CE - Sentencia 17001233300020190002001 de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Consejero ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ Radicación: 17001-23-33-000-2019-00020-01 (68.737)

Demandante: INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS - EICE

Demandados: MANUEL ALBERTO SOTO SALAZAR Y OTROS

Medio de control: ACCIÓN DE REPETICIÓN – CPACA.

Asunto: APELACIÓN SENTENCIA – INEXISTENCIA DE

CULPA GRAVE

Síntesis del caso: la Industria Licorera de Caldas - EICE promovió la acción de repetición contra los señores Manuel Alberto Soto Salazar, Javier Londoño Arango y Hernán Sanabria Castaño, con el fin de obtener el reintegro de las sumas pagadas en cumplimiento de la sentencia SL -2202-2018

proferida el 13 de junio de 2018 por la Sala de Casación Laboral de Descongestión no. 3 de la Corte Suprema de Justicia , mediante la cual se condenó a la autoridad al pago de salarios y demás prestaciones dejadas de percibir en el marco de un proceso laboral. La Sala confirm ará la decisión impugnada, por no haberse demostrado que los demandados hubiesen actuado con culpa grave, toda vez que, no ostentaban funciones que les permitieran incidir directamente en la modificación de la planta de personal.

Temas: Acción de repetición - inexistencia de culpa grave cuando el demandado no tiene funcion es

toda vez que, no ostentaban funciones que les permitieran incidir directamente en la modificación de la planta de personal.

Temas: Acción de repetición - inexistencia de culpa grave cuando el demandado no tiene funcion es para suprimir cargos en una entidad.

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Industria Licorera de Caldas EICE (fls. 389 a 393 cdno. C01A índice 2 SAMAI ) contra la sentencia proferida el 10 de marzo de 2022 por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, en la cual se resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: NEGAR las pretensiones incoadas dentro de la demanda que en ejercicio del medio de control de repetición interpuso la

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS contra MANUEL ALBERTO

SOTO SALAZAR, JAVIER LONDOÑO ARANGO Y HERNÁN

SANABRIA CASTAÑO.

SEGUNDO: SIN COSTAS.

TERCERO: EJECUTORIADA esta providencia ARCHÍVENSE las diligencias previas las anotaciones respectivas en el sistema siglo XXI.(…)” (fl. 385 cdno. C01A índice 2 SAMAI - mayúsculas sostenidas y negrillas fijas del original).2

Expediente: 17001-23-33-000-2019-00020-01 (68.737) Demandante: Industria Licorera de Caldas EICE Repetición - apelación de sentencia

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito presentado el 22 de enero de 2019 (fls. 2 a 31 cdno. C01 índice 2

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito presentado el 22 de enero de 2019 (fls. 2 a 31 cdno. C01 índice 2 SAMAI), la Industria Licorera de Caldas promovió demanda de repetición en contra de los señores Manuel Alberto Soto Salazar, Javier Londoño Arango y Hernán Sanabria Castaño, en la condición de exgerente general, exsubgerente general administrativo y exsubgerente general comercial de la Industria Licorera de Caldas, respectivamente, para que se acceda a las siguientes súplicas:

“(…) PRIMERA: Que se declare responsable a los señores Manuel Alberto Soto Salazar , identificado con la cédula de ciudadanía nro. 10.224.615, Javier Londoño Arango, identificado con cédula de ciudadanía nro. 10.267.067 y Hernán Sanabria Castaño identificado con cédula de ciudadanía nro. 10.273.621, quienes para la época de los hechos ejercieron los cargos de Gerente General, Subgerente General Administrativo y Subgerente General Comercial, respectivamente, de la LICORERA, de los perjuicios causa dos a la Industria Licorera de Caldas, como consecuencia del pago de la suma de MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($1.323.092.382) cancelada al señor Luis Oswaldo Castaño Grajales con ocasión del fallo proferido por la Sala de Casación Laboral de Descongestión nro.3 de la Corte Suprema de Justicia de fecha 13 de junio de 2018, en su lugar, resolvió entre otras, condenar

