufay Chica Aldana Demandada: Nación – Ministerio de la Educación Nacional y otro

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2 reconocimiento de los intereses moratorios causados por el pago tardío del valor retroactivo de la homologación y nivelación salarial.

3. A título de restablecimiento del derecho, la actora pidió el reconocimiento y pago de los intereses moratorios causados entre el 10 de febrero de 1997 hasta el 15 d e abril de 2013, fecha de pago del valor retroactivo por homologación y nivelación sa larial.

Igualmente, reclamó que la sentencia se cumpla en los tØrminos del artículo 192 del CPACA y que se condene en costas a la parte demandada.

2.1.2. Hechos

4. La Sala sintetiza los principales hechos de la demanda, así:

5. La seæora María Dufay Chica Aldana prestó sus servicios como personal administrativo a la Secretaría de Educación del departamento de Caldas. De conformidad con lo ordenado por la Ley 60 de 1993, el Ministerio de Educación certificó al referido departamento para la administración del servicio educativo, en consecuencia, el personal nacional fue incorporado a la planta territori al, mediante el Decreto 0021 de 1997, en principio con las mismas condiciones, salvo en lo salarial.

Derivado de esta situación, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto del 9 de diciembre de 2004, estableció que las entidades territoriales debían efectuar la correspondiente nivelación salarial, y el mayor valor tenía que ser

Derivado de esta situación, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto del 9 de diciembre de 2004, estableció que las entidades territoriales debían efectuar la correspondiente nivelación salarial, y el mayor valor tenía que ser pagado por la nación.

6. Posteriormente, la Secretaría de Educación del departamento de Caldas expidió la Resolución 2171 del 17 de mayo de 2006, en la cual presentó ante e l Ministerio de Educación Nacional el estudio tØcnico para la homologación salarial. Una vez aprobado, el departamento profirió los Decretos 399 del 20 de abril d e 2007 y 337 de diciembre de 2010, que homologaron y nivelaron los cargos administrativos pertenecientes a la planta de personal. Y, con el Decreto 353 del 15 de diciembre de 2010 se realizó la incorporación a la planta del departamento de Caldas.

7. El Ministerio de Educación Nacional certificó la deuda por homologación y nivelación de los cargos administrativos del departamento para los aæos de 1997 a 20 09. Por lo tanto, la Secretaría de Educación le pagó a la seæora María Dufay Chica Aldan a el valor retroactivo causado por concepto de la homologación y nivelación salarial, desde el 10 de febrero de 1997 hasta el aæo 2002.

8. La Secretaría de Educación certificó que le pagó a la demandante el valor de $71.240.386, que pese a causarse hasta el aæo 2002 solamente se pagó el 15 de abril de 2013. Por consiguiente, la actora pidió el pago de intereses moratorios por el reconocimiento tardío, lo que fue negado por la entidad a travØs de la Resolución 5053de 2013. Por consiguiente, la actora pidió el pago de intereses moratorios por el reconocimiento tardío, lo que fue negado por la entidad a travØs de la Resolución 50536 del 7 de mayo de 2018, al afirmar que no existía mora en el cumplimiento de las obligaciones laborales.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

9. En la demanda se invocan las siguientes normas:

De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 13, 25, 53, 58, 72, 93, 123, 209 y 350. Del Código Civil, los artículos 1608, 1617 y 1649.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00552-01 (4484-2021) Demandante: María Dufay Chica Aldana Demandada: Nación – Ministerio de la Educación Nacional y otro

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3 De la Ley 446 de 1998, el artículo 16. Del Decreto 01 de 1984, el artículo 177.

10. La parte actora explicó el concepto de violación con los siguientes argumentos:

11. Los empleados administrativos de las secretarías de educación, una vez fueron incorporados, tenían derecho a recibir el reconocimiento de la asignación salarial acorde con el cargo y las funciones. Por ello, se pretende el pago de los int ereses moratorios dado que la homologación y nivelación salarial fue reconocida aæos despuØs de haberse causado. Resaltó entonces que, si bien, las resoluciones 2140-6

moratorios dado que la homologación y nivelación salarial fue reconocida aæos despuØs de haberse causado. Resaltó entonces que, si bien, las resoluciones 2140-6 del 22 de marzo de 2013 y 8891-6 del 11 de diciembre de 20 14 ordenaron el reconocimiento del retroactivo a favor de la demandante, causado desd e el 10 de febrero de 1997, lo cierto es que el pago se realizó el 15 de abril de 2013.

