CE - Sentencia 17001233300020200000901 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Dos (2) de octubre de Dos Mil Veinticinco (2025)

Radicado : 17001233300020200000901 (1960-2025) Demandante : Gustavo Adolfo Gallego Quintero Demandada : Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho Tema : Relaciones laborales encubiertas

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda da contra la sentencia del Dieciséis (16) de mayo de Dos Mil Veinticinco (2025) , proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión , que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1 Demanda1

1.1.1 Pretensiones y hechos

El señor Gustavo Adolfo Gallego Quintero , por intermedio de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción2 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad del oficio No. 2-2017-002062 del 9 de mayo de 2017, por medio del cual se negó el reconocimiento de una relación laboral y el pago de prestaciones sociales y factores salariales, devolución de dineros pagados por retención en la fuente y aportes al sistema de seguridad social y, el pago

por medio del cual se negó el reconocimiento de una relación laboral y el pago de prestaciones sociales y factores salariales, devolución de dineros pagados por retención en la fuente y aportes al sistema de seguridad social y, el pago de las indemnizaciones deprecadas.

1 Expediente digitalSamai – gestión de otros despachos – 17001233300020200000900 – índice 17 – archivo 5_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_004DEMANDAPDF_20240312082200.pdf 2 Demanda presentada el 18 de julio de 2017, como consta en el acta individual de reparto, visible en el expediente digitaldigitalSamai – gestión de otros despachos – 17001233300020200000900 – índice 17 – archivo ActaRepartoJuzgado. Aclarándose que en ese momento fue presentada ante los Juzgados Administrativos de Manizales, correspondiéndole al Juzgado 2 Administrativo, quien por auto del 13 de noviembre de 2019 determinó que no tenía competencia para conocer de él por factor cuantía y dispuso su remisión al Tribunal Administrativo de Caldas; quien avocó el conocimiento a través de providencia del 9 de octubre de 2020.2

Radicado: 17001233300020200000901 (1960-2025)

Demandante: Gustavo Adolfo Gallego Quintero

Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

A título de restablecimiento del derecho deprecó que, en aplicación del principio de la realidad sobre las formas, se ordene al Servicio Nacional de Aprendizaje, en adelante SENA, reconocer la existencia de una relación laboral desde el mes de octubre de 2011 y hasta diciembre de 2016.

principio de la realidad sobre las formas, se ordene al Servicio Nacional de Aprendizaje, en adelante SENA, reconocer la existencia de una relación laboral desde el mes de octubre de 2011 y hasta diciembre de 2016.

Asimismo, al pago de las acreencias laborales y prestaciones sociales que se hayan generado durante dicho periodo, tales como: prima s de servicios, de vacaciones y de navidad, vacaciones, cesantías y sus intereses, bonificación por servicios prestados, subsidio familiar, horas extras, recargos nocturnos, entre otros; así como, el pago de los aportes a la seguridad social, indemnización moratoria por la no consignación de cesantías o la establecida en el artículo 65 del CST, devolución de los pagos por retención en la fuente, pólizas de cumplimiento , indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y daño emergente.

Sumado a lo anterior, solicitó el pago de perjuicios morales, estimados en la cuantía de Veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes; que todo lo adeudado sea pagado debidamente indexado, s e condene en costas a la demandada y se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los siguientes:

El señor Gustavo Adolfo Gallego Quintero prestó sus servicios a la entidad demandada como instructor, desde el mes de octubre de 2011 y hasta diciembre de 2016, en virtud de Diez (10) contratos de prestación de servicios suscritos, los cuales se ejecutaron en los municipios de: La Dorada, Samaná,

demandada como instructor, desde el mes de octubre de 2011 y hasta diciembre de 2016, en virtud de Diez (10) contratos de prestación de servicios suscritos, los cuales se ejecutaron en los municipios de: La Dorada, Samaná, Victoria, Manzanares, Honda, Marquetalia y Puerto Boyacá.

