CE - Sentencia 17001233300020190041001 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2019-00410-01 (3264-2024)

Demandante: Sergio Torrez Díaz

Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de

Administración Judicial de Manizales1

Tema: Nivelación salarial del cargo de abogado asesor , grado 23, de tribunal judicial

Sentencia de segunda instancia _________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 15 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo Caldas, Sala Quinta de Decisión, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Sergio Torres Díaz presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que se inaplicara la denominación «grado 23» asignada al cargo de abogado asesor de

nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que se inaplicara la denominación «grado 23» asignada al cargo de abogado asesor de tribunal judicial del artículo 17 del Acuerdo PSAA15 -10402 del 29 de octubre de 2015, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se declarara la nulidad de las resoluciones DESAJMAR18-1250 del 14 de agosto de 2018 y DESAJMAR-1672 del 1 de octubre de 2018 proferidas por la DESAJ y el acto ficto presunto negativo

1 En adelante DESAJ. 2 En adelante CPACA.2

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 17001-23-33-000-2019-00410-01 (3264-2024) Demandante: Sergio Torres Díaz generado por la falta de pronunciamiento frente al recurso de apelación propuesto contra aquel acto administrativo, con los que se negó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales surgidas entre el cargo de abogado asesor y el de abogado asesor, grado 23, de tribunal.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) el reconocimiento y pago de la diferencia salarial y prestacional entre lo que percibió mientras ejerció el cargo de abogado asesor, grado 23, y lo que debía recibir según el salario establecido para el empleo de abogado asesor, sin grado, durante todo el tiempo en el que laboró

diferencia salarial y prestacional entre lo que percibió mientras ejerció el cargo de abogado asesor, grado 23, y lo que debía recibir según el salario establecido para el empleo de abogado asesor, sin grado, durante todo el tiempo en el que laboró en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales; ii) la indexación del valor de la condena; iii) los intereses moratorios a la tasa máxima legal; i v) el cumplimiento de la condena en los términos del artículo 192 del CPACA; y v) la imposición de condena en costas a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

4. La Sala sintetiza como hechos relevantes los siguientes:

4.1. Sergio Torres Díaz fue nombrado abogado asesor, grado 23, de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales por medio de la Resolución 33 del 20 de septiembre de 2016, cargo del que tomó posesión en esa fecha y ejerció hasta el 19 de abril de 2017.

4.2. A través de la Resolución 19 del 20 de abril de 2017 fue designado nuevamente como abogado asesor , grado 23 , del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, del cual tomó posesión el 21 de ese mes y año y ejerció hasta la fecha de radicación de la demanda.

4.3. El 23 de julio de 2018 le solicitó a la DESAJ el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales entre el empleo de abogado asesor, grado 23, que desempeñó y el de abogado asesor sin grado.

4.4. Mediante la Resolución DESAJMAR18-1250 del 14 de agosto de 2018 , la

diferencias salariales y prestacionales entre el empleo de abogado asesor, grado 23, que desempeñó y el de abogado asesor sin grado.

4.4. Mediante la Resolución DESAJMAR18-1250 del 14 de agosto de 2018 , la entidad negó la anterior petición con fundamento en que le había pagado los salarios en estricto cumplimiento de la escala salarial fijada por el gobierno nacional, las condiciones del nombramiento realizado y del acto de creación del cargo que desempeñaba.

4.5. El 3 de septiembre de 2018 interpuso el recurso de reposición y en subsidio apelación contra el anterior acto administrativo. La DESAJ resolvió negativamente el recurso de reposición por medio de la Resolución DESAJMAR18-1672 del 1 de octubre de 2018, pero guardó silencio ante la procedencia del recurso subsidiario de apelación.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

5. Como tales se señalaron los artículos 4, 13, 53, 150, ordinal 19, literal e, y 257,3

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 17001-23-33-000-2019-00410-01 (3264-2024) Demandante: Sergio Torres Díaz ordinal 2, de la Constitución Política; 85, ordinal 9, de la Ley 270 de 1996; la Ley 4ª de 1992; y los decretos 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018.

4ª de 1992; y los decretos 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018.

6. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente3:

6.1. Por medio de la Ley 4ª de 1992 el legislador facultó al gobierno nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados de la Rama Judicial. Con ocasión de la anterior autorización se profirieron los decretos 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018 en los que se estableció, entre otros, el salario del cargo de abogado asesor que es superior a la remuneración fijada para el cargo de abogado asesor, grado 23.

6.2. El Consejo Superior de la Judicatura excedió sus competencias al expedir el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 al atribuirle el grado 23 al cargo de abogado asesor de tribunal judicial, pues ello implicó la modificación del régimen salarial de los empleados de la Rama Judicial, atribución que solo le fue concedida al gobierno nacional.

1.2. Contestación de la demanda

7. La DESAJ se opuso a la prosperidad de las súplicas de la demanda de acuerdo

con los siguientes argumentos4:

7.1. Con base en las facultades otorgadas por los artículos 63 y 85 de la Ley 270 de 1996 el Consejo Superior de la Judicatura tiene la facultad de crear cargos en descongestión como sucedió con el de abogado asesor, grado 23, en el marco del Plan Nacional de Descongestión de la administración de justicia , el cual no se

1996 el Consejo Superior de la Judicatura tiene la facultad de crear cargos en descongestión como sucedió con el de abogado asesor, grado 23, en el marco del Plan Nacional de Descongestión de la administración de justicia , el cual no se refiere al empleo de abogado asesor «de la Ley 4ª de 1992».

7.2. En ejercicio de las citadas facultades se expidieron los acuerdos PSAA11-7886, PSAA139991, PSAA14-10197, PSAA15-10288, PSAA15-10323, PSAA15-10335, PSAA15-10356, PSAA15 -10363, PSAA15 -10371, PSAA15 -10377 y PSAA1510385, en los que se desarrollaron las medidas administrativas para la creación de cargos permanentes de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo PSAA1510402, que fue expedido en atención a las necesidades del servicio y los costos que podían asumirse.

7.3. El cargo de abogado asesor que sigue haciendo parte de la planta de personal de los despachos de los tribunales administrativos y superiores es el que cuenta con la denominación de grado 23 y no el innominado, diferencia que fue establecida por el Consejo Superior de la Judicatura en ejercicio de la autonomía administrativa y las facultades legales que le fueron asignadas.

3 Documento «011ED_C01Princip_004Demandapdf.pdf» del expediente digital de la primera instancia en el índice 2 de Samai. 4 Documento «018ED_C01Princip_011ContestacionDeman.pdf» del expediente digital de la primera instancia en el índice 2 de Samai.4

instancia en el índice 2 de Samai. 4 Documento «018ED_C01Princip_011ContestacionDeman.pdf» del expediente digital de la primera instancia en el índice 2 de Samai.4

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Demandante: Sergio Torres Díaz

7.4. Propuso las excepciones de: i) falta de causa para demandar; ii) legalidad de los actos administrativos; y iii) la innominada.

1.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta de Decisión, en sentencia proferida el 15 de marzo de 2024 accedió a las pretensiones de la demanda y condenó a la parte vencida al pago de agencias en derecho. Las órdenes fueron

las siguientes:

«Primero. INAPLÍCASE por inconstitucionalidad la expresión “Grado 23” relacionada al cargo de Abogado Asesor contenida en el Acuerdo PSAA1510402 del 29 de octubre de 2015 (artículo 17) expedido por las Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Segundo. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución nº DESAJMAR18 - 1250 del 14 de agosto de 2018, con la cual se negó el reconocimiento, liquidación y pago de las diferencias salariales y prestacionales entre el cargo de abogado asesor de tribunal y abogado asesor grado 23 y del Acto ficto derivado del silencio administrativo negativo

agosto de 2018, con la cual se negó el reconocimiento, liquidación y pago de las diferencias salariales y prestacionales entre el cargo de abogado asesor de tribunal y abogado asesor grado 23 y del Acto ficto derivado del silencio administrativo negativo con ocasión de la falta de respuesta al recurso de apelación interpuesto el 03 de septiembre de 2018 por Sergio Torres Díaz, contra la Resolución No. DESAJMAR181250 del 14 de diciembre de 2018.