Casación Laboral de Descongestión nro.3 de la Corte Suprema de Justicia de fecha 13 de junio de 2018, en su lugar, resolvió entre otras, condenar a la Industria Licorera de Caldas E.I.E.C. a reintegrar a Luis Oswaldo Castaño Grajales al cargo que es te ocupaba al momento del despido, el 17 de agosto de 2004, o a otro cargo de igual categoría; así mismo condenar a la Industria Licorera de Caldas E.I.E.C. a pagar a Luis Oswaldo Castaño Grajales debidamente indexadas, las sumas causadas por el concepto d e salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el 17 de agosto de 2004 hasta que se produzca el reintegro.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración los señores Manuel Alberto Soto Salazar , identificado con la cédula de ciudadanía nro. 10.224.615, Javier Londoño Arango , identificado con cédula de ciudadanía nro. 10.267.067 y Hernán Sanabria Castaño identificado con cédula de ciudadanía nro. 10.273.621, deberán reconocer y pagar de manera solidaria a favor de LA INDUSTRIA LICORERA DE

CALDAS la suma de MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($1.323.092.382) que la LICORERA pagó en su totalidad al señor LUIS OSWALDO CASTAÑO GRAJALES, con ocasión del fallo proferido por la Sala de Casación Laboral de Descongestión nro.3 de la Corte Suprema de Justicia de fecha 13 de junio de 2018, dinero que le fue reconocido

OSWALDO CASTAÑO GRAJALES, con ocasión del fallo proferido por la Sala de Casación Laboral de Descongestión nro.3 de la Corte Suprema de Justicia de fecha 13 de junio de 2018, dinero que le fue reconocido mediante la Resolución nro. 0401 del 19 de julio de 2018, según la constancia No. GFA – 2266del 28 de diciembre de 2018 expedida por la Tesorera General de la Industria Licorera de Caldas.3

Expediente: 17001-23-33-000-2019-00020-01 (68.737) Demandante: Industria Licorera de Caldas EICE Repetición - apelación de sentencia

TERCERA: Ordenar la actualización del valor de la condena hasta la fecha de pago efectiva y se dé cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 y ss de la Ley 1437 de 2011.

CUARTA: Que se condene en costas a los demandados (…)” (fls. 6 a 7cdno. C01 índice 2 SAMAI - mayúsculas sostenidas y negrillas del original).

2. Hechos

La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes argumentos como fundamento fáctico de las pretensiones:

1. En el año 2004 , la Industria Licorera de Caldas (ILC) inició el proceso de modificación de su planta de personal con base en un documento denominado “Estudio Técnico Modificación Planta Industria Licorera de Caldas ”, el cual fue presentado por los demandados ante el Consejo Directivo de la entidad.

1. El mencionado consejo aprobó el estudio técnico mediante el Acuerdo 26 de 19

“Estudio Técnico Modificación Planta Industria Licorera de Caldas ”, el cual fue presentado por los demandados ante el Consejo Directivo de la entidad.

1. El mencionado consejo aprobó el estudio técnico mediante el Acuerdo 26 de 19 de julio de 2004; en el artículo 6 de dicho acuerdo se ordenó la supresión de varios cargos adscritos a la Subgerencia General Comercial, entre ellos, el de Coordinador de Ventas Internacionales - Código 501, Grado 18.

1. En cumplimiento del referido acuerdo, el señor Manuel Alberto Soto Salazar , gerente general de la Industria Licorera de Caldas, expidió la Resolución 961 del 17 de agosto de 2004 , mediante la cual dio por terminado el contrato de trabajo celebrado con el señor Luis Oswaldo Castaño Grajales, quien se desempeñaba como coordinador de ventas internacionales.

1. A raíz de su des vinculación laboral , el señor Luis Oswaldo Castaño Grajales presentó reclamación administrativa ante la ILC y solicitó su reintegro; dicha petición fue resuelta de forma negativa, motivo por el cual promovió demanda ordinaria laboral contra la Industria Licorera de Caldas.

