CE - Sentencia 17001233300020190041801 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2019-00418-01 (3929 -2021)

Demandante: Sandra Marcela Gómez Osorio

Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura,

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, (Caldas)

Tema: nivelación salarial cargo abogado asesor grado 23 de tribunales superiores de distrito judicial y tribunales administrativos. Subtema: fijación del régimen salarial y prestacional en la Rama Judicial

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas el 16 de abril de 2021, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La demandante prestó sus servicios como «abogado asesor grado 23» en el Tribunal Administrativo de Caldas. Solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales entre el mencionado cargo, y el de «abogado asesor» sin grado. En el presente proceso, pretende la nulidad de los actos administrativos que le negaron lo pedido. A su turno, el tribunal consideró que el Consejo Superior de la

salariales y prestacionales entre el mencionado cargo, y el de «abogado asesor» sin grado. En el presente proceso, pretende la nulidad de los actos administrativos que le negaron lo pedido. A su turno, el tribunal consideró que el Consejo Superior de la Judicatura no era competente para fijar la categoría salarial del cargo de «abogado asesor», en ta nto dicha potestad le corresponde al Gobierno nacional, en desarrollo de las facultades previstas en la Ley 4 de 1992.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. La señora Sandra Marcela Gómez Osorio , por conducto de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento delRadicación: 17001-23-33-000-2019-00418-01 (3929-2021) Demandante: Sandra Marcela Gómez Osorio Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, (Caldas)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 derecho1 de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que a continuación se señalan2.

2.1.1. Pretensiones

2. La demandante solicitó que se inaplique parcialmente por inconstitucional lo

siguiente:

• La expresión «grado 23» contenida en los acuerdos PSAA12 -9214 del 2 de febrero de 2012, PSAA12 -9524 del 21 de junio de 2012 y sus respectivas

siguiente:

• La expresión «grado 23» contenida en los acuerdos PSAA12 -9214 del 2 de febrero de 2012, PSAA12 -9524 del 21 de junio de 2012 y sus respectivas prorrogas hasta el Acuerdo PSAA 15-10402 del 29 de octubre de 2015 3, todos expedidos por la entonces Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en lo que respecta a la creación del cargo que se denominó «abogado asesor grado 23», en los despachos de magistrados del Tribunal

Administrativo de Caldas.

3. Asimismo, pidió la nulidad d e la Resolución DESAJMAR17 -1432 del 13 de diciembre de 2017 , proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de Manizales (Caldas), por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales reclamadas entre el cargo de «abogado asesor grado 23» que ocupaba la demandante y el de «abogado asesor» sin grado.

4. De igual manera, solicitó que se declarara la nulidad del acto ficto generado por la falta de resolución del recurso de apelación interpuesto en contra del primer acto.

5. A título de restablecimiento del derecho, la demandante reclamó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial y prestacional existente entre el empleo de «abogado asesor grado 23» que desempeñó y el de «abogado asesor» sin grado; así como la reliquidación de las prestaciones salariales y sociales.

6. Solicitó también que se condenara a la demandada a actualizar las sumas adeudadas con base en el índice de precios al consumidor, en aplicación del artículo

reliquidación de las prestaciones salariales y sociales.

6. Solicitó también que se condenara a la demandada a actualizar las sumas adeudadas con base en el índice de precios al consumidor, en aplicación del artículo 187 del CPACA, y se le ordenar a el cumplimiento del fallo en los términos del artículo 192 ibidem. Solicitó la condena en costas.

2.1.2. Hechos

7. La Sala sintetiza los principales hechos de la demanda, así:

8. La señora Sandra Marcela Gómez Osorio fue nombrada en el cargo de «abogado asesor grado 23» del Tribunal Administrativo de Caldas, a partir del 10 de febrero de 2012, cuya designación fue prorrogada hasta el año 2018.

9. El empleo fue creado por el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo PSAA12-9214 del 2 de febrero de 2012, para los despachos del Tribunal Administrativo de Caldas. La medida de descongestión prevista en el referido acto administrativo fue

1 28 de agosto de 2019. 2Samai, exp. 17001 -23-33-000-2019-00418-01 (3929-2021), índice 32, certificado núm. EFF50AECEF6910F4 B4DB8084F2034240 67572F43EEA05C9A D465F9C485277348 «Expediente Digitalizado». 3 «Por el cual se crean con carácter permanente; trasladan y transforman unos despachos judiciales y cargos en todo el territorio nacional».Radicación: 17001-23-33-000-2019-00418-01 (3929-2021)

Demandante: Sandra Marcela Gómez Osorio

nacional».Radicación: 17001-23-33-000-2019-00418-01 (3929-2021) Demandante: Sandra Marcela Gómez Osorio Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, (Caldas)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 prorrogada sucesivamente4. Posteriormente, a través del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, se creó el cargo de «abogado asesor grado 23» con carácter permanente para todos los despachos de tribunal del territorio nacional.

