CE - Sentencia 17001233300020180059902 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2018-00599-02 (6388-2024)

Demandante: Jairo Acosta Álzate

Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial

Tema: Prima especial, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Juez de la república y magistrado del tribunal. Reiteración jurisprudencial. Subtema 1: superación de topes del Decreto 1251 de

2009. Subtema 2: prima especial constituye factor salarial solo para liquidar la pensión de jubilación. Subtema 3: prescripción trienal – reconocimiento del 30% de la prima especial y su carácter no salarial. Imprescriptibilidad de aportes a Seguridad Social.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que declaró probada la excepción de prescripción extintiva propuesta por el extremo demandado, declaró la imprescriptibilidad de los ap ortes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y ordenó efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, negó las demás pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en

demandado, declaró la imprescriptibilidad de los ap ortes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y ordenó efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, negó las demás pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Jairo Acosta Álzate, en su condición de juez de la república y de magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales, solicitó la reliquidación de su remuneración mensual por la diferencia del 30% adeudado, la reliquidación de la prima especial mensual adicionándose el porcentaje a los salarios fijados en el respectivo decreto salarial, así como la reliquidación de sus prestaciones teniendo en cuenta que la prima es factor salarial . La entidad demandada se op uso al reconocimiento porque esta última no tiene carácter salarial y operó la prescripción. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dictó sentencia de primera instancia en la cual declaró probada la prescripción, con la salvedad de la imprescriptibilidad de los aportes a Seguridad Social.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00599-02 (6388-2024) Demandante: Jairo Acosta Álzate Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Jairo Acosta Álzate, mediante apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la

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II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Jairo Acosta Álzate, mediante apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Rama Judicial , Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el 27 de noviembre de 2018, con las siguientes1:

2.1.1. Pretensiones:

(i) Declarar la nulidad de la Resolución núm. DE SAJMAR17-448 del 11 de mayo de 2017 expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, mediante la cual se le negó la reliquidación y pago de la remuneración mensual, de la prima especial mensual, de las prestaciones sociales y los demás derechos laborales devengados como magistrado y como juez de la República.

(ii) Declarar la ocurrencia del silencio administrativo negativo frente al recurso de apelación del 5 de junio de 2017, contra la Resolución núm. DESAJMAR17-448 al no haberse decidido en el término legal.

(iii) Declarar la nulidad del acto administrativo ficto o presunto producto del silencio administrativo negativo por la falta de respuesta en el término de ley del recurso de apelación interpuesto y sustentado, el 5 de junio de 2017 , contra la Resolución núm. DESAJMAR17-448, el cual confirmó lo allí decidido.

(iv) Como consecuencia de estas declaraciones, y a título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a que reliquide:

(iv) Como consecuencia de estas declaraciones, y a título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a que reliquide:

[…] la remuneración mensual conforme al ordenamiento jurídico (Constitución Política y la Ley 4ª de 1992), percibida desde el 1 de enero de 1993 hasta el 2 de marzo de 1998, inclusive, en razón a que la Administración entendió que el treinta por ciento (30%) del salario básico era la prima especial misma, de donde se redujo este en un treinta por ciento (30%), sólo se le canceló el setenta por ciento (70%) de dicho salario básico, por tanto se adeuda el otro treinta por ciento (30%) por concepto de remuneración mensual.

En consecuencia, se debe considerar para la aludida reliquidación de la remuneración mensual, la prima especial (30%) como una adición o incremento del salario básico, y no como una disminución de éste en igual porcentaje.

QUINTA: Se reliquide la prima especial mensual conforme al ordenamiento jurídico (Constitución Política y la Ley 4ª de 1992), cancelada desde el 1 de enero de 1993 hasta el 2 de marzo de 1998, inclusive, en razón a que la misma fue mal liquidada. La prima especial se calcula sobre el cien por ciento (100%) del salario básico mensual (Ley 4ª de 1992, artículo 14), para luego adicionarla a éste, y no sobre el setenta por ciento (70%) de la remun eración mensual

(salario básico), como lo realizó la demandada.

del salario básico mensual (Ley 4ª de 1992, artículo 14), para luego adicionarla a éste, y no sobre el setenta por ciento (70%) de la remun eración mensual (salario básico), como lo realizó la demandada.

