CE - Sentencia 17001233300020180061801 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E

INTERESES COLECTIVOS Radicación núm.: 17001-23-33-000-2018-00618-01

Demandante: GERMÁN HUMBERTO GALLEGO GIRALDO

Demandados: CORPORACI ÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE

CALDAS Y OTROS

Vinculados: ALEIDA ROSA GONZÁLEZ CASTRILLÓN Y OTRO

Coadyuvantes: JORGE EDUARDO HERNÁNDEZ Y OTROS

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación presentado por el accionante contra la sentencia de 25 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. El señor Germán Humberto Gallego Giraldo, en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, presentó demanda contra la Corporación Autónoma Regional de Caldas, el municipio de Manizales y la Curaduría Urbana núm. 2 de Manizales, con el propósito de obtener la salvaguarda de los derechos colectivos establecidos en los literales c), d) y j) del artículo 4°1 de la Ley 472 de 5 de agosto de 19982.

2. El demandante formuló las siguientes pretensiones:

de los derechos colectivos establecidos en los literales c), d) y j) del artículo 4°1 de la Ley 472 de 5 de agosto de 19982.

2. El demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] en forma respetuosa se solicita adoptar las medidas administrativas, jurídicas, técnicas, financieras y presupuestales necesarias, a fin que:

1 “[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con: […] c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; […] d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; […] j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna […]”. 2 “[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones […]”.2

Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01

Demandante: Germán Humberto Gallego Giraldo

1. Sea restablecido de manera permanente la movilidad del camino que comunica a

las veredas Alto Tablazo, Guacas y Bajo Tablazo.

2. Sean adelantadas las gestiones necesarias por par te de la CORPORACIÓN

1. Sea restablecido de manera permanente la movilidad del camino que comunica a

las veredas Alto Tablazo, Guacas y Bajo Tablazo.

2. Sean adelantadas las gestiones necesarias por par te de la CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS, con el objeto de conservar las especies naturales que se desarrollan en el lugar.

3. Sea restablecido el camino que comunica a las veredas Alto Tablazo, Guacas y Bajo Tablazo por tratarse de un bien público de uso público; realengo equivalente a vía pública, como bien de la unión, al servicio de la comunidad y por lo tanto recuperable con el proceso policivo de restitución de espacio público […]”3.

3. Refirió que las veredas Alto Tablazo, Guacas y Bajo Tablazo, ubicadas en el municipio de Manizales, tenían un paso peatonal conocido como “camino ancestral” que se usa hace más de un siglo para recorridos importantes como llegar al puesto de salud, a la estación de policía o cuando los estudiantes d e Alto Tablazo culminaban su ciclo escolar de básica primaria.

4. Señaló que en abril de 2018 el señor Jhon Fredy Castro adquirió un predio que se encuentra en el camino ancestral. En dicho terreno taló árboles que obstruyeron el paso, introdujo un perro de raza peligrosa que ha atacado a los transeúntes y amenazó a la comunidad advirtiendo que el paso por ese lugar está prohibido.

5. Adujo que, en esa misma fecha, presentó una querella ante la policía, la cual fue enviada al corregimiento agroturístico El Tab lazo. Sin embargo, no se realizó

5. Adujo que, en esa misma fecha, presentó una querella ante la policía, la cual fue enviada al corregimiento agroturístico El Tab lazo. Sin embargo, no se realizó ninguna gestión adicional, salvo la convocatoria a una reunión para el 19 de junio de 2018, que finalmente no se celebró debido a la ausencia de las partes involucradas.

6. Manifestó que e l cierre del camino ancestral impide el libre tránsito de los miembros de la comunidad y afecta los derechos colectivos invocados, porque el paso está bloqueado por personas que no son propietarias legítimas del camino.

I.2. Actuación procesal en primera instancia

7. El magistrado sustanciador de primera instancia, mediante auto de 13 de mayo de 2019, admitió la demanda, vinculó al señor John Fredy Castro González y ordenó la notificación a las partes, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público 4.

Además, ordenó que se informara a los miembros de la comunidad.

