CE - Sentencia 17001233300020190038201 de 2025

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00382-01 (1316-2023)

Demandante: Diana Fernanda Candamil Arredondo Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales, (Caldas)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2019-00382-01 (1316-2023)

Demandante: Diana Fernanda Candamil Arredondo

Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura,

Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales, (Caldas)

Tema: nivelación salarial del cargo abogado asesor grado 23 de tribunales superiores de distrito judicial y tribunales administrativos. Subtema: fijación del régimen salarial y prestacional en la Rama Judicial

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Especial de Decisión, del 16 de

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Especial de Decisión, del 16 de septiembre de 2022, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La demandante prestó sus servicios como «abogado asesor grado 23» para los despachos del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Manizales. Solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales entre el mencionado cargo, y el de « abogado asesor» sin grado. En el presente proceso, pretende la nulidad de los actos administrativos que le negaron lo pedido. El Tribunal consideró que el Consejo Superior de la Judicatura no era competente para fijar la categoría salarial del cargo de «ab ogado asesor», en tanto dicha potestad le corresponde al Gobierno nacional, en desarrollo de las facultades previstas en la Ley 4ª de 1992.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Diana Fernanda Candamil Arredondo, por conducto de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 1

1 14 de agosto de 2019.Radicación: 17001-23-33-000-2019-00382-01 (1316-2023)

Demandante: Diana Fernanda Candamil Arredondo Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales, (Caldas)

Demandante: Diana Fernanda Candamil Arredondo Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales, (Caldas)

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2 de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que se señalan a continuación 2.

2.1.1. Pretensiones

2. La demandante solicitó que se inaplique por inconstitucional el Acuerdo PSAA15 10402 del 29 de octubre de 2015, expedido por la entonces Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en lo que respecta a la creación del cargo que se denominó «abogado asesor grado 23» en los despachos de magistrado de tribunales superiores de distrito judicial y tribunales administrativos.

3. Asimismo, pidió que se declarara la nulidad de las resoluciones DESAJM AR181257 del 14 de agosto de 2018 y DESAJMAR 18-1665 del 1 de octubre de 2018, por medio de las cuales la Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales negó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales reclamadas entre el cargo de «abogado asesor grado 23» que ocupaba la demandante y el de «abogado asesor» sin grado. Finalmente, solicitó la nulidad del acto ficto generado por la falta de resolución del recurso de apelación interpuesto en contra del primer acto.

4. A título de restablecimiento del derecho, la demandante reclamó el reconocimiento

sin grado. Finalmente, solicitó la nulidad del acto ficto generado por la falta de resolución del recurso de apelación interpuesto en contra del primer acto.

4. A título de restablecimiento del derecho, la demandante reclamó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial y prestacional existente entre el empleo de «abogado asesor grado 23» que desempeñó y el de «abogado asesor» sin grado; así como la reliquidación de las prestaciones salariales y sociales

5. De igual manera, que se condenara a la demandada a actualizar las sumas adeudadas con base en el índice de precios al consumidor, en aplicación del artículo 187 del CPACA, y se le ordenara el cumplimiento del fallo en los términos del artículo 192 ibidem. Solicitó la condena en costas.

2.1.2. Hechos

6. La Sala sintetiza los principales hechos de la demanda, así:

7. Diana Fernanda Candamil Arredondo fue nombrada en el cargo de «abogado asesor grado 23» de la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, a partir del 3 de noviembre de 2015, empleo creado por el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de

20153.

8. El 23 de julio de 2018, solicitó ante la Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales, el reconocimiento y pago de la diferencia salarial existente entre el cargo de «abogado asesor grado 23», que venía desempeñando, y el empleo de «abogado asesor» sin grado; así como la reliquidación, con efectos retroactivos de las diferencias salariales y prestacionales.

de «abogado asesor grado 23», que venía desempeñando, y el empleo de «abogado asesor» sin grado; así como la reliquidación, con efectos retroactivos de las diferencias salariales y prestacionales.

