CE - Sentencia 17001233300020190038101 de 2025

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00381-01 (6905-2023)

Demandante: Leiddy Viviana Barreto Romero Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales, (Caldas)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2019-00381-01 (6905-2023)

Demandante: Leiddy Viviana Barreto Romero

Demandado: Nación, Rama Judicial , Consejo Superior de la Judicatura,

Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales, (Caldas)

Tema: nivelación salarial cargo abogado asesor grado 23 de tribunales superiores de distrito judicial y tribunales administrativos . Subtema: fijación del régimen salarial y prestacional en la Rama Judicial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala 4ª de Decisión Oral , del 28 de abril de

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala 4ª de Decisión Oral , del 28 de abril de 2023, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La demandante prestó sus servicios como «abogado asesor grado 23» para los despachos del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Manizales . Solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales entre el mencionado cargo, y el de «abogado asesor» sin grado. En el presente proceso, pretende la nulidad de los actos administrativos que le negaron lo pedido. A su turno, el Tribunal accedió a las pretensiones al considerar que el Consejo Superior de la Judicatura no era competente para fijar la categoría salarial del cargo de «abogado asesor», en tanto dicha potestad le corresponde al Gobierno nacional, en desarrollo de las facultades previstas en la Ley 4ª de 1992.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Leiddy Viviana Barreto Romero , por conducto de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 1

1 14 de agosto de 2019.Radicación: 17001-23-33-000-2019-00381-01 (6905-2023)

Demandante: Leiddy Viviana Barreto Romero Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales, (Caldas)

Demandante: Leiddy Viviana Barreto Romero Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales, (Caldas)

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2 de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que se señalan a continuación2.

2.1.1. Pretensiones

2. La demandante solicitó que se inaplique por inconstitucional el Acuerdo PSAA1510402 del 29 de octubre de 2015 , expedido por la entonces Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en lo que respecta a la creación del cargo que se denominó «abogado asesor grado 23» en los despachos de magistrado de los tribunales superiores de distrito judicial y los tribunales administrativos.

3. Asimismo, pidió que se declarara la nulidad de las resoluciones DESAJMAR181256 del 14 de agosto y DESAJMAR 18-1666 del 1 de octubre de 2018, por medio de las cuales la Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales negó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales reclamadas entre el cargo de «abogado asesor grado 23» que ocupaba la demandante y el de «abogado asesor» sin grado. Finalmente, solicitó la nulidad del acto ficto generado por la falta de resolución del recurso de apelación interpuesto en contra del primer acto.

4. A título de restablecimiento del derecho, la demandante reclamó el reconocimiento

sin grado. Finalmente, solicitó la nulidad del acto ficto generado por la falta de resolución del recurso de apelación interpuesto en contra del primer acto.

4. A título de restablecimiento del derecho, la demandante reclamó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial y prestacional existente entre el empleo de «abogado asesor grado 23» que desempeñó y el de «abogado asesor» sin grado ; así como la reliquidación de las prestaciones salariales y sociales.

5. De igual manera, que se condenara a la demandada a actualizar las sumas adeudadas con base en el índice de precios al consumidor, en aplicación del artículo 187 del CPACA, y se le ordenara el cumplimiento del fallo en los términos del artículo 192 ibidem. Solicitó la condena en costas.

2.1.2. Hechos

6. La Sala sintetiza los principales hechos de la demanda, así:

7. Leiddy Viviana Barreto Romero fue nombrada en el cargo de «abogado asesor grado 23» de la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, a partir del 3 de noviembre de 2015, empleo creado por el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 20153.

8. El 23 de julio de 2018, solicitó ante la Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales, el reconocimiento y pago de la diferencia salarial existente entre el cargo de «abogado asesor grado 23», que venía desempeñando, y el empleo de «abogado asesor» sin grado; así como la reliquidación, con efectos retroactivos de las diferencias salariales y prestacionales.

de «abogado asesor grado 23», que venía desempeñando, y el empleo de «abogado asesor» sin grado; así como la reliquidación, con efectos retroactivos de las diferencias salariales y prestacionales.