Durante el tiempo en que ejerció la labor de instructor no le fue pagado por el SENA ninguna prestación social, ni reconocido horas extras o recargos dominicales; debiendo adquirir el contratista una póliza de cumplimiento para poder ejercer la labor.3

Radicado: 17001233300020200000901 (1960-2025)

Demandante: Gustavo Adolfo Gallego Quintero

Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

Sostiene el actor que, a pesar de haber sido vinculado bajo contrato de prestación de servicios, realmente se configuró una relación laboral, dado que se cumplieron los tres requisitos necesarios para ello, esto es, la subordinación, el pago de una remuner ación y la prestación del servicio. El primer elemento en cita se encuentra satisfecho toda vez que , debía portar delantal de la entidad, cumplir horarios, cargar en el aplicativo del SENA cada fin de trimestre las notas de los alumnos y se le ejercía supervisión a su labor de forma personal y por vía electrónica.

Indica el actor que, elevó petición ante el SENA tendiente al reconocimiento de la relación laboral y el pago de todas las acreencias laborales, la cual fue negada a través del acto administrativo acusado.

1.1.2 Normas violadas y concepto de violación

El demandante invocó como infringidos las siguientes normas:

de la relación laboral y el pago de todas las acreencias laborales, la cual fue negada a través del acto administrativo acusado.

1.1.2 Normas violadas y concepto de violación

El demandante invocó como infringidos las siguientes normas:

Constitución Política, artículos 1, 2, 13, 16, 25, 29, 53, 122 y 209. Ley 1437 de 2011, artículos 137 y 138.

Al desarrollar el concepto de violación manifestó que, el acto acusado adolece de falsa motivación por cuanto, si bien los contratos suscritos se enmarcaron en una presunta legalidad, amparados en las disposiciones de la Ley 80 de 1993, tampoco es menos cierto que, en la ejecución de aquellos hubo una verdadera relación laboral. Función que fue continua por algo más de cinco (5) años, rompiéndose así el criterio de eventualidad para ese tipo de contratación.

Acusa también al acto demandado de haber sido proferido con desviación de poder, comoquiera que, a pesar que la entidad tiene el deber de proteger los derechos del demandante, procedió a negar el reconocimiento de la relación laboral y el pago de lo pretendido. Con dicho actuar se vulneraron los derechos a la igualdad y el trabajo.4

Radicado: 17001233300020200000901 (1960-2025)

Demandante: Gustavo Adolfo Gallego Quintero

Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

1.2 Contestación de la demanda3.

El SENA al contestar la demanda se opuso a las pretensiones incoadas al considerar que, entre la entidad y el demandante lo que hubo fue un vínculo

1.2 Contestación de la demanda3.

El SENA al contestar la demanda se opuso a las pretensiones incoadas al considerar que, entre la entidad y el demandante lo que hubo fue un vínculo contractual, sin que se haya configurado la existencia de la relación laboral aducida por cuanto no se presentaron en el desarrollo de los contratos suscritos los tres elementos que son propios de una relación laboral.

Específicamente no hubo subordinación, aclarando que, lo que se presentó fue una coordinación de funciones , en virtud de la cual el contratista debía consignar las notas de sus alumnos en el sistema, se le supervisaba el cumplimiento del desarrollo del contrato, debía usar carne y delantal como elementos distintivos.

Finalmente, propuso como excepciones las que denominó: « prescripción extintiva trienal y bienal , inexistencia los elementos propios del contrato realidad, consecuentemente inexistencia del vínculo o relación laboral , interrupción contractual, cobro de lo no debido, compensación y la genérica».

1.3 Sentencia de primera instancia4.

El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión , mediante sentencia proferida Dieciséis (16) de mayo de Dos Mil Veinticinco (2025) , accedió parcialmente a las pretensiones de la demand a, sin condena en costas, así:

“PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de prescripción extintiva, inexistencia de los elementos del contrato realidad, cobro de lo no debido y la genérica, formuladas por la entidad demandada.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial del Oficio No. 2-2017-002062 del 9

extintiva, inexistencia de los elementos del contrato realidad, cobro de lo no debido y la genérica, formuladas por la entidad demandada.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial del Oficio No. 2-2017-002062 del 9 de mayo de 2017 expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje, de conformidad con las consideraciones expuestas.