12. Los intereses moratorios constituyen un derecho mínimo fundamental de los trabajadores y, por tanto, son irrenunciables. Interpretación que se debe acoger en atención a los principios de favorabilidad, equidad e igualdad en materia laboral.

2.1.4. Contestación de la demanda3

13. La Secretaría de Educación del departamento de Caldas, a travØs de apo derado,

se opuso a las pretensiones de la demanda, así:

14. Mediante el Decreto 0021 del 10 de febrero de 1997 se incorporó a la estructura del departamento del Caldas la planta de cargos docentes, directivos docente s y administrativos. Sin embargo, dicha incorporación trajo consigo una desigualdad salarial para los empleados administrativos de la Secretaría de Educación respecto a los empleados de la planta central.

15. El proceso de homologación inició desde el aæo 1997 y se realizaron dive rsos estudios tØcnicos para revisar el salario de cada funcionario homologado en la escala salarial de la administración territorial, de acuerdo con el nivel jerÆrquico y los requisitos para el desempeæo del cargo. Se revisaron y certificaron las funciones de

estudios tØcnicos para revisar el salario de cada funcionario homologado en la escala salarial de la administración territorial, de acuerdo con el nivel jerÆrquico y los requisitos para el desempeæo del cargo. Se revisaron y certificaron las funciones de cada empleado desde el 10 de febrero de 1997 al 9 de mayo d e 2007. En el caso de la seæora María Dufay Chica Alcana, la entidad le pagó los dineros causados por la homologación del cargo debidamente indexados, mediante actos administrativos que no han sido demandados.

16. La entidad afirmó que la parte demandante no tiene derecho al pago de intereses moratorios, pues en este sentido se pronunció, en un caso similar, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, en sentencia del 7 de diciembre de 20174.

Asimismo, indicó que el pago indexado recibido por la parte accionante, a título de la homologación y nivelación salarial, no causó intereses moratorios porque el departamento no puede estar obligado a incurrir en una doble sanción.

3 ˝ndice 2 Samai, ED_17001233300020180000(.PDF) NroActua 2, pÆgs. 122 a 132. 4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso c on radicado 73001-23-33-000-2014-00311-01 (0905-15), M.P. William HernÆndez Gómez.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00552-01 (4484-2021) Demandante: María Dufay Chica Aldana Demandada: Nación – Ministerio de la Educación Nacional y otro

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17. Propuso las excepciones que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe, inexistencia de la obligación, inaplicabilidad de los intereses morato rios y prescripción.

2.2. Sentencia de primera instancia5

18. El Tribunal Administrativo de Caldas, a travØs de sentencia del 26 de febrero de 2021, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas, con

fundamento en las siguientes consideraciones:

19. El proceso de nivelación salarial surgió de la necesidad de incorporar el empleo que ejercía la demandante, que era del orden nacional, en la planta de cargos d el departamento, y ante la diferencia salarial y prestacional debían reconocerse los mayores valores correctamente actualizados.

20. De conformidad con el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 9 de diciembre de 2004 y la Directiva 10 del 30 de junio de 2005 del Ministerio de Educación Nacional, el proceso de homologación y nivelación salarial adelantado en el departamento de Caldas para el personal administrativo de los establecimient os educativos, se realizó de forma concertada entre la nación y la entidad territorial.

21. El pago de intereses moratorios es incompatible con la indexación, dado que ambas cargas económicas tienen la misma finalidad que consiste en mitigar los efectos derivados de la mora del deudor en el incumplimiento de las obligaciones.

21. El pago de intereses moratorios es incompatible con la indexación, dado que ambas cargas económicas tienen la misma finalidad que consiste en mitigar los efectos derivados de la mora del deudor en el incumplimiento de las obligaciones.

22. Igualmente, el Tribunal consideró que el pago de intereses moratorios no tiene la naturaleza de salario; por ende, solamente se causan si existe expresamente u na norma que lo disponga, no siendo este el presente caso. Entonces, se destacó que la parte actora no tiene derecho al pago de los intereses moratorios por el pa go tardío del valor retroactivo de la homologación y nivelación salarial. Igualmente, al demostrarse que las sumas reconocidas fueron indexadas es improcedente ordenar el reconocimiento de intereses moratorios sobre los valores actualizados, en razón de la incompatibilidad entre los dos conceptos.