8. Mediante auto de 31 de julio de 2019 5 se tuvo como coadyuvantes de la parte actora a los señores Jorge Eduardo Hernández, Luz Miriam Fernández N., Ana Milena Fernández N., Mónica Yaneth Fernández, Ruby Alba Correa, Alfonso Castro, Julio César Ríos, Juan Carlos Gómez, Jaime Alonso, Johanna C., Juan Pablo S.,

3 Cfr. Índice 53 del expediente digital de primera instancia, documento denominado “3_ED_03ACTAACCIONESPOPULA(.pdf) NroActua 53”. 4 Ibidem, “20_ED_20AUTOADMITEACCIONP(.pdf) NroActua 53”.

3 Cfr. Índice 53 del expediente digital de primera instancia, documento denominado “3_ED_03ACTAACCIONESPOPULA(.pdf) NroActua 53”. 4 Ibidem, “20_ED_20AUTOADMITEACCIONP(.pdf) NroActua 53”. 5 Ibidem, “34_ED_34AUTORESUELVECOADYU(.pdf) NroActua 53”.3

Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01

Demandante: Germán Humberto Gallego Giraldo

Eduardo A., Gloria Inés, Jennifer Tatiana Martínez, Luis Artemo Botero, Gilberto Gonzalo, Luz Stella López, Carlos Uriel Naranjo, Herman Botero, Dora Inés Arias, Fernando Anton io Naranjo, María Zuluaga, Brayan Felipe, Ernesto Suárez, M. Lucena Sánchez, Yeimy Johana Restrepo, María Elena G., Angélica Flores, Manuela Vargas, Orfi Villa, Yaneht Valencia, Luisa Vargas, Johan Martínez, Juliana Martínez, Fabiola Duque, Luz Viviana Vargas, Luz Marina V., Armando Mejía, Mary Luz V., Fernando Naranjo, Gloria Beatriz N., Zulma N. y Luis Evelio R.

9. El 11 de diciembre de 2019 6 se llevó a cabo la audiencia especial de pacto de cumplimiento dispuesta en el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, la cual se declaró fallida. En la misma audiencia se decretaron las pruebas del proceso.

10. Mediante auto de 1.° de diciembre de 2022 7 se vinculó al proceso a la señora

Aleida Rosa González Castrillón.

11. En auto de 24 de mayo de 20238 se decretó la práctica de las pruebas solicitadas

10. Mediante auto de 1.° de diciembre de 2022 7 se vinculó al proceso a la señora

Aleida Rosa González Castrillón.

11. En auto de 24 de mayo de 20238 se decretó la práctica de las pruebas solicitadas por la señora Aleida Rosa González Castrillón.

12. Los días 22 de junio 9 y 22 de agosto de 2023 10 el a quo celebró la audiencia de pruebas. El 6 de febrero de 2024 11 se realizó una inspección judicial en el predio objeto de análisis.

13. Por auto de 25 de abril de 2024 12, se negaron unas solicitudes de nulidad procesal, de vinculación y de pruebas. Además, se declaró cerrada la etapa probatoria y se ordenó correr traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión.

14. Mediante providencia de 11 de septiembre de 2024 13 se resolvió el recurso de reposición presentado, en el sentido de no reponer la decisión y aclarar que la Resolución núm. 055 de 8 de mayo de 2023 hace parte del material probatorio aportado al proceso.

I.3. Contestación de la demanda

I.3.1. Aleida Rosa González Castrillón14

15. La ciudadana se opuso a la prosperidad de la demanda con fundamento en las excepciones de: i) “[…] TEMERIDAD DEL ACCIONANTE AL BUSCAR EL MISMO