TERCERO: DECLARAR la existencia de una relación laboral entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y el señor Gustavo Adolfo Gallego Quintero en virtud de los contratos de prestación de servicios suscritos en el período del 25 de octubre de 2011 al 17 de diciembre de 2016, salvo sus interrupciones.

3 Expediente digitalSamai – gestión de otros despachos – 17001233300020200000900 – índice 17 – archivo 13_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_012CONTESTACIONDEMAN_20240312082203.pdf. 4 Expediente digitalSamai – gestión de otros despachos – 17001233300020200000900 – índice 225

Radicado: 17001233300020200000901 (1960-2025)

Demandante: Gustavo Adolfo Gallego Quintero

Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA a liquidar y pagar el valor de las prestaciones sociales legales a que tiene derecho el señor Gustavo Adolfo Gallego Quintero, únicamente mientras estuvo vinculado mediante contratos de prestación de servicios en el período comprendido del 25 de octubre de 2011 al 17 de

sociales legales a que tiene derecho el señor Gustavo Adolfo Gallego Quintero, únicamente mientras estuvo vinculado mediante contratos de prestación de servicios en el período comprendido del 25 de octubre de 2011 al 17 de diciembre de 2016, de acuerdo a la tabla esbozada en la parte considerativa, tomando como base para la liquidación, los honorarios que perc ibía mensualmente por cada contrato de prestación de servicios, conforme el siguiente cuadro:

QUINTO: CONDENAR al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA a tomar, durante el período comprendido entre el 25 de octubre de 2011 al 17 de diciembre de 2016, salvo sus interrupciones, el ingreso base de cotización pensional (IBC) de la parte demandante (los honorarios pactados), mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador, por lo que la parte actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.

SEXTO: ORDENAR la indexación de las sumas que resulten con base en el IPC, según lo dispone el artículo 187 del CPACA, teniendo en cuenta las fechas de causación y pago efectivo de las mismas, aplicando la fórmula pergeñada en la parte motiva.

SÉPTIMO: DECLARAR que el tiempo laborado por el señor Gustavo Adolfo

de causación y pago efectivo de las mismas, aplicando la fórmula pergeñada en la parte motiva.

SÉPTIMO: DECLARAR que el tiempo laborado por el señor Gustavo Adolfo Gallego Quintero, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, entre el 25 de octubre de 2011 y el 17 de diciembre de 2016, salvo sus interrupciones, se debe computar para efectos de la seguridad social integral.

OCTAVO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las consideraciones expuestas (…)”.

Lo anterior al considerar que, conforme al principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, entre el señor Gustavo Adolfo Gallego Quintero y el Servicio Nacional de Aprendizaje existió una verdadera relación laboral en el período del 25 de octubre de 2011 al 17 de diciembre de 2016 (salvo sus6

Radicado: 17001233300020200000901 (1960-2025)

Demandante: Gustavo Adolfo Gallego Quintero

Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

interrupciones), que el SENA pretendió disfrazar a través de contratos de prestación de servicios.

Precisó el Tribunal que, se acreditaron los tres elementos de la relación laboral, así: i) prestación personal del servicio , de acuerdo con el objeto contractual la labor debía ser desarrollada de forma personal por el aquí demandante, lo cual también fue corroborado con los testimonios recaudados; ii) remuneración, elemento acreditado también a través de los contratos donde se pactó el pago de honorarios; iii) subordinación, el demandante al ejercer la labor debía usar dotación y carné suministrados por

recaudados; ii) remuneración, elemento acreditado también a través de los contratos donde se pactó el pago de honorarios; iii) subordinación, el demandante al ejercer la labor debía usar dotación y carné suministrados por la entidad, cumplir horario de 8 horas diarias y 42 semanales, en virtud de lo cual tenía dedicación exclusiva a la entidad, estaba sujeto a órdenes emanadas por el personal del SENA, debía asistir a reuniones donde se impartían directrices ; además, podía ser objeto de llamados de atención, debiendo pedir permiso en ca so de requerir ausentarse; todo lo cual fue corroborado con los testigos escuchados en el proceso.

