CE - Sentencia 17001233300020190011401 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2019-00114-01 (2587-2024)

Demandante: Carmen Emilia Cárdenas Ariza

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Temas: Reconocimiento pensión gracia

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 15 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Carmen Emilia Cárdenas Ariza presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 1, en orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 035661 y RDP 044496 del 31 de agosto y 20 de noviembre de 2018 , a través de las cuales la Unidad

orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 035661 y RDP 044496 del 31 de agosto y 20 de noviembre de 2018 , a través de las cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la

1 En adelante CPACA.2

Radicado: 17001-23-33-000-2019-00114-01 (2587-2024) Demandante: Carmen Emilia Cárdenas Ariza Protección Social2 le negó el reconocimiento de una pensión gracia.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó: i) el reconocimiento y pago de la prestación solicitada, teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional, el 7 de febrero de 2012; ii) el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; y iii) el pago de intereses moratorios a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Carmen Emilia Cárdenas Ariza prestó sus servicios como docente nacionalizada en el departamento de Caldas mediante Decreto 0089 del 28 de febrero de 1969, empleo que desempeñó entre el 1° de marzo de 1969 y el 25 de abril de 1971.

3.2. Asimismo, fue nombrada docente: i) nacionalizada por el acto administrativo 0089 del 28 de febrero de 1969, «expedido por el departamento de Caldas»; y ii) en el municipio de Victoria mediante el Decreto 001 del 7 de febrero de 1994.

0089 del 28 de febrero de 1969, «expedido por el departamento de Caldas»; y ii) en el municipio de Victoria mediante el Decreto 001 del 7 de febrero de 1994.

3.3. El 14 de junio de 2018 solicitó el reconocimiento y pago de una pensión gracia, la cual fue negada con las resoluciones RDP 035661 y RDP 044496 del 31 de agosto y 20 de noviembre de 2018.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 4 de 1966, 91 de 1989, 60 de 1993, 115 de 1994 y 715 de 2001. Asimismo, la jurisprudencia del Consejo de Estado.

5. En cuanto al concepto de violación, señaló que los actos administrativos demandados desconocieron las normas y la jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con el reconocimiento de la pensión gracia, inclusive «el nuevo pronunciamiento» contenido en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-11-2018, en los cuales se ha reconocido la prestación pretendida en casos como el de la demandante.

1.2. Contestación de la demanda

2 En adelante UGPP3

Radicado: 17001-23-33-000-2019-00114-01 (2587-2024)

Demandante: Carmen Emilia Cárdenas Ariza

6. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se

expresan a continuación:

6.1. La demandante no tenía derecho al reconocimiento de la pensión gracia, porque

6. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se

expresan a continuación:

6.1. La demandante no tenía derecho al reconocimiento de la pensión gracia, porque no acreditó el cumplimiento de las exigencias para esos efectos, por cuanto «reposa dentro del expediente pensional [de la demandante] formato único para la expedición de certificados de historia laboral con consecutivo N° 3611 del 27 de septiembre de 2017 expedido por la Secretaría de Educación Departamental de Caldas indicando: RÉGIMEN DE PENSIONES: NACIONAL». Así las cosas, la vinculación que ostentó la docente fue del orden nacional, por lo que no p odía ser computada para verificar el tiempo de servicio requerido para la prestación pretendida.

6.2. Finalmente propuso las excepciones que denominó : i) inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido; ii) buena fe; iii) prescripción; y iv) genérica.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Caldas, en sentencia proferida el 15 de septiembre de 2023 accedió a las súplicas de la demanda y en consecuencia: i) declaró la nulidad de los actos demandados; ii) ordenó el reconocimiento de la pensión gracia a partir del 19 de febrero de 2013, pero con efectos fiscales a partir del 14 de junio de 2015, por prescripción; y iii) condenó en costas a la Ugpp.

8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y jurisprudenciales aplicables al asunto, concluyó lo siguiente:

de 2015, por prescripción; y iii) condenó en costas a la Ugpp.