1. Mediante sentencia SL 22022-2018 del 13 de junio de 2018, la Sala de Casación

Laboral de Descongestión no. 3 de la Corte Suprema de Justicia (MP Jorge Prada Sánchez) resolvió casar la sentencia de segunda instancia que había negado las pretensiones de la demanda laboral presentada por el señor Luis Oswaldo Castaño4

Expediente: 17001-23-33-000-2019-00020-01 (68.737)

Demandante: Industria Licorera de Caldas EICE

pretensiones de la demanda laboral presentada por el señor Luis Oswaldo Castaño4

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Grajales y, consecuencialmente, ordenó su reintegro al cargo y el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en relación con el proceso de reestructuración de la planta de personal de la Industria Licorera de Caldas consideró que estaba (…) lejos de suministrar razones serias y concretas sobre la manera en que el sacrificio de algunos empleos se encuentra justificado en la consecución de un interés superior (…). (fls. 41 a 42, cdno. C01 índice 2 SAMAI).

1. Por la Resolución no. 401 de 19 de julio de 2018, el Consejo Directivo de la Industria Licorera de Caldas ordenó efectuar el pago de mil trescientos veintitrés millones noventa y dos mil trescientos ochenta y dos pesos ($1.323.092.382) al señor Luis Oswaldo Castaño Grajales en cumplimiento de la condena impuesta por

la Corte Suprema de Justicia.

1. El 28 de diciembre de 2018, a través d el memorando número GFA-2266, la tesorera general de la Industria Licorera de Caldas certificó los pagos efectuados al señor Luis Oswaldo Castaño Grajales en cumplimiento de la condena impuesta por

la Corte Suprema de Justicia.

1. Sobre la base anterior , realizó la siguiente imputación de responsabilidad: los

señor Luis Oswaldo Castaño Grajales en cumplimiento de la condena impuesta por la Corte Suprema de Justicia.

1. Sobre la base anterior , realizó la siguiente imputación de responsabilidad: los agentes demandados incurrieron en culpa grave por el hecho de no realizar un análisis adecuado y juicioso de la planta de personal que justificara el estudio técnico en el que fundamentó su modificación; asimismo, se configura la presunción de culpa grave contenida en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 por haberse acreditado una violación manifiesta e inexcusable de las normas de

derecho; la demanda puntualizó lo siguiente:

(…) La condena impuesta por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a la LICORERA, se dio como consecuencia de determinar que los estudios técnicos de modificación de la planta de personal, no reunían las condiciones y características previas por la jurisprudencia del trabajo, toda vez que están lejos de suministrar razones serias y concretas sobre la manera en que el sacrificio de algunos empleados se encuentra justificado en la consecución de un interés superior, no cuentan con el sustento fáctico y fina nciero necesario para persuadir de la prevalencia del proceso de reestructuración derechos convencionales del trabajador. De conformidad con el decreto 1167 de 2016 en su artículo 2.2.4.3.1.2.12. dispuso la competencia y término del comité de conciliación, para realizar los estudios pertinentes con el fin de determinar la procedencia de la5

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acción de repetición; el Comité de Conciliación de la ILC, se reunió en sesión del 26 de noviembre de 2018, donde se decidió iniciar medio de control de Repetición contra exfuncionarios MANUEL ALBERTO SOTO SALAZAR, JAVIER LONDOÑO ARANGO Y HERNÁN SANABRIA CASTAÑO, quienes para la época de los hechos ejercieron los cargos de Gerente Subgerente General Administrativo y Subgerente General Comercial, respectivamente, de la INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS (…). (fl. 10 cdno. no. 1 índice 2 SAMAI ).

3. Contestación de la demanda

El Tribunal Administrativo de Caldas admitió la demanda mediante auto del 26 de febrero de 2019 (fl. 200 cdno. C01 índice 2 SAMAI) y ordenó su notificación a l os demandados, lo cual ocurrió mediante estado electrónico de 27 de febrero de 2019 (fl. 200, cdno. C01 índice 2 SAMAI).

1. El señor Manuel Alberto Soto Salazar (fls. 249 a 268, cdno. C01A índice 2 SAMAI) se opuso a las pretensiones de la demanda, porque, en su criterio, (i) fue el Consejo Directivo de la Industria Licorera de Caldas quien adoptó la decisión de suprimir los cargos, lo cual excluye al demandado de responsabilidad directa; y, (ii) en todo caso, no se evidenció una irregularidad en la presentación del estudio de modificación de

Directivo de la Industria Licorera de Caldas quien adoptó la decisión de suprimir los cargos, lo cual excluye al demandado de responsabilidad directa; y, (ii) en todo caso, no se evidenció una irregularidad en la presentación del estudio de modificación de la planta de personal al Consejo Directivo.

