CE - Sentencia 17001233300020180060102 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2018-00601-02 (5271-2024)

Demandante: José Helí Carvajal Aristizábal

Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial

Tema: prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Juez de la República.

Reiteración jurisprudencial. Subtema: aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. Irrenunciabilidad e imprescriptibilidad de aportes.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandada, en contra de la sentencia proferida el 4 de abril de 2024, por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, que concedió parcialmente las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor José Helí Carvajal Aristizábal, en su calidad de juez penal municipal de Pácora, Caldas, solicitó la reliquidación y el pago de su remuneración mensual, así como de la prima especial como un adicional del salario y de las prestaciones sociales, teniendo en cuenta el 30 % correspondiente a dicha prima, que —a su juicio— tiene carácter salarial.

prima especial como un adicional del salario y de las prestaciones sociales, teniendo en cuenta el 30 % correspondiente a dicha prima, que —a su juicio— tiene carácter salarial. No obstante, la entidad demandada negó la solicitud con fundamento en que aplicó correctamente el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y observó lo dispuesto en los decretos salariales expedidos anualmente por el Gobierno nacional.

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda

1. El señor José Helí Carvajal Aristizábal, en ejercicio del medio de control establecido en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo ContenciosoAdministrativo (en adelante CPACA), presentó demanda en contra de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, radicada mediante apoderado judicial, el 29 de noviembre de 20181.

1 Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Caldas, proceso 17001233300020180060100, índice 29, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «1_ED_C01PRINCIP_01CUADERNO1(.pdf) NroActua 29.pdf », imagen 1.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00601-02 (5271-2024)

Demandante: José Helí Carvajal Aristizábal

Demandado: Nación, Rama Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 2.1.1. Pretensiones

2. El demandante solicitó lo siguiente:

www.consejodeestado.gov.co

2 2.1.1. Pretensiones

2. El demandante solicitó lo siguiente:

(i) Que se declare la nulidad de la Resolución núm. DESAJMAR17-592 del 15 de junio de 2017, por medio de la cual la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, negó el reconocimiento del 30% de la remuneración mensual, la prima especial y la respectiva reliquidación de las prestaciones sociales.

(ii) Que se declare la nulidad del acto ficto configurado ante la falta de respuesta al recurso de apelación que presentó en contra del acto que negó su reclamación.

(iii) Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a reconocer y pagar a su favor, lo siguiente:

• La reliquidación de los salarios y el pago efectivo de la prima especial de servicios, equivalente al 30 %, como un adicional del salario, desde el 21 de enero de 1993 hasta el 31 de octubre de 1996.

• La reliquidación de todas las prestaciones sociales, «prima de navidad, prima de nivelación, primas de servicios y demás derechos laborales», así como de las cesantías y de los intereses a las mismas, sobre el 100% de su remuneración básica mensual, con inclusión del 30% que no se había tenido en cuenta en la medida en que se había pagado a título de prima especial.

• Que en la reliquidación de las prestaciones sociales se incluya el 30% correspondiente a la prima especial de servicios, reconociéndola con carácter salarial, desde la fecha de vinculación como funcionario judicial.

• Que en la reliquidación de las prestaciones sociales se incluya el 30% correspondiente a la prima especial de servicios, reconociéndola con carácter salarial, desde la fecha de vinculación como funcionario judicial.

(iv) Que se ordene a la entidad demandada que actualice las sumas adeudadas de acuerdo con el IPC, en la forma señalada en el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA); pague los intereses moratorios a que haya lugar; dé cumplimiento a la sentencia en los términos de lo dispuesto en el artículo 192 del mismo estatuto y condene en costas.

2.1.2. Hechos

3. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante expuso, en síntesis, lo

siguiente:

(i) El señor José Helí Carvajal Aristizábal prestó sus servicios como juez penal municipal de Pácora, Caldas, del 21 de enero de 1993 hasta el 31 de octubre de 1996.

(ii) Afirmó que, conforme al artículo 14 de la Ley 4 de 1992, durante dicho período debió percibir una prima especial de servicios equivalente al 30 % del salario básico, la cual no fue reconocida ni pagada por la Administración Judicial, ni tenida en cuenta como factor salarial para la liquidación de sus prestaciones sociales.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00601-02 (5271-2024)

Demandante: José Helí Carvajal Aristizábal

Demandado: Nación, Rama Judicial

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Demandado: Nación, Rama Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 (iii) Sostuvo que los decretos reglamentarios expedidos a partir de 1993, mediante los cuales se reguló el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la Rama Judicial, redujeron de manera indebida la base salarial. Ello, por cuanto excluyeron el 30% del salario bajo el rubro de prima especial de servicios, sin carácter salarial, lo que en la práctica disminuyó su asignación básica y afectó la liquidación de sus prestaciones sociales.