2 Samai, índice 2, actuación « EXPEDIENTE DIGITAL », documento «ED_EXPEDIENTE_01PRIMERAINSTANCIAZ(.zip) NroActua 2», archivo «04Demanda.pdf» , págs.1 a 11. 3 «Por el cual se crean con carácter permanente; trasladan y transforman unos despachos judiciales y cargos en todo el territorio nacional».Radicación: 17001-23-33-000-2019-00381-01 (6905-2023)

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9. Explicó que, al crear el cargo de «abogado asesor grado 23» , el Consejo Superior de la Judicatura excedió sus facultades constitucionales y legales en materia del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, al establecer una categoría salarial distinta a la ya prevista para el «abogado asesor sin grado», lo que generó un detrimento para los intereses de quienes venían desempeñando el mencionado empleo de «abogado asesor grado 23» , debido a que su remuneración salarial era inferior.

10. La entidad demandada, mediante la Resolución DESAJMAR18-1256 del 14 de

empleo de «abogado asesor grado 23» , debido a que su remuneración salarial era inferior.

10. La entidad demandada, mediante la Resolución DESAJMAR18-1256 del 14 de agosto de 2018 , negó la anterior reclamación. Explicó que el referido cargo de «abogado asesor grado 23» se creó en ejercicio de las facultades conferidas a la entonces Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura por el artículo 63 de la Ley 270 de 1996 que comprenden la creación de cargos de descongestión, así como la definición de sus funciones y requisitos de acceso. Adicionalmente, frente al ejercicio de sus funciones, precisó que la única restricción aplicable en la creación de dichos cargos radicaba en no generar obligaciones que excedieran el monto global establecido para el plan de descongestión en la ley de apropiaciones iniciales.

11. A través de la Resolución DESAJMAR 18 -1666 del 1 de octubre de 2018 , se concedió el recurso de apelación interpuesto contra el acto administrativo inicial. Sin embargo, la entidad omitió resolverlo, lo que dio lugar a la configuración del silencio administrativo negativo en los términos del artículo 86 del CPACA.

12. Concluyó que pese a la diferencia salarial existente entre el cargo de «abogado asesor grado 23», desempeñado por la demandante, y el de «abogado asesor» sin grado, ambos empleos desarrollan funciones equivalentes, por lo que no se advierte una causa objetiva que justifique la mencionada disparidad salarial.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

13. En la demanda se invocan las siguientes normas:

una causa objetiva que justifique la mencionada disparidad salarial.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

13. En la demanda se invocan las siguientes normas:

De la Constitución Política, los artículos 4, 13, 53, 150 y 257. Ley 4ª de 1992. De la Ley 270 de 1996, el numeral 9, del artículo 85. Decreto 194 de 2014. Decreto 1257 del 5 de junio de 2015. Decreto 245 del 5 de junio de 2015. Decreto 1013 del 9 de junio de 2017. Decreto 337 del 19 de febrero de 2018.

14. La parte actora explicó el concepto de violación con los siguientes argumentos:

15. Manifestó que, conforme con el artículo 150 de la Constitución Política, corresponde al Congreso de la República expedir las normas y señalar los criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno nacional al momento de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos.Radicación: 17001-23-33-000-2019-00381-01 (6905-2023)

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16. Indicó que el Consejo Superior de la Judicatura, al crear el cargo de «abogado asesor grado 23» y fijar su asignación salarial, desconoció las disposiciones

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16. Indicó que el Consejo Superior de la Judicatura, al crear el cargo de «abogado asesor grado 23» y fijar su asignación salarial, desconoció las disposiciones constitucionales y legales, y se atribuyó una competencia reservada exclusivamente para el Congreso y el Gobierno nacional, en punto de la determinación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la Rama Judicial.

17. Lo anterior generó una diferencia salarial injustificada entre quienes venían desempeñando el empleo de «abogado asesor» sin grado y quienes, como la demandante, se vincularon al cargo de «abogado asesor grado 23» con una remuneración inferior, dado que la asignación prevista para el abogado asesor grado 23, es inferior a la contemplada para el abogado asesor sin grado.