1. El curador ad-litem de los demandados Javier Londoño Arango y Hernán Sanabria Castaño solicitó que se nieguen las súplicas de la demanda porque no se demostró la culpa grave endilgada, quienes cumplieron a cabalidad las funciones asignadas; en el escrito de contestación de la demanda afirmó lo siguiente:

“(…) Es indudable con el material probatorio aportado por la parte demandante, que no existe dentro del libelo demandatorio , prueba que determine el perjuicio causado por los demandados, mencionaron que en el punto Trigésimo Séptimo de los hechos de la demanda se expone así: “… de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el actuar de los tres exfuncionarios, gerente general, subgerente general administrativo y subgerente general comercial se presume la culpa grave por violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.(…)” (fl. 282, cdno. C01A índice 2 SAMAI – negrillas del original).

4. Sentencia de primera instancia

El 10 de marzo de 2022 (fls. 374 a 387 cdno. C01A índice 2 SAMAI), la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas negó las pretensiones de la6

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demanda por estimar que no se acreditó la existencia de culpa grave de l os demandados, para lo cual expuso el siguiente razonamiento:

1. La sentencia condenatoria proferida en el proceso ordinario laboral promovido en contra la Industria Licorera de Caldas no constituye, por sí sola, prueba suficiente para demostrar que los demandados actuaron con culpa grave; además, la entidad demandante no allegó ni solicitó otros medios probatorios que permitieran acreditarla.

1. En todo caso , (i) no se demostró que los agentes demandados hubieren elaborado el estudio técnico que sirvió de base para modificar la planta de personal de la Industria Licorera de Caldas, y (ii) fue el Consejo Directivo de la mencionada entidad quien aprobó dicho estudio y adoptó la decisión de suprimir los cargos, lo cual excluye a los demandados de responsabilidad directa.

5. Recurso de apelación

El 28 de marzo de 2022, la entidad demandante (fls. 389 a 392 cdno. C01 índice 2 SAMAI) presentó recurso de apelación en el que solicita revocar el fallo de primera instancia, para que en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda , toda vez que, sí se acreditó la culpa grave de los demandados, quienes elaboraron un estudio técnico carente de fundamentación, lo cu al se evidencia en (i) el acta de sesión del 31 de mayo de 2004 del Consejo Directivo de la Industria Licorera de

estudio técnico carente de fundamentación, lo cu al se evidencia en (i) el acta de sesión del 31 de mayo de 2004 del Consejo Directivo de la Industria Licorera de Caldas, en la cual consta que los demandados presentaron el estudio técnico que sustentó la modificación de la planta de personal ; (ii) el Acuerdo 26 de 2004, mediante el cual se ordenó la supresión de cargos ; (iii) el interrogatorio de parte rendido por el demandado Manuel Alberto Soto Salazar, en el que reconoció que el estudio técnico fue elaborado por los demandados Javier Londoño Arango y Hernán Sanabria Castaño , en sus funciones de exgerente general administr ativo y exsubgerente general comercial ; la parte actora argumentó textualmente lo siguiente: “(…) Conforme a lo anterior, se evidencia que se reúne el elemento subjetivo, como lo es la presunción de culpa grave, en cabeza de los agentes estatales, señores Manuel Alberto Soto, exgerente general, Javier Londoño, exsubgerente general administrativo y Hernán Sanabria, ex subgerente general comercial, de la ILC, por violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, en razón a que a7

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pesar de contar con los conocimientos profesionales, toda vez que , contaban con estudios en economía, derecho, mercadeo, comercio, experiencia en cargos directivos en otras entidades, conocían la organización y las necesidades de la Empresa, y a pesar de ello, toda

contaban con estudios en economía, derecho, mercadeo, comercio, experiencia en cargos directivos en otras entidades, conocían la organización y las necesidades de la Empresa, y a pesar de ello, toda esta experiencia, no se evidenció en el ESTUDIO TECNICO MODIFICACION PLANTA DE PERSONAL DE LA INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS, elaborado, que presentaron al Consejo Directivo con el fin de que se aprobara la modificación de la planta de personal de la LICORERA para el año 2004. (fl. 392 cdno. C01 índice 2 SAMAI – mayúsculas fijas originales).

