CE - Sentencia 17001233300020190000201 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la demandante y el demandado contra la sentencia proferida el 18 de junio de 202 1 por el Tribunal Administrativo de Caldas.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La Administradora Colombiana de Pensiones 1 presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con el propósito de que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones: (i) GNR 253413 del 9 de octubre de 2013, mediante la cual se reconoció una pensión de vejez a favor del señor Julio César Trujillo Toro, efectiva desde el 1.º de octubre de 2013, por un valor mensual de $ 1.609.333 para ese año, liquidada con base en 1137 semanas cotizadas, un IBL de $ 1.968.831 y una tasa de reemplazo del 81 %, conforme al Decreto 758 de 1990; (ii) SUB 167260 del 22 de agosto de 2017, por la cual se reconoció un incremento del 14 % por persona a cargo en cumplimiento de una sentencia judicial2; y (iii) SUB 120709 del 7 de mayo de 2018, que reconoció un pago único por retroactivo y declaró cumplida la orden judicial referida.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó (i) declarar que el accionado no reunía

único por retroactivo y declaró cumplida la orden judicial referida.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó (i) declarar que el accionado no reunía los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ni del Decreto 758 de 1990, debiendo aplicarse en su caso la Ley 797 de 2003; (ii) ordenar la devolución de las sumas percibidas en virtud de los actos administrativos demandados, por haber adoptado una conducta arbitraria al no autorizar su revocatoria, lo que configuraría una actuación de mala fe; y (iii) indexar las sumas

1 En adelante Colpensiones. 2 Decisión proferida por el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Pereira, Rad. 66001-41-05-001-2015-00791-00.

Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011

Radicación : 17001-23-33-000-2019-00002-01 (3910-2021) Demandante : Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)

Demandado : Julio César Trujillo Toro

Tema

:

Traslado de régimen pensional. Devolución de mesadas Decisión : Revoca la sentencia de primera instancia y declara de oficio la excepción de caducidad de la acción de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.Radicación: 17001-23-33-000-2019-0002-01 (3910-2021)

Demandante: Colpensiones

2 correspondientes o reconocer los intereses legales, para evitar un detrimento patrimonial derivado de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.

Demandante: Colpensiones

2 correspondientes o reconocer los intereses legales, para evitar un detrimento patrimonial derivado de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.

3. Expuso que al 1.º de abril de 1994 el accionado solo acreditaba 604 semanas cotizadas, equivalentes a 11 años y 8 meses de servicio. Por ello, al haberse trasladado el 1.º de febrero de 2009 del régimen de ahorro individual con solidaridad al de prima media con prestación definida , perdió el beneficio de l régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, que exigía al menos 15 años de cotizados a la entrada en vigencia de dicha norma para conservar su aplicación.

4. No obstante, el 10 de septiembre de 2013 el demandado solicitó el reconocimiento de la pensión, la cual le fue concedida mediante la Resolución GNR 253413 de 2013, con fundamento en el Decreto 758 de 1990, bajo el supuesto de que era beneficiario de l régimen de transición. Los recursos de reposición y apelación interpuestos contra e ste acto fueron resueltos de forma desfavorable m ediante las resoluciones GNR 37830 del 11 de febrero de 2014 y VPB 4454 del 31 de marzo del mismo año.

5. Posteriormente, a través de la Resolución VPB 16546 del 12 de abril de 2016 , Colpensiones solicitó autorización del pensionado para revocar el acto de reconocimiento, y precisó que la prestación debía liquidarse conforme a la Ley 797 de 2003, fijando la mesada en $ 1.075.421, efectiva desde el 1.º de octubre de 2013.

reconocimiento, y precisó que la prestación debía liquidarse conforme a la Ley 797 de 2003, fijando la mesada en $ 1.075.421, efectiva desde el 1.º de octubre de 2013.

6. En cumplimiento de una decisión judicial, Colpensiones reconoc ió un incremento del 14 % sobre la mesada pensional, a partir del 1.º de octubre de 2013, por tener el afiliado a su cónyuge a cargo. Esta orden fue ejecutada mediante la Resolución SUB 167260 del 22 de agosto de 2017, y el retroactivo fue reconocido a través de la Resolución SUB 120709 del 7 de mayo de 2018.

7. Colpensiones concluyó que el accionado no era beneficiario del régimen aplicado para el reconocimiento pensional y, por tanto, tampoco eran procedentes los incrementos reconocidos en su favor.