23. No condenó en costas al considerar que no existían razones objetivas par a imponerlas.

2.3. Recurso de apelación6

2.3.1. Parte demandante

24. La seæora María Dufay Chica Aldana, a travØs de apoderado, solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, al afirmar que:

25. Contrario a lo expuesto en el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, la Secretaría de Educación del departamento de Caldas y el Ministerio de Educación tenían la obligación de realizar oportunamente todas la s gestiones administrativas y presupuestales necesarias para garantizar que los empleados de la

5 ˝ndice 2 Samai, expediente digital, 06Sentencia.

de Educación tenían la obligación de realizar oportunamente todas la s gestiones administrativas y presupuestales necesarias para garantizar que los empleados de la

5 ˝ndice 2 Samai, expediente digital, 06Sentencia. 6 ˝ndice 2 Samai, expediente digital, 09RecursApelaciónMARIADUFAYCHICA.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00552-01 (4484-2021) Demandante: María Dufay Chica Aldana Demandada: Nación – Ministerio de la Educación Nacional y otro

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5 nación percibieran un salario, en condiciones de igualdad respecto del person al perteneciente al nivel territorial, desde el momento de la incorporación.

26. En el caso concreto, el personal administrativo fue transferido de una p lanta de personal a otra en el aæo 1997; sin embargo, los empleados tuvieron que esperar hasta el aæo 2009 (sic) para recibir el pago del salario debidamente ajustad o, es decir, con la nivelación salarial. Estos hechos acreditan que el departamento de Caldas y el Ministerio de Educación incurrieron en mora en el pago de las acreencias laborales.

27. La nivelación salarial debió pagarse desde el momento de la incorporación y no 16 aæos despuØs, dado que el valor retroactivo de las diferencias salariales a favor del empleado constituye una contraprestación directa del servicio prestado, en virt ud de principio constitucional de a trabajo igual salario igual.

28. Así pues, en criterio de la recurrente, los intereses de mora son la œn ica figura

empleado constituye una contraprestación directa del servicio prestado, en virt ud de principio constitucional de a trabajo igual salario igual.

28. Así pues, en criterio de la recurrente, los intereses de mora son la œn ica figura jurídica que permite indemnizar a la parte por el pago tardío de una obligación, y comprenden el componente resarcitorio e inflacionario. Aunado a que en la demanda se piden los intereses sobre el capital neto sin indexar.

29. Por otra parte, expuso que de la lectura de los artículos 187 y 192 de la Le y 1437 de 2011 no es posible inferir que para el legislador sean incompatibles la indexación y los intereses de mora, ya que las sumas líquidas deben ajustarse por el IPC y generar intereses si no se pagan oportunamente.

30. Aunque se haya pagado una actualización monetaria deben prevalecer los intereses de mora, pues estos incluyen tanto el componente inflacionario como el indemnizatorio. Si se considera que existe una incompatibilidad entre intereses de mora e indexación, la demandada debió reconocer intereses de mora sobre las sumas liquidadas, en lugar de indexación. Esto, en tanto, la demandante tuvo que esperar hasta los aæos 2013 y 2014 para recibir el retroactivo causado para el periodo 10 de febrero de 1997 hasta 2002.

31. Los servidores pœblicos tienen derecho al pago puntual de su remuneración y prestaciones sociales. Si el empleador incumple con estas obligaciones debe asumir las consecuencias económicas para resarcir los perjuicios causados. En el caso de los empleadores pœblicos, el artículo 90 de la Constitución establece la respon sabilidad

prestaciones sociales. Si el empleador incumple con estas obligaciones debe asumir las consecuencias económicas para resarcir los perjuicios causados. En el caso de los empleadores pœblicos, el artículo 90 de la Constitución establece la respon sabilidad patrimonial del Estado por los daæos antijurídicos imputables a la acción u omisión de las autoridades.

32. El Tribunal consideró que no procedía dicho reconocimiento al no existir una norma específica que regule los intereses de mora para la homologación y nivelación salarial.

A juicio de la recurrente, esto omite el deber legal y constitucional de aplicar la analogía y otros criterios auxiliares, como la equidad, la doctrina y los principios generales del derecho.

2.3.2. TrÆmite procesal en segunda instancia

33. Mediante auto del 7 de abril de 2022, se admitió el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte demandante, y al no existir pruebas se prescindió delRadicación: 17001-23-33-000-2018-00552-01 (4484-2021) Demandante: María Dufay Chica Aldana Demandada: Nación – Ministerio de la Educación Nacional y otro

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6 periodo para correr traslado a las partes, en aplicación del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 20217.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

34. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo

la Ley 2080 de 20217.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

34. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, segœn el cual el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictad as en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.3. Problema jurídico

35. Se circunscribe a establecer, segœn lo expuesto en el recurso de apelació n presentado por la parte actora contra el fallo de primera instancia q ue negó las pretensiones de la demanda, si procede el pago de intereses moratorios sobre el valor reconocido por concepto de la homologación y nivelación salarial, comoquiera que el retroactivo se causó desde 1997 hasta 2002, pero el pago se efectuó el 15 de abril de

2013.