6. Actuación surtida en segunda instancia

1. Por auto del 7 de marzo de 2023 (índice 4 SAMAI) se admitió el recurso de apelación y el 28 de marzo de 2023 (índice 11 SAMAI) ingresó el expediente al despacho para dictar sentencia, según lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

1. Durante el término de ley, el representante del Ministerio Público rindió concepto (índice 10 SAMAI de segunda instancia) en el que solicita confirmar la sentencia de primera instancia, pues, a su juicio, no existen elementos suficientes que demuestren la existencia de dolo o culpa grave por parte de los demandados en la elaboración y presentación del denominado “estudio técnico” debido a que, no se acreditó con certeza la autoría del documento.

II. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad

acreditó con certeza la autoría del documento.

II. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1 ) prelación de fallo, 2) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 3) análisis de la impugnación, 4) conclusión y, 5) condena en costas.

1. Prelación de fallo

1. En la actualidad, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado conoce de procesos que entraron para fallo con anterioridad al presente, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría la decisión en el turno estricto en el cual pasaron los expedientes al despacho; sin embargo, el8

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artículo 18 ibidem autoriza la modificación de la cronología de turno según “la naturaleza del asunto” 1, de igual manera, el artículo 63A de la Ley 270 de 1996 2 dispuso que las altas cortes y los tribunales podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia.

1. En el asunto sometido a consideración de la Sala, el objeto del litigio corresponde a una repetición en contra de un exagente público, tema que, en virtud de su

temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia.

1. En el asunto sometido a consideración de la Sala, el objeto del litigio corresponde a una repetición en contra de un exagente público, tema que, en virtud de su naturaleza, la Sección Tercera del Consejo en sesión y acta no. 15 del 5 de mayo de 20053 consideró que debía dársele prelación, motivo por el cual, con fundamento en las normas previamente citadas y la referida acta, la Subsección se encuentra habilitada para emitir el fallo de manera anticipada.

2. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

1. Presentada la demanda de manera oportuna 4, la finalidad de la controversia se centra en determinar si se reúnen los requisitos para atribuir responsabilidad

1 El artículo 18 de la Ley 446 de 1998 dispone: “ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. Es obligatorio para los jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social. (…)”. 2 Adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, prevé: “Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial

nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y f allados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación (…) Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las Salas de los Tribunales Superiores y de los Tribunales Contencioso-Administrativos de Distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia (…)”. 3 Mediante la cual la Sala de la Sección Tercera del Consejo de Estado aprobó que los eventos de repetición podían fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno respectivo. 4 El literal I) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 dispone que, cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el término para acudir a la administración de justicia será de dos (2) años contados a partir del día siguiente de la fecha del pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para la cancelación de condenas.

será de dos (2) años contados a partir del día siguiente de la fecha del pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para la cancelación de condenas.

Por su parte, el artículo 192 del CPACA ordena que las condenas judiciales impuestas a entidades públicas consistentes en el pago de una suma de dinero deben ser cumplidas en9

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patrimonial personal a los demandados Manuel Alberto Soto Salazar, Javier Londoño Arango y Hernán Sanabria Castaño, quienes se desempeñaron en los cargos de gerente general, subgerente general administr ativo, subgerente de la Industria Licorera de Caldas, respectivamente, porque, según la demanda (i) los mencionados funcionarios habrían omitido realizar un análisis adecuado y juicioso de la planta de personal, lo que habría derivado en la elaboración de un estudio técnico carente de sustento, utilizado como base para su modificación y, (ii) como consecuencia de esta omisión, la Industria Licorera de Caldas fue condenada al pago de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por el trabajador afectado con la desvinculación laboral.

