CE - Sentencia 17001233300020190024002 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2019-00240-02 (0138-2024)

Demandante: Gloria Eugenia Hincapié Bonnet

Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Tema: Prima especial, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Fiscal seccional y fiscal delegada ante jueces del circuito. Reiteración jurisprudencial. Reconocimiento.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Caldas, el 8 de septiembre de 2023, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Gloria Eugenia Hincapié Bonnet, en su condición de fiscal seccional y fiscal delegada ante los jueces del circuito , solicitó el reconocimiento y pago de todas las diferencias salariales y prestaciones dejadas de percibir desde 1993 a 2005 a partir de lo devengado mensualmente y sin descontar algún concepto por prima especial. La entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda porque operó la prescripción trienal respecto de los derechos reclamados de 1993 a 2002 y debido a

devengado mensualmente y sin descontar algún concepto por prima especial. La entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda porque operó la prescripción trienal respecto de los derechos reclamados de 1993 a 2002 y debido a que existía carencia de objeto para pedir en cuanto a la pretensión del 2003 en adelante, momento a partir del cual se liquidó tanto el sal ario como las prestaciones con el 100%.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Gloria Eugenia Hincapié Bonnet , mediante apoderad a judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Fiscalía General de la Nación, el 27 de noviembre de 20171 , con las

1 Samai, exp. 17001-23-33-000-2019-00240-02, índice 2, 4A6E6A0E56CB023A E473A70513270AA2 B86E65DB4AE2E189 17CFC6C6482AE4F9, 01Cuaderno1 (fls.1-220).pdf, página 2 del archivo digital.Radicación: 17001-23-33-000-2019-00240-02(0138-2024)

Demandante: Gloria Eugenia Hincapié Bonnet

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 siguientes2:

2.1.1. Pretensiones

(i) Declarar la nulidad de la Resolución núm. DS -16-12-6-SAJ 0832 del 27 de

www.consejodeestado.gov.co

2 siguientes2:

2.1.1. Pretensiones

(i) Declarar la nulidad de la Resolución núm. DS -16-12-6-SAJ 0832 del 27 de marzo de 2017 proferida por la Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión de Manizales y de la Resolución núm. 2-2087 del 30 de junio de 2017 expedida por la Subdirección de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación que le negaron el reconocimiento y pago de la prima especial del 30% para los años de 1993 a 2005.

(ii) A título de restablecimiento del derecho, reconocer y pagar a la Gloria Eugenia

Hincapié Bonnet:

SEGUNDA: […] la suma que resulte como diferencia de todos los conceptos salariales y prestacionales dejados de percibir en los años 1993 y 2005, relacionados en la petición efectuada en vía gubernativa, en el anexo 1 de la demanda y en el cuadro que aparece en el hecho 40 de esta demanda, teniendo en cuenta lo devengado mensualmente sin deducir la denominada prima especial de servicios.

(iii) Que las sumas por las que se condenara a la entidad demandada fueran reajustadas o actualizadas al momento de ejecutoria del fallo de primera y segunda instancia de acuerdo con la fórmula aplicada en otros casos.

(iv) Que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada y a favor de la demandante de acuerdo con el artículo 188 del CPACA.

(v) Que se ordene dar cumplimiento al fallo que le ponga fin al proceso en los términos establecidos en los artículos 189, 192 y 195 del CPACA.

favor de la demandante de acuerdo con el artículo 188 del CPACA.

(v) Que se ordene dar cumplimiento al fallo que le ponga fin al proceso en los términos establecidos en los artículos 189, 192 y 195 del CPACA.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, la demandante expuso, en síntesis, lo

siguiente3:

(i) Prestó sus servicios en la Fiscalía General de la Nación en calidad de fiscal seccional desde el 2 de febrero de 1981 hasta el 31 de diciembre de 2003, cuando renunció a su cargo y adquirió el estatus de pensionada.

(ii) Durante el período en que estuvo vinculada se le efectuaron varias liquidaciones de cesantías del año 1993, en adelante, hasta adquirir su pensión el 31 de diciembre de 2003.