10. La señora Sandra Marcela Gómez Osorio presentó escrito, el 5 de diciembre de 2017, ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, mediante el cual solicitó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial existente entre el cargo de «abogado asesor grado 23», que venía desempeñando, y el empleo de «abogado asesor» sin grado; así como la reliquidación, con efectos retroactivos de las diferencias salariales y prestacionales.

11. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales , mediante Resolución DESAJMAR17 -1432 del 13 de diciembre de 2017 , negó la petición de la demandante, con el argumento de que el Consejo Superior de la Judicatura cuenta con facultades constitucionales y legales para crear cargos al interior de la Rama Judicial y que los salarios y prestaciones de la actora se pagaron conforme

petición de la demandante, con el argumento de que el Consejo Superior de la Judicatura cuenta con facultades constitucionales y legales para crear cargos al interior de la Rama Judicial y que los salarios y prestaciones de la actora se pagaron conforme las escalas salariales definidas por el Gobierno nacional.

12. La demandante presentó recurso de apelación contra la anterior decisión; sin embargo, la entidad omitió resolver su requerimiento, lo que dio lugar a la configuración del silencio administrativo negativo en los términos del artículo 86 del CPACA.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

13. En la demanda se invocan las siguientes normas:

14. De la Constitución Política, los artículos 1,2, 4, 5, 9, 13, 25, 29 53, 93, 150 (literales e y f) y 209; las leyes 1, 2, 4, 5, 9, 13, 25, 29, 53, 93 y 209 de la Constitución Política de Colombia; Leyes 54 de 1962, 16 de 1972, 4 de 1992, 270 de 1996, 319 de 1996 y 1496 de 2011 y los Decretos 1950 de 1973 (artículo 8), 1039 de 2011, 874 de 2012,1024 de 2013,194 de 2014,1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de

2018.

15. La parte actora en el concepto de violación manifestó que el acto administrativo demandado se encuentra viciado de nulidad porque fue expedido con infracción de las normas superiores en las que debían fundarse, por las siguientes razones:

2018.

15. La parte actora en el concepto de violación manifestó que el acto administrativo demandado se encuentra viciado de nulidad porque fue expedido con infracción de las normas superiores en las que debían fundarse, por las siguientes razones:

16. Al respecto, explicó que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 19 del artículo 150 de la Constitución, el Congreso de la República expidió la Ley 4 de 1992, fijando el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. Allí estableció los criterios y objetivos para el efecto, entre los cuales estaban, el estab lecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los niveles profesional y asesor al interior de la Rama

Judicial.

4 Las medidas de descongestión fueron prorrogadas y establecidas a través de los siguientes acuerdos: PSAA 12-9545 del 21 del junio de 2012, PSAA 12 -9781 del 18 de diciembre de 2012, se prorrogó el referido empleo. PSAA 13 -9897 del 30 de abril de 2013, PSAA 13-9962 del 31 de julio de 2013, PSAA 13-9991 del 26 de septiembre de 2013, PSAA 13-10048 del 3 de diciembre de 2013, PSAA 13-10068 del 19 de diciembre de 2013, PSAA 14-10156 del 30 de mayo de 2014, PSAA 14-10197 dl 5 de agosto

de 2014, PSAA 14 -10251 del 14 de noviembre de 2014, PSAA 15 -10288 del 29 de enero de 2015, PSAA 15 -10323 del 26 de marzo de 2015, PSAA 15-10335 del 29 de abril de 2015, PSAA 15-10356 del 29 de mayo de 2015, PSAA 15-10363 del 3 de junio de 2015, PSAA 15 -10371 del 31 de julio de 2015, PSAA 15 -10377 del 26 de agosto de 2015 y PSAA 15 -10385 del 23 de septiembre de 2015.Radicación: 17001-23-33-000-2019-00418-01 (3929-2021) Demandante: Sandra Marcela Gómez Osorio Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, (Caldas)

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17. Asimismo, refirió que el Gobierno nacional en desarrollo de dicha normativa ha expedido anualmente los decretos de ajuste salarial para los servidores de la Rama Judicial, en los cuales ha fijado la remuneración mensual para el cargo de «abogado asesor de tribunal judicial», y ha señalado expresamente que «La remuneración mensual para los empleos de la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar cuya denominación del cargo no esté señalada en los artículos anteriores» , se regiría por una escala de grados, entre los cuales se encontraba el «GRADO 23».

mensual para los empleos de la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar cuya denominación del cargo no esté señalada en los artículos anteriores» , se regiría por una escala de grados, entre los cuales se encontraba el «GRADO 23».