8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y jurisprudenciales aplicables al asunto, concluyó lo siguiente:

8.1. De acuerdo con el material probatorio aportado, «está suficientemente determinado que la demandante no solo cuenta con la edad exigida por el marco normativo relacionado para hacerse acreedora al beneficio pensional perseguido, sino también que se encontraba vinculada al servicio docente en plaza naciona lizada» con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

8.2. Carmen Emilia Cárdenas Ariza acreditó una vinculación como docente en una plaza del orden territorial y «más allá de la calificación que el propio FNPSM quiso atribuir a dicha plaza docente como nacional, ninguna de las pruebas permite avalar esta conclusión». Así las cosas, «al sumarse […] tiempos de servicio docente prestados por la nulidiscente en plazas nacionalizadas, se tiene que […] acreditó 21 años 4 meses y 18 días, lapso útil para acceder a la prestación» [sic].

8.3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 1743 de 1966, reglamentario de la Ley 4 de 1966, la pensión deberá liquidarse con el promedio del4

Radicado: 17001-23-33-000-2019-00114-01 (2587-2024) Demandante: Carmen Emilia Cárdenas Ariza 75% de los salarios devengados durante el año anterior a la fecha en la que adquirió el estatus pensional, es decir, entre el 19 de febrero de 2012 y el 19 de febrero de

Demandante: Carmen Emilia Cárdenas Ariza 75% de los salarios devengados durante el año anterior a la fecha en la que adquirió el estatus pensional, es decir, entre el 19 de febrero de 2012 y el 19 de febrero de 2013, «entendido por salario la totalidad de los ingresos que recibe el trabajador por sus servicios, ello conforme a la Ley 33 de 1985 y al Decreto 1042 de 1978, artículo 42» [sic].

8.4. Toda vez que entre la fecha de adquisición del estatus pensional y la presentación de la demanda [13 de marzo de 2019] transcurrieron más de 3 años , se configuró el fenómeno jurídico de la prescripción, por lo que se ordenará el pago de las mesadas causadas a partir del 14 de junio de 2015.

8.5. En virtud de lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, « teniendo en cuenta que producto de la vulneración de los derechos de la parte actora se vio en la necesidad de contratar un abogado y sufragar los gastos procesales hasta su culminación», condenó en costas a la parte demandada.

1.4. El recurso de apelación

9. La Ugpp solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y en su lugar se negaran las pretensiones de la demanda. Lo anterior, con base en los siguientes

argumentos:

9.1. La demandante no acreditó el tiempo de servicio exigido para el reconocimiento de la pensión gracia, por que, de conformidad con « el certificado de historia laboral, expedido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, […] prestó sus servicios entre en 14 de febrero de 1994 y el 7 de julio de 2014, con tipo de vinculación

expedido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, […] prestó sus servicios entre en 14 de febrero de 1994 y el 7 de julio de 2014, con tipo de vinculación nacional», sin que el contenido de dicho documento hubiese sido desvirtuado por la interesada, de conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso.

9.2. Así las cosas, « el reconocimiento de la pensión de jubilación gracia con tiempos de orden nacionales no puede ser posible como expresamente lo ha reiterado el Consejo de Estado».

9.3. De otra parte, « frente a estos tiempos de servicio, con vinculación de carácter cofinanciado, se tiene que se trata de una categoría de docentes vinculados por nombramiento de la respectiva entidad territorial que pertenecen a la planta de personal del distrito, departame nto o municipio y que durante la vigencia de los convenios entidad territorial, fondo de cofinanciación para la inversión social FIS eran cofinanciados por la nación 70% y 30% a cargo de la entidad territorial, en tanto la mayor fuente de los recursos provenían del situado fiscal/presupuesto general de la nación» [sic].

