CE - Sentencia 17001233300020190057101 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

BogotÆ, D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mi l veinticinco (2025) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 17001-23-33-000-2019-00571-01 (30473)

Demandante JAIRO ALONSO ALZATE ECHEVERRY

Demandada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP Temas Liquidación de aportes. Reconocimiento de costos y gastos para la determinación del IBC SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sección decide el recurso de apelación interpuest o por la demandada contra la sentencia del 6 de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión, que dispuso lo siguiente 1: PRIMERO: Declarar la nulidad de las Resoluciones RDO-2018-02163 de 27 de junio de 2018, por medio de la cual se profirió Liquidación Oficial por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, y RCD 2019-01071 de 26 de junio de 2019, por medio de la cual se decidió recurso de reconsideración y se confirmó en su integridad la Liquidación Oficial RDO-2018-02163 de 27 de junio de 2018, por las consideraciones expuestas.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restab lecimiento del derecho,

y se confirmó en su integridad la Liquidación Oficial RDO-2018-02163 de 27 de junio de 2018, por las consideraciones expuestas.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restab lecimiento del derecho, declarar que el demandante, seæor Jairo Alonso Alzate Echeverry estÆ obligado a pagar, en favor de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, la suma de tres millones doscientos setenta y cinco mil cuatrocientos sesenta pesos ($3.275.460) por concepto de inexactitud en el pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión para el aæo gravable 2015 y un millón novecientos sesenta y cinco mil doscientos cincuenta y o cho pesos ($1.965.258) por concepto de sanción por inexactitud.

TERCERO: NEGAR las demÆs pretensiones de la demanda.

CUARTO: No condenar en costas ni agencias en derecho en esta instanci a, por las consideraciones expuestas. (…) ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA Previo requerimiento para declarar y/o corregir RCD 2017-01983 del 13 de septiembre de 2017, la Unidad Administrativa Especia l de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) expidió la resolución RDO 2018-02163 del 27 de junio de 2018, en la que prof irió liquidación oficial a cargo del actor por los aportes a salud y pensión por inexactitud durante los meses de enero a diciembre de 2015, y lo sancionó p or esa misma conducta.

oficial a cargo del actor por los aportes a salud y pensión por inexactitud durante los meses de enero a diciembre de 2015, y lo sancionó p or esa misma conducta.

1 Samai del Tribunal. ˝ndice 23.Radicado: 17001-23-33-000-2019-00571-01 (30473)

Demandante: Jairo Alonso Alzate Echeverry

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Contra la anterior decisión, la demandante presentó el recurso de reconsideración, el cual fue decidido en la resolución RDC 2019-01071 del 26 de junio de 2019, en el sentido de confirmar la liquidación 2. ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restable cimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedi miento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la pa rte demandante formuló las siguientes pretensiones 3:

3. PRETENSIONES.

3.1. DECLARACIONES.

PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. RDO-2018-02163 de junio 27 de 2018, por medio de la cual se profiere Liquidación Oficial por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, a travØs de la cual se le determinaron los aportes p or pagar a los Subsistemas de Salud y Pensión y se le impuso sanción al seæor Alzate por inexac titud correspondiente al aæo fiscal

2015.

a travØs de la cual se le determinaron los aportes p or pagar a los Subsistemas de Salud y Pensión y se le impuso sanción al seæor Alzate por inexac titud correspondiente al aæo fiscal 2015.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. RDC 2019-01071 de junio 26 de 2019, notificada por el sistema de edicto el día 5 de a gosto de 2019, proferida por la misma Entidad, y por medio de la cual se profirió fallo al Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Liquidación Oficial enunciada en el punto 1 del presente escrito, en tanto y en cuanto decidió confirmar en su integridad la liquidación Oficial RDO-2018-02163 de junio 27 de 2018.