36. Con el fin de abordar el problema jurídico se tratarÆn los siguientes aspectos 3.3.1.

Homologación del personal administrativo y proceso de descentralización del servicio educativo; 3.3.2. Hechos probados; y 3.4. Caso concreto.

3.3.1. Homologación del personal administrativo y proceso de descentralización del servicio educativo

37. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado explicó que la Ley 43 de 19758 nacionalizó la educación primaria que antes era prestada por los departamentos, el Distrito Especial de BogotÆ, los municipios, las intendencias y comisarias, en consecuencia, los gastos de la prestación servicio educativo estaban a cargo de l a

19758 nacionalizó la educación primaria que antes era prestada por los departamentos, el Distrito Especial de BogotÆ, los municipios, las intendencias y comisarias, en consecuencia, los gastos de la prestación servicio educativo estaban a cargo de l a nación. En virtud del proceso de descentralización del sector educativo, dispuesto en las Leyes 60 de 19939 y 715 de 200110, los departamentos y municipios debieron recibir el personal administrativo vinculado previamente con la nación, mediante un trÆmite de homologación de los cargos, funciones y salarios, que sirvió de base p ara su incorporación a las plantas territoriales de personal11.

38. La referida Ley 60 de 1993 implementó la descentralización del servi cio educativo y, por ende, desmontó la nacionalización ordenada por la Ley 43 d e 1975; en

7 ˝ndice 3 Samai. 8 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y s ecundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de BogotÆ los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones». 9 «Por la cual se dictan normas orgÆnicas sobre la distri bución de competencias de conformidad con los artículo s 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recu rsos segœn los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones». 10 «Por la cual se dictan normas orgÆnicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de l a Constitución Política y se dictan otras disposiciones pa ra

10 «Por la cual se dictan normas orgÆnicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de l a Constitución Política y se dictan otras disposiciones pa ra organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros». 11 Así lo expuso la Sala de Consulta y Servicio Civil del Con sejo de Estado, concepto 1607 del 9 de diciembre de 2004, proceso CE-SC-RAD2005-N1607, C.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00552-01 (4484-2021) Demandante: María Dufay Chica Aldana Demandada: Nación – Ministerio de la Educación Nacional y otro

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7 consecuencia, la nación debió entregar a los departamentos y municipios los bienes, el personal y los establecimientos educativos. TambiØn dispuso que correspondería a los departamentos administrar los recursos cedidos por la nación para la prestación del servicio de educación, y las plantas de personal a pasaron ser departamentales en virtud de la incorporación, así:

ART˝CULO 6o. Administración del personal. Corresponde a la ley y a sus reglamentos, seæalar los criterios, rØgimen y reglas para la organización de plantas de personal do cente y administrativo de los servicios educativos estatales.

Ningœn departamento, distrito o municipio podrÆ vincular docentes y administrativos sin el lleno

los criterios, rØgimen y reglas para la organización de plantas de personal do cente y administrativo de los servicios educativos estatales.

Ningœn departamento, distrito o municipio podrÆ vincular docentes y administrativos sin el lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa, respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial adopte.

Todo nombramiento o vinculación que no llene los requisitos a que se refiere este artículo, serÆn ilegales y constituyen causal de mala conducta, sin perjuicio de la r esponsabilidad civil y penal para quien lo ejecute.

El rØgimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacion alizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continui dad y las nuevas vinculaciones serÆ el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serÆn compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones. El per sonal docente de vinculación departamental, distrital y municipal serÆ incorporado al F ondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetarÆ el rØgimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial.

Las sumas por concepto de provisiones y aportes para la atención del pago de las prestaciones del personal docente del orden territorial, a cargo del Fondo Nacional de Prestacion es Sociales del Magisterio, serÆn giradas al mismo por las entidades territoriales, de conformid ad con las disposiciones de la presente ley. El valor actuarial del pasivo prestacional de l as entidades territoriales, que deberÆn trasladar al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisteri o, se

disposiciones de la presente ley. El valor actuarial del pasivo prestacional de l as entidades territoriales, que deberÆn trasladar al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisteri o, se determinarÆ, para estos efectos, con base en la liquidación que se realice con cada una de ellas, y serÆ financiado con sus propios recursos.