Tercero. DECLÁRASE no probadas las excepciones alegadas por la parte demandada.

Cuarto. Como consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a que reconozca y pague a favor del señor Sergio Torres Díaz, por el tiempo en que haya desempeñado el cargo, las diferencias salariales y prestacionales existentes entre el cargo de Abogado Asesor Grado 23 y el cargo de Abogado Asesor de Tribunal Judicial. Esto es entre los siguientes periodos:

Del veinte (20) de septiembre de dos mil dieciséis (2016) hasta el diecinueve (19) de abril de dos mil diecisiete (2017) y desde el veintiuno (21) de abril de dos mil diecisiete (2017) hasta tanto se mantenga la vinculación en el cargo. […] Octavo. CONDÉNASE en costas en esta instancia a la parte demandada por concepto de agencias en derecho a cargo de la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial por la suma de $2’458.792, correspondiente al 4% de la cuantía estimada en este proceso.

[…]» [sic].

9. Para tal efecto, se pronunció en el siguiente sentido5:

Administración Judicial por la suma de $2’458.792, correspondiente al 4% de la cuantía estimada en este proceso.

[…]» [sic].

9. Para tal efecto, se pronunció en el siguiente sentido5:

9.1. La fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la Rama Judicial es una atribución del gobierno nacional, mientras que al Consejo Superior de la Judicatura le corresponde la creación de cargos y la incorporación a las plantas de personal. Sin embargo, de acuerdo con el análisis realizado por el

5 Documento «001SENTENCIA1AI_SENTENCIA_17001233300020190041.pdf» del expediente digital de la primera instancia en el índice 2 de Samai.5

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 17001-23-33-000-2019-00410-01 (3264-2024) Demandante: Sergio Torres Díaz Consejo de Estado en sentencia de unificación del 2 de noviembre de 2023 6 al estar expresamente señalada la remuneración del empleo de abogado asesor de tribunal judicial, la demandada no ten ía la competencia para « acudir a la norma supletoria señalada en el artículo 4 del Decreto 57 de 1993 para variar el salario y así ubicarlo en el grado 23».

9.2. La DESAJ argumentó que el cargo de abogado asesor, grado 23, en el que fue nombrado el demandante no es el mismo abogado asesor sin denominación de que trata la Ley 4ª de 1992. No obstante, la entidad no allegó un manual específico

nombrado el demandante no es el mismo abogado asesor sin denominación de que trata la Ley 4ª de 1992. No obstante, la entidad no allegó un manual específico de funciones y competencias del que pudieran evidenciarse las diferencias que alega.

9.3. Al estar definido que la parte demandada no tenía la competencia para variar ese empleo, debe declararse la nulidad de los actos administrativos demandados y ordenar el pago de los diferencias salariales y prestacionales entre lo pagado y lo que en realidad correspond ía, sin prescripción trienal porque no trascurrieron más de 3 años entre el 20 de septiembre de 2016, fecha en que tomó posesión del cargo, y el momento en que realizó la reclamación administrativa que tuvo lugar el 23 de julio de 2018.

9.4. Aunque no se advirtió que la parte demandante haya incurrido en gastos procesales sí se justifica la imposición de agencias en derecho con ocasión de la representación judicial que debió contratar, fijadas en $2.458.792 que corresponde al 4% de la cuantía estimada de las pretensiones.

1.4. El recurso de apelación

10. La parte demandada interpuso recurso de apelación bajo los siguientes

argumentos7:

10.1. El Consejo Superior de la Judicatura tiene la autonomía y la facultad legal para adoptar las decisiones que considere necesarias para mejorar el funcionamiento de la administración de justicia, entre las que se encuentra la creación, modificación o supresi ón de cargos, tal como lo consideró el Consejo de Estado en sentencia del 15 de abril de 20048.

10.2. El acuerdo cuya inaplicación dispuso el Tribunal Administrativo de

modificación o supresi ón de cargos, tal como lo consideró el Consejo de Estado en sentencia del 15 de abril de 20048.