Contestación de la demanda

8. El demandado se opuso a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que si bien actualmente cuenta con 1320 semanas cotizadas, dicho número no refleja la totalidad de su historial, pues existen inconsistencias en los aportes registrados, motivo por el cual solicitó su corrección. Señaló que, al 7 de septiembre de 2013, había cumplido la edad requerida para pensionarse por vejez y acreditaba las semanas exigidas conforme al Acuerdo 049 de 1990. Por tanto, invocó el principio de confianza legítima y la buena fe para justificar su solicitud de reconocimiento de la pensión.

9. Indicó que interpuso demanda ordinaria con el fin de obtener la nulidad del traslado de régimen pensional y la preservación de su derecho a permanecer en la transición prevista

la buena fe para justificar su solicitud de reconocimiento de la pensión.

9. Indicó que interpuso demanda ordinaria con el fin de obtener la nulidad del traslado de régimen pensional y la preservación de su derecho a permanecer en la transición prevista por la Ley 100 de 1993. Se opuso a la solicitud de devolución de los valores percibidos, señalando que actuó de buena fe, sin inducir en error a la administración ni haberRadicación: 17001-23-33-000-2019-0002-01 (3910-2021)

Demandante: Colpensiones

3 incurrido en actos fraudulentos, y que confió legítimamente en la decisión adoptada por la entidad, la cual reconoció la pensión de manera voluntaria con base en documentos válidos y ajustados a la realidad.

10. Finalmente, propuso como excepciones la imposibilidad de revocatoria de acto administrativo de carácter particular y la imposibilidad de devolución de dineros cancelados a particular de buena fe.

Sentencia apelada

11. El Tribunal Administrativo de Caldas declaró probada la excepción de imposibilidad de devolución de dineros cancelados a particular de buena fe, y no fundada la de imposibilidad de revocatoria de acto administrativo de carácter particular, propuestas por el demandado. Asimismo, declaró la nulidad de las resoluciones censuradas, mantuvo la presunción de legalidad de la Resolución VPB 16546 del 12 de abril de 2016, y negó las demás pretensiones, sin imponer condena en costas al no advertir temeridad ni mala fe procesal.

12. La autoridad judicial concluyó que la pensión de vejez se reconoció con fundamento

demás pretensiones, sin imponer condena en costas al no advertir temeridad ni mala fe procesal.

12. La autoridad judicial concluyó que la pensión de vejez se reconoció con fundamento en normas que no resultaban aplicables al beneficiario, particularmente el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 758 de 1990. Consideró que el señor Trujillo Toro no cumplía los requisitos para acogerse a esas normas, al no haber acreditado el mínimo de semanas cotizadas antes del 1.º de abril de 1994. Estimó que le era aplicable el régimen general contenido en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, en su versión modificada por el artículo 9.º de la Ley 797 de 2003, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución VPB 16546 de 2016. En esa medida, también declaró la nulidad de las resoluciones expedidas con posterioridad al acto base.

13. Sobre las excepciones, el Tribunal consideró que el accionado actuó de buena fe al recibir los pagos derivados de un acto administrativo ejecutoriado, sin evidencia de fraude, y amparado por el principio de confianza legítima . Por el contrario, desestimó la excepción de imposibilidad de revocatoria del acto administrativo particular, al tratarse de un proceso judicial de nulidad y restablecimiento del derecho que no requiere acudir previamente a la figura administrativa de la revocatoria directa.

Recursos de apelación

Colpensiones y el señor Trujillo Toro interpusieron recurso de apelación c ontra la sentencia de primera instancia, en los siguientes términos:

Recursos de apelación

Colpensiones y el señor Trujillo Toro interpusieron recurso de apelación c ontra la sentencia de primera instancia, en los siguientes términos:

ColpensionesRadicación: 17001-23-33-000-2019-0002-01 (3910-2021)

Demandante: Colpensiones

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14. Manifestó su inconformidad frente a la decisión de haber negado la devolución de las sumas pagadas al señor Julio César Trujillo Toro en virtud del acto de reconocimiento pensional declarado nulo. Alegó que, si bien se logró demostrar que el demandado no cumplía los requisitos del régimen de transición ni tenía derecho a los incrementos reconocidos, el fallo omitió ordenar el reintegro de los dineros percibidos, lo que —a su juicio— configura un enriquecimiento sin causa en perjuicio del erario.