3.2 A T˝TULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a tít ulo de Restablecimiento del Derecho, solicito a la Sala de Decisión del Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sic), a quien corresponda el conocimiento del presente asunto: PRIMERO: que se confirmen las liquidaciones privadas a travØs de la s cuales el seæor J AIRO ALONSO `LZATE ECHEVERRY realizó los aportes a los Subsistemas de Salud y pensi ón por los doce meses del aæo 2015.

SEGUNDO: Que se declare que el seæor JAIRO ALONSO ALZATE ECHEVERRY , no estÆ obligado a pagar los mayores valores determinados en los actos dema ndados a los Subsistemas de Salud y Pensión por cada uno de los doce meses del aæo 2015, al igual que no le corresponde

pagar los mayores valores determinados en los actos dema ndados a los Subsistemas de Salud y Pensión por cada uno de los doce meses del aæo 2015, al igual que no le corresponde pagar sanción alguna y que en consecuencia se archive e l expediente en contra de mi poderdante. A los anteriores efectos, el demandante invocó como violados los artículos 2, 4, 6, 29, 83, 209 y 363 de la Constitución Política; 683 y 777 del Estatuto Tributario; 10 de la Ley 43 de 1990; 1, 3 y 138 de la Ley 1437 de 2011, Ley 1753 de 2015 y el Decreto Ley 169 de 2008. Los cargos de nulidad se resumen de la siguiente manera:

1. Desconocimiento del derecho de audiencia y defe nsa Expuso que en varias ocasiones puso de presente a la UGPP la complejidad de enviarle como prueba la totalidad de los documentos contables que soportaban sus ingresos, costos y gastos, pues se trataban de al menos 4.000 copias, mÆs aœn por la restricción que la misma entidad impuso sobre el e nvío de información, ya que solo podía aportarse en memoria USB o medio magnØtico sin el uso de plataformas especiales como One Drive o Dropbox.

2 Los actos administrativos demandados pueden consultarse e n el índice 21 de Samai del Tribunal. PDF antecedent es 3 Samai del Tribunal. ˝ndice 20. Expediente digital. PDF demandaRadicado: 17001-23-33-000-2019-00571-01 (30473)

Demandante: Jairo Alonso Alzate Echeverry

3

3 Samai del Tribunal. ˝ndice 20. Expediente digital. PDF demandaRadicado: 17001-23-33-000-2019-00571-01 (30473)

Demandante: Jairo Alonso Alzate Echeverry

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por esta razón, solicitó la prÆctica de una inspecció n a su negocio para que se verificara la exactitud de los datos reportados en su declaración de renta y en general toda su información contable, tal como lo p ermitían los artículos 778 y 780 del Estatuto Tributario, sin embargo, la prueba fue ne gada aduciendo un desgaste para la administración, pasando con ello por encima de sus derechos al debido proceso y de defensa. AdemÆs, la demandada le otorgaba un carÆcter residual a dicha prueba al manifestar que solo estaba encaminada a corroborar la e xistencia de hechos que por su naturaleza no podían acreditarse por otros medio s, desconociendo que ante la imposibilidad de trasladar todos los documentos contables a las instalaciones de la UGPP era imposible verificar su contabilidad, dejando en evidencia el incumplimiento de sus funciones en la determinación del correcto y adecuado pago de los aportes. Si bien el artículo 236 del Código General del Proceso consagró una inspección judicial, en este caso debía observarse lo dispuesto en los artículos 742 a 791 del Estatuto Tributario referente a la inspección tributari a, en virtud de la remisión del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007.

2. Desconocimiento del principio de la buena fe

Estatuto Tributario referente a la inspección tributari a, en virtud de la remisión del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007.

2. Desconocimiento del principio de la buena fe Adujo que la administración desconoció que el estado de resultados de pØrdidas y ganancias era uno de los anexos del certificado expe dido por el profesional encargado de manejar esa información en el supermercad o que era de su propiedad, con el cual tambiØn se aportaron gran parte d e los libros contables. De manera que, si la demandada los consideraba insufic ientes, debió ejercer sus facultades de verificación en los tØrminos del artíc ulo 777 del Estatuto Tributario y el Decreto Ley 169 de 2008.

