CE - Sentencia 17001233300020190049201 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2019-00492-01 (2453-2023)

Demandante: Martha Cecilia López Pérez

Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio

Tema: Pensión de jubilación docente. Subtema 1: vinculación docente antes de la Ley 812 de 2003. Subtema 2: aplicación de la Ley 100 de 1993.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante en contra de la sentencia del 30 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Segunda de Decisión Oral, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Martha Cecilia López Pérez solicitó la declaración de nulidad del acto administrativo por medio del cual se le negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988. Según indicó, la calidad de docente le da derecho al reconocimiento y pago de la referida prestación, en la medida en que realizó cotizaciones al Sistema de Seguridad Social con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

II. ANTECEDENTES

docente le da derecho al reconocimiento y pago de la referida prestación, en la medida en que realizó cotizaciones al Sistema de Seguridad Social con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda

1. La señora Martha Cecilia López Pérez, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), presentó demanda en contra de la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, radicada mediante apoderada judicial el 11 de octubre de 20191.

1 Escrito de demanda, visible en: Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento « ED_17001233300020190049(.zip) NroActua 2», archivo «01Cdno1.pdf», imagen 1.Radicación: 17001-23-33-000-2019-00492-01 (2453-2023)

Demandante: Martha Cecilia López Pérez

Demandado: FOMAG

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 2.1.1. Pretensiones

2. La demandante solicitó lo siguiente:

(i) Que se declare la nulidad de la Resolución núm. 5440-6 del 12 de septiembre de 2019, por medio de la cual la Secretaría de Educación de Caldas le negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes.

(ii) Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento y pago

2019, por medio de la cual la Secretaría de Educación de Caldas le negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes.

(ii) Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes a su favor, en una cuantía equivalente al 75% de los salarios y primas recibidas con anterioridad al cumplimiento del estatus de pensionada —30 de noviembre de 2014—, sin lugar a exigirle el retiro definitivo del servicio para su pago, con fundamento en la compatibilidad del salario percibido por la docencia oficial y la pensión.

(iii) Que se le ordene a la parte accionada efectuar el pago de los ajustes a los que haya lugar por la disminución del poder adquisitivo de las sumas adeudadas.

(iv) Que se le ordene a la parte demandada dar cumplimiento a la sentencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA.

(v) Que se condene en costas y en agencias en derecho a la referida entidad.

2.1.2. Hechos

3. La señora Martha Cecilia López Pérez hizo referencia a los siguientes hechos:

(i) Nació el 21 de octubre de 1958.

(ii) Realizó aportes al Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS) —hoy Administradora Colombiana de Pensiones ( COLPENSIONES)—, y completó 552.4 semanas de cotización.

(iii) Se vinculó como docente oficial al servicio de la Secretaría de Educación de Caldas el 18 de julio de 2005, es decir, después de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

semanas de cotización.

(iii) Se vinculó como docente oficial al servicio de la Secretaría de Educación de Caldas el 18 de julio de 2005, es decir, después de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

(iv) Mediante petición radicada el 21 de agosto de 2019, solicitó a la Secretaría de Educación de Caldas el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes, en una cuantía equivalente al 75% del promedio de los salarios y las primas recibidas con anterioridad al cumplimiento del estatus jurídico de pensionada.

(v) La referida entidad, con fundamento en las facultades legales atribuidas a las entidades territoriales en materia de prestaciones sociales a cargo de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG), y mediante Resolución núm. 5440-6 del 12 de septiembre de 2019 negó la solicitud argumentando que debía acreditar 1300 semanas de cotización. En su sentir, solo debía exigírsele 1000 semanas, sin ser necesario el retiro definitivo del cargo para gozar de la pensión por aportes, en los términos de la Ley 71 de 1988.Radicación: 17001-23-33-000-2019-00492-01 (2453-2023)

Demandante: Martha Cecilia López Pérez

Demandado: FOMAG

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. La señora Martha Cecilia López Pérez citó, como normas vulneradas, los siguientes

www.consejodeestado.gov.co

3 2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. La señora Martha Cecilia López Pérez citó, como normas vulneradas, los siguientes artículos: (i) 7 de la Ley 71 de 1988; (ii) 15, numerales 1 y 2 de la Ley 91 de 1989; (iii) 6 de la Ley 60 de 1993; (iv) 115 de la Ley 115 de 1993; (v) 279 de la Ley 100 de 1993;