(iv) Mediante petición radicada el 5 de junio de 2017, solicitó la reliquidación y el pago de su remuneración mensual, así como de la prima especial como un adicional del salario y de las prestaciones sociales, teniendo en cuenta el 30 % correspondiente a dicha prima, durante el período comprendido entre el 21 de enero de 1993 y el 31 de octubre de 1996, incluyéndose las cesantías e intereses a las mismas causadas o acumuladas a 31 de diciembre de 1992, por haberse acogido al nuevo régimen salarial y prestacional establecido en los decretos 57 y 110 de 1993, con su respectiva actualización o indexación.

(v) La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, Caldas, negó su reclamación mediante Resolución núm. DESAJMAR17-592 de 15 de junio de 2017. Inconforme con la decisión, presentó recurso de apelación. Sin embargo, indicó que no

negó su reclamación mediante Resolución núm. DESAJMAR17-592 de 15 de junio de 2017. Inconforme con la decisión, presentó recurso de apelación. Sin embargo, indicó que no fue resuelto, motivo por el cual se configuró el silencio administrativo negativo.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. El demandante citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política, artículos 53, y 150; Ley 4 de 1992, artículos 2 y 14; Decreto 57 de 1993, artículos 2 y 12; Decreto 110 de 1993, artículo 2.

5. Expuso que los actos administrativos demandados vulneraron normas y principios constitucionales y legales. Indicó que la Rama Judicial, mediante los actos acusados, efectuó una interpretación errónea de los artículos 2 y 14 de la Ley 4 de 1992 y de los decretos salariales, al entender que el 30 % correspondía a la «prima misma» y lo descontó del salario básico, reduciendo la remuneración al 70 %. Esa interpretación afectó negativamente la remuneración mensual, la prima especial, las prestaciones sociales y demás emolumentos, contrariando los principios de progresividad y favorabilidad. Señaló que la tesis correcta —acogida por el Consejo de Estado— sostiene que el 30 % únicamente sirve para cuantificar la prima especial, la cual se adiciona al salario básico y no lo disminuye; además, dicha prima tiene carácter salarial y, por tanto, incide en las prestaciones

6. Indicó que la no inclusión de la prima especial de servicios en su salario implicó: (i)

salario básico y no lo disminuye; además, dicha prima tiene carácter salarial y, por tanto, incide en las prestaciones

6. Indicó que la no inclusión de la prima especial de servicios en su salario implicó: (i) una reducción indebida de la remuneración mensual; (ii) la exclusión de dicho emolumento en el cálculo de sus prestaciones sociales; y (iii) un desconocimiento de los principios de favorabilidad, progresividad e igualdad, previstos en los artículos 13 y 53 de la Constitución.

7. Destacó que el Consejo de Estado, en sentencia del 29 de abril de 2014 (Exp. 1100103-25-000-2007-00087-00), declaró la nulidad de varios decretos que regulaban el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la Rama Judicial, por contradecir la Constitución y la ley. En esa decisión precisó que la prima debíaRadicación: 17001-23-33-000-2018-00601-02 (5271-2024)

Demandante: José Helí Carvajal Aristizábal

Demandado: Nación, Rama Judicial

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4 adicionarse al salario básico y no deducirse de este. Tal interpretación ha sido reiterada por la jurisprudencia de la corporación, al reconocer a la prima naturaleza salarial y retributiva, con incidencia directa en las prestaciones.

8. Señaló que, en el caso concreto, también se configuró violación de la ley por la forma en que se liquidaron las cesantías causadas a 31 de diciembre de 1992, bajo los Decretos

8. Señaló que, en el caso concreto, también se configuró violación de la ley por la forma en que se liquidaron las cesantías causadas a 31 de diciembre de 1992, bajo los Decretos 57 y 110 de 1993, pues se utilizó un salario base inferior al fijado para 1993 y se omitió incluir la prima especial como factor salarial. Tal proceder también redujo las doceavas correspondientes a los conceptos de primas servicios, de vacaciones y navidad, así como el salario base de liquidación. En consecuencia, solicitó la nulidad de los actos y la reliquidación integral de la remuneración, la prima especial, las prestaciones y las cesantías, conforme a la Ley 4 de 1992 y la jurisprudencia aplicable.