2 Samai, índice 2, actuación « EXPEDIENTE DIGITAL », documento «ED_DEMANDA_17001233300020190038(.zip) NroActua 2», archivo «001Cdno1», págs.7 a 18 y 81 a 92. 3 «Por el cual se crean con carácter permanente; trasladan y transforman unos despachos judiciales y cargos en todo el territorio nacional».Radicación: 17001-23-33-000-2019-00382-01 (1316-2023)

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9. Explicó que, al crear el cargo de «abogado asesor grado 23», el Consejo Superior de la Judicatura excedió sus facultades constitucionales y legales en materia del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, al establecer una categoría salarial distinta a la ya prevista para el «abogado asesor sin grado», lo que generó un detrimento para los intereses de quienes venían desempeñando el mencionado empleo de «abogado asesor grado 23», debido a que su remuneración salarial era inferior.

10. La entidad demandada, mediante la Resolución DESAJMAR18-1257 del 14 de

empleo de «abogado asesor grado 23», debido a que su remuneración salarial era inferior.

10. La entidad demandada, mediante la Resolución DESAJMAR18-1257 del 14 de agosto de 2018, negó la anterior reclamación. Explicó que el referido cargo de «abogado asesor grado 23» se creó en ejercicio de las facultades conferidas a la entonces Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura por el artículo 63 de la Ley 270 de 1996 que comprenden la creación de cargos de descongestión, así como la definición de sus funciones y requisi tos de acceso. Adicionalmente, frente al ejercicio de sus funciones, precisó que la única restricción aplicable en la creación de dichos cargos radicaba en no generar obligaciones que excedieran el monto global establecido para el plan de descongestión en la ley de apropiaciones iniciales.

11. A través de la Resolución DESAJMAR 18 -1665 del 1 de octubre de 2018 , se concedió el recurso de apelación interpuesto contra el acto administrativo inicial. Sin embargo, la entidad omitió resolver lo, lo que dio lugar a la configuración del silencio administrativo negativo en los términos del artículo 86 del CPACA.

12. Concluyó que pese a la diferencia salarial existente entre el cargo de «abogado asesor grado 23», desempeñado por la demandante, y el de «abogado asesor» sin grado, ambos empleos desarrollan funciones equivalentes, por lo que no se advierte una causa objetiva que justifique la mencionada disparidad salarial.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

13. En la demanda se invocan las siguientes normas:

una causa objetiva que justifique la mencionada disparidad salarial.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

13. En la demanda se invocan las siguientes normas:

De la Constitución Política, los artículos 4, 13, 53, 150 y 257. Ley 4ª de 1992. De la Ley 270 de 1996, el numeral 9 del artículo 85. Decreto 194 de 2014. Decreto 1257 del 5 de junio de 2015. Decreto 245 del 5 de junio de 2015. Decreto 1013 del 9 de junio de 2017. Decreto 337 del 19 de febrero de 2018.

14. La parte actora explicó el concepto de violación con los siguientes argumentos:

15. Manifestó que, conforme el artículo 150 de la Constitución Política, corresponde al Congreso de la República expedir las normas y señalar los criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno nacional al momento de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos.

16. Indicó que el Consejo Superior de la Judicatura, al crear el cargo de «abogado asesor grado 23» y fijar su asignación salarial, desconoció las disposicionesRadicación: 17001-23-33-000-2019-00382-01 (1316-2023)

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4 constitucionales y legales, y se atribuyó una competencia reservada exclusivamente para el Congreso y el Gobierno nacional, en punto de la determinación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la Rama Judicial.

17. Lo anterior generó una diferencia salarial injustificada entre quienes venían desempeñando el empleo de «abogado asesor» sin grado y quienes, como la demandante, se vincularon al cargo de «abogado asesor grado 23» con una remuneración inferior, dado que la asignación prevista para el abogado asesor grado 23, es inferior a la contemplada para el abogado asesor sin grado.

18. En consecuencia, los actos administrativos demandados excedieron las competencias constitucionales y legales atribuidas a la entonces Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en tanto , su función se limitaba a definir la estructura organizacional y la planta de personal de la Rama Judicial, sin que le asistiera atribución para establecer el régimen salarial de sus funcionarios y empleados.

