CE - Sentencia 17001233300020200003601 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2020-00036-01 (2389-2024)

Demandante: Luis Bernardo Duque Muñoz

Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional , Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio

Tema: Pensión de jubilación docente. Subtema 1. Vinculación docente antes de la Ley 812 de 2003. Subtema 2. Aplicación de la Ley 33 de 1985.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 4 de agosto de 202 3 por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Luis Bernardo Duque Muñoz solicitó la declaración de nulidad del acto administrativo por medio del cual se le negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985. Según indicó, la calidad de docente le da derecho a la referida prestación, en la medida en que realizó cotizaciones al Sistema de Seguridad Social con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

II. ANTECEDENTES

referida prestación, en la medida en que realizó cotizaciones al Sistema de Seguridad Social con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Luis Bernardo Duque Muñoz, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), presentó demanda en contra de la Nación , Ministerio de Educación , Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, radicada mediante apoderada judicial el 10 de febrero de 20201.

2.1.1. Pretensiones

2. El demandante solicitó lo siguiente:

1 Escrito de demanda, visible en: Samai del Tribunal, índice 23, archivo «6ED_C01PRINCIPAL_04DEMANDAPDF(.pdf) NroActua 23», página 18.Radicación: 17001-23-33-000-2020-00036-01 (2389-2024)

Demandante: Luis Bernardo Duque Muñoz

Demandado: FOMAG

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 (i) Que se declare la nulidad de la Resolución 0134 -6 del 16 de enero de 2020 2, por medio de la cual, la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas le negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación. (ii) Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a su favor, en una cuantía equivalente al 75% de los salarios

reconocimiento y pago de la pensión de jubilación. (ii) Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a su favor, en una cuantía equivalente al 75% de los salarios y primas recibidas con anterioridad al cumplimiento del estatus de pensionado. (iii) Que se le ordene a la parte accionada efectuar el pago de los ajustes a los que haya lugar por la disminución del poder adquisitivo de las sumas adeudadas. (iv) Que se le ordene a la parte demandada dar cumplimiento a la sentencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA. (v) Que se condene en costas y en agencias en derecho a la referida entidad.

2.1.2. Hechos

3. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante expuso, en

síntesis, los siguientes hechos: (i) El señor Luis Bernardo Duque Muñoz nació el 15 de noviembre de 1958. (ii) Laboró por contrato de prestación de servicios para el municipio de Samaná, Caldas, en la calidad de docente: del 6 de marzo al 5 de diciembre de 1989 ; del 1 de junio al 30 de noviembre de 1990, del 15 de febrero al 14 de diciembre de 1992; y del 1 al 10 de febrero de 1993.

(iii) Realizó aportes al Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS) —hoy Administradora Colombiana de Pensiones ( COLPENSIONES)—, entre los años 1996 y 2000, por lo que completó 126,86 semanas de cotización.

(iv) El Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Manizales, profirió sentencia

Administradora Colombiana de Pensiones ( COLPENSIONES)—, entre los años 1996 y 2000, por lo que completó 126,86 semanas de cotización.

(iv) El Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Manizales, profirió sentencia el 30 de octubre de 2013, que reconoció la existencia de una relación laboral encubierta, con ocasión de la ejecución, por parte del demandante, de las siguientes órdenes de prestación de servicios: (i) 214 de 29 de enero de 2001; (ii) 588 de 4 de febrero de 2002; y (iii) 909 de 27 de enero de 2003. No preci só en el escrito introductorio ante qué entidad prestó la labor como maestro oficial.

(v) El demandante s e vinculó como docente oficial al servicio de la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, a partir del 9 de marzo de 2004, después de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

(vi) Mediante petición radicada, solicitó a la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, en una cuantía equivalente al 75% de los salarios y primas recibidas con anterioridad al cumplimiento del estatus de pensionado, que afirma cumplió el 1 de junio de 2017.

(vii) La referida entidad, con fundamento en las facultades legales atribuidas a las

2 Resolución 0134-6 del 16 de enero de 2020 , visible en: Samai del Tribunal, índice 23, archivo

(vii) La referida entidad, con fundamento en las facultades legales atribuidas a las

2 Resolución 0134-6 del 16 de enero de 2020 , visible en: Samai del Tribunal, índice 23, archivo «6ED_C01PRINCIPAL_04DEMANDAPDF(.pdf) NroActua 23», páginas 28 a 30.Radicación: 17001-23-33-000-2020-00036-01 (2389-2024)

Demandante: Luis Bernardo Duque Muñoz

Demandado: FOMAG

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3 entidades territoriales en materia de prestaciones sociales a cargo del FOMAG, y mediante Resolución 0134 -6 del 16 de enero de 2020 negó la solicitud. Ello, al considerar que como el actor se vinculó al servicio docente luego de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, le era aplicable el régimen de prima media de la Ley 100 de 1993.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

4. Luis Bernardo Duque Muñoz citó como normas vulneradas los siguientes artículos: (i) 1, inciso 2 de la Ley 33 de 1985; (ii) 15, numerales 1 y 2 de la Ley 91 de 1989; (iii) 6 de la Ley 60 de 1993; (iv) 115 de la Ley 115 de 1993; (v) 279 de la Ley 100

de 1993; (vi) 81 de la Ley 812 de 2003; y (vii) 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

5. En el concepto de violación, sostuvo que el acto administrativo acusado quebranta las normas anteriores, pues la entidad accionada negó el reconocimiento de la pensión de jubilación a la que tiene derecho el demandante, desconociendo que este inició labores en el servicio docente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

6. Al respecto, explicó que la Ley 812 de 2003 estableció un régimen de transición para los docentes vinculados con posterioridad a la fecha de su entrada en vigor, que mantuvo la aplicación de las normas anteriores para los docentes que trabajaron en el servicio público y que después fueron vinculados.