2 Samai, exp. 17001-23-33-000-2019-00240-02, índice 2, 4A6E6A0E56CB023A E473A70513270AA2 B86E65DB4AE2E189 17CFC6C6482AE4F9, 01Cuaderno1 (fls.1-220).pdf, páginas 17 a 18 y 191 a 193 del archivo digital. 3 Samai, exp. 17001-23-33-000-2019-00240-02, índice 2, 4A6E6A0E56CB023A E473A70513270AA2

B86E65DB4AE2E189 17CFC6C6482AE4F9, 01Cuaderno1 (fls.1-220).pdf, páginas 7 a 17 y 182 a 191 del archivo digital.Radicación: 17001-23-33-000-2019-00240-02(0138-2024)

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3 (iii) El Gobierno nacional expidió la Ley 4ª de 1992 en la que dispuso aumentar las remuneraciones de los empleados públicos y conservar los límites presupuestales. En este orden, entre 1993 y 2002 expidió varios decretos que regulaban el régimen salarial y prestacional de la Nación, Fiscalía General de la Nación y estableció una prima especial sin carácter salarial que sería factor salarial únicamente para la pensión de jubilación.

(iv) Aunque la ley prevé que esta prima especial es un incremento de la remuneración mensual, el Gobierno nacional de forma equivocada denominó una parte del salario como prima especial. Por tanto, a los funcionarios beneficiarios se les han liquidado sus prestaciones sociales con el 70% del salario toda vez que el 30% de este no tenía carácter salaria l, lo que se traduce en una afectación de sus derechos adquiridos. Esta situación fue interpretada en la sentencia del 29 de abril de 2014 , a partir de la cual surge su derecho.

(v) Percibía un valor mensual correspondiente a la prima especial que realmente equivalía al 30% de su remuneración mensual.

partir de la cual surge su derecho.

(v) Percibía un valor mensual correspondiente a la prima especial que realmente equivalía al 30% de su remuneración mensual.

(vi) El 23 de marzo de 2017 le solicitó a la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de la Nación, Fiscalía General de la Nación de Manizales el pago de las prestaciones sociales y demás rubros con el 100% de su salario básico mensual desde el 1 de enero de 1993 y hasta que este se efectuara.

(vii) La petición se negó mediante la Resolución DS -16-12-SAJ 0832 del 27 de marzo de 2017. Interpuso recurso de apelación el 4 de abril de 2017, el cual fue resuelto mediante la Resolución núm. 2-2087 del 30 de junio de 2017 que confirmó la decisión de primera instancia.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. La actora citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política, artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 48, 53, 93, 122, 123, 128 y 150 numeral 19 literal e), Ley 4ª de 1992, artículos 1 y 2 literal j), 8, 12 inciso 3 y 14, Decreto 2699 de 1991, artículos 54 y 64 de la Ley 939 de 2004, Decreto 717 de 1 978, artículo 12, Código Sustantivo

del Trabajo artículos 1, 4, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19 y 21, Decreto 1042 y 1045 de 1978 y Decretos 174 y 230 de 1975. Además, la normas que regulan la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que conllevan a utilizar la acción prevista en el artículo 138 del CPACA de acuerdo con el artículo 137 de esta disposición. Igualmente invocó que se desconocieron decisiones jurisprudenciales.

4. En el concepto de violación, la actora indicó que la Nación, Fiscalía General de la Nación dejó de incluir el porcentaje del 30% en la base liquidatoria de todas las prestaciones sociales para los años comprendidos entre 1993 y 2005, algo que debió haber hecho porque pese a ser un sobresueldo hacía parte de la remuneración recibida mensualmente por la servidora. Igualmente, debía garantizarse igualdad en la aplicación del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, así como los principios de favorabilidad y el derecho al trabajo.

5. Puntualmente, los actos administrativos demandados incurrieron en falsa motivación porque no abordaron el tema central reclamado al no pronunciarse sobre la sentencia del 29 de abril de 2014. Adicionalmente, están viciados por la causal deRadicación: 17001-23-33-000-2019-00240-02(0138-2024)

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4 nulidad de desviación de poder en la medida en que era un deber reconocer el carácter salarial y prestacional de la prima especial. Por último, expresó que los actos se expidieron irregularmente dado que la prima era considerada un factor del salario en los términos del artículo 12 del Decreto 717 de 1978.