1.5. Trámite de segunda instancia5

Radicado: 17001-23-33-000-2019-00114-01 (2587-2024)

Demandante: Carmen Emilia Cárdenas Ariza

10. La Ugpp presentó una solicitud probatoria consistente en oficiar a la secretaría de educación del departamento de Caldas para que aportara lo siguiente: i) certificación en la cual conste el acto de nombramiento y el acta de posesión de la demandante; ii) certificación en que se informe la plaza docente, la fuente de

de educación del departamento de Caldas para que aportara lo siguiente: i) certificación en la cual conste el acto de nombramiento y el acta de posesión de la demandante; ii) certificación en que se informe la plaza docente, la fuente de financiación, el régimen salarial nacional o territorial de los tiempos acreditados; iii) los factores salariales percibidos y el escalafón docente alcanzado durante los 20 años de servicio s acreditados para el reconocimiento de la pensión gracia; iv) la institución educativa del orden territorial, nacional o nacionalizada en la que laboró la demanda nte; v) el tipo de educación prestado por la docente; la forma de su vinculación; y vi) el origen y evolución de la plaza docente antes y después de la nacionalización de la educación.

11. La anterior solicitud fue negada mediante auto del 30 de abril de 2025, por que las pruebas documentales pretendidas fueron aportadas al expediente y se les dio traslado a las partes en audiencia adelantada el 11 de febrero de 2020, sin que hubiera existido objeción frente a estas.

12. De otra parte, toda vez que no se advirtió la necesidad de decretar pruebas en esta instancia , no se ordenó correr traslado para que los extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5 del artículo 247 del

CPACA.

1.6. El Ministerio Público

13. El procurador delegado ante el Consejo de Estad o no intervino en esta etapa procesal.

2. Consideraciones

2.1. Problema jurídico

14. Se circunscribe a resolver ¿si Carmen Emilia Cárdenas Ariza acreditó los

procesal.

2. Consideraciones

2.1. Problema jurídico

14. Se circunscribe a resolver ¿si Carmen Emilia Cárdenas Ariza acreditó los requisitos para efectos del reconocimiento de la pensión gracia solicitada de conformidad con las normas que la regulan?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. En torno a la pensión gracia

15. El sector docente oficial estuvo marcado por condiciones diferenciales en materia salarial y prestacional, derivadas del nivel de la entidad con la que se iniciara el6

Radicado: 17001-23-33-000-2019-00114-01 (2587-2024) Demandante: Carmen Emilia Cárdenas Ariza vínculo jurídico o la relación legal y reglamentaria. Ciertamente, este aspecto determinaba el origen de los recursos para la remuneración de estos servidores, pues mientras la nación asumía los gastos del personal del orden nacional, los respectivos entes territoriales eran responsables de proveer los recursos necesarios para el pago de sus empleados dedicados a la labor educativa. Esta situación conllevaba un trato que, hasta esta época, se ha juzgado como inequitativo para estos últimos educadores, cuyas prestaciones económicas eran inferiores, pese a que todos ejecutaban la misma labor.

16. Lo anterior llevó al legislador a adoptar medidas tendientes a equiparar las condiciones salariales y prestacionales de todos los docentes oficiales, dentro de las cuales se destacó el reconocimiento de la pensión gracia implementada por medio de la Ley 114 de 1913 3 como un reconocimiento a la dedicación al servicio de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias.

las cuales se destacó el reconocimiento de la pensión gracia implementada por medio de la Ley 114 de 1913 3 como un reconocimiento a la dedicación al servicio de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias.

17. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicio en establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez, consagración y que observara buena conducta.

18. Con posterioridad, las leyes 116 de 1928 4 y 37 de 19335, en sus artículos 6 y 3, respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria, normalistas e inspectores de instrucción pública.

19. Asimismo, con la Ley 91 de 1989 se logró la unificación de los distintos regímenes del magisterio, en aras de finiquitar las divergencias interpretativas derivadas del proceso gradual de traslado de los costos de las entidades territoriales a la nación que había ordenado la Ley 43 de 1975 que, en últimas, afectaba las condiciones laborales del magisterio. Para ello, distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:

Personal docente Tipo de vinculación Prestaciones sociales a cargo Entidad responsable

Nacional

Vinculados por nombramiento del gobierno nacional

Las causadas hasta 29/12/1989 y en adelante, los reajustes y la sustitución de

cargo Entidad responsable

Nacional

Vinculados por nombramiento del gobierno nacional

Las causadas hasta 29/12/1989 y en adelante, los reajustes y la sustitución de pensiones

La extinta Cajanal y el Fondo Nacional del Ahorro o las que hicieren sus veces.

