CE - Sentencia 17001233300020180058701 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2018-00587-01 (3283-2020)

Demandante: Alba Lucía Soto Bahena

Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)

Tema: pensión de jubilación docente, Ley 33 de 1985. Subtema 1 : docente oficial vinculada después de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 22 de mayo de 2020 por el Tribunal Administrativo de Caldas mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La demandante, en su calidad de docente oficial, solicitó al FOMAG el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985 por haber cumplido 55 años de edad y 20 años de servicio. Para ello, pidió que se tuviera en cuenta el tiempo de servicio laborado como personal administrativo antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. La entidad demandada negó la solicitud mediante la Resolución 6487-6 del 25 de julio de 2018 , por considerar que se vinculó al servicio público

tiempo de servicio laborado como personal administrativo antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. La entidad demandada negó la solicitud mediante la Resolución 6487-6 del 25 de julio de 2018 , por considerar que se vinculó al servicio público educativo después de la vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que, le es aplicable, para el reconocimiento de la pensión, el régimen de prima media establecido en la Ley 100 de 1993.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Alba Lucía Soto Bahena, por conducto de apoderado judicial, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 1 de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que a continuación se enuncian.

1 Según con el medio de control previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA. La demanda fue presentada el 20 de noviembre de 2018 de acuerdo con el «ACTA IN DIVIDUAL DE REPARTO» visible en el índice 02 del expediente electrónico de Samai, archivo «1ED_02 exp17001233300020180058700 DEVV.pdf(.PDF) NroActua 2», fl. 2.Radicación: 17-001-23-33-000-2018-00587-01 (3283-2020)

Demandante: Alba Lucía Soto Bahena

Demandado: FOMAG

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 2.1.1. Pretensiones

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2 2.1.1. Pretensiones

2. La demandante solicitó que se declarara: (i) la nulidad de la Resolución 6487-6 del 25 de julio de 2018, expedida por el FOMAG, a través de la Secretaría de Educación de Caldas, por medio de la cual le negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación con base en la Ley 33 de 1985; y (ii) que para el reconocimiento de la pensión se tenga en cuenta el 75% de los salarios y las primas recibidas, durante el año anterior al cumplimiento del estatus jurídico de pensionada, es decir a partir del 6 de diciembre de 2016.

3. A título de restablecimiento del derecho pidió que se condenara a la Nación, Ministerio de Educación, FOMAG a: (i) reconocer y pagar una pensión de jubilación equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas, durante el año anterior al cumplimiento del estatus jurídico de pensionada, es decir a partir de 6 de diciembre de 2016; (ii) reconocer y pagar los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de cada una de las sumas adeudadas; (iii) pagar intereses moratorios; (iv) incluirla en nómina de pensionados desde la consolidación del derecho; (v) dar cumplimiento a l fallo en el término de 30 días; (vi) reconocer y pagar «los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder

del derecho; (v) dar cumplimiento a l fallo en el término de 30 días; (vi) reconocer y pagar «los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de cada una de las sumas adeudadas»; y (vii) pagar las costas procesales.

2.1.2. Hechos

4. La Sala sintetiza los principales hechos del caso de la siguiente manera:

1. Alba Lucía Soto Bahena nació el 6 de diciembre de 1962.

1. La demandante laboró en el sector público así:

Entidad Tiempo de Servicio

Fondo Educativo Regional Empleada pública 06/05/1986 - 10/02/1997 (Sic)

Departamento de Caldas Empleada pública

10/02/1997 - 24/04/2005 Secretaría de Educación de Caldas Docente oficial

02/05/2006 – Actualidad

1. El 20 de abril de 2018, la accionante solicitó a la demandada el reconocimiento pensional con fundamento en la Ley 33 de 1985.