2.2. Contestación de la demanda

6. La apoderada de la entidad demandada afirmó que es cierto que la demandante estuvo vinculada en la entidad del 1 de julio de 1992 al 1 de junio de 2004 como se extrae de su hoja de vida. Se opuso a todas las pretensiones al encontrar configuradas las siguientes excepciones : (i) prescripción trienal con relación a los derechos reclamados de 1993 a 2002; y (ii) carencia de objeto en cuanto a la pretensión del 2003, en adelante, ya que desde ese año la prima especial, como factor no salarial, se eliminó de los decretos salariales, de forma tal que ha liquidado los salarios y las prestaciones con el 100%.

7. Así las cosas, a partir del año 2003 « la accionante no es destinataria de una prima que la ley no concede, y que no puede mi representada reconocer a motu proprio, pues de hacerlo, se estaría extralimitando en el ejercicio de sus funciones, al reconocer un derecho que la ley no otorga […]». En igual sentido, invocó la excepción de cumplimiento de un deber legal. Solicitó negar las pretensiones de la demanda4.

reconocer un derecho que la ley no otorga […]». En igual sentido, invocó la excepción de cumplimiento de un deber legal. Solicitó negar las pretensiones de la demanda4.

2.3. Sentencia anticipada de primera instancia

8. La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia anticipada5 del 8 de septiembre de 2023, resolvió:

PRIMERO: ACOGER de manera integral lo dispuesto en la Sentencia de Unificación – SUJ-016-CE-S2-2019 de 2 de septiembre de 2019 del Consejo de Estado.

SEGUNDO: Declárense IMPRÓSPERAS las excepciones de (i). Carencia de objeto,

(ii) Cumplimiento de un deber legal , y en consecuencia declárese la nulidad de los siguientes actos administrativos:

• Resolución DS-16-12-6-SEAJ032 de 27 de marzo de 2017. • Resolución n° 2-2087 de 30 de junio de 2017.

TERCERO: Se declara la PROSPERIDAD de la excepción “prescripción extintiva del derecho laboral” y en consecuencia la ocurrencia de este fenómeno sobre todo el período reclamado – el 1 de enero de 1993 y hasta el 31 de diciembre de 2003-.

CUARTO: DECLARAR que la prima especial de servicios que se reclama, solo constituye FACTOR SALARIAL respecto a la pensión de jubilación y, en consecuencia; se ORDENA a la demandada reliquidar los aportes a pensión realizados para el periodo comprendido entre el – 1 de enero de 1993 y hasta el 31 de diciembre de 2003 -, teniendo en cuenta la prima especial de servicios como factor salarial y

consecuencia; se ORDENA a la demandada reliquidar los aportes a pensión realizados para el periodo comprendido entre el – 1 de enero de 1993 y hasta el 31 de diciembre de 2003 -, teniendo en cuenta la prima especial de servicios como factor salarial y tomando como base el 100% del salario base devengado y no el 70% como se hizo y consignarlos al fondo de pensiones.

4 Samai, exp. 17001-23-33-000-2019-00240-02, índice 2, 4A6E6A0E56CB023A E473A70513270AA2 B86E65DB4AE2E189 17CFC6C6482AE4F9, 01Cuaderno1 (fls.1-220).pdf, páginas 220 a 229 del archivo digital. 5 El Conjuez del Tribunal Administrativo de Caldas profirió auto el 24 de junio de 2023 en el que dispuso que daría aplicación al artículo 182ª del CPACA relativo a la sentencia anticipada.Radicación: 17001-23-33-000-2019-00240-02(0138-2024)

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QUINTO: NEGAR las demás pretensiones […]6.

9. El Tribunal dispuso que acogería en su integridad lo dispuesto en la sentencia de «unificación» del Consejo de Estado SUJ-016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019 en cumplimiento de lo establecido en los artículos 102, 269, 271 del CPACA.

de «unificación» del Consejo de Estado SUJ-016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019 en cumplimiento de lo establecido en los artículos 102, 269, 271 del CPACA.