(vi) 81 de la Ley 812 de 2003; y (vii) 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

5. En el concepto de violación, expuso que la entidad demandada negó el reconocimiento de la pensión de jubilación al cumplir 55 años, por no acreditar 1300 semanas de cotización, pese a que la Ley 71 de 1988 —que consideró aplicable a su caso— solo exigía 1000, sin que fuera necesario el retiro definitivo del servicio para el reconocimiento y pago de la prestación.

6. Al respecto, explicó que la Ley 812 de 2003 estableció un régimen de transición para los docentes vinculados con posterioridad a la fecha de su entrada en vigor, que mantuvo la aplicación de las normas anteriores para los docentes que trabajaron en el servicio público y realizaron aportes al Sistema de Seguridad Social en pensiones al ISS. Afirmó que, a pesar de que a la fecha de entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 —27 de junio de 2003— no se encontraba vinculada como docente oficial, le era aplicable el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 porque realizó aportes al ISS para esa época.

—27 de junio de 2003— no se encontraba vinculada como docente oficial, le era aplicable el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 porque realizó aportes al ISS para esa época.

7. Por lo anterior, concluyó que el acto administrativo acusado infringió las normas en que debía fundarse, por cuanto no respetó el régimen de transición antes mencionado, y resolvió su situación pensional bajo lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, en lugar de aplicar la Ley 71 de 1988.

2.1.4. Contestación de la demanda

8. El FOMAG se opuso a las pretensiones de la demanda, al sostener que los actos de reconocimiento pensional deben sujetarse a la Ley 91 de 1989, que estableció el régimen aplicable a los docentes. Indicó que los vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 conservan el régimen territorial, mientras que quienes ingresaron desde el 1 de enero de 1990 se rigen por las normas nacionales. Añadió que la Ley 812 de 2003 y sus decretos reglamentarios (decretos 2341 y 3752 de 2003) fijaron el ingreso base de cotización y los factores salariales computables, como la asignación básica, los gastos de representación y las primas que constituyen salario.

9. Indicó que, conforme a las leyes 6 de 1945, 33 de 1985, 71 de 1988 y 91 de 1989, así como a los decretos 1160 de 1989 y 3752 de 2003, los docentes deben acreditar la edad y el tiempo de servicio para acceder a la pensión ordinaria de jubilación, la cual

así como a los decretos 1160 de 1989 y 3752 de 2003, los docentes deben acreditar la edad y el tiempo de servicio para acceder a la pensión ordinaria de jubilación, la cual equivale al 75 % del promedio de los factores salariales del último año. En cuanto a la pensión por aportes, señaló que esta procede para quienes acrediten veinte años o más de cotización continua o discontinua al ISS y a entidades públicas, siendo para los afiliados al FOMAG la única modalidad que permite acumular tiempos con el Instituto de Seguros Sociales.

10. Adujo que, en virtud del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y del parágrafo transitorio 1.º del Acto Legislativo 01 de 2005, los docentes vinculados con anterioridad a dicha norma conservan el régimen prestacional previo, mientras que quienes ingresaronRadicación: 17001-23-33-000-2019-00492-01 (2453-2023)

Demandante: Martha Cecilia López Pérez

Demandado: FOMAG

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4 después —como la demandante, vinculada el 18 de julio de 2005— se rigen por el de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, en el cual la edad de pensión es de 57 años para hombres y mujeres, con un número de semanas entre 1.000 y 1.300, conforme al artículo 9 de la Ley 797 de 2003.

11. Finalmente, propuso la excepción de inexistencia de la obligación, al considerar

de pensión es de 57 años para hombres y mujeres, con un número de semanas entre 1.000 y 1.300, conforme al artículo 9 de la Ley 797 de 2003.

11. Finalmente, propuso la excepción de inexistencia de la obligación, al considerar que la entidad no ha vulnerado los derechos laborales de la actora ni ha desconocido las normas aplicables, pues los requisitos legales para acceder a la pensión de jubilación no se encuentran cumplidos2.