OBJETIVO CON DIFERENTES INSTRUMENTOS JURIDICOS AL MISMO TIEMPO

6 Ibidem, “44_ED_44ACTAAUDIENCIAPACTO(.pdf) NroActua 53”.

OBJETIVO CON DIFERENTES INSTRUMENTOS JURIDICOS AL MISMO TIEMPO

6 Ibidem, “44_ED_44ACTAAUDIENCIAPACTO(.pdf) NroActua 53”. 7 Ibidem, “52_ED_52AUTOORDENAVINCULAR(.pdf) NroActua 53”. 8 Ibidem, “62_ED_62AUTODECRETARPRUEBA(.pdf) NroActua 53”. 9 Ibidem, “70_ED_70ACTAAUDIENCIAPRUEB(.pdf) NroActua 53”. 10 Ibidem, “77_ED_77ACTAAUDIENCIAPRUEB(.pdf) NroActua 53”. 11 Cfr. Índice 54 del expediente digital de primera instancia. 12 Cfr. Índice 55 del expediente digital de primera instancia. 13 Cfr. Índice 64 del expediente digital de primera instancia. 14 Cfr. Índice 53 del expediente digital de primera instancia, documento denominado “60_ED_60CONTESTACIONDEMAND(.pdf) NroActua 53”.4

Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01

Demandante: Germán Humberto Gallego Giraldo

[…]”; ii) “[…] INEXISTENCIA DEL CAMINO VEREDAL ANSESTRAL POR DAÑO A

CAUSA DE MÚLTIPLES ERROCIONES ACAECIDAS CON EL PASO DE LOS AÑOS […]” ; iii) “[…] EXISTENCIA DE OTRO MECANISMO JUDICIAL, SUBSIDIARIO A LA ACCIÓN POPULAR […]”; iv) “[…] LA PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD FISICA Y LA VIDA DE LAS PERSONAS, ESTA POR ENCIMA DEL INTERÉS GENERAL […]”; v) “[…] EL ACCIONANTE NO PROBO EL DAÑO REAL

SUBSIDIARIO A LA ACCIÓN POPULAR […]”; iv) “[…] LA PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD FISICA Y LA VIDA DE LAS PERSONAS, ESTA POR ENCIMA DEL INTERÉS GENERAL […]”; v) “[…] EL ACCIONANTE NO PROBO EL DAÑO REAL A LOS DERECHOS COLECTIVOS QUE PROFESA […]”; y vi) “[…] ES DEBER DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO, DARLE APLICACIÓN A LO CONTEMPLADO EN EL LITERAL L) DEL ARTICULO 4° DE LA LEY 472 DE 1998 “DERECHO A LA

SEGURIDAD Y PREVENCION DE DESASTRES PREVISIBLES TECNICAMENTE

[…]” .

16. Explicó que no vulneró los derechos colectivos invocados porque el camino más seguro que comunica la vereda Alto Tablazo con el Bajo Tablazo, por recomendación de las autoridades municipales, es la antigua carretera a Chinchiná, que conduce a la vereda Guacas.

17. Refirió que el camino que menciona el demandante presenta una falla geológica denominada “Romeral”. Esa falla generó una cárcava a partir de los procesos de erosión de los terrenos de la parte alta de la vereda El Tablazo y, por ese riesgo natural, se desalojaron las viviendas y estructuras ubicadas alrededor del mencionado cráter.

18. Precisó que el desastre ocurrido que llevó al fallecimiento de un geólogo que se encontraba en la zona demuestra el alto riesgo de desprendimiento de tierra en la mencionada cárcava, colindante con el camino objeto de estudio. Por ese hecho se cerró el paso por el camino “[…] precisamente, el Profesor se ubicó por la parte alta

encontraba en la zona demuestra el alto riesgo de desprendimiento de tierra en la mencionada cárcava, colindante con el camino objeto de estudio. Por ese hecho se cerró el paso por el camino “[…] precisamente, el Profesor se ubicó por la parte alta de la finca -que pertenece a la vereda alto tablazo - entre el camino ancestral y la antigua canc ha de futbol, con miras a lograr un mejor ángulo de la falla y de la cárcava y realizar un estudio fotográfico y en dicha zona, fue que se presentó el desprendimiento de capa vegetal, arrastrando al vacío al profesor […]”.

19. Indicó que el accionante ha incu rrido en temeridad por perseguir el mismo objetivo en ejercicio de dos denuncias policivas y de esta acción popular. Además, adujo que las pretensiones debían perseguirse a través de un proceso de servidumbre en la jurisdicción ordinaria.