10. Seguidamente, se pronunció en cuanto a las excepciones propuestas por la entidad demandada y afirmó que no procede la excepción de cumplimiento de un deber legal ya que la demandada interpretó indebidamente la norma y en este orden desconoció los derechos de la parte demandante. Argumentó que cumplió con los decretos expedidos por el Gobierno nacional, sin embargo, una norma que contraría los intereses del trabajador debe tenerse por no escrita. Negó la excepción relativa a la carencia de objeto porque la p rima especial está regulada no solo en la Ley 4ª de 1992 sino en la sentencia de «unificación» SUJ-016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019 lo que le otorga sustento a la reclamación de la actora.

11. Ahora bien, quedó demostrado que la parte demandante se vinculó a la Fiscalía General de la Nación en el cargo de fiscal seccional del 2 de febrero de 1981 hasta el 31 de diciembre de 2003 cuando renunció para disfrutar de su pensión, como se desprende de la constancia laboral que obra a folios 206 a 207 del cuaderno 1.

Además, quedó acreditado que de su salario se extrajo la prima especial. Por tanto, tendría derecho al reconocimiento de esta prima prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 correspondiente al 30% del salario básico, sobre el 100% de este y no sobre el 70% como se efectuó.

12. Igualmente, destacó que parte del debate se derivaba en la condición de factor

de 1992 correspondiente al 30% del salario básico, sobre el 100% de este y no sobre el 70% como se efectuó.

12. Igualmente, destacó que parte del debate se derivaba en la condición de factor salarial de la prima especial desarrollado en el artículo 14 de la ley 4ª de 1992 modificado por la ley 332 de 1994, aspecto que fue objeto de pronunciamiento por la Corte Constitucional en la sentencia C-279 de 1996. También refirió que el Consejo de Estado en sentencia de «unificación» proferida el 12 de septiembre de 2018 7 afirmó que la prima especial no tiene carácter salarial, posición ratificada en el fallo de «unificación» proferido por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado el 2 de septiembre de 2019. De este modo , la prima especial reclamada por la actora solo constituye factor salarial para la cotización de los aportes a pensión y salud lo que supone la reliquidación con esta prestación social al fondo de pensiones. Por tanto, se tendrá por probada la excepción de cosa juzgada constitucional8.

13. Ahora bien, en punto a la prescripción , el Tribunal indicó que la jurisprudencia de tiempo atrás consideraba que este fenómeno debía contabilizarse desde la ejecutoria de la primera sentencia que anuló el carácter salarial de la prima especial .

No obstante, esta posición se replanteó en la sentencia de «unificación» del 12 de septiembre de 2018 referida, en la cual se precisó debía tenerse en cuenta 3 años hacia atrás desde la reclamación administrativa y que la prescripción se interrumpía con la radicación de la petición de reliquidación.

septiembre de 2018 referida, en la cual se precisó debía tenerse en cuenta 3 años hacia atrás desde la reclamación administrativa y que la prescripción se interrumpía con la radicación de la petición de reliquidación.

6 Transcrito textualmente. Subrayado, negritas y cursivas del texto original. 7 Consejo de Estado, Sala de Conjueces de la Sección Segunda, sentencia del 12 de septiembre de 2018, exp. 73001233300020120018302. 8 Aunque el Tribunal refirió esto en la motiva, no se pronunció en la parte resolutiva sobre este aspecto que además no comprende una excepción planteada por la demandada en este proceso.Radicación: 17001-23-33-000-2019-00240-02(0138-2024)

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14. Destacó, finalmente, que acogería lo dispuesto en la sentencia de «unificación» del 2 de septiembre de 2019 que fijó una posición en cuanto a est a figura, de modo que como la actora presentó la reclamación administrativa el 23 de marzo de 2017, los períodos anteriores al 23 de marzo de 2014 est aban afectados por la prescripción trienal. Esta prescripción comprende la totalidad del período reclamado al ser anterior a esta fecha.

15. Seguidamente, analizó la prescripción de los aportes pensionales frente a los cuales consideró que la prima especial únicamente es factor salarial para los aportes

a esta fecha.

15. Seguidamente, analizó la prescripción de los aportes pensionales frente a los cuales consideró que la prima especial únicamente es factor salarial para los aportes a pensión de jubilación. En consecuencia, le ordenó a la entidad demandada reajustar el aporte a pensión de jubilación teniendo en cu enta la prima especial como factor salarial y sobre el 100% del salario básico y no el 70% que se tuvo en cuenta, para el período del 1 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 2003 con la consignación en Colpensiones de las «diferencias no pagadas por todo el periodo desde que la demandante viene ocupando el cargo de fiscal seccional».