Manifestó que la UGPP se limitó a solicitar información sin pronunciarse s obre las circunstancias del obligado, y sin considerar o valor ar la particularidad del tipo de negocio del cual derivaba su actividad económica.

3. Falsa motivación Advirtió que los libros de contabilidad constituyen u na prueba a favor de los aportantes, así mismo, el certificado del contador superó el formato predeterminado que la UGPP ordena diligenciar en su instructivo web, por cuanto detalla los libros, cuentas y asientos correspondientes a los hechos obj eto de investigación. Todo lo cual debía tomarse en cuenta por mandato de los artícu los 777 del Estatuto Tributario y 10 de la Ley 43 de 1990, so pena de las verificaciones que la entidad estimara pertinentes.

Explicó que en los procedimientos administrativos es necesario valorar en debida forma las pruebas allegadas, lo cual fue desconocido por la UGPP al tomar en cuenta

estimara pertinentes. Explicó que en los procedimientos administrativos es necesario valorar en debida forma las pruebas allegadas, lo cual fue desconocido por la UGPP al tomar en cuenta la prueba de la certificación contable œnicamente en lo que le perjudicaba al demandante, esto es, sus ingresos, sin tener en cons ideración la razonabilidad de los costos en que tuvo que incurrir para desarrollar s u actividad económica. Advirtió que la información contable constituía una unidad probatoria, por lo que mal hacía la demandada en valorarla de manera fraccionad a, so pena de vulnerar el principio de indivisibilidad de la prueba.Radicado: 17001-23-33-000-2019-00571-01 (30473)

Demandante: Jairo Alonso Alzate Echeverry

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Reprochó que la UGPP en la liquidación oficial consignara la imposibili dad de establecer el cumplimiento de requisitos para acepta r la deducción de expensas, pues lo que en realidad ocurrió fue una inactividad pr obatoria por parte de la autoridad y una negligencia para revisar el cumplimient o de los requisitos establecidos en el artículo 107 del Estatuto Tributari o a efectos de depurar la base gravable. Tampoco era procedente que la entidad exigiera requisit os adicionales, como lo dispuesto en el artículo 771-2 ibidem, pues se trataba de una disposición aplicable œnicamente para que la DIAN permitiera la procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables en materia de renta e IVA.

dispuesto en el artículo 771-2 ibidem, pues se trataba de una disposición aplicable œnicamente para que la DIAN permitiera la procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables en materia de renta e IVA. Adujo que a la UGPP le asistía la facultad de cuestionar la relación de c ausalidad, necesidad y proporcionalidad de las erogaciones, y para ello debió inspeccionar los libros de contabilidad, los asientos y el costo de los inventarios, así como los mÆs de 4.000 comprobantes tanto internos como externos q ue respaldaban las operaciones, sin incluirse el valor total del IVA. Puso de presente que, en la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 17 de agosto de 2017, exp 21450 se abordó el tema de la indivisibilidad de la prueba, especialmente la contable. Oposición de la demanda La entidad demandada controvirtió las pretensiones d e la demanda, con fundamento en lo siguiente 4: De manera previa, hizo referencia a los elementos de la contribución a cargo de los trabajadores independientes En cuanto al desconocimiento de los derechos de defensa y audiencia y el principio de buena fe ante la negativa de practicar una inspección tribu taria en las instalaciones del demandante, expuso que era su respo nsabilidad aportar las pruebas idóneas para determinar los costos y gastos que pretendía depurar de la base gravable por encontrarse en una mejor posición para ello, lo cual no hizo. AdemÆs, dicha inspección era un desgaste para la admi nistración, pues solo era viable para corroborar la existencia de hechos que por su naturaleza o atributos no podían acreditarse por otro medio y no para subsanar la omisión probatoria del