2.2. Contestación de la demanda

19. El Consejo Superior de la Judicatura se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que los actos administrativos fueron expedidos en ejercicio de las facultades constitucionales y legales otorgadas a esa entidad. Asimismo, precisó que

le corresponde reglamentar lo relativo a la carrera judicial, definir las funciones y requisitos de los empleos de la Rama Judicial, y determinar las plantas de personal de

facultades constitucionales y legales otorgadas a esa entidad. Asimismo, precisó que le corresponde reglamentar lo relativo a la carrera judicial, definir las funciones y requisitos de los empleos de la Rama Judicial, y determinar las plantas de personal de los despachos judiciales a nivel nacional.

20. Advirtió que, en atención a lo dispuesto en la Ley 270 de 1996 y a las necesidades del servicio, el Consejo Superior de la Judicatura determinó que el cargo que debía crearse, de manera transitoria, para atender la descongestión de los tribunales superiores de distrito judicial y tribunales administrativos era el de «abogado asesor grado 23». Señaló que dicho empleo no corresponde al de «abogado asesor» innominado, toda vez que se estableció un grado específico, cuya remuneración fue fijada en consideración al nivel de funciones y responsabilidades exigidas por el perfil del cargo.

21. En estos términos, consideró que no le asiste razón a la demandante en cuanto a la existencia de una diferencia salarial injustificada entre el cargo de «abogado asesor grado 23» y el de «abogado asesor» sin grado, dado que la denominación y las funciones asignadas a cada uno son distintas, circunstancia que justifica la diferenciación en el régimen salarial aplicable4.

2.3. Sentencia de primera instancia

22. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 16 de septiembre de 2022, accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandada,

así:

4 Samai, índice 2, actuación « EXPEDIENTE DIGITAL », documento

2022, accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandada, así:

4 Samai, índice 2, actuación « EXPEDIENTE DIGITAL », documento «ED_DEMANDA_17001233300020190038(.zip) NroActua 2», archivo «001Cdno1», págs.109 a 119.Radicación: 17001-23-33-000-2019-00382-01 (1316-2023)

Demandante: Diana Fernanda Candamil Arredondo Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales, (Caldas)

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5 «Primero: Declarar que se configuró silencio administrativo negativo frente al recurso de apelación presentado el 03 de septiembre de 2018 por Diana Fernanda Candamil Arredondo, contra la Resolución No. DESAJMAR18-1257 del 14 de agosto de 2018.

Segundo: Inaplicar por inconstitucionalidad la expresión “Grado 23” relacionada al cargo Abogado Asesor contenida en los Acuerdos: PSAA 12-9213 del 2 de febrero de 2012 (artículo 1), PSAA 12 -9524 del 21 de junio de 2012, PSAA12 9781 de 2012

(artículo 67), PSAA13-9897 de 2013 (artículo 1), PSAA13-9962 de 2013 (artículo 24),

PSAA13-9991 de 2013 (artículo 44), PSAA13 -10048 de 2013 (artículo 1), PSAA1310068 de 2013 (artículo 1), PSAA14 -10156 de 2014 (artículo 41), PSAA14 -10195 de 2014 (artículo 55), PSAA14 -10197 de 2014 (artículo 1), PSAA14 -10251 de 2014 (artículo 29), PSAA14-10277 de 2014, aclarado mediante Acuerdo PSAA15-10288 de 2015 (artículo 20), PSAA15 -10323 de 2015 (artículo 11), PSAA15 -10335 de 2015 (artículo 12), PSAA15-10356 de 2015 (artículo 11), PSA A15-10363 de 2015 (artículo 13), PSAA15 -10371 de 2015 (artículo 14), PSAA15 -10377 de 2015 (artículo 14) y PSAA15-10385 de 2015 (artículo 14), PSAA15 -10402 del 29 de octubre de 2015 (artículo 88) expedidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Tercero: Declarar la nulidad de: i) la Resolución No. DESAJMAR18 -1257 del 14 de agosto de 2018, expedida por el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Manizales mediante el cual negó la reliquidación, con efectos retroactivos, de las diferencias salariales y prestacionales existentes entre el cargo de Abogado Asesor “grado 23” y el de “Abogado Asesor de Tribunal Judicial”; y ii) el Acto ficto o presunto derivado del silencio administrativo negativo con ocasión de la falta de respuesta al recurso de apelación interpuesto el 03 de septiembre de 2018 por Diana Fernanda

derivado del silencio administrativo negativo con ocasión de la falta de respuesta al recurso de apelación interpuesto el 03 de septiembre de 2018 por Diana Fernanda Candamil Arredondo, contra la referida resolución.