2.1.4. Contestación de la demanda

9. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, Caldas, por medio de su apoderado judicial, contestó la demanda 2 mediante escrito en el que se opuso a las pretensiones. Indicó que los salarios y prestaciones sociales de la parte actora fueron liquidados y pagados conforme a los decretos que fijaron el régimen salarial y prestacional por parte del Gobierno nacional. De otro lado, resaltó, conforme a la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, emitida por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial y por expresa disposición legal no constituye factor para la liquidación y pago de las prestaciones sociales.

10. Propuso la excepción de litisconsorcio necesario, solicitando la vinculación de entidades competentes para fijar el régimen salarial y presupuestal. Alegó que la Rama Judicial carece de potestad para modificar o reconocer directamente los derechos

10. Propuso la excepción de litisconsorcio necesario, solicitando la vinculación de entidades competentes para fijar el régimen salarial y presupuestal. Alegó que la Rama Judicial carece de potestad para modificar o reconocer directamente los derechos reclamados, y que solo cumple una función ejecutora respecto de los decretos salariales expedidos por el Gobierno nacional.

11. Finalmente, invocó la excepción de prescripción trienal, indicando que el derecho se hizo exigible desde la entrada en vigor del Decreto 57 de 1993, por lo cual las sumas anteriores al 5 de junio de 2014 —tres años antes de la petición presentada en 2017— se encuentran prescritas.

2.2. Sentencia de primera instancia

12. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, mediante sentencia dictada

el 4 de abril de 20243, resolvió lo siguiente:

PRIMERO: ACOGER de manera integral lo dispuesto en la Sentencia de UnificaciónSUJ-016-CE-S2-2019 de 2 de septiembre de 2019 del Consejo de Estado.

2 Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Caldas, proceso 17001233300020180060100, índice 29, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «2_ED_C01PRINCIP_02CONTESTACIONDEMAND(.pdf) NroActua 29». 3 Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Caldas, proceso 17001233300020180060100, índice 31, actuación «Sentencia 1a. instancia».Radicación: 17001-23-33-000-2018-00601-02 (5271-2024)

Demandante: José Helí Carvajal Aristizábal

Demandado: Nación, Rama Judicial

31, actuación «Sentencia 1a. instancia».Radicación: 17001-23-33-000-2018-00601-02 (5271-2024)

Demandante: José Helí Carvajal Aristizábal

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SEGUNDO: Declárense IMPROSPERAS las excepciones (i). Integración de la litis consorcio necesaria e (ii). Innominada, y en consecuencia declárese la nulidad de los

siguientes actos administrativos:

• Resolución DESAJMAR17-592 de 15 de junio de 2017. • Acto administrativo ficto presunto negativo.

TERCERO: Se declara la PROSPERIDAD de la excepción “prescripción extintiva del derecho laboral” y en consecuencia la ocurrencia de este fenómeno sobre todo el periodo reclamado.

CUARTO: DECLARAR que la prima especial de servicios que se reclama, solo constituye FACTOR SALARIAL respecto a la pensión de jubilación y, en consecuencia; se ORDENA a la demandada reajustar los aportes a pensión de jubilación, tomando la prima especial de servicios como factor salarial y sobre el 100% del salario básico y no del 70% como lo hizo; luego y teniendo en cuenta el artículo 23 de la Ley 100 de 1993, se deben consignar las diferencias las diferencias causadas por El demandante durante todo el periodo reclamado -21 de enero de 1993 y el 31 de octubre de 1996-.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones4(sic para la cita).

las diferencias las diferencias causadas por El demandante durante todo el periodo reclamado -21 de enero de 1993 y el 31 de octubre de 1996-.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones4(sic para la cita).

13. En primer lugar, analizó las excepciones propuestas. Frente a la integración de litis consorcio necesario, concluyó que no era procedente vincular a la Presidencia de la República, ni al Ministerio de Hacienda, pues los actos demandados fueron expedidos por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

14. En cuanto a la prescripción, el Tribunal aplicó la sentencia de la Sala de Conjueces del Consejo de Estado SUJ-016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019, según la cual la prima especial de servicios prescribe en el término de tres años contados desde la presentación de la reclamación administrativa. En consecuencia, descartó la tesis del actor, quien invocó precedentes de esta misma corporación —radicado 11001-03-25000-2007-00087-00 (1686-07)—, al considerar que dichos fallos reconocían el derecho desde la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad de los decretos salariales expedidos Gobierno nacional y, por tanto, establecían un momento distinto para su exigibilidad.