AdemÆs, dicha inspección era un desgaste para la admi nistración, pues solo era viable para corroborar la existencia de hechos que por su naturaleza o atributos no podían acreditarse por otro medio y no para subsanar la omisión probatoria del aportante. No obstante, las erogaciones alegadas por el interesado debían cumplir con el lleno de unos requisitos para su validez, lo cual no podía deducirse de la simple lectura de la declaración de renta. En todo caso la informa ción contable aportada en el curso del proceso de fiscalización solo sirvió para co mprobar los ingresos de la vigencia cuestionada y de allí tampoco podían verifi carse lo exigido en los artículos 107 y 771-2 del Estatuto Tributario. Sobre la falsa motivación indicó que los actos fueron expedidos con fundamento en el marco normativo vigente relacionado con la obligat oriedad en la afiliación al sistema de seguridad social y se explicaron las razon es que dieron lugar a la inexactitud. Así las cosas, los actos tenían consid eraciones, marco legal, antecedentes, anÆlisis y conclusiones.

4 Samai del Tribunal. ˝ndice 20. PDF contestación.Radicado: 17001-23-33-000-2019-00571-01 (30473)

Demandante: Jairo Alonso Alzate Echeverry

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que la certificación contable aportada por el de mandante no contenía ningœn grado de detalle en los tØrminos que lo exigía el art ículo 777 del Estatuto Tributario,

www.consejodeestado.gov.co Adujo que la certificación contable aportada por el de mandante no contenía ningœn grado de detalle en los tØrminos que lo exigía el art ículo 777 del Estatuto Tributario, pues œnicamente enunció los costos y gastos, sin co mprobantes externos que soportaran esa información. Adicionalmente, se refirió al artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 y sostuvo que en virtud del principio de irretroactividad no era posible su aplicación para los períodos de enero a junio de ese aæo, de manera que para esos m eses debía atenderse la determinación de la base de cotización conforme a la Ley 100 de 1993 (modificada por la Ley 797 de 2003) y el Decreto 510 de 2003, esto es, el ingreso efectivamente percibido con la posibilidad de deducir las expensas que cumplan con los requisitos de necesidad, causalidad y proporcionalidad. Si bien en el proceso de fiscalización se aportó el es tado de resultados pØrdidas y ganancias del aæo 2015, no se podía considerar como prueba contable porque esta es unidad conformada por los libros, comprobantes externos e internos, por los que los documentos allegados por sí solos no eran sufici entes. TambiØn mencionó la declaración de renta y precisó que era responsabilidad del interesado demostrar la mensualización de los ingresos allí reportados, frente a lo cual optó por guardar silencio en la etapa de deter minación, por esta razón fueron divididos en los 12 meses fiscalizados en partes igu ales, sin que constituyeran una presunción por cuanto estaban probados. Así mismo, las expensas requerían el cumplimiento de requisitos legales.

divididos en los 12 meses fiscalizados en partes igu ales, sin que constituyeran una presunción por cuanto estaban probados. Así mismo, las expensas requerían el cumplimiento de requisitos legales. AdemÆs, se pronunció de las planillas y seæaló que f ueron aplicados los pagos reportados en la base de datos del Ministerio de Salu d y la Protección Social a nombre del demandante. Sentencia apelada El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión, accedió parcialmente a las pretensiones y dispuso lo siguiente 5: De manera previa se refirió a las normas que regulan la obligación de los independientes de afiliarse y cotizar al sistema de s eguridad social, así como las facultades de fiscalización con que cuenta la UGPP. Posteriormente, advirtió que para el cÆlculo del IBC para los meses fiscalizados de 2015, la demandada tomó los ingresos brutos de la d eclaración de renta del actor de ese mismo aæo, en virtud del principio de veracida d consagrado en el artículo 746 del Estatuto Tributario. No obstante, en criterio d el Consejo de Estado 6, la depuración de la base gravable en materia de contrib uciones parafiscales debía atender tambiØn las erogaciones reportadas en el denun cio rentístico, pues era inviable tomar la información de manera parcializada . Bajo esas consideraciones ordenó reliquidar los ajuste s tomando para ello los ingresos de la declaración ($1.957.601.000) menos los costos y gastos ($1.919.285.000), dicho resultado ($38.316.000) fue asi gnado en partes iguales para los meses de enero a junio ($3.193.000), mientras que para los períodos de

($1.919.285.000), dicho resultado ($38.316.000) fue asi gnado en partes iguales para los meses de enero a junio ($3.193.000), mientras que para los períodos de julio a diciembre se le aplicó el 40% ($1.277.200).