15. Sostuvo que al haberse efectuado un reconocimiento pensional con fundamento en un régimen legal inaplicable, el pago derivado de tal decisión fue indebido. En consecuencia, el demandado —quien fue advertido de la ilegalidad de los actos y no autorizó su revocatoria— no podía conservar lo recibido. Invocó el principio de lesividad y el carácter excepcional del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la administración para recuperar lo indebidamente pagado, en cumplimiento del deber constitucional de salvaguarda de los recursos públicos.

16. Afirmó que la actuación del demandado no se ajustó a los postulados de buena fe, al mantener una prestación a la que sabía no tenía derecho. Por lo tanto, el fallo de primera

16. Afirmó que la actuación del demandado no se ajustó a los postulados de buena fe, al mantener una prestación a la que sabía no tenía derecho. Por lo tanto, el fallo de primera instancia —al abstenerse de ordenar la restitución de los dineros— contrarió los principios de moralidad administrativa, justicia, y el Acto Legislativo 01 de 2005, que consagra la sostenibilidad financiera del sistema pensional como un objetivo prioritario del Estado.

Julio César Trujillo Toro

17. Controvirtió la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, en cuanto declaró la nulidad de las resoluciones GNR 253413 del 9 de octubre de 2013, SUB 167260 del 22 de agosto de 2017 y SUB 120709 del 7 de mayo de 2018, mediante las cuales Colpensiones le reconoció la pensión de vejez y un incremento del 14 % por persona a cargo.

18. Indicó que actualmente cursa un proceso ordinario ante la jurisdicción laboral, en el que solicita la nulidad del traslado del régimen de prima media al régimen de ahorro individual, decisión que, de ser favorable, le permitiría conservar los beneficios del régimen de transición consagrados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Consideró, por tanto, que la decisión del Tribunal Administrativo de Caldas fue prematura e incongruente, al haber declarado la nulidad de los actos administrativos sin existir un pronunciamiento definitivo sobre la validez de dicho traslado. Afirmó que en su caso no fue debidamente informado sobre las consecuencias de su decisión, en particular la pérdida del régimen de transición, lo que, a su juicio, vicia la validez del cambio de régimen.

fue debidamente informado sobre las consecuencias de su decisión, en particular la pérdida del régimen de transición, lo que, a su juicio, vicia la validez del cambio de régimen.

19. Por lo anterior, solicitó revocar parcialmente la decisión de primera instancia y, en su lugar, declarar probada la excepción de imposibilidad de revocatoria del acto administrativo de carácter particular, manteniendo la validez del reconocimiento pensional efectuado mediante la Resolución GNR 253413 de 2013 y sus actos posteriores.Radicación: 17001-23-33-000-2019-0002-01 (3910-2021)

Demandante: Colpensiones

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II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

20. Mediante auto proferido el 17 de febrero de 202 2 se admiti eron los recursos de apelación interpuestos por Colpensiones y el señor Julio César Trujillo Toro.

21. En la oportunidad procesal prevista, las partes guardaron silencio frente a los recursos de apelación interpuestos.

22. El Ministerio Público sugirió confirmar la sentencia de primera instancia. Consideró que Colpensiones demostró la legalidad de la Resolución VPB 16546 de 2016, mediante la cual se reliquidó la pensión del demandado bajo los parámetros de la Ley 797 de 2003.

Señaló que, conforme a las pruebas obrantes en el expediente, el señor Trujillo Toro no acreditó los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición previs to en la Ley 100 de 1993, dado que no contaba con las semanas mínimas exigidas al 1.º de abril de

1994. Destacó que, si bien el accionado cuestionaba la validez del traslado, ese asunto

100 de 1993, dado que no contaba con las semanas mínimas exigidas al 1.º de abril de

1994. Destacó que, si bien el accionado cuestionaba la validez del traslado, ese asunto debía ser resuelto por la jurisdicción ordinaria laboral, ante la cual ya cursaba un proceso independiente. En cuanto a la devolución de los dineros, expuso que el pago se realizó en virtud de un acto administrativo válido y que no se probó mala fe por parte del beneficiario.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

23. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las cosas, se abordará el análisis de esta controversia.

Problema jurídico

24. En virtud de las facultades conferidas a esta autoridad judicial por el inciso segundo del artículo 187 del CPACA, procederá la Sala a estudiar si procede la aplicación del término de caducidad previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 al caso concreto.