15. Ahora, respecto al caso en concreto, advirtió que, conforme a las pruebas obrantes en el expediente, el señor José Helí Carvajal Aristizábal prestó sus servicios a la Rama Judicial en el cargo de juez de la República entre el 21 de enero de 1993 y el 31 de octubre de 1996, y que, durante dicho periodo, se efectuaron deducciones en su salario

Judicial en el cargo de juez de la República entre el 21 de enero de 1993 y el 31 de octubre de 1996, y que, durante dicho periodo, se efectuaron deducciones en su salario correspondientes a la prima especial de servicios. En consecuencia, se concluyó que le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, así como a la reliquidación de su salario y prestaciones sociales, tomando como base el 100 % de su remuneración, y no el 70 % aplicado por la administración.

16. No obstante lo anterior, y con base en el análisis jurisprudencial efectuado sobre la prescripción, el Tribunal advirtió que en el presente asunto operó el mencionado fenómeno jurídico, en los siguientes términos: «La reclamación administrativa se realizó el día 5 de junio de 2017, lo que significa que tiene cubierto-no prescrito hasta el 5 de

4 Transcripción con posibles errores de ortografía y sintaxis propios del texto original.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00601-02 (5271-2024)

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6 junio de 2014, es claro que sobre el periodo reclamado operó el fenómeno prescriptivo y, en consecuencia, no puede ordenarse su pago» (sic para la cita) . En ese sentido, concluyó que la prescripción operó respecto de la totalidad del periodo reclamado.

y, en consecuencia, no puede ordenarse su pago» (sic para la cita) . En ese sentido, concluyó que la prescripción operó respecto de la totalidad del periodo reclamado.

17. Sin perjuicio de lo expuesto, la mencionada corporación igualmente analizó el fenómeno prescriptivo frente a los aportes pensionales, dado que la prima especial de servicios constituye factor salarial únicamente para el cálculo de dichos aportes. Sobre este punto, destacó que el Consejo de Estado ha sostenido que los aportes a pensión no están sujetos a prescripción, en virtud de los principios de irrenunciabilidad de los derechos laborales, in dubio pro operario, igualdad y no regresividad.

18. Por estas razones, el Tribunal reconoció la prima especial de servicios como factor salarial para efectos de la pensión de jubilación y, en consecuencia, ordenó a la entidad demandada reajustar los aportes respectivos, tomando dicha prima como factor salarial, y sobre el 100 % del salario básico y no sobre el 70 %, por el periodo comprendido entre el 21 de enero de 1993 y el 31 de octubre de 1996. Finalmente, se abstuvo de imponer condena en costas.

2.3. Recurso de apelación

19. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, Caldas, presentó recurso de alzada 5, en el que solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia.

20. Sostuvo que, conforme al artículo 150, numeral 19, de la Constitución Política y a la Ley 4 de 1992, únicamente el Gobierno nacional es competente para fijar el régimen

instancia.

20. Sostuvo que, conforme al artículo 150, numeral 19, de la Constitución Política y a la Ley 4 de 1992, únicamente el Gobierno nacional es competente para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. En ese contexto, precisó que la prima especial de servicios no constituye factor salarial, salvo para efectos pensionales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y la jurisprudencia del Consejo de Estado. Por tanto, dicha prima no puede ser tenida en cuenta para la liquidación de las cesantías.

21. Invocó el Decreto 1251 de 2009, que fija límites a la remuneración de los jueces, advirtiendo que una reliquidación con el 100% del salario vulneraría esos topes. Alegó igualmente la prescripción trienal, dado que no se acreditó la oportuna reclamación administrativa, y resaltó que la Corte Constitucional, en la sentencia C-279 de 1996, declaró exequible la norma que excluye el carácter salarial de dicha prima, configurando cosa juzgada constitucional.

2.4. Trámite procesal en segunda instancia

22. Esta corporación dictó auto el 2 de abril de 2025 6, en el que admitió el recurso de apelación y prescindió del periodo para correr traslado a las partes, de acuerdo con el numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, las cuales no efectuaron pronunciamiento sobre el particular.

5 Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Caldas, proceso 17001233300020180060100, índice 36, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE».

pronunciamiento sobre el particular.

5 Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Caldas, proceso 17001233300020180060100, índice 36, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE». 6 Samai, índice 5, actuación «Auto que admite recurso de apelación».Radicación: 17001-23-33-000-2018-00601-02 (5271-2024)

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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

23. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el primer inciso del artículo 150 del CPACA.

3.2. Problemas jurídicos

24. De acuerdo con las consideraciones que anteceden, la Sala procede a resolver los

siguientes problemas jurídicos:

25. ¿Los argumentos expuestos por la entidad accionada resultan suficientes y congruentes frente a la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces?