5 Samai del Tribunal. ˝ndice 23 6 Citó la sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado del 26 de junio de 2024, exp 28302, M.P. Myri am Stella GutiØrrez Argüello.Radicado: 17001-23-33-000-2019-00571-01 (30473)

Demandante: Jairo Alonso Alzate Echeverry

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Puso de presente que el demandante, con la respuesta al requerimiento para declarar y/o corregir reajustó el pago por concepto de aportes a los subsistemas de salud y pensión por el aæo 2015 con el 40% de que tra ta el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015. Sin embargo, no era aplicable desde e nero a junio de 2015 porque su vigencia fue desde el 9 de junio de 2015. Aclaró que la declaratoria de inexequibilidad de dich a norma en la sentencia C-219 del 22 de mayo de 2019, en nada afectaba los períodos fiscalizados, por cuanto sus efectos fueron diferidos por la Corte Constitucional hasta el vencimiento de las dos legislaturas ordinarias siguientes. Resaltó que el demandante allegó las planillas de a utoliquidación de aportes, sin embargo, no fueron legibles, por lo que atendiendo a que el valor cancelado por

legislaturas ordinarias siguientes. Resaltó que el demandante allegó las planillas de a utoliquidación de aportes, sin embargo, no fueron legibles, por lo que atendiendo a que el valor cancelado por salud y pensión no estaba en controversia, dispuso ap licar los pagos que fueron consignados en las liquidaciones oficiales realizad as por la UGPP, así: Periodo IBC Mensualizado Salud 12.5% Pensión 16% Salud Pagado Pensión Pagado Diferencia salud Diferencia pensión 2015-01 $3.193.000 $399.125 $510.880 $159.700 $204.400 $239.425 $306.480 2015-02 $3.193.000 $399.125 $510.880 $159.700 $204.400 $239.425 $306.480 2015-03 $3.193.000 $399.125 $510.880 $159.700 $204.400 $239.425 $306.480 2015-04 $3.193.000 $399.125 $510.880 $159.700 $204.400 $239.425 $306.480 2015-05 $3.193.000 $399.125 $510.880 $159.700 $204.400 $239.425 $306.480 2015-06 $3.193.000 $399.125 $510.880 $159.700 $204.400 $239.425 $306.480 2015-07 $1.277.200 $159.650 $204.352 $159.700 $204.400 -$50 -$48 2015-08 $1.277.200 $159.650 $204.352 $159.700 $204.400 -$50 -$48

2015-08 $1.277.200 $159.650 $204.352 $159.700 $204.400 -$50 -$48 2015-09 $1.277.200 $159.650 $204.352 $159.700 $204.400 -$50 -$48 2015-10 $1.277.200 $159.650 $204.352 $159.700 $204.400 -$50 -$48 2015-11 $1.277.200 $159.650 $204.352 $159.700 $204.400 -$50 -$48 2015-12 $1.277.200 $159.650 $204.352 $159.700 $204.400 -$50 -$48 Total $1.436.550 $1.838.880 A su vez, la sanción correspondía al 60% de la inexa ctitud por disposición de los artículos 179 de la Ley 1607 de 2012 y 314 de la Ley 1819 de 2016. En ese orden, declaró la nulidad de las resoluciones d emandadas y, a título de restablecimiento del derecho ordenó que el demandante debía pagar por aportes $3.275.460 (sic) y por sanción de inexactitud $1.965.2 58. Se abstuvo de analizar los demÆs cargos de nulidad, y precisó que el actua r de la entidad no contrariaba la lealtad procesal ni la buena fe. Tampoco confirmó las liquidaciones privadas presentad as por el aportante ya que en este caso el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 solo era aplicable para los aportes generados a partir de su vigencia (9 de junio d e 2015). Finalmente, no condenó en costas debido a que no se encontraron causadas y las pretensiones prosperaron parcialmente.