18. En consecuencia, los actos administrativos demandados excedieron las competencias constitucionales y legales atribuidas a la entonces Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en tanto , su función se limitaba a definir la estructura organizacional y la planta de personal de la Rama Judicial, sin que le asistiera atribución para establecer el régimen salarial de sus funcionarios y empleados.

2.2. Contestación de la demanda

19. El Consejo Superior de la Judicatura se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que los actos administrativos fueron expedidos en ejercicio de las facultades constitucionales y legales otorgadas a esa entidad. Asimismo, precisó que

le corresponde reglamentar lo relativo a la carrera judicial, definir las funciones y requisitos de los empleos de la Rama Judicial, y determinar las plantas de personal de los despachos judiciales a nivel nacional.

le corresponde reglamentar lo relativo a la carrera judicial, definir las funciones y requisitos de los empleos de la Rama Judicial, y determinar las plantas de personal de los despachos judiciales a nivel nacional.

20. Advirtió que, en atención a la Ley 270 de 1996 y a las necesidades del servicio, el Consejo Superior de la Judicatura determinó que el cargo que debía crearse, de manera transitoria, para atender la descongestión de los tribunales superiores de distrito judicial y los tribunales administrativos era el de « abogado asesor grado 23».

Señaló que dicho empleo no corresponde al de « abogado asesor» innominado, toda vez que se estableció un grado específico, cuya remuneración fue fijada en consideración al nivel de funciones y responsabilidades exigidas por el perfil del cargo.

21. En estos términos, se considera que no le asiste razón a la demandante en cuanto a la existencia de una diferencia salarial injustificada entre el cargo de «abogado asesor grado 23» y el de «abogado asesor» sin grado, dado que la denominación y las funciones asignadas a cada uno son distintas, circunstancia que justifica la diferenciación en el régimen salarial aplicable4.

2.3. Sentencia de primera instancia

22. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 28 de abril de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandada, así:

4 Samai, índice 2, actuación « EXPEDIENTE DIGITAL », documento

accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandada, así:

4 Samai, índice 2, actuación « EXPEDIENTE DIGITAL », documento «ED_EXPEDIENTE_01PRIMERAINSTANCIAZ(.zip) NroActua 2», archivo «17ContestacionDemandaNacion.pdf».Radicación: 17001-23-33-000-2019-00381-01 (6905-2023)

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«INAPLICÁSE por inconstitucional, la expresión “Grado 23” contenida en el Acuerdo PSAA15-10402 de 29 de octubre de 2015, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones N° DESAJAAAR18 -1256 de 14 de agosto y N° DESAJMAR18-1666 de 14 de octubre, ambas de 2018, así como del acto ficto derivado del recurso de apelación interpuesto contra el acto primigenio.

En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho.

ORDÉNASE a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, reconocer y pagar a la señora LEIDDY VIVIANA BARRETO ROMERO las diferencias salariales y prestacionales existentes entre el

ORDÉNASE a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, reconocer y pagar a la señora LEIDDY VIVIANA BARRETO ROMERO las diferencias salariales y prestacionales existentes entre el cargo de “Abogado Asesor Grado 23” y el cargo de “Abogado Asesor de Tribunal Judicial” por todo el tiempo en que haya desempeñado ese cargo.

La entidad demandada DARÁ cumplimiento a esta sentencia en los términos previstos en el artículo 192 del C/CA (ley 1437/11), PREVINIÉNDOSE a la parte actora de la carga prevista en el inciso 2° del precepto citado.

COSTAS en esta instancia a cargo de la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y a favor de la señora LEIDDY VIVIANA BARRETO ROMERO, las que serán liquidadas y ejecutadas conforme lo determinan el artículo 366 del C.G.P. […]

23. Como sustento de la decisión consideró que el Consejo Superior de la Judicatura carecía de competencia para fijar la remuneración del cargo de «abogado asesor grado 23 » de los tribunales superiores de distrito judicial y los tribunales administrativos, en tanto dicha potestad corresponde al Gobierno nacional, en ejercicio de las facultades previstas en la Ley 4ª de 1992.