El rØgimen de remuneración y las escalas salariales de todos los docentes de los servicios educativos estatales, que en adelante tendrÆn carÆcter de servidores pœblicos de rØgi men especial, de los órdenes departamental, distrital o municipal, se regirÆ por el Decreto-ley 2277 de 1979 y demÆs normas que lo modifiquen y adicionen. Igualmente, sus reajustes salariales serÆn definidos de conformidad con la Ley 4a. de 1992.

[…].

39. El personal administrativo del sector educativo que laboraba para la nación tambiØn debió ser entregado a los entes territoriales, mediante un proceso de incorporació n que exigía «la homologación de cargos (comparación de los requisitos, funciones, clasificación, etc. previstos en la planta de la nación con los exigidos para desempeæar los de la planta de personal de los departamentos), procedimiento que en el caso del personal administrativo revestía características particulares, pues era el producto de la descentralización del servicio educativo hacia un ente territorial. Cabe recordar que segœn el decreto 2400 de 1968 - art. 48 - 12, la incorporación operaba por reorganización de dependencias o el traslado de funciones de una entidad a otra o por

la supresión de cargos de carrera y, conforme a la Ley 443 de 1998 13, tambiØn por la

reorganización de dependencias o el traslado de funciones de una entidad a otra o por la supresión de cargos de carrera y, conforme a la Ley 443 de 1998 13, tambiØn por la

12 Modificado y derogado en lo pertinente, art. 87 Ley 443 de 1998. 13 Derogada por la Ley 909 de 2004.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00552-01 (4484-2021) Demandante: María Dufay Chica Aldana Demandada: Nación – Ministerio de la Educación Nacional y otro

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8 supresión del empleo de carrera o por fusión o supresión de entidades o traslado de una entidad a otra o modificación de planta» 14.

40. Es importante destacar que la homologación e incorporación de los cargos de los empleados administrativos provenientes del orden nacional requirió, en los caso s donde no existían cargos equivalentes, una nivelación salarial. AdemÆs, implicó el reajuste de la estructura de las entidades territoriales encargadas de prestar el servicio educativo. Para ello, fue necesario considerar la clasificación, funciones, grado de responsabilidad y requisitos asociados a cada empleo, con el fin de dete rminar adecuadamente la remuneración.

41. Ahora bien, una vez se implementó el proceso de descentralización en la educación, se expidió la Ley 715 de 2001 que reguló la incorporación de los emplea dos administrativos docentes a las plantas de personal, quienes mantendrían su

41. Ahora bien, una vez se implementó el proceso de descentralización en la educación, se expidió la Ley 715 de 2001 que reguló la incorporación de los emplea dos administrativos docentes a las plantas de personal, quienes mantendrían su vinculación sin solución de continuidad. Los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 20 01 desarrollaron el procedimiento para incorporar las plantas financiadas con recursos del sistema general de participaciones «antes situado fiscal». Con este fin, se requerí a realizar un estudio tØcnico para fijar las plantas de personal docente, directivo docente y administrativos de los planteles educativos y luego proceder a la provisión de dichos cargos en la planta de personal adoptadas por las entidades territoriales para la prestación del servicio educativo. Los citados artículos seæalan:

Artículo 34. Incorporación a las plantas. Durante el œltimo aæo de que trata el artículo 37 de esta ley, se establecerÆn las plantas de cargos docentes, directivos y administrativos de los planteles educativos, de los departamentos, distritos y municipios.

Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos, manten drÆn su vinculación sin solución de continuidad.

Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles educativos que a 1° de noviembre de 2000 se encontraban contratados por órdenes de prestación de servicios, que sean vinculados de manera provisional, deberÆn cumplir los requisitos de la carrera docente y administrativa para su incorporación definitiva a las plantas que se establezcan.

[…]

prestación de servicios, que sean vinculados de manera provisional, deberÆn cumplir los requisitos de la carrera docente y administrativa para su incorporación definitiva a las plantas que se establezcan.

[…]

Artículo 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a los cargos de las plantas. La provisión de cargos en las plantas financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones, se realizarÆ por parte de la respectiva entidad territorial, dando prioridad al personal actualmente vinculado y que cumpla los requisitos para el ejercicio del cargo.

Los docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos vinculados a la carrera docente a la expedición de la presente ley, no requieren nueva vinculación o nuevo concurso para continuar en el ejercicio del cargo, sin perjuicio del derecho de la administración al traslado del mismo.

A los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles educativos que se financien con recursos del Sistema General de Participaciones, sólo

14 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1607 del 9 de diciembre de 2004, CE-SCRAD2005-N1607, M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce, actor: Ministerio de Educación Nacional