Cuarto: Condenar a la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a reconocer y pagar a favor de Diana Fernanda Candamil Arredondo, por el tiempo en que haya desempeñado y mientras desempeñe el cargo, las diferencias salariales y prestacionales existentes entre el cargo de Abogada Asesor “grado 23”, que se le venía cancelando, y el cargo de “Abogada Asesora de Tribunal Judicial”.

Sumas que deberán ser pagadas debidamente indexadas a la fecha de esta sentencia en los términos del inciso último del artículo 187 del CPACA. La condena devengará intereses en los términos del inciso 3º del artículo 192 en concordancia con el numeral 4º del artículo 195 del CPACA.

Quinto: Condenar en costas a la parte demandada. Fijar agencias en derecho por valor de $ 3.360.000.»

23. Como sustento de la decisión consideró que el Consejo Superior de la Judicatura carecía de competencia para fijar la remuneración del cargo de «abogado asesor grado 23» de los tribunales superiores de distrito judicial y tribunales administrativos , en tanto dicha potestad corresponde al Gobierno nacional, en ejercicio de las facultades previstas en la Ley 4ª de 1992.

24. Destacó que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura no estaba facultada para fijar escalas de remuneración salarial, toda vez que su competencia se limitaba a la creación de cargos previamente establecidos por el

24. Destacó que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura no estaba facultada para fijar escalas de remuneración salarial, toda vez que su competencia se limitaba a la creación de cargos previamente establecidos por el Gobierno nacional. En consecuencia, al modificar la escala salarial aplicable al cargo de «abogado asesor» y asignarle grados salariales, excedió el ámbito de susRadicación: 17001-23-33-000-2019-00382-01 (1316-2023)

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6 atribuciones, dado que la fijación del régimen salarial corresponde de manera exclusiva al Gobierno nacional.

25. De esta manera, la entidad demandada, al asignar la categoría de «grado 23» acudió a una clasificación distinta de la prevista en el Decreto 57 de 1993, con el fin de modificar la remuneración del cargo de «abogado asesor» nominado, sin expresar motivación alguna que justificara la necesidad de crear un empleo en condiciones diferentes a las ya establecidas.

26. Afirmó que al proceso no se allegó prueba alguna que acreditara que el Consejo Superior de la Judicatura hubiera justificado la necesidad de crear el cargo de «abogado asesor grado 23» en condiciones diferentes, requisitos, funciones y grado , al cargo de «abogado asesor» que existía como empleo nominado.

Superior de la Judicatura hubiera justificado la necesidad de crear el cargo de «abogado asesor grado 23» en condiciones diferentes, requisitos, funciones y grado , al cargo de «abogado asesor» que existía como empleo nominado.

27. Como consecuencia de lo anterior, dispuso inaplicar por inconstitucional idad la expresión «grado 23» contenida en los acuerdos emitidos entre los años 2012 y 2015 que crearon el cargo de «abogado asesor grado 23», y declaró la nulidad de los actos administrativos que negaron el reajuste salarial pretendido.

28. Así las cosas, concluyó que el Consejo Superior de la Judicatura debe reconocer y pagar a la parte actora las diferencias salariales y prestacionales existentes entre el cargo de «abogado asesor grado 23», que desempeñó, y el cargo de «abogado asesor» sin grado, respecto del tiempo en que ejerció funciones en dicho empleo.

Igualmente, manifestó que no operó el fenómeno de la prescripción.

