CE - Sentencia 17001233300020190044801 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2019-00448-01 (0148-2024)

Demandante: Lucero Cardona Torres

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Tema: Relación laboral. Trabajador de hecho

Sentencia segunda instancia

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 28 de julio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Segunda de Decisión , mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Lucero Cardona Torres presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 1, en orden a que se declarara la nulidad de los oficios S-2018-047981/COMAN ASJUR-101 del 25 de septiembre de 2018 , a través del cual el comandante de la Policía Nacional del departamento de Caldas dio respuesta negativa a su solicitud de declaratoria de la

septiembre de 2018 , a través del cual el comandante de la Policía Nacional del departamento de Caldas dio respuesta negativa a su solicitud de declaratoria de la existencia de una relación laboral por sus servicios prestados entre el 1 de agosto de 1997 y el 18 de mayo de 2017 y el pago de las prestaciones laborales que se derivaban de ella; y S-2018/COMAN-ASJUR-1.10 del 10 de octubre de 2018, que confirmó el anterior acto administrativo al resolver un recurso de reposición en su contra. Asimismo, del acto ficto negativo o presunto por la falta de resolución al recurso de apelación interpuesto contra el oficio inicial.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó i) la declaratoria de la existencia de una relación laboral entre las partes ; ii)

1 En adelante CPACA.2

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el pago de las prestaciones sociales que de ello se derivaran, tales como salarios, cesantías y sus intereses, primas, dotación de calzado y vestido de labor, vacaciones y auxilio de transporte; iii) el reconocimiento y pago a su favor de los aportes a pensión, así como de las indemnizaci ones, sanciones e intereses a los que hubiera lugar; iv) la indexación de las sumas que resultaren de lo que llegare a resolverse; v) el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA; y vi) la condena en costas.

que hubiera lugar; iv) la indexación de las sumas que resultaren de lo que llegare a resolverse; v) el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA; y vi) la condena en costas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Lucero Cardona Torres laboró como «aseadora» en la Estación de Policía del municipio de Neira (Caldas), entre el 1 de agosto de 1997 y el 18 de mayo de 2017, periodo en el que realizó sus funciones de «forma continua, subordinada, pacífica y pública».

3.2. Su vínculo fue mediante contrato de trabajo pactado de manera verbal entre ella y los comandantes de la Estación.

3.3. Cumplió con una jornada laboral de lunes a sábado de 7:00 am a 4:00 pm y dentro de sus funciones se encontraban barrer, trapear, sacudir, asear los baños y los calabozos y lavar el andén y el patio.

3.4. Las labores que desarrolló eran supervisadas por los uniformados y fueron prestadas en las instalaciones de la estación bajo las instrucciones del comandante. Asimismo, recibió un salario como contraprestación por el ejercicio de estas funciones.

3.5. Durante la relación no le efectuaron cotizaciones al Sistema de Seguridad Social y tampoco le reconocieron las prestaciones sociales a las cuales tenía derecho por su servicio.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 25, y 53 de la Constitución Política; 23 del

y tampoco le reconocieron las prestaciones sociales a las cuales tenía derecho por su servicio.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 25, y 53 de la Constitución Política; 23 del Código Sustantivo del Trabajo 2; 279 de la Ley 100 de 1993; y 13 de la Ley 344 de 1996; y los decretos 1214 de 1990; 2909 de 1991; y 1792 de 2000.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente3:

5.1. Las funciones que realizó la demandante en la Estación de Policía del municipio de Neira entre 1997 y 2017, correspondientes a labores como aseadora de las instalaciones, fueron desarrolladas personalmente, de forma continua y bajo una subordinación.

2 En lo que sigue CST. 3 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL », documento «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», carpeta «EXPDIG», archivo «001Ddno1.pdf», folios 9 a 11.3

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5.2. En el caso concreto, el Estado, o bien se lucró de manera injustificada al no vincular de manera regular a la demandante para la realización de las actividades, o bien permitió que se perpetuara una situación de hecho que trascendió las formas

5.2. En el caso concreto, el Estado, o bien se lucró de manera injustificada al no vincular de manera regular a la demandante para la realización de las actividades, o bien permitió que se perpetuara una situación de hecho que trascendió las formas con las que se pretendía disfrazar una realidad ocurrida durante ese tiempo, la cual debería ser fuente de derechos laborales como los que se reclamaron.