1. La sentencia de primera instancia negó las pretensiones de la demanda por considerar que no se acreditó la culpa grave de los demandados, pues, (i) no se probó que los agentes hubieran elaborado el estudio técnico y, (ii) fue el Consejo Directivo de la Industria Licorera de Caldas quien adoptó la decisión de suprimir el

probó que los agentes hubieran elaborado el estudio técnico y, (ii) fue el Consejo Directivo de la Industria Licorera de Caldas quien adoptó la decisión de suprimir el cargo, con base en dicho documento.

1. La Sala confirmará la decisión de negar las súplicas de la demanda , porque, como lo consideró el tribunal, no se acreditó la existencia de culpa grave por parte de los demandados, por cuanto, (i) la decisión de modificar la planta de personal y suprimir el cargo del trabajador afectado fue adoptada por el Consejo Directivo de la Industria Licorera de Caldas, órgano competente para ello según la Ordenanza 282 expedida por la Asamblea Departamental de Caldas 5 (fl. 110 a 120 cdno. C01 índice 2 SAMAI ) y, por lo tanto, los demandados carecían de competencia para modificarla, toda vez que, esta función recae sobre el Consejo Directivo, según el

el plazo máximo de diez (10) meses contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia.

En este caso concreto, se advierte que (i) la sentencia proferida el 13 de junio de 2018 por la Sala de Casación Laboral de Descongestión no. 3 de la Corte Suprema de Justicia quedó ejecutoriada el 22 de junio de 2018 (- fl. 45 cdno. C01 índice 2 SAMAI ), y (ii) el pago se realizó antes del vencimiento del plazo legalmente previsto, por lo que, para determinar el término de caducidad debe tenerse en cuenta la fecha del pago y, (iii) como el último pago fue realizado el 15 de noviembre de 2018 (índice 02 SAMAI), la demanda de repetición

término de caducidad debe tenerse en cuenta la fecha del pago y, (iii) como el último pago fue realizado el 15 de noviembre de 2018 (índice 02 SAMAI), la demanda de repetición presentada el 22 de enero de 2019 se radicó oportunamente.

5 “Por medio de la cual se modifican los estatutos básicos y orgánicos de la Industria Licorera de Caldas”.10

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artículo 22 de la ordenanza6, y no en los demandados en ejercicio de las funciones propias de sus cargos, y (ii) además, no se demostró la autoría ni la responsabilidad de los demandados respecto del estudio técnico que sirvió de sustento para dicha decisión.

3. Análisis del caso

Para el análisis del presente caso la Sala abordará su estudio en el siguiente orden: 1) generalidades de la acción de repetición, 2) la existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio, 3) la acreditación del pago , y 4) la calificación de la conducta de los demandados.

3.1 Generalidades de la acción de repetición

El artículo 90 superior prevé que en los casos en que el Estado es obligado a reparar un daño debe repetir contra su agente cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este7, de igual manera, la figura ha tenido desarrollo legal en el Decreto -ley 01 de 1984 y en forma más reciente en la Ley 678 de 2001.

resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este7, de igual manera, la figura ha tenido desarrollo legal en el Decreto -ley 01 de 1984 y en forma más reciente en la Ley 678 de 2001.

En este contexto, la jurisprudencia de la Corporación ha sido unánime en determinar los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, a saber: i) la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular, ii) el pago efectivo a la víctima del daño y, iii) la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente como factor determinante de la condena.

6 “(…) ARTÍCULO 22. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. Son funciones del Consejo Directivo de la Industria Licorera de Caldas:(…) 3. Determinar la organización administrativa interna de la entidad, mediante la creación de las dependencias o unidades administrativas, cargos y empleos, con el señalamiento de sus correspondientes funciones y las escalas de remuneración correspondientes a las diferentes categorías de empleos y demás emolumentos de los servidores de la entidad (…). (índice 2 SAMAI, C01 Principal, fl. 114). 7Constitución Política de Colombia, artículo 90, inciso segundo: “(…) en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra este”.11

Expediente: 17001-23-33-000-2019-00020-01 (68.737) Demandante: Industria Licorera de Caldas EICE Repetición - apelación de sentencia

Expediente: 17001-23-33-000-2019-00020-01 (68.737) Demandante: Industria Licorera de Caldas EICE Repetición - apelación de sentencia

3.2 La existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio

Para la Sala no hay duda sobre la existencia de una condena judicial impuesta e