2.2. Sentencia de primera instancia

12. El Tribunal Administrativo de Caldas, en sentencia del 30 de septiembre de 20223, negó las pretensiones de la demanda.

13. La referida autoridad judicial analizó el régimen pensional aplicable a los docentes vinculados después de la Ley 812 de 2003, concluyendo que dicha norma estableció que quienes ingresaran a partir de su vigencia serían afiliados al FOMAG y tendrían los derechos de que tratan de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con edad especial de 57 años. Con apoyo en jurisprudencia del Consejo de Estado, esa corporación reiteró que los docentes vinculados tras la entrada en vigor de la citada ley (Ley 812 de 2003) no se rigen por los regímenes especiales anteriores, sino por el sistema general de pensiones. En ese contexto, precisó que la demandante, al haber ingresado en 2005, solo podía pensionarse bajo el marco legal de la Ley 100 de 1993.

14. Así, el Tribunal examinó si la demandante conservaba el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Determinó que, si bien al 1 de abril de 1994 tenía

14. Así, el Tribunal examinó si la demandante conservaba el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Determinó que, si bien al 1 de abril de 1994 tenía más de 35 años y por tanto era inicialmente beneficiaria, perdió dicho beneficio con el Acto Legislativo 01 de 2005 al no acreditar las 750 semanas exigidas para mantenerlo, pues solo contaba con 552,14. Por ello, no podía invocar las disposiciones anteriores como la Ley 33 de 1985 ni la Ley 71 de 1988. Además, aclaró que la Ley 71 no resultaba aplicable, dado que el FOMAG no es una entidad de previsión social, condición exigida por dicha norma para acumular aportes con los del ISS.

15. De acuerdo con lo anterior, concluyó que el acto administrativo demandado estaba ajustado a derecho, ya que la pensión debía reconocerse conforme a las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, previa desvinculación del servicio. En consecuencia, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de imponer costas, por considerar que la demanda no carecía manifiestamente de fundamento legal.

2.3. Recurso de apelación

16. La señora Martha Cecilia López Pérez, por medio de su apoderada judicial, presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia4. En su escrito,

planteó los siguientes argumentos:

2 Escrito de demanda, visible en: Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento « ED_17001233300020190049(.zip) NroActua 2», archivo «01Cdno1.pdf», imagen 1.

2 Escrito de demanda, visible en: Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento « ED_17001233300020190049(.zip) NroActua 2», archivo «01Cdno1.pdf», imagen 1. 3 Escrito de demanda, visible en: Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento « ED_17001233300020190049(.zip) NroActua 2», archivo «09Sentencia.pdf». 4 Escrito de demanda, visible en: Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento « ED_17001233300020190049(.zip) NroActua 2», archivo «11ApelacionDemandante.pdf».Radicación: 17001-23-33-000-2019-00492-01 (2453-2023)

Demandante: Martha Cecilia López Pérez

Demandado: FOMAG

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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17. Sostuvo que el Tribunal aplicó indebidamente las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, desconociendo que, conforme a las leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, los docentes estatales cuentan con un régimen especial de prestaciones. Alegó que, de acuerdo con la Ley 91 de 1989, quienes ingresaron al servicio con posterioridad al 1 de enero de 1990 se rigen por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, entre ellas los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de

1978. En su criterio, el Tribunal omitió valorar la naturaleza de su vínculo y la incidencia

del orden nacional, entre ellas los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de

1978. En su criterio, el Tribunal omitió valorar la naturaleza de su vínculo y la incidencia del régimen previsto en la Ley 812 de 2003 y el Acto Legislativo 01 de 2005.

18. La recurrente argumentó que, en virtud de las leyes 71 de 1988 y 91 de 1989, tiene derecho a la pensión de jubilación por aportes, toda vez que acreditó más de veinte años de servicios acumulados en los sectores público y privado y cumplió más de 55 años de edad. Expuso que laboró en la Licorera de Caldas con aportes al ISS (hoy COLPENSIONES) antes del 27 de junio de 2003 y que desde el 18 de julio de 2005 se encuentra vinculada en propiedad al Magisterio, acumulando más de mil semanas de cotización, por lo cual debe ser amparada por el régimen transitorio docente.