5.3. En relación con las personas que han ejercido funciones públicas de hecho con la anuencia o permiso de las entidades públicas, el Consejo de Estado ha señalado 2 posiciones para efectos de la determinación judicial de los derechos de quienes efectuaron las labores en esas circunstancias4.

5.4. De un lado, indicó que no contaban con la condición de funcionarios de hecho, pero en aras de prevenir un enriquecimiento sin causa por parte del Estado, tenían derecho a ser indemnizados y, de otro, en desarrollo del artículo 53 de la Constitución Política, primaría la realidad sobre las formas, y en ese sentido, el juez competente debería reconocer los derechos laborales alegados.

1.2. Contestación de la demanda

6. La parte demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda

con fundamento en los siguientes argumentos5:

6.1. Entre las partes nunca existió un vínculo contractual o laboral, por tanto, era improcedente cualquier reconocimiento que de ello pudiera generarse.

6.2. El comandante de departamento era quien podía a través del rubro de gastos generales realizar el procedimiento para la adjudicación de un contrato para el servicio de aseo, por medio de una empresa que estuviera legalmente constituida y que cumpliera con los servicios requeridos por la entidad, la cual se encargaría de

generales realizar el procedimiento para la adjudicación de un contrato para el servicio de aseo, por medio de una empresa que estuviera legalmente constituida y que cumpliera con los servicios requeridos por la entidad, la cual se encargaría de seleccionar el personal idóneo y el pago de prestaciones. Este procedimiento, se realizaba a través del acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente, quien daba las pautas para la contratación de este tipo de servicio.

6.3. En este sentido, resultaba claro que el comandante de l departamento e ra el facultado para adquirir un servicio mas no de contratar personal no uniformado, toda vez que dicha facultad estaba en cabeza del director general de la Policía Nacional.

6.4. Ni el comandante de la Estación de Policía de Neira ni de l Distrito tenían competencia para comprometer el rubro asignado a gastos de personal para la adjudicación de un contrato de servicio de aseo, toda vez que , como se vio, era facultad del comandante de departamento como ordenador del gasto.

6.5. La demandante no recibió dinero proveniente del erario, pues lo que percibió fue producto del «peculio» particular e individual de los policiales que la contrataron

4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación 85001-23-31-000-2005-00571-01 (1457-08). MP Bertha Lucía Ramírez de Páez. Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de febrero de 2014, radicación 05001 -23-31-000-2003-01050-01 (943-12). MP Luis Rafael Vergara Quintero. 5 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL », documento

(943-12). MP Luis Rafael Vergara Quintero. 5 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL », documento «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», carpeta «EXPDIG», archivo «001Ddno1.pdf», folios 120 a 11.4

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para la realización de labores de limpieza.

6.6. Los contratos de trabajo en la Policía Nacional necesariamente deben ser celebrados por escrito y la única autoridad competente para suscribirlos era el director general, en virtud de la delegación de funciones realizada por el Ministerio de Defensa Nacional.

6.7. En el caso concreto, no se cumplieron con los requisitos legales que permitían establecer la existencia de un vínculo laboral entre la demandante y la Policía Nacional, bajo el entendido que no se aportó ni acreditó la celebración de un contrato escrito entre las partes.

6.8. Por último, se configuraron las siguientes excepciones: i) presunción de legalidad del acto administrativo acusado; y ii) inexistencia del derecho reclamado.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Segunda de Decisión, en sentencia proferida el 28 de julio de 2023 negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y

proferida el 28 de julio de 2023 negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente6:

7.1. Los elementos probatorios recaudados no da ban cuenta de la vinculación legal de la demandante con la Policía Nacional , en virtud de las actividades de aseo realizadas por ella en la Estación de Policía del municipio de Neira. Tampoco se encontró acreditado un pago mensual por parte de la entidad como contraprestación por una labor desarrollada, pues no se allegaron al proceso documentos como comprobantes, trasferencias, consignaciones o recibos.