10.2. El acuerdo cuya inaplicación dispuso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue proferido en ejercicio de las facultades previstas en la Ley 270 de 1996, toda vez que solo el Consejo Superior de la Judicatura puede determinar el tipo de cargos requerid os para el cumplimiento de los objetivos de la administración de justicia y se determinó que se requería la creación de cargos de abogado asesor , grado 23, el cual tiene una remuneración proporcional a las funciones y responsabilidades asignadas y que no g uarda relación con el empleo

6 SUJ-033-CE-S2-2023, radicado 08001-23-33-000-2019-00529-01 (3071-2019). 7 Documento «003_MemorialWeb_Recurso.pdf» del expediente digital de la primera instancia en el índice 2 de Samai. 8 Dictada dentro del proceso con radicado interno 656-99.6

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 17001-23-33-000-2019-00410-01 (3264-2024) Demandante: Sergio Torres Díaz de abogado asesor que pretende el demandante, por lo que aquel no es homologable a este.

10.3. Debe revocarse la condena en costas impuesta porque no está acreditado que la entidad haya actuado de manera temeraria o desleal , sino que ha actuado de acuerdo con el manual de defensa nacional y ha desarrollado una teoría jurídica justificable.

la entidad haya actuado de manera temeraria o desleal , sino que ha actuado de acuerdo con el manual de defensa nacional y ha desarrollado una teoría jurídica justificable.

1.5. Pronunciamientos en segunda instancia

11. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar9.

1.6. Concepto del Ministerio Público

12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto10.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

13. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que delimita la competencia del juez en segunda instancia 11, se circunscribe a establecer ¿si el Consejo Superior de la Judicatura se excedió en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales al asignarle el «grado 23» al empleo de «abogado asesor» , pues con ello modificó el régimen salarial y prestacional establecido por los decretos anuales expedidos por el gobierno nacional para dicho cargo?

2.2. Marco jurisprudencial

9 Tal como se indicó en el auto del 30 de julio de 2024 visible en el índice 4 de Samai de segunda instancia. 10 Según constancia visible en el índice 8 de Samai. 11 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por

10 Según constancia visible en el índice 8 de Samai. 11 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».7

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 17001-23-33-000-2019-00410-01 (3264-2024) Demandante: Sergio Torres Díaz 2.2.1. Autoridad competente para fijar el régimen salarial y prestacional de los cargos de la Rama Judicial

14. La Constitución Política previó en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f), como atribución del Congreso de la República aquella concerniente a dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debía

14. La Constitución Política previó en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f), como atribución del Congreso de la República aquella concerniente a dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debía sujetarse el gobierno para efectos de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos12.

15. En desarrollo de esta potestad, el Congreso expidió la Ley 4ª de 199213, en cuyo artículo 1 otorgó al gobierno nacional facultades extraordinarias para que, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en la citada ley, fijara el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la Rama Judicial14. A su vez, el parágrafo del artículo 14 ejusdem dispuso que el ejecutivo revisaría el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación en atención a criterios como el de equidad.

Con base en ello, se expidieron anualmente los decret os en materia salarial y prestacional de dichos empleados.

16. En efecto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 4ª de 1992, se expidió el Decreto 57 del 7 de enero de 1993 15, en el cual el presidente de la República estableció el régimen salarial de los servidores públicos de la Rama Judicial. En el artículo 1 dispuso que sería de obligatorio cumplimiento para quienes se vincularan al servicio con posterioridad a su vigencia y que no se tendría en cuenta para la determinación de la remuneración de otros funcionarios de cualquiera de las otras ramas, organismos o instituciones del sector público.

quienes se vincularan al servicio con posterioridad a su vigencia y que no se tendría en cuenta para la determinación de la remuneración de otros funcionarios de cualquiera de las otras ramas, organismos o instituciones del sector público.

17. El artículo 2 ibidem preceptuó que los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar podían optar por una sola vez, antes del 28 de febrero de 1993, por el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto

12 «Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…)

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: (…) e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública […]» 13 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fija ción de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política. 14 «Artículo 1.- El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:

(…) b. Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General

en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de: (…) b. Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la República […]» (se resalta) 15 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones».8

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 17001-23-33-000-2019-00410-01 (3264-2024) Demandante: Sergio Torres Díaz 57 de 1993 y advirtió que quienes no se acogieran a aquel, continuarían rigiéndose por las normas vigentes a esa fecha.