24. Destacó que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura no estaba facultada para fijar escalas de remuneración salarial, toda vez que su competencia se limitaba a la creación de cargos previamente establecidos por el Gobierno nacional. En consecuencia, al modificar la escala salarial aplicable al cargo

estaba facultada para fijar escalas de remuneración salarial, toda vez que su competencia se limitaba a la creación de cargos previamente establecidos por el Gobierno nacional. En consecuencia, al modificar la escala salarial aplicable al cargo de «abogado asesor» y asignarle grados salariales, excedió el ámbito de sus atribuciones, dado que la fijación del régimen salarial corresponde de manera exclusiva al Gobierno nacional.

25. De esta manera, la entidad demandada, al asignar la categoría de « grado 23» acudió a una clasificación distinta de la prevista en el Decreto 57 de 1993, con el fin de modificar la remuneración del cargo de «abogado asesor» nominado, sin expresar motivación alguna que justificara la necesidad de crear un empleo en condiciones diferentes a las ya establecidas.

26. Como consecuencia de lo anterior, dispuso inaplicar por inconstitucional la expresión «grado 23» contenida en el acuerdo de creación del cargo de abogado asesor grado 23», y declaró la nulidad de los actos administrativos que negaron el reajuste salarial pretendido.Radicación: 17001-23-33-000-2019-00381-01 (6905-2023)

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27. Así las cosas, concluyó que el Consejo Superior de la Judicatura debe reconocer

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27. Así las cosas, concluyó que el Consejo Superior de la Judicatura debe reconocer y pagar a la parte actora las diferencias salariales y prestacionales existentes entre el cargo de «abogado asesor grado 23», que desempeñó, y el cargo de «abogado asesor» sin grado, respecto de todo el tiem po en que ejerció funciones en dicho empleo.

28. Condenó en costas a la demandada, con fundamento en el artículo 47 de Ley 2080 de 2021, al resultar vencida en el proceso5.

2.4. Recurso de apelación

29. La demandada, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia que accedió a las pretensiones de la demanda.

30. Explicó que actuó dentro de sus competencias constitucionales y legales, al crear el cargo de «abogado asesor grado 23» puntualmente las previstas en los artículos 256 y 257 de la Constitución Política y en los numerales 9 y 12 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996. Resaltó que la entonces Sala Administrativa estaba facultada para

reglamentar la carrera judicial, crear y suprimir cargos, definir funciones y requisitos, y adoptar medidas de descongestión judicial, conforme lo disponía también el artículo 63 ibídem.

31. Indicó que la creación del cargo de «abogado asesor grado 23» obedeció a necesidades específicas de descongestión de los tribunales superiores de distrito judicial y tribunales administrativos, al establecer una categoría salarial acorde con las

31. Indicó que la creación del cargo de «abogado asesor grado 23» obedeció a necesidades específicas de descongestión de los tribunales superiores de distrito judicial y tribunales administrativos, al establecer una categoría salarial acorde con las funciones y responsabilidades asignadas, distintas del «abogado asesor» innominado.

Añadió que la diferencia en la denominación entre ambos cargos resultaba justificada, y no era procedente su nivelación.

32. El apelante destacó que el cargo de «abogado asesor grado 23» se regulaba por la escala establecida en el artículo 6 del Decreto 194 de 2014, a diferencia del «abogado asesor» sin grado, cuya remuneración se encontraba prevista en el artículo 4 del mismo decreto. Señaló que eliminar la categoría de grado 23 para este tipo de empleos implicaría desconocer la autonomía administrativa conferida al Consejo Superior de la Judicatura.

33. Argumentó, con fundamento en la jurisprudencia de esta corporación , que el ejercicio de funciones similares no conlleva necesariamente a la nivelación salarial cuando existen diferencias en requisitos, responsabilidades o formas de vinculación.