18. Así pues, mencionó que los actos demandados no tuvieron en cuenta la prohibición contenida en los decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018, en los cuales se indica de manera expresa que «Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del presente Decreto, en concordancia con lo e stablecido en el artículo 10 de la Ley 4a de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos».

19. De este modo, afirmó que, si bien el artículo 85 de la Ley 270 de 1996 faculta al Consejo Superior de la Judicatura para «crear», suprimir y fusionar los cargos que estime necesarios para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia, así como determinar sus funciones y señalar los requisitos para su desempeño, lo cierto es que ello encuentra su límite en cuanto se trate de empleos que no cuenten con regulación en la ley, por lo tanto, dicha autoridad se extralimitó al expedir los acuerdos cuestionados en donde asignó el «grado 23» al cargo de «abogado asesor» pues con ello le asignó una remuneración inferior a la fijada por los decretos del Gobierno nacional al empleo de «abogado asesor».

acuerdos cuestionados en donde asignó el «grado 23» al cargo de «abogado asesor» pues con ello le asignó una remuneración inferior a la fijada por los decretos del Gobierno nacional al empleo de «abogado asesor».

20. Precisó que la anterior situación ocasionó que desde que la demandante fue nombrada en el cargo de «abogado asesor grado 23» ha recibido una remuneración salarial inferior que ha afectado sus prestaciones sociales.

21. En este orden, expuso que la decisión negativa de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales es contraria a derecho, por cuanto no tuvo en cuenta que el reconocimiento del salario de la demandante se debe hacer con base en el valor que se le otorgó al empleo de «abogado asesor», pues este cargo existe en la planta de empleos de la Rama Judicial y, por ello, no era posible efectuar una discriminación injustificada asignándole un grado determinado.

22. Con fundamento en lo anterior, concluyó que las decisiones administrativas cuestionadas fueron expedidas con desconocimiento de las normas constitucionales y legales en las que debían fundamentarse.

2.2. Contestación de la demanda

23. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales 5,. se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que la Constitución Política y la Ley 4 de 1992 establecen que la facultad para fijar remuneraciones de los servidores radica única y exclusivamente en el Gobierno nacional, tal como se dispuso en el

5 Samai, exp. 17001 -23-33-000-2019-00418-01 (3929 -2021), índice 32, certificado núm. EFF50AECEF6910F4

radica única y exclusivamente en el Gobierno nacional, tal como se dispuso en el

5 Samai, exp. 17001 -23-33-000-2019-00418-01 (3929 -2021), índice 32, certificado núm. EFF50AECEF6910F4 B4DB8084F2034240 67572F43EEA05C9A D465F9C485277348 «Expediente Digitalizado».Radicación: 17001-23-33-000-2019-00418-01 (3929-2021) Demandante: Sandra Marcela Gómez Osorio Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, (Caldas)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5 Decreto 57 de 1993, en el cual se estableció el nuevo régimen salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial.

24. Indicó que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura tiene competencias para crear, suprimir y fusionar cargos con el fin de descongestionar los despachos judiciales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 63 y 85 de la Ley 270 de 1996.

25. Refirió que los acuerdos cuestionados, se basan en la potestad reglamentaria y en la facultad de regulación que tiene el Consejo Superior de la Judicatura, según los artículos 256 y 257 de la Constitución y el artículo 85 de la Ley 270 de 1996, y en ese contexto adoptó los respectivos planes de descongestión en los que determinó que el

la facultad de regulación que tiene el Consejo Superior de la Judicatura, según los artículos 256 y 257 de la Constitución y el artículo 85 de la Ley 270 de 1996, y en ese contexto adoptó los respectivos planes de descongestión en los que determinó que el cargo de «abogado asesor grado 23» era el adecuado para descongestionar los tribunales administrativos y superiores, cuya remuneración es proporcional al grado de funciones y responsabilidades que requiere el perfil, sin que ello implicar a una asimilación al cargo de «abogado asesor», que tiene un régimen salarial diferente.