16. Se abstuvo de condenar en costas porque no evidenció maniobras de mala fe o dilatorias por parte de la demandada9.

2.4. Recurso de apelación

17. La apoderada de la entidad demandada solicitó revocar el fallo de primera instancia Expresó los siguientes motivos de inconformidad:

18. La sentencia que el Tribunal debió tener en cuenta para resolver el asunto es la de «unificación» SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020, la cual se profirió con el fin de diferenciar la situación de los fiscales respecto a la de los jueces resuelta mediante el fallo del 2019. De manera que esta sentencia de «unificación» del 15 de diciembre de 2020 no unifica los porcentajes relacionados con el factor pensional , razón por la cual resulta clara frente al 30% de prima adicional al salario «pero no sobre la condena a este pago desde que el servidor ha ejercido como fiscal y que no se

diciembre de 2020 no unifica los porcentajes relacionados con el factor pensional , razón por la cual resulta clara frente al 30% de prima adicional al salario «pero no sobre la condena a este pago desde que el servidor ha ejercido como fiscal y que no se condenó a pagar el adicional por estar prescrito».

19. Revisada la sentencia de «unificación» SUJ -023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020, esta providencia no condenó al pago de aportes desde el año de la vinculación de la servidora a la Nación, Fiscalía General de la Nación. Puntualmente, desde 1998 cuando se les concedió este derecho de acuerdo con la Ley 476 de 1998.

20. En consecuencia, la providencia apelada no se ajustó a la sentencia de «unificación» SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 202010.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

21. Mediante auto del 26 de agosto de 2024 11, el magistrado ponente de esta Subsección admitió el recurso de apelación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA modificado por el artículo 67 de la 2080 de 2021. Dispuso que si las

9 Samai, exp. 17001-23-33-000-2019-00240-02, índice 2, 4A6E6A0E56CB023A E473A70513270AA2 B86E65DB4AE2E189 17CFC6C6482AE4F9, 17Sentencia1°.pdf.

10 Samai, exp. 17001-23-33-000-2019-00240-02, índice 2, 4A6E6A0E56CB023A E473A70513270AA2 B86E65DB4AE2E189 17CFC6C6482AE4F9, 20RecursoApelSentFGN.pdf. 11 Samai, exp. 17001-23-33-000-2019-00240-02, índice 5.Radicación: 17001-23-33-000-2019-00240-02(0138-2024)

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7 partes no solicitaban la práctica de pruebas en el término de ejecutoria de esta decisión no había lugar a correr traslado para alega r y el expediente ingresaría al despacho para dictar el fallo.

22. El expediente ingresó al despacho para proferir sentencia el 17 de septiembre de 2024. No obstante, posteriormente, el Ministerio Público allegó concepto en el que solicitó confirmar la sentencia apelada12.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

23. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, le corresponde el conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que le confiere el inciso primero del artículo 150 del CPACA, para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico

inciso primero del artículo 150 del CPACA, para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico

24. De acuerdo con el marco fijado en el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la Fiscalía General de la Nación, que habilita al juez de segunda instancia para pronunciarse únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apela nte13, la Sala procede a resolver los siguientes problemas

jurídicos:

25. ¿El Tribunal, para resolver la controversia, debió tener en cuenta la sentencia de «unificación» SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020?

26. ¿La sentencia apelada se apartó del contenido de la sentencia de «unificación» SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020, por haber condenado a la entidad demandada al pago de aportes a Seguridad Social en Pensiones desde el año en que la demandante se vinculó a la Fiscalía General de la Nación?