7.2. Para la existencia de una relación laboral o legal con el Estado se ha requerido un contrato expreso, entre otros. En el caso concreto era inexistente alguno suscrito entre la actora y la entidad demandada. Además, no demostró una subordinación continuada, un lugar de trabajo, un horario de labores y la dirección del servicio prestado.

7.3. No obstante, la jurisprudencia ha establecido la existencia de una vinculación con el Estado excepcional y anormal que se denominó «funcionario de hecho» , a través de la cual una persona ocupa un cargo en la administración pública y cumple las funciones propias de este, como si fuese un verdadero funcionario, pero «sin título o con título irregular».

7.4. La jurisprudencia del Consejo de Estado 7 dispuso que para que se estructurara esta figura era necesario que: i) existiera el empleo dentro de la planta de personal de la entidad; ii) las funciones fueran desempeñadas irregularmente; iii) el cargo se

7.4. La jurisprudencia del Consejo de Estado 7 dispuso que para que se estructurara esta figura era necesario que: i) existiera el empleo dentro de la planta de personal de la entidad; ii) las funciones fueran desempeñadas irregularmente; iii) el cargo se hubiera ejercido en igual forma y apariencia como lo hubiera desarrollado una

6 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL », documento «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», carpeta «EXPDIG», archivo «018Sentencia.pdf». 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de mayo de 2018, radicación 85001-23-31-000-2012-00014-01(1946-14), MP César Palomino Cortés.5

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persona designada regularmente; y iv) el empleado haya realizado funciones públicas con la anuencia y permiso de las autoridades encargadas de controlar e impedir esta clase de situaciones que permit ieran el ejercicio irregular de una investidura.

7.5. En el caso concreto, no se allegó ningún tipo de documento o certificación que acreditara la existencia de un cargo en la Policía Nacional, departamento de Caldas, que ejerciera las funciones de aseo que realizó la demandante . Por el contrario, para est a labor se contrataba con una empresa de servicios temporales

acreditara la existencia de un cargo en la Policía Nacional, departamento de Caldas, que ejerciera las funciones de aseo que realizó la demandante . Por el contrario, para est a labor se contrataba con una empresa de servicios temporales adjudicataria en virtud de una licitación; sin embargo, solo desarrollaba esas actividades en el área metropolitana de Manizales, no en las unidades adscritas.

7.6. Sin la existencia de un cargo que cumpliera las funciones de aseo en la planta de personal de la Policía Nacional , no resultaba posible hacer alusión a unas funciones ejercidas por la demandante.

7.7. Se acreditó mediante prueba testimonial que la actora realizaba unas actividades de aseo en la Estación de Policía de Neira y que era ella quien recaudaba unas sumas de dinero que le pagaban voluntariamente los policías de la Estación . Sin embargo, de ello no podía deducirse que esas actividades , realizadas sin ser nombrada ni posesionada y sin firmar contrato a término fijo o indefinido o de prestación de servicios, podían tener la connotación de funciones o el ejercicio de actividades de manera irregular, «pues para ello, se [hacía] necesario que estuviesen debidamente reglamentadas en un manual de funciones, o en un documento expedido por la demandada; lo que en este caso no ocurr[ió]».

7.8. Eran inexistentes las pruebas que acreditaran que la demandante h ubiera cumplido iguales funciones que otras personas vinculadas mediante nombramiento o contrato de trabajo que laboraban al servicio de la Policía Nacional. Tampoco se probó una relación contractual para el desarrollo de las tareas relacionadas con el servicio de aseo, menos aún que estas se realizaran desde el año 1997 y 2017 ni

o contrato de trabajo que laboraban al servicio de la Policía Nacional. Tampoco se probó una relación contractual para el desarrollo de las tareas relacionadas con el servicio de aseo, menos aún que estas se realizaran desde el año 1997 y 2017 ni que estas estuvieran consignadas en las funciones de algún cargo de la demandada.