3 «Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela». 4 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927». 5 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».7

Radicado: 17001-23-33-000-2019-00114-01 (2587-2024)

Demandante: Carmen Emilia Cárdenas Ariza

Las causadas a partir del 29/12/1989

La nación y pagadas por el Fomag

Nacionalizado

Vinculados por nombramiento de entidad territorial antes y después del 1/1/1976 (Ley 43/75)

Las causadas hasta el 31/12/1975 y en adelante, los reajustes y la sustitución de pensiones

Las respectivas entidades territoriales o las cajas de previsión, o las entidades que hicieren sus veces, a las cuales venía vinculado este personal Las causadas en el período de nacionalización (1/1/1976 – 31/12/1980), los reajustes y la sustitución de pensiones La nación o las respectivas

hicieren sus veces, a las cuales venía vinculado este personal Las causadas en el período de nacionalización (1/1/1976 – 31/12/1980), los reajustes y la sustitución de pensiones La nación o las respectivas entidades territoriales o las cajas de previsión, o las entidades que hicieren sus veces (estas entidades deben contribuir en los porcentajes establecidos en el art. 3 de la Ley 43/75). Las causadas y no pagadas entre el 1/1/1981 y el 29/12/1989 Las respectivas entidades territoriales o las cajas de previsión social, o las entidades que hicieren sus veces, a las cuales estaba vinculado dicho personal. La nación debe hacer los aportes correspondientes, en virtud de lo pactado en los convenios respectivos. Las causadas a partir del 29/12/1989 La nación y pagadas por el Fomag

20. En el artículo 356 de la Constitución Política se determinó la competencia del legislador para fijar cuáles servicios estarían a cargo de la nación y cuáles de las entidades territoriales. En su versión original, definió que el situado fiscal era el porcentaje de los ingresos corrientes de la nación cedido a los departamentos, el distrito capital y los especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para financiar la educación, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media, así como la salud.

21. En efecto, la Ley 60 de 19936 asignó la administración de los servicios educativos estatales a los municipios financiados con recursos propios y con los provenientes

como la salud.

21. En efecto, la Ley 60 de 19936 asignó la administración de los servicios educativos estatales a los municipios financiados con recursos propios y con los provenientes de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos . En el artículo 6 ibidem dispuso la incorporación de l personal docente de los órdenes

6 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. [...] Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los distritos especiales de Cartagena y Santa Mar ta, para la atención de los servicios públicos de educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».8

Radicado: 17001-23-33-000-2019-00114-01 (2587-2024) Demandante: Carmen Emilia Cárdenas Ariza departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual

91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual se hubiesen realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del señalado fondo.

22. La Ley 60 de 1993 también determinó que, para la prestación descentralizada de los servicios, cada entidad territorial debía manejar en su presupuesto una cuenta especial independiente con lo cual no afectaría la unidad de caja7, lo que se traduce en que los recursos para educación no se integrarían con los que el ente territorial ya administraba. Lo anterior llevó a que los Fondos Educativos Regionales (FER), creados por el Decreto 3157 de 1968 8, encargados del sostenimiento de los servicios educativos, fueran incorporados a la estructura de los departamentos y distritos9 y más adelante, a las secretarías de educación, según la Ley 115 de 199410

(artículo 179, literal d).

23. Sin embargo, las sumas destinadas al pago de prestaciones sociales del personal docente serían giradas directamente al Fomag, tanto las que provenían del situado fiscal como las que debía trasladar el respectivo ente territorial por las prestaciones causadas y no pagadas.