El Tribunal, pese a que el abogado de la parte pasiva tachó por sospecha a los testigos José Mauricio Herrera Castañeda y Juan Camilo Montoya Ospina, manifestó que aquella no prosperaba; lo anterior por cuanto, el hecho que aquellos tuvieran demandas con pretensión similar a la que se debate en este asunto, no les resta credibilidad a sus declaraciones; los testigos, dada su cercanía con el actor , tenían conocimiento de cómo aquel ejecutaba la labor y, lo por ellos dichos corrobora el cumplimiento del requisito de la subordinación.

Sumado a ello, el A-quo indicó que hubo continuidad en la labor y, en la planta de cargos de la entidad demandada, existía el cargo de instructor el cual tenía funciones a fines con las establecidas en los contratos suscritos por el actor.

1.4 Recurso de apelación5.

5 Expediente digitalSamai – gestión de otros despachos – 17001233300020200000900 – índice 257

1.4 Recurso de apelación5.

5 Expediente digitalSamai – gestión de otros despachos – 17001233300020200000900 – índice 257

Radicado: 17001233300020200000901 (1960-2025)

Demandante: Gustavo Adolfo Gallego Quintero

Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

La parte pasiva, inconforme con la decisión y por intermedio de su apoderado judicial, interpuso recurso de apelación, en el que solicitó revocar la decisión de primera instancia, al considerar que:

Que la relación que unió a las partes fue de naturaleza contractual y no laboral; en el entendido que no hubo subordinación, sino una coordinación de actividades. Considerando que, de los testimonios y demás pruebas allegadas no se logra acreditar la imposición de órdenes , cumplimiento de horario ni llamados de atención, ante lo cual, se debe n desestimar las súplicas de la demanda.

Adicionalmente, afirma que al demandante por los servicios prestados le fue pagado honorarios no salario ; así como, insiste en que no se acreditó la subordinación, teniendo en cuenta que los testigos tienen un conocimiento muy precario de la realidad contractual entre las partes y sus declaraciones no fueron precisas.

Señala que, en estos eventos el fenómeno de la prescripción se debe contabilizar de manera independiente para cada contrato y corre desde la fecha de su terminación; ante lo cual, en este caso el derecho se encuentra prescrito.

1.5. Trámite de segunda instancia

Mediante auto del 15 de agosto de 20246, el despacho sustanciador admitió

fecha de su terminación; ante lo cual, en este caso el derecho se encuentra prescrito.

1.5. Trámite de segunda instancia

Mediante auto del 15 de agosto de 20246, el despacho sustanciador admitió el recurso de apelación y, al no existir pruebas que decretar en segunda instancia, el proceso ingresó al despacho para fallo.

El Ministerio Público allegó el concepto respectivo7, pidiendo que se confirme la sentencia recurrid a, comoquiera que se acreditaron los tres elementos necesarios para que surja una relación laboral, siendo estos, la prestación del servicio, la remuneración y la subordinación en la labor que como instructor desarrolló en la entidad demandada el señor Gallego; por tanto, en aplicación al

6 Expediente digital – Samai – índice 4. 7 Expediente digital – Samai – índice 9.8

Radicado: 17001233300020200000901 (1960-2025)

Demandante: Gustavo Adolfo Gallego Quintero

Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

principio de la primacía de la realidad sobre formalidades, se debe reconocer aquella y, en consecuencia, el pago de las prestaciones sociales legales reclamadas.

La parte actora, de forma extemporánea, se pronunció sobre el recurso incoado8.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 9, el Juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos

proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 9, el Juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, le corresponde a la Sala establecer si en el presente asunto se configuraron los tres elementos que configuran la relación laboral, especialmente, el elemento de la subordinación o, como lo pregona el recurrente lo que hubo fue una relación contractual . De configurarse dicha relación laboral, deberá analizarse si se configuró el fenómeno de la prescripción.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos: 2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2.2. Hechos probados; 2.2.3. Análisis del caso concreto; y 2.2.4. Condena de costas.