19. Indicó que la Ley 71 de 1988 permite sumar tiempos cotizados en el sector público y privado para obtener la pensión de jubilación, y que su artículo 7 consagra este derecho para quienes acrediten 20 años de aportes y 55 años de edad si son mujeres.

En consecuencia, estimó que el FOMAG aplicó un régimen erróneo, pues debió reconocerle la pensión conforme al sistema de prima media, con una mesada equivalente al 75% del promedio de los factores salariales del último año de servicios, sin que ello exija el retiro del cargo docente, dada la compatibilidad el entre salario y la pensión en su régimen especial.

20. Por los argumentos expuestos, solicitó revocar la sentencia apelada, declarar la

sin que ello exija el retiro del cargo docente, dada la compatibilidad el entre salario y la pensión en su régimen especial.

20. Por los argumentos expuestos, solicitó revocar la sentencia apelada, declarar la nulidad del acto administrativo que negó el reconocimiento pensional y ordenar al FOMAG reconocer y pagar la pensión de jubilación por aportes conforme a la Ley 71 de 1988, con efectos fiscales desde el momento de la consolidación del derecho, sin condicionar su disfrute al retiro del servicio activo.

2.4. Trámite procesal en segunda instancia

21. Esta corporación dictó auto el 12 de octubre de 20235 en el que admitió el recurso de apelación y prescindió del periodo para correr traslado a las partes, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Así mismo, ordenó notificar por estado a las partes y al Ministerio Público. Estos guardaron silencio.

22. Por auto del 21 de febrero de 2025, la magistrada ponente, con fundamento en el artículo 213 del CPACA, profirió auto de mejor proveer. En aquel se ordenó la práctica de algunas pruebas, consistentes en «certificación actualizada a la fecha, del tiempo de servicios de la docente Martha Cecilia López Pérez. Además, indique si la maestra en la actualidad percibe algún tipo de pensión a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y en caso que así sea, remita el respectivo acto administrativo».

23. A través de correo electrónico del 11 de abril de 2025 la auxiliar administrativa y

5 Samai, índice 4.Radicación: 17001-23-33-000-2019-00492-01 (2453-2023)

administrativo».

23. A través de correo electrónico del 11 de abril de 2025 la auxiliar administrativa y

5 Samai, índice 4.Radicación: 17001-23-33-000-2019-00492-01 (2453-2023)

Demandante: Martha Cecilia López Pérez

Demandado: FOMAG

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6 financiera de la Secretaría de Educación de Caldas suministró respuesta al requerimiento6.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

24. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el primer inciso del artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

25. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, corresponde a la Sala definir si:

26. (i) ¿La señora Martha Cecilia López Pérez, en condición de docente oficial, tiene derecho a que su situación pensional se decida con fundamento en la Ley 71 de 1988, teniendo en cuenta que realizó aportes al Sistema de Seguridad Social con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003?

27. (ii) En caso negativo, ¿la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez en aplicación de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003?

27. (ii) En caso negativo, ¿la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez en aplicación de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003?

28. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes temas:

(i) el régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al FOMAG; (ii) el régimen pensional de los docentes oficiales, de acuerdo con la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019; (iii) la compatibilidad de la pensión y la prestación del servicio docente; (iv) contenido y alcance del Acto Legislativo 01 de 2005 – reiteración jurisprudencial.

29. A partir de estas consideraciones se destacarán los hechos probados más relevantes y en el acápite de análisis del caso concreto, se resolverán los interrogantes planteados.

3.3. Marco normativo y jurisprudencial

3.3.1. Del régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio

30. El régimen pensional de los docentes oficiales se encontraba exceptuado del Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que estableció: «[e]l Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».

6 Samai, índice 19.Radicación: 17001-23-33-000-2019-00492-01 (2453-2023)

serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».

6 Samai, índice 19.Radicación: 17001-23-33-000-2019-00492-01 (2453-2023)

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31. Esta excepción se debía a la existencia previa de un sistema particular de administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio, establecido por la Ley 91 de 1989 7, que creó un fondo especial con el objetivo específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.