Análisis del problema jurídico

25. En el presente caso, la Sala revocará la sentencia apelada al verificar que el acto administrativo que reconoci ó la pensión fue demandado una vez vencido el término especial de cinco (5) años previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, configurándose la caducidad del medio de control. Asimismo, se precisa que l os demás

especial de cinco (5) años previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, configurándose la caducidad del medio de control. Asimismo, se precisa que l os demás actos enjuiciados no son objeto de control judicial, por las razones que se exponen a continuación.Radicación: 17001-23-33-000-2019-0002-01 (3910-2021)

Demandante: Colpensiones

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26. Colpensiones reconoció la pensión de vejez al demandado mediante la Resolución GNR 253413 del 9 de octubre de 2013, aplicando el Decreto 758 de 1990 al considerarlo beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 .

Este acto administrativo fue confirmado a través de las resoluciones GNR 37830 del 11 de febrero de 2014 y VPB 4454 del 31 de marzo del mismo año, al resolverse los recursos de reposición y apelación, respectivamente.

27. Posteriormente, mediante Resolución VPB 16 546 del 12 de abril de 201 6, Colpensiones anunció que revisaría de oficio la prestación económica del accionado, con fundamento en el artículo 4.° del CPACA. Tras dicha revisión, concluyó que el beneficiario perdió el régimen de transición por haberse trasladado de régimen sin acreditar el mínimo de 15 años de servicio exigido al 1.° de abril de 1994 . En la parte resolutiva, se precisó que se daba alcance a la Resolución VPB 4454 del 31 de marzo de 2014 , en el sentido de indicar que la pensión debía reconocerse con base en la Ley 797 de 2003,

que se daba alcance a la Resolución VPB 4454 del 31 de marzo de 2014 , en el sentido de indicar que la pensión debía reconocerse con base en la Ley 797 de 2003, considerando 1050 semanas, con una cuantía de $ 1.213.343 y una tasa de reemplazo del 65.61 %.

28. En cumplimiento de un fallo judicial, Colpensiones expidió la Resolución SUB 167260 del 22 de agosto de 2017, mediante la cual incrementó en un 14 % la mesada pensional del demandado por tener a su cónyuge a cargo. El retroactivo derivado de esta orden fue reconocido en la Resolución SUB 120709 del 7 de mayo de 2018.

29. Las resoluciones objeto de demanda en este presente son: (i) GNR 253413 del 9 de octubre de 2013; (ii) SUB 167260 del 22 de agosto de 2017; y (iii) SUB 120709 del 7 de mayo de 2018. Según Colpensiones, dichos actos son contrarios al orden jurídico, toda vez que el demandado no reunía los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición ni, por ende, para acceder a una pensión bajo el Decreto 758 de 1990, al haber perdido tal prerrogativa por haberse trasladado de régimen sin acreditar el tiempo mínimo de servicio requerido.

30. El análisis de caducidad respecto del primer acto administrativo cuestionado — Resolución GNR 253413 del 9 de octubre de 2013, mediante la cual se reconoció la pensión de vejez al demandado —, debe regirse por la regla especial contenida en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024. Esta norma establece un término de cinco (5) años,

pensión de vejez al demandado —, debe regirse por la regla especial contenida en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024. Esta norma establece un término de cinco (5) años, contados a partir del reconocimiento pensional, para ejercer acciones administrativas o contencioso-administrativas en esta materia.

31. El alcance de la precitada regla especial de caducidad no ha sido ajeno a diversas disquisiciones en torno a la aplicación de lo previsto en el i nciso segundo de la norma , según el cual este término será aplicable, incluso, a los procesos judiciales que se encontraran en curso para la fecha en que entró en vig or la ley. Frente a esta cuestión, esta Subsección se ha inclinado, de manera uniforme, por reconocer que la aludida disposición y por consiguiente sus consecuencias jurídicas impactan los asuntos a cargo de esta jurisdicción cuyo trámite se haya iniciado con anterioridad a la mencionadaRadicación: 17001-23-33-000-2019-0002-01 (3910-2021)

Demandante: Colpensiones

7 norma3, entendiendo que ello tuvo lugar para la fecha misma de su promulgación, esto es, el 16 de julio de 20244.

32. Con todo, no escapa a la Sala que la disposición legal que ha venido aplicando puede generar cierto grado de controversia habida cuenta que entrañaría una eventual vulneración de l os principios de confianza legítima y seguridad jurídica, así como del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia (artículos 2, 5, 6, 29 y 83 de la Constitución Política). En esa medida, podría pensarse que ello daría lugar a que,

derecho fundamental de acceso a la administración de justicia (artículos 2, 5, 6, 29 y 83 de la Constitución Política). En esa medida, podría pensarse que ello daría lugar a que, en virtud de lo previsto en el artículo 4 Superior, la norma fuera inaplicada por inconstitucionalidad, concretamente su expresión «[…] y que estén en curso […]».