26. Resaltó que el cargo de abogado asesor grado 23 conforme a las necesidades de las diferentes jurisdicciones y especialidad, el cual no hace relación al empleo de abogado asesor innominado previsto con base en la Ley 4 de 1992.

27. Expresó que los argumentos de la parte actora se fundamentan en una premisa basada en generar una confusión en la denominación de cargos para un beneficio personal y no menciona la teleología del plan de descongestión de la Rama Judicial que se regula por una ley estatutaria.

28. Manifestó que los valores pagados a la demandante se realizaron conforme con lo dispuesto en los decretos anuales expedidos por el Gobierno nacional para los servidores judiciales del país, y por ello, no se configura ninguna diferencia salarial a su favor.

29. Con fundamento en lo anterior, concluyó que los actos administrativos demandados se encuentran ajustados al ordenamiento jurídico, sin incurrir en irregularidad o vicio de nulidad alguno.

30. Adicionalmente, propuso las excepciones que denominó así: i) falta de causa para

demandados se encuentran ajustados al ordenamiento jurídico, sin incurrir en irregularidad o vicio de nulidad alguno.

30. Adicionalmente, propuso las excepciones que denominó así: i) falta de causa para demandar; ii) legalidad de los actos administrativos y iii) la innominada que se llegase a probar en el proceso.

2.3. Sentencia de primera instancia.

31. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 16 de abril de 20216, accedió a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:

«Primero: Declarar que se configuró silencio administrativo negativo frente al recurso de apelación presentado el 22 de enero de 2018 por Sandra Marcela Gómez Osorio, contra la Resolución No. DESAJMARl 7-1432 del 13 de diciembre de 2017.

6 Samai, exp. 17001 -23-33-000-2019-00418-01 (3929 -2021), índice 32, certificado núm. EFF50AECEF6910F4 B4DB8084F2034240 67572F43EEA05C9A D465F9C485277348 «Expediente Digitalizado».Radicación: 17001-23-33-000-2019-00418-01 (3929-2021) Demandante: Sandra Marcela Gómez Osorio Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, (Caldas)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Seccional de Administración Judicial de Manizales, (Caldas)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Segundo: Inaplicar por inconstitucionalidad la expresión “Grado 23” relacionada al cargo de Abogado Asesor contenida en los Acuerdos: PSAA 12-9214 del 2 de febrero de 2012 (artículo 1), PSAA 12-9524 del 21 de junio de 2012, PSAA12 9781 de 2012

(artículo 67), PSAA13-9897 de 2013 (artículo 1), PSAAl3 -9962 de 2013 (artículo 24), PSAA13-9991 de 2013 (artículo 44), PSAA13-10048 de 2013 (artículo 1), PSAA1310068 de 2013 (artículo 1), PSAA14 -10156 de 2014 (artículo 41), PSAA14-10195 de 2014 (artículo 55), PSAA14 -10197 de 2014 (artículo 1), PSAA14 - 10251 de 2014 (artículo 29), PSAA14-10277 de 2014, aclarado mediante Acuerdo PSAA15-10288 de 2015 (artículo 20), PSAA15 -10323 de 2015 (artículo 11), PSAA15 -10335 de 2015 (artículo 12), PSAA15-10356 de 2015 (artículo 11), PSAA15 -10363 de 2015 (artículo 13), PSAA15 -10371 de 2015 (artículo 14), PSAA15 -10377 de 2015 (artículo 14) y

(artículo 12), PSAA15-10356 de 2015 (artículo 11), PSAA15 -10363 de 2015 (artículo 13), PSAA15 -10371 de 2015 (artículo 14), PSAA15 -10377 de 2015 (artículo 14) y PSAA15-10385 de 2015 (artículo 14), PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 (artículo 88) expedidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Tercero: Declarar la nulidad de i) la Resolución No. DESAJMARl 7 -1432 del 13 de diciembre de 2017, expedida por el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Manizales mediante el cual negó la reliquidación, con efectos retroactivos, de las diferencias salariales y prestacionales existentes entre el cargo de Abogado Asesor "grado 23" y el de "Abogado Asesor de Tribunal Judicial" y ii) el Acto ficto o presunto derivado del silencio administrativo negativo con ocasión de la falta de respuesta al recurso de apelación interpuesto el 22 de enero de 2018 por Sandra Marcela Gómez Osorio , contra la Resolución No. DESAJMARl7-1432 del 13 de diciembre de 2017.