1 Samai, 17001-23-33-000-2018-00599-00, índice 17, 1_ED_C01PRINCIP_01CUADERNO1FL122(.pdf) NroActua 17, páginas 3 a 5 del archivo digital.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00599-02 (6388-2024) Demandante: Jairo Acosta Álzate Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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En consecuencia, se debe tomar para la aludida reliquidación de la prima especial, la remuneración mensual o salario básico establecido en el respectivo decreto salarial y multiplicarse por el treinta por ciento (30%), tal como lo establece el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

SEXTA: En razón de las aludidas reliquidaciones de la remuneración mensual

(salario básico) y de la prima especial mensual, y como quiera que de acuerdo con la sentencia de nulidad de 29 de abril de 2014 proferida por el H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Conjuez Ponente Dra. María Carolina Rodríguez Ruíz, en el proceso radicado número 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07), esta última (la prima especial),

de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Conjuez Ponente Dra. María Carolina Rodríguez Ruíz, en el proceso radicado número 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07), esta última (la prima especial), también constituye factor salarial ; igualmente solicito se reliquide las cesantías e intereses a las mismas causadas o acumuladas a 31 de diciembre de 1992, por haberse acogido el Dr. Jairo Acosta Álzate al nuevo régimen salarial y prestacional consagrado en los Decretos 57 y 110 de 1993, derechos que le fueron reconocidos en la Resolución Nro. 1122 de 1993 de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Caldas. Los nombrados decretos señalan que las cesantías causadas a esa fecha, se liquidarán con base en la nueva re muneración (Vigencia fiscal de 1993). (Negritas fuera del texto original).

SÉPTIMA: Se reliquide las cesantías e intereses a las mismas causadas y pagadas correspondientes a los años 1993 hasta 1997, inclusive, considerando para el efecto la reliquidación de la remuneración mensual y la reliquidación de la prima especial, que también es factor salarial. (Negritas fuera del texto original).

OCTAVA: Se reliquide las vacaciones, primas de vacaciones, primas de navidad, primas de nivelación, primas de servicios y demás prestaciones laborales, teniendo en cuenta la reliquidación de la remuneración mensual y la reliquidación de la prima especial, que también es factor salarial, desde el 1 de enero de 1993 hasta el 2 de marzo de 1998, inclusive. (Negritas fuera del texto original).

reliquidación de la prima especial, que también es factor salarial, desde el 1 de enero de 1993 hasta el 2 de marzo de 1998, inclusive. (Negritas fuera del texto original).

NOVENA: Se paguen las diferencias laborales que resulten a favor de mi mandante en razón de las aludidas reliquidaciones, desde el 1 de enero de 1993 hasta el 2 de marzo de 1998, inclusive, por concepto: remuneración mensual; prima especial mensual; cesantías e intereses a las mismas causadas o acumuladas a 31 de diciembre de 1992; cesantías e intereses a las mismas causadas y pagadas durante los años 1993 hasta 1997, inclusive; vacaciones, primas de vacaciones , primas de navidad, primas de nivelación, primas de servicios y demás prestaciones laborales2.

(v) Las sumas reconocidas deberán actualizarse o indexarse al momento en que se haga efectivo el pago, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso final del artículo 187 del CPACA.

(vi) Ordenarle a la demandada la liquidación de los intereses moratorios en caso de que no realice el pago oportunamente, en los términos del artículo 192 del CPACA.

2 Transcrito textualmente con errores.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00599-02 (6388-2024) Demandante: Jairo Acosta Álzate Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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4 (vii) Condenar en costas y agencias en derecho a la entidad demandada de acuerdo

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4 (vii) Condenar en costas y agencias en derecho a la entidad demandada de acuerdo con el artículo 188 del CPACA.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, el demandante expuso, en síntesis, lo

siguiente3:

(i) Laboró al servicio de la Rama Judicial como juez de la República desde el 7 de octubre de 1980 hasta el 15 de mayo de 1993; y del 11 de enero de 1996 al 2 de marzo de 1998, inclusive.

(ii) Laboró al servicio de la Rama Judicial como magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales, del 16 de mayo de 1993 al 10 de enero de 1996.