33. En este contexto, se hace relevante reiterar una vez más la posición de la Sala en el sentido de considerar plenamente aplicable el término de caducidad de cinco (5) años previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, tanto en los procesos promovidos después de la entrada en vigor de la norma como en aquellos que se encontraban en curso desde antes de esta modificación normativa.

34. Al respecto, es lo primero recordar que la cláusula general de competencia legislativa prevista en el artículo 150 de la Constitución Política faculta al legislador para establecer las formas propias de todo tipo de actuaciones procesales judiciales o admi nistrativas y, en particular, para fijar los términos en los cuales se enmarcan las acciones judiciales. En cuanto a la competencia general para establecer todo tipo de reglas procesales, la Corte Constitucional ha encontrado justificada esta potestad en l a necesidad de garantizar la efectividad del derecho fundamental al debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia, entre otros principios intrínsecos al Estado Social de Derecho encaminados a la realización de la justicia y la convivencia pacífica:

«[…] la cláusula general de competencia de la que goza constitucionalmente el legislador, - numeral 2º del artículo 150 del Estatuto Superior -, lo habilita con amplio margen de

«[…] la cláusula general de competencia de la que goza constitucionalmente el legislador, - numeral 2º del artículo 150 del Estatuto Superior -, lo habilita con amplio margen de configuración, para regular los procedimientos, las etapas, los términos, los efectos y demás aspectos de las instituciones procesales en general. […] tal prerrogativa le permite al legislador fijar las reglas a partir de las cuales se asegura la plena efectividad del derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 C.P .), y del a cceso efectivo a la administración de justicia (artículo 229 C.P .). Además, son reglas que consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los procesos, y permiten desarrollar el principio de legalidad propio del Estado Social de Derecho . […] el proceso no es un fin en sí mismo, sino que se concibe y estructura como un instrumento para la realización de la justicia y con la finalidad superior de lograr la convivencia pacífica

3 Véanse, entre otros, los siguientes fallos de la Subsección A: 2 de octubre de 2024, exp. núm. 2524 -2022, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; 2 de octubre de 2024, exp. núm. 3265 -2023, C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; 23 de octubre de 2024, exp. núm. 14312023, Luis Eduardo Mesa Nieves; 23 de octubre de 2024, exp. núm. 3509 de 2024, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; 14 de noviembre

de 2024, exp. núm. 4936-2024, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez. 4 “Sobre la aplicación inmediata de la Ley 2381 de 2024 se advierte que fue sancionada y publicada el 16 de julio de 2024, y en lo concerniente al Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, conforme a lo señalado en el artículo 94, e mpezará a regir a partir del 1° de julio de 2025. Sin embargo, no ocurre lo mismo con respecto a las demás disposiciones de la norma, ya que, al no establecerse una fecha en particular para su entrada en vigor, se entiende que tienen vigencia desde su promulgación. Lo anterior, teniendo en cuenta que la reforma en materia de caducidad no integra las modificaciones que se realizaron al aludido sistema de pensiones, el cual se difirió hasta el año 2025. (…) Por lo expuesto, la Subsección concluye que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, se encuentra vigente. Sus efectos jurídicos resultan aplicables y obligatorios a partir de su promulgación en el Diario Oficial, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la Sentencia C -957 de 1997.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 2 de octubre de 2024, exp. núm. 39362018, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.Radicación: 17001-23-33-000-2019-0002-01 (3910-2021)

Demandante: Colpensiones

8 (Preámbulo y artículo 1° de la Carta) de los asociados. […] Por ende, es extensa la

Demandante: Colpensiones

8 (Preámbulo y artículo 1° de la Carta) de los asociados. […] Por ende, es extensa la doctrina constitucional que ha reiterado que acorde a lo establecido en los artículos 29, 150 y 228 de la Constitución, son amplias las facultades del legislador precisamente, para fijar tales formalidades procesales.»5 (Subrayado propio).

35. Refiriéndose a la caducidad en concreto, la misma Corporación ha reconocido que el legislador es autónomo para fijar los plazos o términos que tienen las personas para ejercitar sus derechos ante las autoridades y que dicho margen ostenta gran amplitud al no existir un parámetro estricto para determinar la razonabilidad de los términos procesales; autonomía que se justifica, una vez más, en la necesidad de obtener seguridad jurídica y evitar la paralización del tránsito jurídico6.