8 Expediente digital – Samai – índice 11. 9 “ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas

el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.”9

Radicado: 17001233300020200000901 (1960-2025)

Demandante: Gustavo Adolfo Gallego Quintero

Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

2.2.1 Marco normativo y jurisprudencial.

En principio, cabe precisar que, respecto de los contratos estatales de prestación de servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3), dispone:

«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas a ctividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos general relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.»

Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del

vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual.

Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso […] general relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C -154 de 1997, precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el de carácter laboral, así:

«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación labor al y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o depen dencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de prestación de servicios y contrato de trabajose obtiene que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se h acen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.10

diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se h acen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.10

Radicado: 17001233300020200000901 (1960-2025)

Demandante: Gustavo Adolfo Gallego Quintero

Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistent e en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrat o de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados del contr ato de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo .» -sicEntonces, el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto

actividad del mandato respectivo .» -sicEntonces, el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que s e propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo su jeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales10; y, para reforzar su tesis, el demandante puede valerse de los criterios de la permanencia del empleo para constatar si se está encubriendo una auténtica relación laboral11.

10 En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia de 27 de enero de 2011, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (202-10).

11 Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, M.P. Alejandro Linares Cantillo, Sentencia T-040 de 2016.11

Radicado: 17001233300020200000901 (1960-2025)

Demandante: Gustavo Adolfo Gallego Quintero

Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

En el mismo sentido, la Subsección B de esta Sección Segunda 12 recordó que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo y, (ii) le corresponde a la p arte actora demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud , que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral.

Este criterio ha sido reiterado por esta Subsección en múltiples oportunidades, consolidando así una línea jurisprudencial uniforme en torno a la materia. En consecuencia, será con fundamento en dicho marco normativo y jurisprudencial que se desarrollará el análisis del presente asunto13.

2.2.2 Hechos probados.

Conforme las pruebas allegadas al plenario que resultan relevante para decidir, tenemos que:

El demandante suscribió los siguientes contratos de prestación de servicios con el SENA14:

Contrato No. Fecha de inicio / terminación Término ejecución Objeto Contrato

decidir, tenemos que:

El demandante suscribió los siguientes contratos de prestación de servicios con el SENA14:

Contrato No. Fecha de inicio / terminación Término ejecución Objeto Contrato No. 346 de 2011

Inicio: 25 de octubre de

2011 Un (1) mes y veintidós (22) días. Prestar servicios profesionales para desarrollar el componente comercial, empresarial y de Mercadeo para el montaje de diez (10) unidades productivas, en el marco del Programa Jóvenes Rurales Emprendedores, en el departamento de Caldas y el municipio de Pu erto Boyacá, por periodos fijos para la ejecución de los proyectos.

Terminación: 16 de diciembre de 2011

Interrupción 22 días

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-2333-000-2012-00020-01 (316-2014). 13 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. CP. Jorge Edison Portocarrero Banguera sentencias identificadas con los radicados internos 0199-2023, 2164-2023, 3767-2023, 4845-2023, 7292-2023, entre otros. 14 Expediente digitalSamai – gestión de otros despachos – 17001233300020200000900 – índice 17 – archivo 6_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_005ANEXOSDEMANDAPDF_20240312082201.pdf; folio 29 -94 Y ARCHIVO 9_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_008ESCRITOSUBSANACIO_20240312082202.pdf12

6_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_005ANEXOSDEMANDAPDF_20240312082201.pdf; folio 29 -94 Y ARCHIVO 9_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_008ESCRITOSUBSANACIO_20240312082202.pdf12

Radicado: 17001233300020200000901 (1960-2025)

Demandante: Gustavo Adolfo Gallego Quintero

Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

Contrato No. 069 de 2012

Inicio: veinte (20) de enero de 2012

Cinco (5) meses y once (11) días Prestación de servicios profesionales de carácter temporal para desarrollar el componente empresari