(iii) La Ley 4ª de 1992 autorizó al Gobierno nacional para fijar una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico sin carácter salarial a favor de varios funcionarios, entre estos los jueces de la República y los magistrados del tribunal superior, con efectos a partir del 1 de enero de 1993. Por tanto, el Gobierno nacional ha expedido distintos decretos salariales en los que ha establecido que el 30% del salario básico mensual de los jueces y de los magistrados se considera prima especial sin carácter salarial.

(iv) Del 1 de enero de 1993 al 2 de marzo de 1998, inclusive, solo se le canceló como juez de la República y magistrado de tribunal el 70% de la remuneración

especial sin carácter salarial.

(iv) Del 1 de enero de 1993 al 2 de marzo de 1998, inclusive, solo se le canceló como juez de la República y magistrado de tribunal el 70% de la remuneración mensual dispuesta en los decretos salariales, porque la demandada consideró que el 30% del salario básico era la prima.

(v) Igualmente, desde el 1 de enero de 1993 hasta el 2 de marzo de 1998, inclusive, se le liquidaron sus prestaciones sociales y derechos laborales como juez de la República y magistrado de tribunal, al tomar como base el 70% de la remuneración mensual prevista en el decreto salarial y los demás factores legales, sin tener cuenta el otro 30% de la remuneración mensual ni la prima especial.

(vi) Se acogió al nuevo régimen salarial y prestacional de los decretos 57 y 110 de 1993 , lo que hace que sus cesantías causadas o acumuladas antes del 31 de diciembre de 1992 debían liquidarse con la nueva remuneración fijada por el Gobierno nacional en el respectivo decreto salarial , más los factores salariales a los que tenía derecho cuando tomó la opción.

(vii) Mediante la Resolución núm. 1122 del 28 de octubre de 1993 la Dirección Seccional de Administración Judicial de Caldas le reconoció una cesantía parcial de acuerdo con lo dispuesto en los decretos 57 y 110 de 1993 , por haberse acogido al nuevo régimen prestacional y salarial. Esto conllevó a que no se le siguiera aplicando el régimen de liquidación de cesantías retroactivas. Adicionalmente, de acuerdo con este acto administrativo, se le tomó como salario base la sumatoria de determinados factores.

el régimen de liquidación de cesantías retroactivas. Adicionalmente, de acuerdo con este acto administrativo, se le tomó como salario base la sumatoria de determinados factores.

3 Samai, 17001-23-33-000-2018-00599-00, índice 17, 1_ED_C01PRINCIP_01CUADERNO1FL122(.pdf) NroActua 17, páginas 18 a 21 del archivo digital.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00599-02 (6388-2024) Demandante: Jairo Acosta Álzate Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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5 (viii) La Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia el 29 de abril de 2014 en la que anuló determinados artículos de los decretos salariales proferidos de 1993, en adelante.

(ix) El 24 de abril de 2017 le solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales la reliquidación y pago de la remuneración mensual, de la prima especial mensual, y de todas las prestaciones sociales así como el pago de todos los pagos laborales causados y percibidos en el período del 1 de enero de 1993 al 2 de marzo de 1998, con inclusión de las cesantías e intereses a las cesantías que se causaron o acumularon al 31 de diciembre de 1992, ya que se acogió al régimen de los decretos 57 y 110 de 1993.

cesantías que se causaron o acumularon al 31 de diciembre de 1992, ya que se acogió al régimen de los decretos 57 y 110 de 1993.

(x) La demandada, mediante la Resolución núm. DESAJMAR17-448, negó lo solicitado. Interpuso recurso de apelación contra esta decisión el 5 de junio de 2017, el cual fue concedido, pero hasta el momento la demandada no lo ha resuelto de forma expresa. Así , se configuró el silencio administrativo negativo en aplicación de lo previsto en el artículo 86 del CPACA.

(xi) El 30 de abril de 2018 presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante el procurador delegado para asuntos administrativos ante el Tribunal Administrativo de Caldas. El 11 de junio de 2018 se declaró fallida la conciliación y se tuvo por agotado el requisito de procedibilidad.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. El actor citó como normas violadas las siguientes:

• Constitución Política, artículos 53 y 150, numeral 19, literal e). • Ley 4ª de 1992, artículos 2 y 14. • Decreto 57 de 1993, artículos 2 y 12. • Decreto 110 de 1993, artículo 2.