aportes generados a partir de su vigencia (9 de junio d e 2015). Finalmente, no condenó en costas debido a que no se encontraron causadas y las pretensiones prosperaron parcialmente. Recurso de apelación La demandada apeló la decisión por lo que pasa a ex ponerse 7. Manifestó que, en cumplimiento de las funciones de fiscalización asignadas por el legislador requirió al interesado para que aportara información sobre sus ingresos y costos, pero fue renuente en su deber de colaboración, lo que llevó a la expedición

7 Samai del Tribunal. ˝ndice 26.Radicado: 17001-23-33-000-2019-00571-01 (30473)

Demandante: Jairo Alonso Alzate Echeverry

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de los actos demandados recurriendo al artículo 33 de la Ley 1438 de 2011, norma que establece la presunción de capacidad de pago de los declarantes de renta, y aunque se trata de un tributo diferente a las contrib uciones parafiscales, podía tomarse su información como una fuente de obligacion es. Resaltó que para la determinación del IBC se podían descontar las expensas necesarias para el desarrollo de la actividad económi ca siempre y cuando cumplieran con los requisitos de causalidad, necesid ad y proporcionalidad del artículo 107 del Estatuto Tributario. Así, una vez ev idenciada la capacidad de pago del trabajador independiente se solicita la informaci ón necesaria para verificar dichos requisitos, la cual se encuentra en manos de l a persona a quien se le inicia el proceso de fiscalización.

del trabajador independiente se solicita la informaci ón necesaria para verificar dichos requisitos, la cual se encuentra en manos de l a persona a quien se le inicia el proceso de fiscalización. Seæaló que no compartía el criterio del Consejo de Estad o sobre la imposibilidad de dividir la prueba, refiriØndose a la declaración de r enta, pues la información allí reportada estaba encaminada a demostrar los ingresos, d educciones y patrimonio durante un período específico, pero para efectos de ese impuesto, ademÆs, las expensas en ocasiones no guardaban relación alguna d e causalidad, proporcionalidad y necesidad con la actividad producto ra de renta, y su revisión se escapaba a la competencia de la UGPP. Por esta razón se vio en la necesidad de solicitar las pruebas que soportaran los costos a fin de establecer la relación con la activi dad productora de renta del demandante y con ello determinar su ingreso base de cotización mensual, sin embargo, el interesado guardó silencio, lo cual de ninguna manera podía ser premiado, por el contrario, debía aplicarse con rigurosi dad la ley y asumir las consecuencias de ello. AdemÆs, por mandato del artículo 742 del Estatuto Tri butario, las decisiones de la administración deben fundarse en los hechos que apare zcan probados en el expediente. De manera que una vez propuesta la modif icación de las autoliquidaciones mediante la expedición del requeri miento para declarar y/o corregir le corresponde al aportante la carga de la prue ba, esto es, allegar los soportes que respalden sus afirmaciones. Como en el presente caso el demandante no remitió p rueba alguna que acreditara