20. Aclaró que el ac cionante no aportó prueba que demostrara la vulneración a los derechos e intereses colectivos, además, el equilibrio ecológico se ha preservado porque las acciones del predio son realizadas en obediencia a los permisos y el acompañamiento de las entidades públicas competentes.

21. En cuanto al derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente señaló que el municipio de Manizales, la Corporación Autónoma Regional de Caldas y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

(UGRD) han instalado letreros que advierten el peligro de la zona y han realizado5

Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01

Demandante: Germán Humberto Gallego Giraldo

(UGRD) han instalado letreros que advierten el peligro de la zona y han realizado5

Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01

Demandante: Germán Humberto Gallego Giraldo

planes de evacuación de las construcciones cercanas con el fin de evitar alguna afectación a la integridad de las personas.

I.3.2. Municipio de Manizales15

22. El municipio se opuso a lo argumentado por la parte accionante con fundamento en las excepciones de “[…] IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN […]” , “[…]

INEXISTENCIA DE LOS PRESUPUESTOS LEGALES PARA INCOAR LA ACCIÓN

[…]” y “[…] CARENCIA DE PRUEBA QUE CONSTITUYA PRESUNTA

VULNERACIÓN DE DERECHOS COLECTIVOS […]”.

23. Explicó que, de conformidad con el oficio CET 135-2019 de 17 de mayo de 2019 expedido por el corregimiento agroturístico El Tablazo, no es posible ordenar la apertura del camino que comunica las veredas Alto Tablazo y Bajo Tablazo debido a que la señora Adelaida Rosa González, propietaria del terreno en cuestión, cerró el paso al considerar que no existe ninguna autorización que permita el tránsito de otras personas por su propiedad.

24. Precisó que los documentos presentados no prue ban que exista una conexión directa entre la posible afectación de los derechos colectivos y alguna acción realizada por el municipio. El objeto de la presente demanda excede las funciones del municipio, al centrarse la controversia en un predio privado. A demás, el demandante pretende la protección de un derecho e interés particular.

I.3.3. Corporación Autónoma Regional de Caldas16

del municipio, al centrarse la controversia en un predio privado. A demás, el demandante pretende la protección de un derecho e interés particular.

I.3.3. Corporación Autónoma Regional de Caldas16

25. La corporación se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en las excepciones denominadas: i) “[…] COMPETENCIA DE LA ALCALDÍA

MUNICIPAL POR MEDIO DE LAS INSPECCIONES DE POLICIAS LOS

PROBLEMAS ENTRE VECINOS QUE AFECTA LA CONVIVENCIA CIUDADANA […]”; ii) “[…] COMPETENCIA DEL MUNICIPIO EN MATERIA DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES […]” ; iii) “ […] COMPETENCIA DEL MUNICIPIO EN EL CUIDADO E INTEGRIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO […]”; y iv) “ […]

CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS POR LEY A LA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS […]”.

26. Adujo que las pretensiones de la demanda están relacionadas con el ejercicio de las funciones de la administración municipal y no se demostró que exista un daño ambiental en la zona. Por ello, no se justifica la intervención de esa autoridad ambiental.

27. Precisó que no existe ningún registro de actividades que hayan puesto en peligro la biodiversidad del área. Por el contrario, el oficio núm. 2018 -IE-000264 confirma

15 Ibidem, “31_ED_31ESCRITOCONTESTACIO(.pdf) NroActua 53”. 16 Ibidem, “33_ED_33ESCRITOCONTESTACIO(.pdf) NroActua 53”.6

Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01

16 Ibidem, “33_ED_33ESCRITOCONTESTACIO(.pdf) NroActua 53”.6

Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01

Demandante: Germán Humberto Gallego Giraldo

que no se realizó ningún aprovechamiento de especies nativas en la zona. Además, señala que “[…] Con la intervención realizada de los árboles de eucalipto , no se afectó el bosque natural, no se generó un impacto negativo sobre fuentes hídricas, ni se puso en riesgo la conservación de los recursos naturales […]”.