34. Se advirtió que, en el presente caso, pese a la exigencia jurisprudencial relativa a la carga argumentativa para solicitar la inaplicación de una norma por inconstitucionalidad, la demandante no acreditó el mínimo requerido para sustentar dicha solicitud, razón por la cual no era procedente que el tribunal declarara la inaplicación de las disposiciones impugnadas.

5 Samai, índice 2, actuación « EXPEDIENTE DIGITAL », documento «5ED_EXP

dicha solicitud, razón por la cual no era procedente que el tribunal declarara la inaplicación de las disposiciones impugnadas.

5 Samai, índice 2, actuación « EXPEDIENTE DIGITAL », documento «5ED_EXP DIGITA_OneDrive_20240625zip(.zip) NroActua 2», archivo «26SentenciaPrimeraInstancia.pdf».Radicación: 17001-23-33-000-2019-00381-01 (6905-2023)

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35. Asimismo, se destacó que el Acuerdo PSAA15 -10402 de 2015 gozaba de presunción de legalidad, sin que a la fecha se hubiese declarado la nulidad de alguno de sus apartes, razón por la cual los reparos en su contra debían ser formulados mediante el ejercicio del medio de control de nulidad simple.

36. Finalmente, solicitó que se revocara la sentencia apelada, y las costas que le fueron impuestas6.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

37. Mediante auto del 29 de febrero de 2024, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada. Al no existir solicitud probatoria, se prescindió del período para correr traslado a las partes, en aplicación del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 20217.

38. Concepto del Ministerio Público

período para correr traslado a las partes, en aplicación del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 20217.

38. Concepto del Ministerio Público

39. El Procuraduría Delegada de Intervención Tercer a ante el Consejo de Estado conceptuó que debía confirmarse la sentencia de primera instancia. Fundamentó su posición en que el Consejo Superior de la Judicatura, al asignar el «grado 23» al cargo de abogado asesor, vulneró las competencias exclusivas del Gobierno nacional en materia salarial, con lo cual desconoció los artículos 4 y 6 del Decreto 194 de 2014 y afectó las prestaciones de los empleados judiciales , que desempeñaban el referido cargo.

40. Indicó que la asignación del «grado 23» como categoría salarial no modificaba la naturaleza del cargo de «abogado asesor» ya existente, y que en ausencia de prueba que acreditara diferencias funcionales entre el empleo de «abogado asesor grado 23» y «abogado asesor» innominado debía reconocerse a la demandante el régimen salarial más favorable correspondiente segundo de los enunciados8.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

41. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

6 Samai, índice 2, actuación « EXPEDIENTE DIGITAL », documento «5ED_EXP

de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

6 Samai, índice 2, actuación « EXPEDIENTE DIGITAL », documento «5ED_EXP DIGITA_OneDrive_20240625zip(.zip) NroActua 2», archivo «28EscritoRecursoApelacionNacionf». 7 Samai, índice 4, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento «Memorial_FLF_9CONCEPTO(.pdf) NroActua 9». 8 Samai, índice 9, actuación « Auto que admite recurso de apelación », documento «6AUTOQUEADMITE_OK69052023ADMITEAPEL(.docx) NroActua 4».Radicación: 17001-23-33-000-2019-00381-01 (6905-2023)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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3.2. Cuestión previa

42. La Sala observa que la parte demandada allegó solicitud 9 tendiente a que se avocara el conocimiento de este asunto con el propósito de unificar la jurisprudencia en punto de la supuesta diferencia salarial existente entre los cargos de «abogado asesor grado 23» y «abogado asesor» sin grado , de los tribunales superiores de distrito judicial y tribunales administrativos . De manera subsidiaria, pidió que se suspendiera el proceso de la referencia hasta que se profiriera la mencionada decisión

asesor grado 23» y «abogado asesor» sin grado , de los tribunales superiores de distrito judicial y tribunales administrativos . De manera subsidiaria, pidió que se suspendiera el proceso de la referencia hasta que se profiriera la mencionada decisión de unificación.