Cuarto: Declarar la prescripción de los derechos económicos por las diferencias salariales y prestacionales causadas con anterioridad al 5 de diciembre de 2014. No obstante, la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial estará obligada a cancelar los aportes correspondientes a seguridad social en pensión por todo lo causado.

Quinto: Condenar a la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,

obligada a cancelar los aportes correspondientes a seguridad social en pensión por todo lo causado.

Quinto: Condenar a la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a reconocer y pagar a favor de Sandra Marcela Gómez Osorio, por el tiempo en que haya desempeñado, el cargo, las diferencias salariales y prestacionales existentes entre el cargo de Abogada Asesor "grado 23", que se le venía cancelando, y el cargo de "Abogada Asesora de Tribunal Judicial". Esto es entre los siguientes periodos:

Fecha de Inicio Fecha de Terminación 10/02/2012 31/07/2014 06/08/2014 31/12/2014 02/02/2015 31/10/2015 01/11/2015 18/09/2016 01/08/2017 04/02/2018

Sumas que deberán ser pagadas debidamente indexadas a la fecha de esta sentencia en los términos del inciso último del artículo 187 del CPACA. La condena devengará intereses en los términos del inciso 3° del artículo 192 en concordancia con el numeral 4 del artículo 195 del CPACA.

Los derechos laborales causados con anterioridad al 5 de diciembre de 2014 se encuentran prescritos, con excepción de los aportes en pensiones.Radicación: 17001-23-33-000-2019-00418-01 (3929-2021) Demandante: Sandra Marcela Gómez Osorio Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, (Caldas)

Demandante: Sandra Marcela Gómez Osorio Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, (Caldas)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Sexto: Sin costas […]7».

32. El Tribunal expuso que el artículo 3 del Decreto 57 de 1993 estableció como cargo nominado para los «Tribunales Judiciales, del Tribunal Superior Militar y de los Consejos Seccionales de la Judicatura» el de «abogado asesor» y fijó su remuneración. A su vez, el artículo 4 ibidem precisó una remuneración subsidiaria para los empleos que no estuvieran referidos en el citado artículo 3, esto son, para aquellos que se encontraran identificados por grado.

33. Mencionó que el Gobierno nacional, a través de los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012,1024 de 2013 y 194 de 2014, estableció el valor de la remuneración mensual para los cargos de la Rama Judicial, entre ellos, el de abogado asesor de tribunal judicial y los empleos del grado 23; y a través de los Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016,1013 de 2017, 337 de 2018 y 991 de 2019 señaló el reajuste porcentual anual de las escalas salariales de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, entre otros.

34. De igual manera, expuso que el Consejo Superior de la Judicatura, por medio de

de las escalas salariales de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, entre otros.

34. De igual manera, expuso que el Consejo Superior de la Judicatura, por medio de los acuerdos cuestionados, creó en forma transitoria y finalmente con carácter permanente para el Tribunal Administrativo de Caldas un cargo de abogado asesor, pero indicó que como grado de remuneración el 23, a pesar de que el Decreto 57 de 1993 como en los decretos anuales se señalaba expresamente la remuneración mensual para dicho cargo.

35. Precisó que, al estar expresamente definida por el Gobierno nacional, la remuneración del empleo de abogado asesor de tribunal judicial, el Consejo Superior de la Judicatura carecía de competencia para acudir a la norma supletoria del artículo 4 del Decreto 57 de 1993 para variar la remuneración y así ubicarla en el grado 23, la cual es inferior, por lo que resulta evidente que asumió una facultad que es exclusiva del ejecutivo.

36. Así pues, revisó los decretos expedidos por el Gobierno nacional entre los años 2011 y 2019 y comparó el salario asignado al empleo de abogado asesor de tribunal judicial con el del cargo de abogado asesor grado 23, y concluyó que en efecto se evidenciaban diferencias salariales entre uno y otro.

37. De esta manera, concluyó que en el caso bajo estudio era procedente inaplicar por inconstitucional la expresión «Grado 23» para nominar el cargo de abogado asesor, contenida en los acuerdos que crearon y prorrogaron dicho cargo para el Tribunal Administrativo de Caldas , por cuanto el Consejo Superior de la Judicatura no tenía

inconstitucional la expresión «Grado 23» para nominar el cargo de abogado asesor, contenida en los acuerdos que crearon y prorrogaron dicho cargo para el Tribunal Administrativo de Caldas , por cuanto el Consejo Superior de la Judicatura no tenía competencia para variar la remuneración aplicable a ese empleo.