29. Condenó en costas a la demandada al resultar vencida en el proceso5.

2.4. Recurso de apelación

30. La demandada, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia que accedió a las pretensiones de la demanda.

31. Explicó que actuó dentro de sus competencias constitucionales y legales, al crear el cargo de «abogado asesor grado 23» puntualmente las previstas en los artículos 256 y 257 de la Constitución Política y en los numerales 9 y 12 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996. Resaltó que la entonces Sala Administrativa estaba facultada para

256 y 257 de la Constitución Política y en los numerales 9 y 12 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996. Resaltó que la entonces Sala Administrativa estaba facultada para reglamentar la carrera judicial, crear y suprimir cargos, definir funciones y requisitos, y adoptar medidas de descongestión judicial, conforme lo disponía también el artículo 63 ibídem.

32. Indicó que la creación del cargo de «abogado asesor grado 23» obedeció a necesidades específicas de descongestión de los tribunales superiores de distrito judicial y tribunales administrativos, al establecer una categoría salarial acorde con las funciones y responsabilidades asignadas, distintas del «abogado asesor» innominado.

Añadió que la diferencia en la denominación entre ambos cargos resultaba justificada, y no era procedente su nivelación.

5 Samai, índice 2, actuación « EXPEDIENTE DIGITAL », documento «ED_DEMANDA_17001233300020190038(.zip) NroActua 2», archivo «009SentenciaPrimeraInstancia».Radicación: 17001-23-33-000-2019-00382-01 (1316-2023)

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33. La parte apelante destacó que el cargo de «abogado asesor grado 23» se regulaba por la escala establecida en el artículo 6 del Decreto 194 de 2014, a diferencia del

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33. La parte apelante destacó que el cargo de «abogado asesor grado 23» se regulaba por la escala establecida en el artículo 6 del Decreto 194 de 2014, a diferencia del «abogado asesor» sin grado, cuya remuneración se encontraba prevista en el artículo 4 del mismo decreto. Señaló que eliminar la categ oría de grado 23 para este tipo de empleos implicaría desconocer la autonomía administrativa conferida al Consejo Superior de la Judicatura.

34. Argumentó, con fundamento en la jurisprudencia de esta corporación, que el ejercicio de funciones similares no conlleva necesariamente a la nivelación salarial cuando existen diferencias en requisitos, responsabilidades o formas de vinculación.

35. Se advirtió que, en el presente caso, pese a la exigencia jurisprudencial relativa a la carga argumentativa para solicitar la inaplicación de una norma por inconstitucionalidad, la demandante no acreditó el mínimo requerido para sustentar dicha solicitud, razón por la cual no era procedente que el tribunal declarara la inaplicación de las disposiciones impugnadas.

36. Asimismo, se destacó que el Acuerdo PSAA15 -10402 de 2015 gozaba de presunción de legalidad, sin que a la fecha se hubiese declarado la nulidad de alguno de sus apartes, razón por la cual los reparos en su contra debían ser formulados mediante el ejercicio del medio de control de nulidad simple.

37. Finalmente, solicitó que se revocara la sentencia apelada, y las costas que le fueron impuestas6.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

mediante el ejercicio del medio de control de nulidad simple.

37. Finalmente, solicitó que se revocara la sentencia apelada, y las costas que le fueron impuestas6.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

38. Mediante auto del 29 de febrero de 2024, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada. Al no existir solicitud probatoria, se prescindió del período para correr traslado a las partes, en aplicación del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 20217.

39. Concepto del Ministerio Público

40. La Procuraduría Delegada de Intervención Tercera ante el Consejo de Estado conceptuó que debía confirmarse la sentencia de primera instancia. Fundamentó su posición en que el Consejo Superior de la Judicatura, al asignar el «grado 23» al cargo de abogado asesor, vulneró las competencias exclusivas del Gobierno nacional en materia salarial, con lo cual desconoció los artículos 4 y 6 del Decreto 194 de 2014 y afectó las prestaciones de los empleados judiciales, que desempeñaban el referido cargo.