28. Refirió que, de acuerdo con la Ley 1801 de 29 de julio de 2016 17, las problemáticas relacionadas con el tránsito peatonal, el orden público y la convivencia ciudadana son competencia de los alcaldes y los inspectores de policía.

Igual ocurre con la conservación del espacio público que es responsabilidad de las entidades territoriales.

29. Aclaró que las denuncias presentadas por el presunto aprovechamiento indebido de especies arbóreas en la zona fueron atendidas de manera adecuada y, al no evidenciarse ninguna afectación ambiental, no se inició un proceso sancionatorio.

De esta manera, se siguió el protocolo de alertas ambientales tras las denuncias de la comunidad, se realizó visita al sector y se mantuvo vigilancia sobre las especies de fauna y flora presentes.

I.3.4. Curaduría Urbana núm. 2 de Manizales18

30. La curaduría se opuso a las declaraciones de la parte accionante con fundamento en las excepciones de “[…] CARENCIA DE LA PRUEBA CON VALOR JURÍDICO

30. La curaduría se opuso a las declaraciones de la parte accionante con fundamento en las excepciones de “[…] CARENCIA DE LA PRUEBA CON VALOR JURÍDICO

QUE DEMUESTRE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS

CONSTITUCIONALES Y COLECTIVOS […]” y “[…] FALTA DE LEGITIMACIÓN EN

LA CAUSA POR PASIVA […]”.

31. Explicó que ninguna prueba demuestra lo afirmado por el accionante, quien únicamente expuso hechos sin aportar evidencia y tampoco solicitó pruebas para sustentar sus argumentos. De acuerdo con los artículos 2.2.6.1.1.1. y 2.2.6.6.1.1. del Decreto 1077 de 26 de mayo d e 201519, a la curaduría le corresponde resolver las solicitudes relacionadas con el otorgamiento de licencias urbanísticas. Sin embargo, el predio con folio de matrícula inmobiliaria núm. 100 -31312 no cuenta con ninguna solicitud de licencia.

32. Recordó que el artículo 2.2.6.1.2.3.3. ibidem prohíbe a los curadores urbanos que se pronuncien sobre la titularidad de los derechos reales o de posesión cuando se presentan diferencias entre la propiedad de dos predios o con una servidumbre, como es el caso objeto de esta acción popular.

17 “[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana […]”. 18 Cfr. Índice 53 del expediente digital de primera instancia, documento denominado “25_ED_25ESCRITOCONTESTACIO(.pdf) NroActua 53”. 19 “[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio […]”.7

“25_ED_25ESCRITOCONTESTACIO(.pdf) NroActua 53”. 19 “[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio […]”.7

Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01

Demandante: Germán Humberto Gallego Giraldo

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

33. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia de 25 de marzo de 202520, declaró improcedente la acción popular frente a las pretensiones de la demanda relacionadas con la protección de la servidumbre de tránsito y negó el amparo del derecho colectivo establecido en el literal c) del artículo 4° de la Ley 472.

34. El tribunal declaró que la acción popular ejercida era improcedente parcialmente al considerar que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, este no es el medio de control previsto por el legislador para resolver disputas sobre derechos reales, relacionadas con las servidumbres que corresponden a caminos o pasos peatonales usados por la comunidad.

35. Explicó que, en la inspecc ión judicial, se verificó que ese camin o no es la única ruta que permite a la comunidad acceder a la iglesia y al colegio del municipio, pues es posible utilizar la vía pública que comunica esas veredas para el mismo propósito. Adicionalmente, en el predio cuestionado no se evidenció ningún impacto ambiental, ya que, según los informes de Corpocaldas, las actividades que se desarrollan en el lugar cumplen con el uso del suelo autorizado por el municipio.

36. Manifestó que la propietaria del predio por donde pa sa el camino únicamente

ambiental, ya que, según los informes de Corpocaldas, las actividades que se desarrollan en el lugar cumplen con el uso del suelo autorizado por el municipio.