18. El artículo 3 señaló lo siguiente:

«A partir del 1º de enero de 1993 la remuneración mensual de los empleados de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar será la siguiente: […]

2.- Para los siguientes empleos de los Tribunales Judiciales, del Tribunal Superior Militar y de los Consejos Seccionales de la Judicatura: […] Abogado asesor $1.125.000 […]»

19. El artículo 4 previó que la remuneración mensual para los empleos de la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar, cuya denominación del cargo no estuviera señalada en el artículo anterior, se regiría por la escala allí establecida.

20. El artículo 11 señaló: «[l]a incorporación del personal a los cargos con diferentes

señalada en el artículo anterior, se regiría por la escala allí establecida.

20. El artículo 11 señaló: «[l]a incorporación del personal a los cargos con diferentes grados establecidos en el artículo 3.º se hará con base en los requisitos y condiciones establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura».

21. Posteriormente, el gobierno nacional expidió los decretos 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995, 65 de 1998, 388 de 2006, 657 de 2008, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017, 337 de 2018 y 991 de 2019 16. En ellos fijó las remuneraciones anuales de los empleados de la Rama Judicial que no se acogieron al régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 57 de 1993, entre ellos el de abogado asesor de tribunal judicial.

16 Por medio de estos decretos se reguló el «[…]régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar». En cada anualidad se determinó la remuneración mensual del cargo abogado asesor, así:

Decreto Año Remuneración mensual Decreto Año Remuneración mensual 106/94 1994 $1.361.250 618/07 2007 $4.131.340 43/95 1995 $1.606.275 658/08 2008 $4.366.414 36/96 1996 $1.847.217 723/09 2009 $4.744.983

43/95 1995 $1.606.275 658/08 2008 $4.366.414 36/96 1996 $1.847.217 723/09 2009 $4.744.983 76/97 1997 $1.994.995 1388/10 2010 $4.982.233 64/98 1998 $2.476.551 1039/11 2011 $5.140.170 44/99 1999 $2.798.503 874/12 2012 $5.397.179 2740/00 2000 $3.056.805 1024/13 2013 $5.582.842 2720/01 2001 $ 3.133.226 194/14 2014 $5.746.978 673/02 2002 $ 3.296.789 1257/15 2015 $6.014.797 (4.66%) 3569/03 2003 $ 3.425.364 245/16 2016 $6.482.146 (7.77%) 4172/04 2004 $ 3.568.887 1013/17 2017 $6.919.690 (6.75%) 936/05 2005 $3.765.176 337/18 2018 $7.271.902 (5.09%) 389/06 2006 $3.953.435 991/19 2019 $7.599.137 (4.5%)9

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 17001-23-33-000-2019-00410-01 (3264-2024)

Demandante: Sergio Torres Díaz

22. El Decreto 1039 de 2011 17 que fijó la remuneración mensual de ese año,

Radicado: 17001-23-33-000-2019-00410-01 (3264-2024)

Demandante: Sergio Torres Díaz

22. El Decreto 1039 de 2011 17 que fijó la remuneración mensual de ese año,

estableció en su artículo 4 lo siguiente:

«A partir del 1. ° de enero de 2011, la remuneración mensual de los empleos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar será la siguiente:(…)

2. Para los siguientes empleos de los Tribunales Judiciales, del Tribunal Superior Militar

y de los Consejos Seccionales de la Judicatura:

Abogado Asesor 5.140.170 […]».

23. De igual forma, en su artículo 6 fijó la escala de remuneración mensual de los diferentes grados, para los empleos de la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar cuya denominación del cargo no estuviese señalada en los artículos anteriores del citado decreto.

24. En esa anualidad (2011), inició la implementación del Plan Nacional de Descongestión a nivel nacional18 y se expidió el Acuerdo PSAA12-9139 del 17 de enero de 2012 19 con base en este se profirieron varios acuerdos 20 mediante los cuales se crearon cargos de «abogado asesor grado 23» en distintos tribunales administrativos del país desde el 2 de febrero de 2012 hasta el 30 de junio de ese año21.