41. Indicó que la asignación del «grado 23» como categoría salarial no modificaba la naturaleza del cargo de «abogado asesor» ya existente, y que en ausencia de prueba que acreditara diferencias funcionales entre el empleo de «abogado asesor grado 23»

6 Samai, índice 2, actuación « EXPEDIENTE DIGITAL », documento «ED_DEMANDA_17001233300020190038(.zip) NroActua 2», archivo «012RecursoApelacionDemandado».

6 Samai, índice 2, actuación « EXPEDIENTE DIGITAL », documento «ED_DEMANDA_17001233300020190038(.zip) NroActua 2», archivo «012RecursoApelacionDemandado». 7 Samai, índice 8, actuación « Auto que admite recurso de apelación », documento «AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.docx) NroActua 8».Radicación: 17001-23-33-000-2019-00382-01 (1316-2023)

Demandante: Diana Fernanda Candamil Arredondo Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales, (Caldas)

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8 y «abogado asesor» innominado debía reconocerse a la demandante el régimen salarial más favorable correspondiente segundo de los enunciados8.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

42. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Cuestión previa

43. La Sala observa que la parte demandada allegó solicitud tendiente a que se avocara el conocimiento de este asunto con el propósito de unificar la jurisprudencia en punto de la supuesta diferencia salarial existente entre los cargos de «abogado

43. La Sala observa que la parte demandada allegó solicitud tendiente a que se avocara el conocimiento de este asunto con el propósito de unificar la jurisprudencia en punto de la supuesta diferencia salarial existente entre los cargos de «abogado asesor grado 23» y «abogado asesor» sin grado, de los tribunales superiores de distrito judicial y tribunales administrativos. De manera subsidiaria, pidió que se suspendiera el proceso de la referencia hasta que se profiriera la mencionada decisión de unificación9.

44. Sobre el particular, la Sala considera importante recordar que la Sección Segunda de esta corporación, profirió sentencia de unificación el 2 de noviembre de 2023 10, a través de la cual fijó las pautas que deben considerarse en relación con los casos en los que se discute el reconocimiento de una diferencia salarial entre los cargos de «abogado asesor grado 23» y «abogado asesor» sin grado , por lo que la solicitud presentada por la parte actora carece de objeto y, en consecuencia, será negada.

3.3. Problema jurídico

45. Se circunscribe a establecer, según lo expuesto en el recurso de apelación presentado por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones , ¿si el Consejo Superior de la Judicatura excedió sus competencias constitucionales y legales al asignar la denominación «grado 23» al cargo de «abogado asesor», en la medida en que ello implicó la modificación d el régimen salarial y prestacional fijado por los decretos anuales expedidos por el Gobierno nacional para dicho empleo?.

46. Con el fin de resolver el problema jurídico, la Sala considera necesario abordar los

régimen salarial y prestacional fijado por los decretos anuales expedidos por el Gobierno nacional para dicho empleo?.

46. Con el fin de resolver el problema jurídico, la Sala considera necesario abordar los siguientes aspectos: (i) la remuneración salarial prevista para el cargo de «abogado asesor grado 23» en la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado; (ii) la nulidad del aparte «grado 23» previsto en algunos de los Acuerdos de la entonces Sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; y (iii) caso concreto.

8 Samai, índice 2, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento «Memorial_FLF_15CONCEPTO(.pdf) NroActua 14». 9 Samai, índice 10, actuación « RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO », documento «RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf) NroActua 10». 10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de noviembre de 2023, radicado 08001-23-33-000-201800529-01 (3071-2019), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.Radicación: 17001-23-33-000-2019-00382-01 (1316-2023)

Demandante: Diana Fernanda Candamil Arredondo Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales, (Caldas)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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3.3.1. De la remuneración salarial establecida para el cargo de «abogado asesor grado 23» en la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado.

47. Con ocasión de las múltiples controversias que se suscitaron en torno a la existencia de una diferencia salarial entre los cargos de «abogado asesor», sin grado, y «abogado asesor grado 23», esta Sección, en sentencia del 2 de noviembre de 2023, unificó su jurisprudencia en torno a esta cuestión, y fijó la siguiente regla

jurisprudencial11:

«El Consejo Superior de la Judicatura carece de competencia para asignarle a los cargos nominados, grados, códigos y remuneración diferente a lo regulado e