7.9. Frente al ejercicio de funciones públicas con la anuencia y permiso de las autoridades encargadas, no se encontraba acreditado que el nominador de la Policía Nacional, departamento de Caldas, tuviera conocimiento de que la actora realizaba actividades de aseo en la Estación de Policía de Neira. Además, tampoco estaba demostrado que los comandantes de turno de la Estación fueran los ordenadores del gasto con la facultad de realizar contrataciones.

7.10. Ahora, los contratos estatales regidos por la Ley 80 de 1993 debían constar por escrito, de no ser así no había lugar a considerar la existencia del negocio jurídico, de manera que «constituye requisito sine qua non para su perfeccionamiento que cumpla con el presupuesto de la forma que atañe a su forma escrita, por tanto, si no se acredita dicha exigencia no es posible predicar su perfeccionamiento, relación contractual que por modo alguno aduce en el libelo introductorio como fundamento del derecho que depreca y por lo mismo fuente de los emolumentos que pretende le sean reconocidos».

7.11. Así entonces, resultaba improcedente acceder a la pretensión de declaratoria de una relación laboral y reglamentaria, o de una función de hecho.6

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de una relación laboral y reglamentaria, o de una función de hecho.6

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7.12. Si bien con la demanda se aportaron las copias de unos documentos titulados «TESTIMONIO ANTICIPADO PARA FINES JUDICIALES », realmente ello no corresponde a un testimonio anticipado con fines judiciales según lo previsto en los artículos 186 y 188 del Código General del Proceso8, pues «son documentos con unas afirmaciones realizadas ante el apoderado judicial de la demandante, en los cuales consta la identificación de las personas que los suscriben, las firmas y huellas de éstas y el apoderado judicial que indaga por lo allí expuesto ». En consecuencia, aquellos documentos no podían ser objeto de valoración dentro del proceso , al no corresponder a la denominación bajo la cual se aportaron.

7.13. La condena en costas era procedente, toda vez que se comprobó su causación, en la medida en que la parte demandada intervino a través de apoderado judicial , el que realizó actuaciones útiles para la defensa de sus intereses, contestó la demanda, participó en las audiencias y presentó alegatos de conclusión.

1.4. El recurso de apelación

8. La demandante apeló la sentencia de primera instancia , con fundamento en los

siguientes argumentos9:

8.1. El Tribunal desconoció el principio de la primacía de la realidad sobre las

1.4. El recurso de apelación

8. La demandante apeló la sentencia de primera instancia , con fundamento en los

siguientes argumentos9:

8.1. El Tribunal desconoció el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades previsto en el artículo 53 de la Constitución Política, no obstante haberse configurado los elementos propios de una relación laboral entre las partes, pues se encontraba probada la prestación del servicio de la actora como aseadora de la Estación de Policía de Neira, entre el 1 de agosto de 1997 y el 18 de mayo de 2017; ii) la subordinación y dependencia respecto de la entidad; iii) el cumplimiento de un horario de trabajo; y iv) un pago com o contraprestación por las labores desarrolladas.

8.2. Los testimonios rendidos extrajudicialmente cumplieron con los requisitos establecidos en el CGP para ser tenidos en cuenta en este asunto, por tanto, debieron ser valorados por la jurisdicción. Estos medios de convicción demostraban las labores personales que la actora realizó como aseadora al servicio de la Policía Nacional, la continuada subordinación y dependencia, los extremos temporales, el lugar donde realizó esas actividades y la retribución por los servicios presta dos, entre otras cuestiones.

8.3. El Estado se lucró sin causa de los servicios que efectivamente prestó la demandante.

1.5. Trámite en segunda instancia

9. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no

8 En adelante CGP.

9. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no

8 En adelante CGP. 9 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL », documento «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2 », carpeta «EXPDIG», archivo «021RecursoApelacionSentencia20190044800.pdf».7

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Demandante: Lucero Cardona Torres

hubo traslado a las partes para alegar10.