4. En el concepto de violación, el actor indicó que los actos administrativos violaron la ley por interpretar indebidamente los artículos 2 y 14 de la Ley 4ª de 1992, ya que redujeron el valor de la remuneración mensual, de la prima especial mensual, de las prestaciones sociales y de los demás pagos laborales que debió recibir. Así las

ya que redujeron el valor de la remuneración mensual, de la prima especial mensual, de las prestaciones sociales y de los demás pagos laborales que debió recibir. Así las cosas, el Gobierno nacional con el pretexto de cumplir con el mandato del artículo 14 ibidem creó la prima especial sin carácter salarial, pero expresó que esta hacía parte del salario básico, con lo cual terminó disminuyendo este último en un 30% y esto tuvo repercusiones en la liquidación de las prestaciones sociales, así como en los demás derechos laborales.

5. Adicionalmente, expresó que la prima especial igualmente se le liquidó indebidamente ya que esta se calcula sobre el 100% del salario básico para luego sumarla a este , y no sobre un porcentaje menor como se presentó en este caso, lo que hace que también se le deba por concepto de prima especial. En este orden, al disminuirse el salario en un 70% , se generó una incidencia negativa para todas las prestaciones sociales y pagos laborales liquidados sobre este porcentaje, porque esto debió haberse hecho al considerar el 100% de la remuneración básica mensual más la prima especial que de acuerdo con la jurisprudencia también es factor salarial.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00599-02 (6388-2024) Demandante: Jairo Acosta Álzate Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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6. Efectuó una ilustración de los valores que se le pagaron a partir de la remuneración mensual prevista en los decretos salariales anuales y lo que

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6. Efectuó una ilustración de los valores que se le pagaron a partir de la remuneración mensual prevista en los decretos salariales anuales y lo que efectivamente se le canceló, para poner de presente que la indebida interpretación se materializó en su caso.

7. Sustentó sus planteamientos en la Constitución Política, en la Ley 4ª de 1992 y en la sentencia de nulidad del 29 de abril de 2014 , que desvirtuó la presunción de legalidad que recaía sobre los decretos salariales, lo que hac ía inaplicables estas normas a su caso particular y respal daba la procedencia de las reliquidaciones y de los pagos reclamados.

8. Precisó que como lo ha interpretado el Consejo de Estado, la prima especial es un incremento o adición de la asignación básica y, por tanto, tiene carácter salarial al ser base para liquidar las vacaciones, las primas de servicios, las primas de navidad, las bonificaciones por servicios, las cesantías, los intereses y los restantes emolumentos laborales.

9. También expresó que los actos demandados desconocieron el artículo 2 de la Ley 4ª de 1992 porque allí se ordena que no es posible desmejorar los salarios y las prestaciones sociales de los funcionarios enlistados en el artículo 1 ibidem. Esto se lo atribuyó a la indebida interpretación de los decretos salariales anuales en el sentido de que el 30% del salario básico era la prima y no que esta debía liquidarse sobre el 100% del salario básico mensual para luego sumarla a este.

10. A partir de esta lectura redujo su salario básico en un 70% , lo que incidió

de que el 30% del salario básico era la prima y no que esta debía liquidarse sobre el 100% del salario básico mensual para luego sumarla a este.

10. A partir de esta lectura redujo su salario básico en un 70% , lo que incidió negativamente en la liquidación de sus prestaciones sociales y en los demás pagos laborales. También desconoció el carácter salarial de la prima especial.

11. Finalmente, soportó su posición en la sentencia proferida el 19 de abril de 2017 por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Caldas, de la cual advirtió que se le canceló al administrado un valor inferior al dispuesto en el decreto salarial lo que condujo a la liquidación de las prestaciones con el 70% del salario básico y sin incluir la prima especial que es factor salarial.

12. Seguidamente, el demandante indicó que los actos administrativos inaplicaron el preámbulo y el artículo 53 de la Constitución Política , porque no acogieron la interpretación ajustada a los principios de progresividad, irrenunciabilidad y favorabilidad para entender la naturaleza de la prima especial. Precisó que esta tesis se acogió en el fallo de nulidad proferido por el Consejo de Estado el 29 de abril de

2014. También se refirió a la interpretación que del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 efectuó la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 31 de octubre de 2012.