38. En consecuencia, consideró que la Nación, Rama Judicial debía reconocer, liquidar y pagar en favor de la señora Sandra Marcela Gómez Osorio las diferencias salariales y prestacionales existentes entre el cargo de abogado asesor de Tribunal Judicial y el grado 23, conforme a los decretos expedidos por el Gobierno nacional, durante el tiempo de vinculación en el Tribunal Administrativo de Caldas, para los períodos referidos.

7 Se corrigieron los errores de digitación del aparte transcrito.Radicación: 17001-23-33-000-2019-00418-01 (3929-2021) Demandante: Sandra Marcela Gómez Osorio Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, (Caldas)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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39. Finalmente, el Tribunal determinó que las diferencias salariales reclamadas por la demandante se hicieron exigibles desde el 2 de febrero de 2012, fecha a partir de la cual se vinculó en el car go, y la reclamación se presentó hasta el 5 de diciembre de 2017, lo que significa que los valores causados con anterioridad al 5 de diciembre de 2014 se encuentran prescritos, con excepción de los aportes pensionales.

2017, lo que significa que los valores causados con anterioridad al 5 de diciembre de 2014 se encuentran prescritos, con excepción de los aportes pensionales.

2.4. Recurso de apelación

40. La parte demandada interpuso recurso de apelación 8 en contra de la sentencia que accedió a las pretensiones de la demanda.

41. Indicó que el Consejo Superior de la Judicatura tiene la facultad de crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la Rama Judicial, definir lo relacionado con las funciones y requisitos de los empleos y determinar l as plantas de personal de los despachos judiciales a nivel nacional.

42. Que la entidad en ejercicio de competencias previstas en los numerales 9 y 12 del artículo 85 y el artículo 63 de la Ley 270 de 1996 desarrolló el plan de descongestión de los despachos judiciales a nivel nacional, en el cual analizó las necesidades de las diferentes jurisdicciones y especialidades, y determinó que el cargo que se debía crear, inicialmente, de manera transitoria para descongestionar los Tribunales Administrativos y Superiores del país, era el de abogado asesor grado 23, que no tiene relación alguna con el de abogado asesor innominado, sino que se determinó un grado específico con una remuneración proporcional al nivel de funciones y responsabilidades que demanda el perfil.

43. Reiteró que el Consejo Superior de la Judicatura cuenta con la facultad para determinar el nivel y la denominación de los cargos que crea . Es así, que para el empleo ocupado por la demandante se le otorgó el «grado 23», en atención a las funciones y responsabilidades, cuya asignación salarial es la fijada por el Gobierno

determinar el nivel y la denominación de los cargos que crea . Es así, que para el empleo ocupado por la demandante se le otorgó el «grado 23», en atención a las funciones y responsabilidades, cuya asignación salarial es la fijada por el Gobierno nacional para este tipo de empleos, como consta en el artículo 6 del Decreto 194 de 2014, por lo que el Acuerdo PSAA15-10402 goza de presunción de legalidad, sin que a la fecha se haya determinado nulidad alguna de los apartes atacados.

44. Mencionó que el referido acuerdo creó el cargo de «abogado asesor grado 23», en el que la autoridad competente no dispuso la creación de este empleo como «NOMINADO», es decir, sin escala de grado, al que se le aplica la tabla de remuneración propia para los cargos nominados de tribunales judiciales y que para el caso serían las remuneraciones para «abogado asesor» que se establecen en cada uno de los decretos que fijan el régimen salarial y prestacional de los empleados de la Rama Judicial (decretos 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1269 de 2015, 245 de 2016 y 1003 de 2017, entre otros).

45. Asimismo, destacó que desde la vigencia del Acuerdo PSAA15-10402 a la fecha, existe en los despachos de magistrado de los tribunales administrativos y superiores el cargo de abogado asesor grado 23 y no el de abogado asesor, por lo que estos empleos no pueden ser homologados o asimilados , pues no existe ni se acreditó la igualdad de funciones entre uno y otro, así como la identidad de responsabilidades y la carga laboral.

empleos no pueden ser homologados o asimilados , pues no existe ni se acreditó la igualdad de funciones entre uno y otro, así como la identidad de responsabilid