1. La Secretaría de Educación de Caldas, en representación del FOMAG, emitió la Resolución 6487-6 del 25 de julio de 2018, mediante la cual negó el reconocimiento pensional a la demandante, por considerar que su nombramiento como docente se produjo a partir del 25 de abril de 2005, es decir en vigencia de la Ley 812 de 2003, razón por la cual, no le aplica la Ley 33 de 1985.Radicación: 17-001-23-33-000-2018-00587-01 (3283-2020)

Demandante: Alba Lucía Soto Bahena

Demandado: FOMAG

razón por la cual, no le aplica la Ley 33 de 1985.Radicación: 17-001-23-33-000-2018-00587-01 (3283-2020)

Demandante: Alba Lucía Soto Bahena

Demandado: FOMAG

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3 2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

5. La accionante citó como normas violadas las siguientes: inciso 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985; numerales 1 y 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989; artículo 6 de la Ley 60 de 1993; artículo 279 de la Ley 100 de 1993; artículo 115 de la Ley 115 de 1994; artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y; artículos 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

6. En el concepto de violación expuso que la actora se vinculó con anterioridad al 26 de junio de 2003 y esa fecha se debe tomar, para efectos del cumplimiento al artículo 81 de la Ley 812 de 2003.

7. Sostuvo que, así se hubiera vinculado después del año 2003, se le aplicaría el Decreto 2278 de 2002, en cuanto a escalafón docente y no el Decreto 2277 de 1979, pero esta circunstancia no tiene nada que ver con el régimen pensional de la Ley 812 de 2003, así las cosas, los docentes que fueron vinculados antes del año 2003, se les debe respetar el régimen anterior de esta disposición, así el tiempo laborado antes del

de 2003, así las cosas, los docentes que fueron vinculados antes del año 2003, se les debe respetar el régimen anterior de esta disposición, así el tiempo laborado antes del 2003 no fuera en esa calidad, pues la transición en el presente asunto, se acredita por tener más de 20 años en el sector oficial.

8. Manifestó que el régimen pensional que le es aplicable es el dispuesto en la Ley 33 de 1985, cuyos requisitos son tener 55 años de edad y 20 años de servicios, los cuales acredita.

9. Para sustentar su posición, realizó un paralelo con el tratamiento dado por el Consejo de Estado a la pensión gracia 2, en el que señaló que en casos donde el educador ha prestado servicios como docente antes del 31 de diciembre de 1980 y con posterioridad, los tiempos son acumulables.

10. A partir de lo anterior argumentó que su caso merece igual tratamiento, pues, aunque su vinculación como docente oficial fue posterior a junio de 2003, el hecho de haber realizado aportes a CAJANAL antes de esa fecha debe entenderse como una forma de vinculación que la hace beneficiaria del régimen anterior.

2.2. Contestación de la demanda

11. El FOMAG no contestó la demanda3.

2.3. Sentencia de primera instancia

12. El Tribunal Administrativo de Caldas mediante sentencia del 22 de mayo de 2020 4 negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas, de conformidad con lo

siguiente:

a) Advirtió que la vinculación de la demandante con el servicio público educativo oficial ocurrió el 25 de abril de 2005, situación que se desprende del certificado de Historia

siguiente:

a) Advirtió que la vinculación de la demandante con el servicio público educativo oficial ocurrió el 25 de abril de 2005, situación que se desprende del certificado de Historia

2 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de marzo de 2017, Rad. 810001 -23-33-000-201300285-01 (2806-15). 3 Índice 02 del expediente electrónico de Samai, archivo « 1ED_02 exp17001233300020180058700 DEVV.pdf(.PDF) NroActua 2», fl. 63. 4 Índice 02 del expediente electrónico de Samai, archivo « 1ED_02 exp17001233300020180058700 DEVV.pdf(.PDF) NroActua 2», fl. 168.Radicación: 17-001-23-33-000-2018-00587-01 (3283-2020)

Demandante: Alba Lucía Soto Bahena

Demandado: FOMAG

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4 Laboral, esto es, con posterioridad al 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo tanto, no tiene derecho al reconocimiento de la pensión conforme a la Ley 33 de 1985.

b) Así las cosas, concluyó que, en este caso, el régimen pensional aplicable a la accionante es el establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, pero con la excepción del requisito de edad de 57 años establecida en el inciso segundo del artículo 81 de la multicitada Ley 812 de 2003, el cual tampoco cumplía al momento de

excepción del requisito de edad de 57 años establecida en el inciso segundo del artículo 81 de la multicitada Ley 812 de 2003, el cual tampoco cumplía al momento de la solicitud del reconocimiento pensional, razón por la cual, negó las súplicas del libelo.