26. ¿Analizó acertadamente el mencionado Tribunal el periodo reclamado —comprendido entre el 21 de enero de 1993 y el 31 de octubre de 1996— con el fin de establecer si resultaba procedente declarar que la prima especial de servicios constituye factor salarial para efectos pensionales durante dicho término? Este aspecto deberá ser verificado por

entre el 21 de enero de 1993 y el 31 de octubre de 1996— con el fin de establecer si resultaba procedente declarar que la prima especial de servicios constituye factor salarial para efectos pensionales durante dicho término? Este aspecto deberá ser verificado por el juez de segunda instancia.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

27. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

28. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992, expidió el Decreto 57 de 1993 7 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse al nuevo régimen a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció:

Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del

dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció:

Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de

7 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar».Radicación: 17001-23-33-000-2018-00601-02 (5271-2024)

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8 Instrucción Penal Militar.

Artículo 7. El treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial:

1. Del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

Secretario General Magistrado Auxiliar (…).

29. Con posterioridad, la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido de determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo 14 de dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión de

determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo 14 de dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes y (ii) se aplicaría, con las mismas limitaciones 8, a los magistrados auxiliares y abogados asistentes de las altas cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, magistrados del Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación.

30. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y prestacional de los servidores citados, el Gobierno nacional reiteró que la prima especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento (30%) del salario básico mensual» de los magistrados de los tribunales de todo orden, de los jueces y de los demás servidores enunciados en las leyes 4 de 1992 y 332 de 1996. Asimismo, determinó que la prima especial reconocida a quienes ejercen los cargos de secretario general y magistrado auxiliar de las altas cortes, entre otros, equivale al treinta por ciento (30%) de la «remuneración mensual».

31. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la rama judicial, esta Sección, mediante sentencia del 9 de marzo de 2006, decidió negar la nulidad deprecada con el argumento de que «el espíritu de la Ley 4 de 1992 al cual se acogió de manera fidedigna el

mediante sentencia del 9 de marzo de 2006, decidió negar la nulidad deprecada con el argumento de que «el espíritu de la Ley 4 de 1992 al cual se acogió de manera fidedigna el Gobierno nacional en los apartes de los actos acusados, consistió en “quitarle” a una porción de la asignación básica efectos salariales y reflexionó que como toda asignación básica per se comporta efectos salariales decidió denominarla prima en orden a evitar confusiones generadoras de controversias jurídicas»9.

32. En el segundo estudio de legalidad, la Sección, mediante sentencia del 2 de abril de 2009, presentó una «rectificación jurisprudencial» en el sentido de precisar que «el control jerárquico» entre los decretos expedidos anualmente por el Gobierno nacional para fijar las normas del régimen salariales y prestacional de los servidores de la rama judicial, de la justicia penal militar y de la procuraduría, «no puede de manera alguna ser de mera literalidad o de simple confrontación formal de normatividad, pues como la Sala ahora lo sostiene, la naturaleza misma de la ley marco obliga a que el control de los decretos que la desarrollan deba necesariamente ser de contenido»10.

8 Expresión declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-444 de 1997. 9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de marzo de 2006, exp. 11001-03-25-000-2003-00057-00(12103). 10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, exp. 11001-03-25-000-2007-00098-00(183103). 10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, exp. 11001-03-25-000-2007-00098-00(183107).Radicación: 17001-23-33-000-2018-00601-02 (5271-2024)

Demandante: José Helí Carvajal Aristizábal

Demandado: Nación, Rama Judicial

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33. Conforme con el «examen de valor» o de contenido de la norma acusada de nulidad, la Sala concluyó que «el artículo 7° del Decreto No. 618 de 2007, al tomar un 30% de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima especial sin carácter salarial, materialmente condensa una situación de violación a los contenidos y valores establecidos en la Ley 4 de 1992 y por lo tanto habrá necesidad de excluirlo del ordenamiento jurídico». Asimismo, frente a los efectos de la nulidad señaló que al desaparecer la prima como una fracción de la remuneración mensual se descarga «el castigo de dicho 30% que, conforme a los términos de la norma invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales servidores».

34. En una tercera ocasión, la Sala de conjueces, por medio de sentencia del 29 de abril de 2014, declaró la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima especial como una fracción de la remuneración mensual prevista en múltiples decretos dictados

de 2014, declaró la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima especial como una fracción de la remuneración mensual prevista en múltiples decretos dictados por el Gobierno nacional, al encontrar que contravinieron lo dispuesto en el literal a) del artículo 2 de la