17 «Por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones». 18 Durante esta época se expidieron varios acuerdos que adoptaron medidas de descongestión,

17 «Por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones». 18 Durante esta época se expidieron varios acuerdos que adoptaron medidas de descongestión, entre otros, los a cuerdos PSAA11-8531; PSAA11-8532; PSAA11-8533; PSAA11-8534; PSAA118535; PSAA11 -8536; PSAA11 -8537; PSAA11 -8538; PSAA11 -8539; PSAA11 -8540; PSAA118541; PSAA11 -8542; PSAA11 -8543; PSAA11 -8544; PSAA11 -8545; PSAA11 -8546; PSAA118547; PSAA11 -8548; PSAA11 -8549; P SAA11-8550; PSAA11 -8551; PSAA11 -8552; PSAA118553; PSAA11 -8554; PSAA11 -8555; PSAA11 -8556; PSAA11 -8557; PSAA11 -8558; PSAA118559; PSAA11 -8560; PSAA11 -8561; PSAA11 -8562; PSAA11 -8563; PSAA11 -8564; PSAA118565; PSAA11 -8566; PSAA11 -8567; PSAA11 -8568; PSAA11 -8569; PSAA11 -8570; PSAA118571; PSAA11 -8572; PSAA11 -8573; PSAA11 -8574; PSAA11 -8575; PSAA11 -8576; PSAA118577; PSAA11 -8578; PSAA11 -8579; PSAA11 -8580; PSAA11 -8581; PSAA11 -8582; PSAA118583; PSAA11 -8584; PSAA11 -8585; PSAA11 -8586; PSAA11 -8587; PSAA11 -8588; PSAA118589; PSAA11 -8590; PSAA11 -8591; PSAA11 -8592; PSAA11 -8593; PSAA11 -8594; PSAA118595; PSAA11 -8596; PSAA11 -8597; PSAA11 -8598; PSAA11 -8599; PSAA11 -8600; PSAA118601; PSAA11 -8602; PSAA11 -8603; PSAA11 -8604; PSAA11 -8605; PSAA11 -8606; PSAA118607; PSAA11 -8608; PS AA11-8609; PSAA11 -8610; PSAA11 -8611; PSAA11 -8612; PSAA118613; PSAA11 -8614; PSAA11 -8615; PSAA11 -8616; PSAA11 -8617; PSAA11 -8618; PSAA118619; PSAA11 -8620; PSAA11 -8621; PSAA11 -8622; PSAA11 -8623; PSAA11 -8624; PSAA118625; PSAA11 -8626; PSAA11 -8627; PSAA11 -8628; PSAA11 -8629; PSAA11 -8630; PSAA118631; PSAA11 -8632; PSAA11 -8633; PSAA11 -8634; PSAA11 -8635; PSAA11 -8636; PSAA118637; PSAA11 -8638; PSAA11 -8639; PSAA11 -8640; PSAA11 -8641; PSAA11 -8642; PSAA118643; PSAA11-8644; PSAA11-8645; PSAA11-8646; y PSAA11-8647 de 2011. 19 «Por el cual se adopta el Plan Especial de Descongestión de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo» 20 Acuerdos PSAA12-9213 de 2012; PSAA12-9214 de 2012; PSAA12-9215 de 2012; PSAA12-9216 de 2012; PSAA12 -9217 de 2012; PSAA12 -9218 de 2012; PSAA12 -9219 de 2012; PSAA12 -9220 de 2012; PSAA12-9221 de 2012; PSAA12-9222 de 2012; PSAA12-9223 de 2012. 21 «Artículo Primero.- Crear transitoriamente, a partir del 2 de febrero y hasta el 30 de junio de 2012, un (1) cargo de Abogado Asesor grado 23, en cada uno de los despachos de Magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda».10

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 17001-23-33-000-2019-00410-01 (3264-2024)

Demandante: Sergio Torres Díaz

25. En este punto, conviene precisar que a través de los decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de

25. En este punto, conviene precisar que