13. Abordó que los actos administrativos eran nulos por interpretación errónea de los artículos 2 y 13 de la Ley 4ª de 1992, de los artículos 2 y 12 del Decreto 57 de

de 2012.

13. Abordó que los actos administrativos eran nulos por interpretación errónea de los artículos 2 y 13 de la Ley 4ª de 1992, de los artículos 2 y 12 del Decreto 57 de 1993 y del artículo 2 del Decreto 110 de 1993. Precisó que esto ocurría porque al liquidar las cesantías acumuladas al 31 de diciembre de 2002 se tomó el salario básico mensual en una cantidad inferior a la que se dispuso en el Decreto 57 y, adicionalmente, no se consideró la prima para este efecto pese a ser factor salarial.

14. También se erró cuando se fijaron los valores de los factores salariales que debían tenerse en cuenta porque estos venían alterados, con repercusiones para elRadicación: 17001-23-33-000-2018-00599-02 (6388-2024) Demandante: Jairo Acosta Álzate Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7 salario base de liquidación de esta prestación social. Por tanto, se le pagó un valor inferior al que legalmente correspondía.

15. Así las cosas, puso de presente que se le reconoció cesantía parcial mediante la Resolución núm. 1122 del 28 de octubre de 1993 pero debió considerarse la nueva remuneración prevista para la vigencia fiscal de 1993, así como los factores salariales adicionales que exist ían para esa fecha. Por tanto, la liquidación se hizo con ciertos

remuneración prevista para la vigencia fiscal de 1993, así como los factores salariales adicionales que exist ían para esa fecha. Por tanto, la liquidación se hizo con ciertos factores entre estos el sueldo básico mensual, al considerar que el 30% equivalía a la prima especial la cual no tenía carácter salarial, de ahí que se tuvo como remuneración mensual la suma de $937.500, cuando el Decreto 57 de 1993 la fijó en $1.218.750, se dejó de incluir la prima especial como factor salarial correspondiente a $365.625 y esto incidió en los demás factores salariales.

16. De este modo, existe una diferencia entre la suma consignada en la Resolución núm. 1122 de 1993 y aquella que se le deb ía reconocer por concepto de cesantías a corte 31 de diciembre de 1992.

2.2. Contestación de la demanda

17. La Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó ser absuelta al declarar probadas las excepciones. Solo aceptó los hechos relacionados con los cargos del actor y los extremos temporales que estén debidamente soportados documentalmente. En igual sentido, aceptó lo relativo a la presentación de la petición administrativa y al trámite de conciliación adelantado por la Nación, Procuraduría General de la Nación. Indicó que los demás hechos eran apreciaciones subjetivas del demandante.

18. Se refirió como razones de defensa a que la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 no tiene carácter salarial y a que como el demandante

18. Se refirió como razones de defensa a que la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 no tiene carácter salarial y a que como el demandante laboró al servicio de la Rama Judicial hasta 1998, operó la prescripción.

19. Planteó como excepción la prescripción, porque en aplicación de la sentencia del 2 de septiembre de 2019 , esta se configuró respecto de las diferencias salariales causadas antes del 24 de abril de 2014 , porque el actor radicó petición el 24 de abril de 2017. Así , a las sumas de dinero reclamadas antes de esta fecha se les deb ía aplicar la prescripción trienal. También formuló la excepción innominada4.

2.3. Sentencia de primera instancia

20. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia dictada el 27 de septiembre de 2024 , declaró probada la excepción de prescripción extintiva propuesta por el ente demandado y dispuso la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de seguridad social, negó las demás pretensiones de la demanda y se abstuvo de imponer condena en costas, en el siguiente sentido:

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de prescripción extintiva propuesta por el extremo demandado, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