1.6. Concepto del Ministerio Público

10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio11.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

11. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».

2.2. Problema jurídico

12. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 12, el problema jurídico consiste en determinar ¿si entre Lucero Cardona Torres y la

administrativos [...]».

2.2. Problema jurídico

12. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 12, el problema jurídico consiste en determinar ¿si entre Lucero Cardona Torres y la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, se configuró una relación laboral que t uviera como consecuencia el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a que consideró tener derecho entre el 1 de agosto de 1997 y 18 de mayo de 2017?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. El principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades

13. En virtud de los artículos 2513 y 5314 de la Constitución Política y 127 del Código Sustantivo del Trabajo15, se han establecido derroteros que garantizan los derechos

10 Así se dispuso en el auto proferido el 14 de febrero de 2024. Samai, índice 4, actuación «Auto que admite recurso de apelación», documento «7AUTOQUEADMITE_01482024ADMISORIOAPELACION2080SINPRUEBASPDF(.pdf) NroActua 4». 11 Así se desprende del informe secretarial del 11 de diciembre de 2024. Samai, índice 38. 12 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012. 13 «El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas». 14 «El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas». 14 «El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para tran sigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad». 15 «Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable , sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma8

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de los trabajadores por encima de las condiciones formales pactadas. El primero de ellos es el principio de la prima cía de la realidad sobre las formalidades, el cual se encuentra ligado al de la prevalencia del derecho sustancial previsto en el artículo 228 Superior. En segundo lugar, está la importancia otorgada a los elementos que

ellos es el principio de la prima cía de la realidad sobre las formalidades, el cual se encuentra ligado al de la prevalencia del derecho sustancial previsto en el artículo 228 Superior. En segundo lugar, está la importancia otorgada a los elementos que hacen parte de la relación laboral, sobre la que se le da al vínculo contractual. En tercer lugar, en lo que puede constituir salario, que corresponde a todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte.

14. Lo anterior se aplica en los casos en los cuales se presenta el encubrimiento de relaciones laborales con el Estado. En ese contexto el juez estará sujeto a verificar el cumplimiento de los mencionados requisitos con el fin de identificar la existencia de la aludida relación laboral.

15. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-555 de 1994 manifestó:

«La primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, es un principio constitucional (CP art. 53). La entrega libre de energía física o intelectual que una persona hace a otra, bajo condiciones de subordinación, independientemente del acto o de la causa que le da origen, tiene el carácter de relación de trabajo, y a ella se aplican las normas del estatuto del trabajo, las demás disposiciones legales y los tratados que versan sobre la materia. La prestación efectiva de trabajo, por sí sola, es suficiente para derivar derechos en favor del trabajador, los cuales son necesarios para asegurar su bienestar, salud y vida. Las normas laborales nacionales e internacionales, en atención a la trascendencia del trabajo y a los intereses vitales que se protegen,

derivar derechos en favor del trabajador, los cuales son necesarios para asegurar su bienestar, salud y vida. Las normas laborales nacionales e internacionales, en atención a la trascendencia del trabajo y a los intereses vitales que se protegen, están llamadas a aplicarse de manera imperativa cuando quiera se configuren las notas esenciales de la relación de trabajo, sin reparar en la voluntad de las partes o en la calificación o denominación que le hayan querido dar al contrato » ( se destaca).

16. Así, cuando el artículo 53 constitucional garantiza unos mínimos fundamentales para los trabajadores y alude a los convenios internacionales debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)16 que previó una garantía al derecho a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor». En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización17, desarrolló el principio anterior al establecer que «todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto».

17. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales» 18 y que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias», y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario

deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias», y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario

o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones». 16 Aprobada el 11 de abril de 1919. 17 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969. 18 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.9

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equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

18. Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala los elementos esenciales de una relación laboral, los cuales sintetiza de la siguiente

manera:

«ARTÍCULO 23. ELEMENTOS ESENCIALES. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres

elementos esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres

elementos esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier mome