32. La Ley 91 de 1989 dispuso un esquema particular de financiamiento que se distinguía del régimen general. En su artículo 8 previó un sistema de aportes donde los docentes contribuyen con el 5% de su sueldo básico mensual, mientras que la Nación aporta el 8% sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago por servicios personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituyó una de las principales razones que justifican la excepción del régimen general.

33. La naturaleza exceptuada del régimen se reforzaba con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que desarrolló reglas específicas para el reconocimiento de las prestaciones económicas y sociales de los docentes, diferenciando entre el personal nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990.

económicas y sociales de los docentes, diferenciando entre el personal nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990.

34. Sin embargo, la Ley 812 de 2003 8 en el artículo 81 determinó que los docentes vinculados a partir de su vigencia (27 de junio de 2003) se regirían por el régimen de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, conservando una particularidad importante: la edad de pensión unificada en 57 años para ambos géneros. Y posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 2005 dispuso en su parágrafo transitorio 1 que: «El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta».

35. Lo anterior, denota la existencia de dos regímenes, según la fecha de vinculación al servicio docente. El primero, referente a que los docentes vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, son beneficiarios del mismo régimen pensional de los empleados públicos del orden nacional (Ley 33 de 1985 o Ley 71 de 1988); mientras que a quienes se vinculan con posterioridad, les es aplicable el régimen de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad —57 años, para ambos géneros—.

3.3.2. Del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia

prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad —57 años, para ambos géneros—.

3.3.2. Del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 20199

36. A propósito de este régimen pensional, especial atención debe prestarse a la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de abril de 2019, a través de la cual se precisaron las reglas para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente oficial afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

37. En efecto, en la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el parágrafo

7 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 8 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003. 9 Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CES2 -2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-17).Radicación: 17001-23-33-000-2019-00492-01 (2453-2023)

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Demandante: Martha Cecilia López Pérez

Demandado: FOMAG

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo. Tales regímenes son:

(i) Los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, que con ocasión de la Ley 91 de 1989 gozan del mismo régimen pensional de los servidores públicos del orden nacional , establecido en la Ley 33 de 1985, «por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público», en el que los únicos factores que se deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación son aquellos sobre los que se hayan realizado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985. Al respecto se indicó lo siguiente:

«En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la

públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo».

38. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990 hasta el 27 de junio de 2003 —fecha de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003—, se regula por las siguientes reglas, de conformidad con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:

 Edad: 55 años para hombres y mujeres.  Tiempo de servicio: 20 años.  Tasa de reemplazo: 75%.  IBL que comprende: (i) el periodo del último año de servicio docente; y (ii) los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son la asignación básica, los gastos de representación, las primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación, los dominicales y feriados, las horas extras, la bonificación por servicios prestados y el trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

39. Sin embargo, frente a las consideraciones del fallo de unificación, y respecto de los factores que se deben tener en cuenta en la definición del IBL, cabe aclarar que, además de los antes mencionados, también se deben tener en cuenta otros de

39. Sin embargo, frente a las consideraciones del fallo de unificación, y respecto de los factores que se deben tener en cuenta en la definición del IBL, cabe aclarar que, además de los antes mencionados, también se deben tener en cuenta otros de naturaleza salarial creados por normas posteriores y respecto de los cuales se hubiesen efectuado los aportes a seguridad sociales pertinentes. Por ejemplo, la bonificación pedagógica prevista en el Decreto 2354 de 201810, entre otros.

(ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. El ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, con los factores

10 Ver, entre otros: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024, Rad. 15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.Radicación: 17001-23-33-000-2019-00492-01 (2453-2023)

Demandante: Martha Cecilia López Pérez

Demandado: FOMAG

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9 señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se realizaron las respectivas cotizaciones. En relación con dichos docentes, en la providencia se fijó la siguiente

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9 señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se realizaron las respectivas cotizaciones. En relación con dichos docentes, en la providencia se fijó la siguiente regla:

«Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones».

40. En tal sentido, los parámetros qu