36. Manifestó que la propietaria del predio por donde pa sa el camino únicamente incumplió la orden relacionada con la disposición adecuada de los residuos, ya que estos fueron depositados en una escombrera. Sin embargo, este hecho no ha causado un impacto ambiental significativo, tampoco constituye una afectaci ón ecológica, ni un uso irracional de los recursos naturales.

37. Concluyó que, según el concepto técnico de la autoridad ambiental, el camino ancestral se encuentra en una zona de alta inestabilidad geológica y de alta sensibilidad ambiental, por lo que no se recomienda su rehabilitación o reapertura.

38. Con fundamento en lo anterior, el tribunal resolvió:

“[…] PRIMERO: DECLÁRESE improcedente la acción popular respecto a la protección de una servidumbre de tránsito de que trata la demanda.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda respecto a los derechos colectivos de la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible; la conservación de las especies animales y v egetales; y la protección de áreas de impacto ecológico y ecosistemas.

TERCERO: Sin costas.

CUARTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, REMITASE copia auténtica de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.

QUINTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y al Ministerio Público.

REMITASE copia auténtica de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.

QUINTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y al Ministerio Público.

20 Cfr. Índice 70 del expediente digital de primera instancia.8

Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01

Demandante: Germán Humberto Gallego Giraldo

SEXTO: Una vez ejecutoriada esta sentencia, archívese, previas las anotaciones pertinentes en el programa informático “Samai” […]”. (Negrilla del texto).

III. RECURSO DE APELACIÓN

39. El demandante en el escrito de 2 de abril de 2025 21 solicitó la revocatoria de la sentencia de 25 de marzo de 2025 para que, en su lugar, se concedan las pretensiones de la demanda.

40. Afirmó que la solicitud de nulidad que presentó en primera instancia por la falta de integración del litisconsorcio necesario por pasiva aún persiste. Además , contrario a lo afirmado por el a quo, presentó escrito de alegatos de conclusión de primera instancia.

41. Solicitó la revocatoria del ordinal primero de la parte resolutiva de la referida providencia, al considerar que sus pretensiones se interpretaron incorrectamente y la acción popular resulta procedente. En la demanda no solicitó una servidumbre de tránsito sino el restablecimiento de la movilidad por el camino que conecta l as veredas.

42. Señaló que el tribunal planteó el problema jurídico de forma incorrecta ya que en el proceso se demostró que la vía existe desde hace más de 50 años y, recientemente, los particulares demandados efectuaron bloqueos y colocaron

veredas.

42. Señaló que el tribunal planteó el problema jurídico de forma incorrecta ya que en el proceso se demostró que la vía existe desde hace más de 50 años y, recientemente, los particulares demandados efectuaron bloqueos y colocaron puertas. Por lo tanto, no se demostró que el camino pertenezca a un terreno privado.

43. Refirió que la sentencia resulta contradictoria porque, aunque se basa en un informe que advierte sobre el estado peligroso del camino, no se ordenaron medidas de protección. Además, p uso de presente que no se valoraron algunas pruebas debidamente aportadas, especialmente las fotografías de la demanda.

44. Explicó que el juez cuenta con la facultad de decretar pruebas de oficio teniendo en cuenta que era necesario demostrar el bloqueo del camino veredal y, a pesar de ello no ejerció sus facultades probatorias. El a quo en la inspección judicial citó a los señores Carlos Uriel Naranjo Vélez, Campo Elías Giraldo, Robert Albeiro Rodríguez Rojas y Robert Albeiro Rodríguez Rojas para que rindie ran sus testimonios, pero la diligencia no se realizó por falta de un espacio adecuado y posteriormente el juez negó la práctica de esos testimonios.

45. Solicitó que se practicaran dichas pruebas, junto con un informe del Instituto Geográfico Agustín Codazzi sobre la extensión del camino, al resultar necesarias para resolver el caso.

21 Cfr. Índice 74 del expediente digital de primera instancia.9

Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01

Demandante: Germán Humberto Gallego Giraldo

21 Cfr. Índice 74 del expediente digital de primera instancia.9

Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01

Demandante: Germán Humberto Gallego Giraldo

IV.TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

46. Mediante auto de 21 de abril de 2025 22, el Tribunal Administrativo de Caldas concedió ante el Consejo de Estado el recurso de apelación presentado por la parte accionante y rechazó el recurso de apelación del señor Fernando Naranjo Vélez por haberlo presentado de forma extemporánea.