4 Samai, 17001-23-33-000-2018-00599-00, índice 17, 1_ED_C01PRINCIP_01CUADERNO1FL122(.pdf) NroActua

17, páginas 166 a 17 del archivo digital.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00599-02 (6388-2024) Demandante: Jairo Acosta Álzate Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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SEGUNDO: DECLARAR la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de seguridad social en pensión que se deben realizar en favor de la parte demandante mientras fungió en el cargo de Juez y Magistrado de Tribunal, derivados del reconocimiento de la prima especial, los que deberán efectuarse por los periodos en los cuales no se hubieren efectuado teniendo como base el 100% de la remuneración mensual sin descontar el 30% que se pagaba a título de prima especial de conformidad con lo explicado en la parte motiva de esta providencia, teniendo en cuenta que con la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996 (19 de diciembre de 1996) se otorgó el derecho a que la prima especial tuviera carácter salarial para efectos de la determinación de la base de liquidación de la pensión, con posterioridad a esa fecha tales aportes deberán realizarse teniendo como base el 100% de la remuneración mensual más el 30% de la prima especial de servicios.

También deberán realizarse los aportes al sistema de seguridad social en salud por el periodo declarado imprescriptible en atención a lo previsto en el parágrafo 1° del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, por cuanto dispone que la base de cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud debe ser igual a la contemplada en el Sistema

periodo declarado imprescriptible en atención a lo previsto en el parágrafo 1° del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, por cuanto dispone que la base de cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud debe ser igual a la contemplada en el Sistema General de Pensiones.

En atención al reconocimiento del derecho ordenado, la entidad demandada debe realizar los aportes al sistema de seguridad social integral; además, queda facultada para realizar los respectivos descuentos de ley a la demandante con la finalidad de que se realicen los mismos.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: Sin condena en costas5.

21. El Tribunal consideró que se configuró la excepción de prescripción que da por terminado el proceso sin necesidad de efectuar un estudio de fondo del asunto, para lo cual se remontó al contenido de los artículos 41 y 102 de los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, así como a la sentencia SUJ-016-CE-S-2019 que profirió la Sección Segunda del Consejo de Estado el 2 de septiembre de 2019.

22. Analizó el caso concreto y encontró acreditado que el demandante se vinculó a la Nación, Rama Judicial como juez de la República el 7 de octubre de 1980 y ocupó este cargo hasta el 11 de mayo de 1993. También está demostrado que desde el 12 de mayo de ese mismo año se vinculó como magistrado de tribunal hasta el 10 de enero de 1996, y luego volvió a ocuparse como juez a partir del 11 de enero de 1996, y hasta el 28 de febrero de 1998. Así pues, las pretensiones persiguen el período

enero de 1996, y luego volvió a ocuparse como juez a partir del 11 de enero de 1996, y hasta el 28 de febrero de 1998. Así pues, las pretensiones persiguen el período comprendido entre el 1 de enero de 1993 y hasta el retiro del servicio que ocurrió el 28 de febrero de 1998.

23. En este contexto , puso de presente que el actor presentó reclamación administrativa el 24 de abril de 2017, es decir, más de tres años después de la desvinculación del servicio, por lo que la prescripción ocurrió desde el 2001 y esta no se suspendió con la solicitud ni con la demanda, porque al momento de la petición ya había prescrito el derecho.

24. Precisó que, aunque el demandante fundamentó su demanda en la sentencia del 29 de abril de 2014 , que anuló determinados artículos de los decretos salariales,

5 Samai, exp. 17001-23-33-000-2018-00599-00, índice 25. Transcrito textualmente con errores.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00599-02 (6388-2024) Demandante: Jairo Acosta Álzate Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

9 el cómputo de la prescripción no inicia a partir de la ejecutoria de esta providencia el 22 de julio de 2014, porque la sentencia SUJ -016-CE-S2-2019 aplicable al presente asunto por ser precedente, «fue clara en establecer los motivos por los cuales funda

22 de julio de 2014, porque la sentencia SUJ -016-CE-S2-2019 aplicable al presente asunto por ser precedente, «fue clara en establecer los motivos por los cuales funda el cómputo de la prescripción a partir de la vigencia del Decreto 57 de 1993 (7 de enero/93) […]». De manera que el derecho se hace exigible a partir del año 1993 , si existía vinculación anterior, o desde esta última fecha si fue posterior.

25. Descartó que la regla dispuesta en la sentencia del 4 de agosto de 2010 tenía que acogerse en este caso como lo afirmó el dema