3.3. Marco normativo. Reiteración jurisprudencial

27. La Ley 4 de 1992, por medio de la cual se establecieron los objetivos y criterios que debe observar el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos , previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales superiores y c ontencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados ante la rama judicial y para los jueces, incluidos los

los magistrados de tribunales superiores y c ontencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados ante la rama judicial y para los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, «excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación», con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

28. El Decreto 53 de 1993, expedido por el Gobierno nacional en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992, fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores de la Fiscalía General de la Nación, por medio del cual previó

12 Samai, exp. 17001-23-33-000-2019-00240-02, índice 10. 13 CGP, artículos 320 «Fines de la apelación» y 328 «competencia del superior».Radicación: 17001-23-33-000-2019-00240-02(0138-2024)

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8 que las personas vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 tenían la posibilidad de optar por el régimen salarial y prestacional establecido en dicho decreto o mantener el que regía con anterioridad, con la excepción establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, que excluía del beneficio de la prima especial a quienes optaran «por la escala de salarios de la Fiscalía General».

que regía con anterioridad, con la excepción establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, que excluía del beneficio de la prima especial a quienes optaran «por la escala de salarios de la Fiscalía General».

29. La Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido de determinar que la prima especial prevista en el artículo 14 de dicha ley para los funcionarios mencionados en la norma y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida, formaría parte del ingreso base, solo para la liquidación de la pensión de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes.

30. La norma citada fue aclarada por la Ley 476 de 1998, para establecer que la excepción prevista en la Ley 4 de 1992 «no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos servidores, la prima espe cial a que se refiere el artículo 6° del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogan o lo adiciona n, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de la pensión de jubilación».

31. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y prestacional de los servidores de la Fiscalía General de la Nación, el Gobierno nacional reiteró que la prima especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento (30%) del salario básico mensual» de los fiscales delegados de todo

prestacional de los servidores de la Fiscalía General de la Nación, el Gobierno nacional reiteró que la prima especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento (30%) del salario básico mensual» de los fiscales delegados de todo orden, de los directores nacionales, regionales y seccionales, y de los jefes de oficina, de división y de Unidad de Policía Judicial.

32. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la Fiscalía General de la Nación, esta Sección, mediante sentencia del 14 de febrero de 2002, declaró la nulidad del artículo 7 del Decreto 38 de 8 de enero de 1999, por «su discordancia con las disposiciones legales que debía acatar el Gobierno nacional al establecer el régimen salarial de los servidores públicos a que se contrae la Ley 4ª de 1992, más exactamente por desconocer lo previsto en el Artículo 14 ibidem», al otorgar al 30% del salario básico el carácter de prima especial. En ese orden, la Sección precisó lo siguiente14:

En virtud de lo previsto en el Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 el Gobierno nacional está facultado para establecer la prima a que ella se contrae a favor de los servidores que allí se enlistan, mas no respecto de los funcionarios que opten por la escala de salarios establecida para la Fiscalía General de la Nación con efectos a partir del 1º de enero de 1993 […]

No obstante lo anterior, ha de precisarse que tal decisión no implica que el salario fijado

establecida para la Fiscalía General de la Nación con efectos a partir del 1º de enero de 1993 […]

No obstante lo anterior, ha de precisarse que tal decisión no implica que el salario fijado

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 14 de febrero de 2002, exp. 11001 -03-25-000-1999-003100(197-99). Mediante sentencia del 15 de abril de 2004, la Sección declaró la nulidad del artículo 8 del Decreto 2743 de 2000, con iguales consideraciones. Sin embargo, estableció lo siguiente: «con el propósito de rectificar parte de la jurisprudencia contenida en el fallo de fecha 14 de febrero de 2002, del expediente 197 de 1.999, que al decretarse la nulidad deprecada por el actor respecto de la referida prima especial sin carácter salarial (…), se reduce el ingreso mensual de los funcionarios a que esta norma se refiere en un 30%, pues este porcentaje en que consiste la prima establecida constituye un sobresueldo que contraviene, como ya quedó explicado, el mandato del artículo 14 de la ley 4 de 1.992.Radicación: 17001-23-33-000-2019-00240-02(0138-2024)

Demandante: Gloria Eugenia Hincapié Bonnet

Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

9 en el Artículo 4° del Decreto 38 de 1999 para los funcionarios sustraídos de la posibilidad de establecer a su favor la prima de servicios, sufra alteración alguna, más exactamente

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9 en el Artículo 4° del Decreto 38 de 1999 para los funcionarios sustraídos de la posibilidad de establecer a su favor la prima de servicios, sufra alteración alguna, más exactamente deterioro o disminución, ya que en dicho artículo se estableció el sueldo mensual de los empleos de esa entidad, entre los que ellos se encuentran, sin que se advirtiera que parte