47. A través de auto de 15 de octubre de 202523, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el accionante, se negó el decreto de pruebas solicitadas en el mencionado recurso, se prescindió del traslado para alegar de conclusión, y se informó al Ministerio Público qu e se encontraba habilitado para emitir concepto en la presente causa.

48. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

49. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en el artículo 150 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201124 y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 25, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en contr a de las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, en el marco de las acciones populares.

V.2. Planteamiento de los problemas jurídicos

competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en contr a de las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, en el marco de las acciones populares.

V.2. Planteamiento de los problemas jurídicos

50. El señor Germán Humberto Gallego Giraldo atribuyó a la Corporación Autónoma Regional de Caldas, al municipio de Manizales y a la Curaduría Urbana núm. 2 de Manizales, la vulneración de los derechos colectivos a l a existencia del equilibrio ecológico, al goce del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes de uso público, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, debido al cierre de un camin o peatonal que comunica la vereda Alto

Tablazo con el Bajo Tablazo.

51. El Tribunal Administrativo de Caldas vinculó a los señores Aleida Rosa González Castrillón y John Fredy Castro González, como propietaria y residente del predio donde pasa el camino , y en la sentencia de 25 de marzo de 2025, declaró improcedente la acción popular interpuesta para proteger la servidumbre de tránsito, y negó el amparo respecto de la transgresión del derecho colectivo al equilibrio ecológico.

22 Cfr. Índice 77 del expediente digital de primera instancia. 23 Cfr. Índice 4 del expediente digital de segunda instancia. 24 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”. 25 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.10

Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01

25 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.10

Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01

Demandante: Germán Humberto Gallego Giraldo

52. Explicó que existen rutas alternativas para acceder a los puntos de interés de la comunidad. Además, l as actividades desarrolladas en el predio cuestionado cumplen con las normas municipales en materia de uso del suelo; y no es pertinente la rehabilitación d el camino ancestral porque está situado en una zona de alta inestabilidad geológica y sensibilidad ambiental.

53. El demandante en el recurso de apelación insistió en la configuración de una causal de nulidad y una irregularidad procesa l. Alegó que la acción popular era procedente, y que el tribunal no valoró las pruebas que demostraban la transgresión de los derechos establecidos en los literales d) y j) del artículo 4° de la Ley 472. El objeto de la demanda no consistía en establecer una servidumbre de tránsito, sino en restaurar la movilidad por el camino que conecta las veredas Alto y Bajo Tablazo, ya que ese sendero peatonal existe desde hace más de cincuenta años y recientemente fue bloqueada por particulares.

54. Criticó que la sentencia se basara en un informe técnico sobre la peligrosidad del camino sin ordenar medidas de prot ección, y que no se hubiesen valorado adecuadamente los testimonios ni practicado otras pruebas solicitadas para demostrar el bloqueo del camino veredal.

55. Finalmente, el recurrente expuso que el juez de primera instancia no ejerció su facultad para decretar pruebas de oficio, a pesar de que era necesario establecer la

demostrar el bloqueo del camino veredal.

55. Finalmente, el recurrente expuso que el juez de primera instancia no ejerció su facultad para decretar pruebas de oficio, a pesar de que era necesario establecer la situación del camino y la existencia de bloqueos.

V.3. Análisis del caso concreto

56. Para resolver los problemas jurídicos, la Sala estudiará: i) la nulidad y la irregularidad procesal propuesta en el recurso de apelación; ii) la procedencia de la acción popular respecto de la presunta transgresión de los derechos colectivos previstos en los literales d) y j) del artículo 4° de la Ley 472 ; iii) el riesgo existente en el sector del litigio; y iv) las cargas probatorias en el caso concreto.

V.3.1. La nulidad y la irregularidad procesal propuesta en el recurso de apelación

57. El actor popular, en su recurso de apelación, afirmó que el proceso continúa