24. La obligación de afiliar a los docentes departamentales, distritales y municipales financiados con recursos propios de las entidades territoriales al Fomag se reglamentó con el Decreto 196 de 1995 11, a través del cual se identificaron las fuentes de financiación según los tipos de vinculación docente, clasificación

señalada por la Ley 91 de 1989, así:

reglamentó con el Decreto 196 de 1995 11, a través del cual se identificaron las fuentes de financiación según los tipos de vinculación docente, clasificación señalada por la Ley 91 de 1989, así:

24.1. i) Nacionales y nacionalizados: financiados con recursos de la nación y luego del situado fiscal. Sus prestaciones quedaron a cargo del Fomag, luego de su afiliación.

7 Para la época, se encontraba definido en el artículo 12 de la Ley 38 de 1989 así: «Unidad de Caja. Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá la situación de fondos a los organismos y entidades para el pago oportuno de las apropia ciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nación.» 8 «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo de la Nación» 9 Ley 60 de 1993, artículos 3, numeral 5; y 4, numeral 1. 10 «Por la cual se expide la ley general de educación» 11 «Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo 176 de la Ley 115 de 1994»9

Radicado: 17001-23-33-000-2019-00114-01 (2587-2024) Demandante: Carmen Emilia Cárdenas Ariza 24.2. ii) Departamentales, distritales y municipales: este personal se consideró en tres

grupos, a saber:

25. Por una parte, el personal que venía pagado c on recursos propios del ente territorial, al cual se le respetaría el régimen territorial que lo venía cobijando. En

grupos, a saber:

25. Por una parte, el personal que venía pagado c on recursos propios del ente territorial, al cual se le respetaría el régimen territorial que lo venía cobijando. En este caso, las prestaciones causadas antes de su incorporación al Fomag, así como sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad directa de las entidades territoriales o de las cajas de previsión, en las que se hayan efectuado los correspondientes aportes.

26. Por otra parte, los docentes que eran financiados o cofinanciados por el Ministerio de Educación Nacional mediante convenios y vinculados a plazas del nivel territorial.

Para ellos, las prestaciones sociales serían de cargo de la respectiva entidad territorial y los recursos para su pago se regirían por el correspondiente convenio de financiación o de cofinanciación. Vencidos los términos de los respectivos convenios, los derechos salariales y prestacionales se pagarían con cargo al situado fiscal.

27. Para los docentes de establecimientos públicos oficiales que eran pagados con recursos del establecimiento, sus prestaciones serían asumidas por el Fomag.

28. En línea con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 198912, en la sentencia SUJ11-S2 del 21 de junio de 2018 13 se afirmó que la pensión gracia debe reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «[…] colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 […]».

29. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C -489 de 2000 14 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión «[…] vinculados hasta el 31 de diciembre

29. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C -489 de 2000 14 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión «[…] vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas consolidadas antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio.

30. En cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de computar los

12 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio». 13 Expediente con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). 14 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.10

Radicado: 17001-23-33-000-2019-00114-01 (2587-2024) Demandante: Carmen Emilia Cárdenas Ariza tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente mencionar que

la jurisprudencia de la Sala15 ha señalado:

«[…] Sobre los tiempos nacionales.

La ley 114 de 1913 que creo la pensión de los docentes, estableció una serie de requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo

«[…] Sobre los tiempos nacionales.

La ley 114 de 1913 que creo la pensión de los docentes, estableció una serie de requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo 4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa nacional. Artículo 4º. - Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe: […]

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.” (Resalta la Sala) El artículo 1º de la Ley 91 de 1989 16 clasificó a los docentes para efectos de las prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.

Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno

Nacional.

2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» […] Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la

territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» […] Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año 1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar tiempos de servicio de carácter nacional , pues la finalidad principal de la pensión gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios al magisterio.» [Se resalta]

31. Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, se recuerdan las reglas que fijó esta Corporación en sentencia de unificación del 21 de junio de 201817, así:

15 Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. 16 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio». 17 Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).11

Radicado: 17001-23-33-000-2019-00114-01 (2587-2024) Demandante: Carmen Emilia Cárdenas Ariza «[…] (i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886

Radicado: 17001-23-33-000-2019-00114-01 (2587-2024) Demandante: Carmen Emilia Cárdenas Ariza «[…] (i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886 como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fo ndo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o del -situado fiscalcuando se sufragaban los gastos a tr