2.4. Recurso de apelación

13. La actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, en el que reiteró los argumentos de su demanda, y además insistió en lo siguiente5:

a) Sostuvo que se encuentra plenamente acreditado que realizó aportes para pensión de jubilación antes del 27 de junio de 2003 a CAJANAL, de tal manera que, al tratarse de un maestro del orden nacional, su situación pensional debe resolverse de acuerdo con las disposiciones legales que le resultan aplicables a quien realizó aportes antes de esa fecha, esto es, con la ley tal y no conforme a lo establecido en la Ley 100 de 1993, como lo estimó el a quo.

b) Precisó que la transición para el presente asunto, no solo se aplica para un docente que aportaba como servidor público antes del 27 de junio de 2003, sino para aquellas personas que hoy son docentes y logran acreditar la aplicación de normas anteriores al año 2003, por pertenecer a un grupo de empleados, que siempre tuvieron la firme convicción de poder completar los aportes privados realizados al ISS, con los efectuados al sector público, en ese sentido, reitera la solicitud de acceder a las pretensiones de la demanda y reconocer una pensión de jubilación conforme a la Ley 33 de 1985, en su calidad de docente.

2.5. Intervenciones en segunda instancia

pretensiones de la demanda y reconocer una pensión de jubilación conforme a la Ley 33 de 1985, en su calidad de docente.

2.5. Intervenciones en segunda instancia

14. Mediante auto del 30 de septiembre de 2021 6, se admitió el recurso de apelación interpuesto. A través de proveído del 1 de diciembre de 20227, se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegaciones finales y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

15. La apoderada de la demandante presentó sus alegaciones finales 8, en las cuales reiteró los argumentos esgrimidos en la demanda.

16. La apoderada de la entidad demandada allegó alegatos de conclusión 9, y precisó que «para la Docente Alba Lucía Soto Bahena, de acuerdo con su fecha de vinculación como docente oficial (13 de febrero de 2007) (Sic), no le asiste el derecho que pretende reclamar en cuanto al reconocimiento y pago de las prestaciones económicas objeto

5 Índice 02 del expediente electrónico de Samai, archivo «1ED_02 exp17001233300020180058700 DEVV.pdf(.PDF) NroActua 2», fl. 184. 6 Índice 05 del Samai. 7 Índice 13 del Samai. 8 Índice 18 del Samai. 9 Índice 19 del Samai, archivo «17_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 19»Radicación: 17-001-23-33-000-2018-00587-01 (3283-2020)

Demandante: Alba Lucía Soto Bahena

Demandado: FOMAG

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5 del presente litigio, dado a que no cumple con los requisitos establecidos en el Ley 91 de 1989».

4. El Ministerio Público rindió concepto 10 y señaló que al cotejar las pruebas recaudadas en el trámite procesal se evidenció que la demandante, en su condición de docente oficial vinculada a la Secretaría de Educación de Caldas a partir del 25 de abril de 2005, es decir, después de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 (el 27 de junio de dicha anualidad), y con servicios de carácter administrativo desde el 6 de mayo de 1986 hasta el 25 de abril de 2005, solicitó al FOMAG, la pensión de jubilación docente, a la cual no tiene derecho por la imposibilidad de acumular dichos servicios, dispares en su naturaleza, para adecuarlos al régimen especial del sistema educativo oficial.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

17. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico y metodología de su resolución

18. De acuerdo con lo expuesto, la Sala analizará el fondo del asunto a partir del

en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico y metodología de su resolución

18. De acuerdo con lo expuesto, la Sala analizará el fondo del asunto a partir del siguiente problema jurídico: ¿Alba Lucía Soto Bahena tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación según la Ley 33 de 1985, al tener en cuenta que se vinculó como empleada administrativa del sector público antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y posteriormente como docente oficial?

19. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala reseñará, primero, el régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Luego, aludirá a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005 y sus efectos sobre el régimen pensional de los docentes oficiales .

Posteriormente, se hará mención al régimen pensional de la Ley 33 de 1985. Seguido, se referirá a la compatibilidad de la pensión y la prestación del servicio docente . Por último, estudiará el caso en concreto.

3.3. El régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

20. El régimen pensional de los docentes oficiales se encuentra exceptuado del Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que establece: «[e]l Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».

no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».

10 Índice 21 del Samai.Radicación: 17-001-23-33-000-2018-00587-01 (3283-2020)

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21. Esta excepción se debe a la existencia previa de un sistema particular de administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio, establecido por la Ley 91 de 1989 11, que creó un fondo especial con el objetivo específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.

22. La Ley 91 de 1989 establece un esquema particular de financiamiento que difiere del régimen general. En su artículo 8 dispone un sistema de aportes donde los docentes contribuyen con el 5% de su sueldo básico mensual, mientras que la Nación aporta el 8% so bre los factores salariales que forman parte del rubro de pago por servicios personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituye una de las principales razones que justifican la excepción del régimen general.

23. La naturaleza exceptuada del régimen se refuerza con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que establece reglas específicas para el reconocimiento de las prestaciones económicas y sociales de los docentes, y diferencia entre el personal nacionalizado

23. La naturaleza exceptuada del régimen se refuerza con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que establece reglas específicas para el reconocimiento de las prestaciones económicas y sociales de los docentes, y diferencia entre el personal nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990.

24. Es importante señalar que la excepción del régimen general se mantiene incluso después de la expedición de la Ley 812 de 200312. Aunque esta norma [en su artículo 81] estableció que los docentes vinculados a partir de su vigencia [27 de junio de 2003] se regirían por el régimen de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, mantuvo una particularidad importante: la edad de pensión unificada en 57 años para hombres y mujeres. Esto confirma que, incluso bajo el nuevo esquema, los docentes mantienen características especiales que justifican su tratamiento diferenciado.

25. Sin embargo, la Ley 812 de 200315 en el artículo 81 determinó que los docentes vinculados a partir de su vigencia (27 de junio de 2003) se regirían por el régimen de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, conservando una particularidad importante: la edad de pensión unificada en 57 años para ambos géneros. Y posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 2005 ratificó el carácter exceptuado del régimen, al establecer en su parágrafo transitorio 1 que: «El régimen pensional de los docentes nacionales , nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales

régimen, al establecer en su parágrafo transitorio 1 que: «El régimen pensional de los docentes nacionales , nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta».

26. Lo anterior denota la existencia de dos regímenes, según la fecha de vinculación al servicio docente. El primero, referente a que los docentes vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, son beneficiarios del mismo régimen pensional de los empleados públicos del orden nacional (Leyes 33 de 1985 o Ley 71 de 1988).

El segundo, para quienes se vinculan con posterioridad, les es aplicable el régimen de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad —57 años, para ambos géneros—.

11 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 12 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003.Radicación: 17-001-23-33-000-2018-00587-01 (3283-2020)

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7 3.4. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia

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7 3.4. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 201913

27. A propósito de este régimen pensional, debe prestarse especial atención a la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de abril de 2019, a través de la cual se precisaron las reglas para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente oficial afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

28. En efecto, en la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo. Tales

regímenes son:

(i) Los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, que con ocasión de la Ley 91 de 1989 gozan del mismo régimen pensional de los servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley 33 de 1985, «por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público», en el que los únicos factores que se deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación son aquellos sobre los que se

cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público», en el que los únicos factores que se deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación son aquellos sobre los que se hayan realizado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985. Al respecto se indicó que:

«En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Le y 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlista dos en el mencionado artículo».

29. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990, pero antes del 27 de junio de 2003, cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, se regula por las siguientes reglas, conforme

con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:

✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres. ✓ Tiempo de servicio: 20 años. ✓ Tasa de remplazo: 75%. ✓ Ingreso base de liquidación que comprende (i) el período del último año de servicio docente y (ii) los factores que hayan servido de base para calcular los

✓ Tiempo de servicio: 20 años. ✓ Tasa de remplazo: 75%. ✓ Ingreso base de liquidación que comprende (i) el período del último año de servicio docente y (ii) los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica; gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados y

13 Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CES2 -2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-17).Radicación: 17-001-23-33-000-2018-00587-01 (3283-2020)

Demandante: Alba Lucía Soto Bahena

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8 trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

30. Vale la pena aclarar frente a las consideraciones del fallo de unificación, en cuanto a los factores a tener en cuenta para determinar el ingreso de base de liquidación, que además de los antes señalados, deben considerarse los de naturaleza salarial según las normas posteriores, por ejemplo, la bonificación pedagógica (Decreto 2354 de

2018)14.

(ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio les aplica el

2018)14.

(ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio les aplica el régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. El ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, con los fact ores señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se realizaron las respectivas cotizaciones. En relación con dichos docentes, en la providencia se fijó la siguiente regla:

«Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones».

31. En tal sentido, los parámetros que se deben tener en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con

posterioridad a la Ley 812 de 2003 son:

✓ Edad: 57 años para hombres y mujeres. ✓ Semanas de cotización: artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003.

posterioridad a la Ley 812 de 2003 son:

✓ Edad: 57 años para hombres y mujeres. ✓ Semanas de cotización: artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. ✓ Tasa de remplazo: 65% -85%15, con la precisión de que a partir del año 2005 «(e)l valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima», según el último inciso del artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modifica do por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003. ✓ Ingreso base de liquidación que comprende: (i) El promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión y (ii) los factores salariales dispuestos en el Decreto 1158 de 1994: asi gnación básica mensual; gastos de representación; prima técnica (cuando sea factor de salario); primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario; remuneración por trabajo dominical o festivo; bonificación por servicios presta dos y remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna.

14 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024, Rad. 15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023).

15 Porcentajes que varían de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.Radicación: 17-001-23-33-000-2018-00587-01 (3283-2020)

Demandante: Alba Lucía Soto Bahena

Demandado: FOMAG

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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32. Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado líneas atrás, sobre la existencia de normas especiales que reconozcan o establezcan que un factor salarial hace parte del ingreso base de cotización.

33. Como puede apreciarse, la sentencia de unificación fue enfática en señalar que el factor determinante para la aplicación de uno u otro régimen es la fecha de vinculación inicial al servicio docente, esto es, antes o después del 27 de junio de 2003. Estas reglas tienen importantes implicaciones prácticas, que han sido destacadas en la

jurisprudencia de esta Sección16, tales como:

1. No se requiere continuidad en el servicio para mantener el régimen anterior a la Ley 812 de 2003, siempre que la vinculación inicial haya sido anterior a su vigencia.

2. Los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 mantienen su régimen pensional incluso si tienen interrupciones en el servicio, aspecto que cobra especial relevancia en casos de vinculaciones mediante contratos de prestación de servicios.

3. La aplicación del régimen está determinada por la fecha de la primera

vinculación, independientemente de la modalidad de vinculación (carrera docente, provisional o por contrato de prestación de servicios).

de servicios.

3. La aplicación del régimen está determinada por la fecha de la primera

vinculación, independientemente de la modalidad de vinculación (carrera docente, provisional o por contrato de prestación de servicios).

34. Este criterio diferenciador establecido por la Ley 812 de 2003 responde a la necesidad de preservar las expectativas legítimas de quienes ingresaron al servicio docente bajo un régimen específico, mientras se implementa progresivamente el nuevo sistema para las vinculaciones posteriores, para garantizar así la sostenibilidad financiera del sistema sin afectar derechos adquiridos.

3.5. La pensión mensual vitalicia de jubilación de la Ley 33 de 1985

35. La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los «empleados oficiales», es decir, el de los empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, estableció:

«Artículo 1. El empleado oficial que sirva o