corregir le corresponde al aportante la carga de la prue ba, esto es, allegar los soportes que respalden sus afirmaciones. Como en el presente caso el demandante no remitió p rueba alguna que acreditara la liquidación y pago de los aportes al sistema de seguridad social en forma correcta, determinó las obligaciones con base en los cruces de información que realizó para establecer su capacidad de pago, sin que ello impli que vulnerar su derecho al debido proceso. Manifestó que de continuarse aplicando la tesis del Consejo de Estado perdería sentido la creación de la Unidad y, por ende, su obj etivo primordial de reducir la evasión, omisión e inexactitud de los aportes parafis cales. Advirtió que en materia de trabajadores independiente s por cuenta propia los aportes al sistema debían efectuarse conforme a sus in gresos efectivamente percibidos, con el derecho a deducir las sumas necesa rias para desarrollar su actividad lucrativa bajo los mandatos del artículo 10 7 del Estatuto Tributario. AdemÆs, el artículo 3 del Decreto 510 de 2003 fijó co mo montos mínimos y mÆximos entre 1 y 25 SMMLV, lo cual demostraba que la base estaba fijada en el ordenamiento jurídico sin necesidad de recurrir a reglas establecidas para los trabajadores independientes vinculados por prestación de servicio .Radicado: 17001-23-33-000-2019-00571-01 (30473)

Demandante: Jairo Alonso Alzate Echeverry

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jairo Alonso Alzate Echeverry

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Asimismo, de conformidad con los artículos 25 del Decreto 1406 de 1999 y 33 de la Ley 1438 de 2011, era posible que la UGPP tomara la información obtenida del cruce de datos de la renta y complementarios «del aæo gravable 2019» con el fin de establecer una presunción de capacidad de pago. Aunado a esto, los valores reflejados en los denuncios rentísticos si bien gozan de presunción d e certeza, no impiden la comprobación de los datos consignados, sin que ello implique asumir competencias asignadas a la DIAN. Insistió en la improcedencia de tomar el renglón de costos de la declaración de renta para efectos de depurar la base gravable de las contr ibuciones parafiscales, pues la UGPP en el ejercicio de sus competencias podía requerir a l aportante la información sobre sus ingresos y expensas a fin de liquidar la base de cotización. En el proceso de fiscalización, ante la falta de sus tento probatorio de los costos «se hizo uso del esquema de presunción de costos» , y en todo caso, el interesado tampoco demostró cuÆles fueron las expensas supuestamente d esconocidas. Finalmente, solicitó que, en caso de no revocarse la sentencia de primera instancia, se abstuviera de imponer condena en costas a la enti dad, por cuanto el objeto del asunto era de interØs pœblico. Oposición a la apelación La demandante guardó silencio. Intervención del Ministerio Pœblico

se abstuviera de imponer condena en costas a la enti dad, por cuanto el objeto del asunto era de interØs pœblico. Oposición a la apelación La demandante guardó silencio. Intervención del Ministerio Pœblico El agente del Ministerio Pœblico8 solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, para lo cual adujo que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, los costos y gastos de la declaración de renta deben ser valorados por la UGPP en igualdad de condiciones que los ingresos para efectos de la base de cotización. AdemÆs, en el expediente administrativo constaba qu e el demandante aportó documentos contables, así mismo solicitó la prÆctica de una inspección tributaria a efectos de que fuera verificada su información econ ómica, la cual fue negada. Consideró como acertada la posición del a quo al aplicar el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 que fijó el 40% del ingreso mensualizad o para los trabajadores independientes solamente desde su vigencia. Precisó que los actos demandados adolecían de falsa motivación por valorar parcialmente la declaración de renta y desestimar la contabilidad del demandante. Sumado a esto, los argumentos de apelación de la enti dad eran insuficientes para desvirtuar la decisión de primera instancia, por el contrario, confirmaban la indebida valoración de las pruebas. CONSIDERACIONES DE LA SALA Problema jurídico Le corresponde a la Sección decidir el recurso de ape lación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia de primera ins tancia que decidió la nulidad

valoración de las pruebas. CONSIDERACIONES DE LA SALA Problema jurídico Le corresponde a la Sección decidir el recurso de ape lación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia de primera ins tancia que decidió la nulidad de las resoluciones RDO 2018-02163 del 27 de junio de 2018 y RDC 2019-01071 del

8 Samai. ˝ndice 11.Radicado: 17001-23-33-000-2019-00571-01 (30473)

Demandante: Jairo Alonso Alzate Echeverry

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26 de junio de 2019, por medio de las cuales la UGPP determinó los aportes a salud y pensión a cargo del actor