43. Sobre el particular, la Sala considera importante recordar que esta Sección profirió sentencia de unificación el 2 de noviembre de 202310, a través de la cual fijó las pautas que deben considerarse en relación con los casos en los que se discute el reconocimiento de una diferencia salarial entre los cargos de «abogado asesor grado 23» y «abogado asesor» sin grado, por lo que la solicitud presentada por la parte actora carece de objeto y, en consecuencia, será negada.

3.3. Problema jurídico

44. Se circunscribe a establecer, según lo expuesto en el recurso de apelación presentado por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones , ¿si el Consejo Superior de la Judicatura excedió sus competencias constitucionales y legales al asignar la denominación «grado 23» al cargo de «abogado asesor», en la medida en que ello implicó la modificación d el régimen salarial y prestacional fijado por los decretos anuales expedidos por el Gobierno nacional para dicho empleo?.

45. Con el fin de resolver el problema jurídico, la Sala considera necesario abordar los siguientes aspectos: (i) la remuneración salarial prevista para el cargo de «abogado asesor grado 23» en la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado; (ii) la nulidad del aparte «grado 23» previsto en algunos de los Acuerdos de la entonces Sala

asesor grado 23» en la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado; (ii) la nulidad del aparte «grado 23» previsto en algunos de los Acuerdos de la entonces Sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; y (iii) caso concreto.

3.3.1. De la remuneración salarial establecida para el cargo de «abogado asesor grado 23» en la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado. Reiteración de jurisprudencia.

46. Con ocasión de las múltiples controversias que se suscitaron en torno a la existencia de una diferencia salarial entre los cargos de «abogado asesor», sin grado, y «abogado asesor grado 23», esta Sección, en sentencia del 2 de noviembre de 2023, unificó su jurisprudencia en torno a esta cuestión, y fijó la siguiente regla

jurisprudencial11:

9 Samai, índice 2, actuación « EXPEDIENTE DIGITAL », documento «ED_EXPEDIENTE_01PRIMERAINSTANCIAZ(.zip) NroActua 2 », archivo «38SolicitudUnificacionJurisprudencial». 10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de noviembre de 2023, radicado 08001-23-33-000-201800529-01 (3071-2019), M.P. Gabriel Valbuena Hernández. 11 Ibídem.Radicación: 17001-23-33-000-2019-00381-01 (6905-2023)

Demandante: Leiddy Viviana Barreto Romero Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales, (Caldas)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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«El Consejo Superior de la Judicatura carece de competencia para asignarle a los cargos nominados, grados, códigos y remuneración diferente a lo regulado en el Decreto 57 de 1993 y demás decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional, mediante los cuales se determine el régimen salarial y prestacional de los empleados de la rama judicial. Esta potestad corresponde al presidente de la República en desarrollo de las facultades previstas en la Ley 4ª de 1992. En consecuencia, la remuneración del cargo de “abogado asesor” grado 23 de los Tribunales Administrativos, es la fijada para el «abogado asesor» en los decretos anuales expedidos por el gobierno nacional sobre la materia.»

47. Para llegar a la citada conclusión, esta Sección abordó aspectos relevantes que fueron considerados para su resolución, tales como: (i) la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los cargos de la Rama Judicial; (ii) la competencia del Consejo Superior de la Judicatura para la creación de cargos de la Rama Judicial; y (iii) las consideraciones frente a la remuneración del cargo de «abogado asesor grado 23».

48. Así las cosas, teniendo en cuenta la relevancia de estas consideraciones, la Sala

procede a referirse, en los siguientes términos:

y (iii) las consideraciones frente a la remuneración del cargo de «abogado asesor grado 23».

48. Así las cosas, teniendo en cuenta la relevancia de estas consideraciones, la Sala

procede a referirse, en los siguientes términos:

3.3.1.1. Competencia para la fijación del régimen salarial y prestacional de los cargos existentes en la planta de personal de la Rama Judicial

49. El artículo 150 de la Constitución Política atribuye al Congreso de la República, entre otras funciones, la de fijar el régimen salarial y pr