36. Vista la relevancia constitucional de la potestad que ostenta el legislador para regular los términos procesales, se torna igualmente necesario detenerse en la justificación y los antecedentes legislativos de la norma. Téngase en cuenta que el texto origin al de la norma únicamente preveía el término de caducidad de cinco (5) años para las actuaciones administrativas de revisión y revocación de las pensiones de que tratan los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003 7; y que fue en el segundo debate legislativo adelantado ante el plenario del Senado que se propuso y aprobó la redacción que hoy es Ley de la República.

37. A lo largo de todo el trámite legislativo, la creación de un nuevo término de caducidad

adelantado ante el plenario del Senado que se propuso y aprobó la redacción que hoy es Ley de la República.

37. A lo largo de todo el trámite legislativo, la creación de un nuevo término de caducidad fue justificada a partir de lo previsto en la sentencia C -835 de 2003 que declaró la inexequibilidad de la expresión «en cualquier tiempo» contenida en los incisos primero y tercero del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al considerar que la inexistencia de un límite temporal para ejercer las actuaciones allí contenidas desconocía la seguridad jurídica y la confianza legítima que se originan en los derechos adquiridos, las situaciones jurídicas subjetivas ya consolidadas y las sentencias debidamente ejecutoriadas, lo que deriva en la vulneración del debido proceso (art. 29 C.P.), de la pronta y debida justicia (art. 229

C.P.) y del imperio del Estado Social de Derecho (art. 1 C.P.).8

5 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-227 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 6 Véanse, entre otros, los siguientes fallos de la Corte Constitucional: C-652 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-227 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 7 Texto originalmente propuesto: “Artículo 87: Término para adelantar acciones administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones administrativas de revisión y de revocación de las pensiones de que tratan los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003, no podrá ser superior a los cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas dentro del Sistema de

reconocidas. Las acciones administrativas de revisión y de revocación de las pensiones de que tratan los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003, no podrá ser superior a los cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas dentro del Sistema de Seguridad Social Integral y dentro del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez.” 8 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C -835 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería. «Entonces, la expresión “en cualquier tiempo”, ¿es constitucional? La respuesta es no. En efecto, a partir del principio según el cual no hay derecho sin acción, ni acción sin prescripción o caducidad, salta a la vista la inseguridad jurídica en que se desplomaría el universo de los derechos adquiridos, de las situaciones jurídicas subjetivas ya consolidadas en cabeza de una persona, de la confianza legítima, y por supuesto, de la inmutabilidad que toda sentencia ejecutoriada merece al cabo de un tiempo debidamente determinado por la ley: la resolución de los conflictos de derecho no puede abandonarse a la suerte de un ad calendas graecas. Paradójicamente, considerando que el recurso extraordinario de revisión se instituyó para el restablecimiento de la justicia material, con la indeterminación que la norma exhibe se allanaría el camino para el advenimiento de lo contrario, pues, ¿de qué justicia social podría hablarse en un país en el que todos los actos que reconocen sumas periódicas de dinero o pensiones se hallarían sin remedio bajo la férula de una perpetua inseguridad jurídica? La norma bajo examen bien puede perseguir un fin constitucionalmente válido, como sería la defensa del Tesoro Público. Sin embargo, a la luz de sus consecuencias

perseguir un fin constitucionalmente válido, como sería la defensa del Tesoro Público. Sin embargo, a la luz de sus consecuencias resulta notoriamente irracional y desproporcionada. […]. En este orden de ideas la locución reseñada resulta lesiva del debido proceso (art. 29 C.P.), de la pronta y debida justicia (art. 229 C.P.) y del imperio del Estado Social de Derecho que a todos nos concierne observar y mantener (art. 1 C.P.) , en la medida en que desborda y contradice el campo de acción que el artículo 89 superior le demarca al legislador, el cual, precisamente, le encomienda a éste la función de propugnar por la integridad del orden jurídico, que de suyo debe proteger los der echos de todas las personas frente a la acción u omisión de las autoridades públicas. Consecuentemente, la Corporación declarará la inexequibilidad de la expresión examinada.» (Resaltado original, subrayado propio)Radicación: 17001-23-33-000-2019-0002-01 (3910-2021)

Demandante: Colpensiones

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