7. Manifestó que el régimen pensional aplicable al accionante es el dispuesto en la Ley 33 de 1985, de modo que los requisitos para adquirir la pensión pretendida son: tener 55 años de edad y 20 de servicios, los cuales se encuentran debidamente acreditados.

8. Indicó que por la anterior circunstancia tiene «derecho a la pensión de jubilación, de conformidad con la Ley 812 de 2003, en compatibilidad con el salario por pertenecer al régimen anterior en cuanto a su pensión de jubilación».

9. Concluyó que el acto administrativo acusado infringió las normas en que debía fundarse, por cuanto no respetó el régimen de transición antes mencionado, y no resolvió su situación pensional bajo lo dispuesto en la Ley 33 de 1985.

2.2. Contestación de la demanda

fundarse, por cuanto no respetó el régimen de transición antes mencionado, y no resolvió su situación pensional bajo lo dispuesto en la Ley 33 de 1985.

2.2. Contestación de la demanda

10. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda3, con fundamento

en las siguientes consideraciones:

11. Propuso las excepciones de «inexistencia de la obligación o cobro de lo no debido», «inaplicabilidad del régimen de la Ley 33 de 1985 al demandante» y «reconocimiento oficioso o genérica».

3 Escrito de contestación de demanda, visible en: Samai del Tribunal, índice 23, archivo «11ED_C01PRINCIPAL_09CONTESTACIONDEMANDAMINEDUCACIONPDF(.pdf) NroActua 23».Radicación: 17001-23-33-000-2020-00036-01 (2389-2024)

Demandante: Luis Bernardo Duque Muñoz

Demandado: FOMAG

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12. Sostuvo que e l acto administrativo acusado no contiene vicio alguno que conlleve a su nulidad, por cuanto se profirió en estricto cumplimiento de las normas vigentes y aplicables al caso, en tanto el actor no es beneficiario del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985, toda vez que ostentó la calidad de empleado público afiliado al FOMAG a partir del 9 de marzo de 2004, esto es, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

previsto en la Ley 33 de 1985, toda vez que ostentó la calidad de empleado público afiliado al FOMAG a partir del 9 de marzo de 2004, esto es, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

2.3. Sentencia de primera instancia

13. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión, profirió sentencia el 4 de agosto de 20234, a través de la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

En tal sentido, declaró la nulidad de l acto administrativo acusado y condenó a la entidad accionada a reconocer y pagar a favor del actor una pensión de jubilación «efectiva a partir de 1 de junio de 2017, con base en el 75% del promedio de los factores salariales sobre lo que debieron hacerse los respectivos aportes y devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional (1 de junio de 2016 al 1 de junio de 2017), que se encuentran enlistados en la Ley 62 de 1985, es decir, la asignación básica y la bonificación mensual, s in que para devengarla sea necesario su retiro del servicio docente».

14. Destacó que, según la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la vinculación docente a través de contratos de prestación de servicio es válida para el reconocimiento de derecho pensionales a luz de la normativ a aplicable a los maestros oficiales.

15. Por lo tanto, que «para el reconocimiento pensional con fundamento en la Ley 33 de 1985, resulta suficiente la vinculación del docente antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y desde luego, el cumplimiento de los requisitos de edad y

15. Por lo tanto, que «para el reconocimiento pensional con fundamento en la Ley 33 de 1985, resulta suficiente la vinculación del docente antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y desde luego, el cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de servicios consagrados en la disposición primeramente mencionada, sin que adquiera relevancia, por lo menos para efectos pensionales, la forma de vinculación al servicio educativo, o si esta fue continua o discontinua, en la medida que la normativa lo que reconoce es la efectiva prestación del servicio educativo».

16. Bajo ese entendido explicó que del análisis de las pruebas allegadas al proceso se encontraba demostrado que Luis Bernardo Duque Muñoz laboró como docente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

17. Sobre el particular, expuso que: (i) el demandante trabajó como docente oficial entre 1989 y 1993 en el municipio de Samaná; (ii) a través de vinculación por órdenes de prestación de servicios, que fueron objeto de reconocimiento judicial, entre los años 2001 y 2003 5; (ii) que cuenta con 126.86 semanas cotizadas a COLPENSIONES, equivalentes a «2.4 años aproximadamente»; y (ii) que fue vinculado como docente al FOMAG desde el 9 de abril de 2004, registrando 18 años, 1 mes y 14 días de servicio.

4 Sentencia de primera instancia, proferida el 4 de agosto de 2023, por Tribunal Administrativo de Caldas, visible en: Samai del Tribunal, índice 23, archivo «25ED_C01PRINCIPAL_23SENTENCIAPRIMERAINSTANCIAPDF(.pdf) NroActua 23».

en: Samai del Tribunal, índice 23, archivo «25ED_C01PRINCIPAL_23SENTENCIAPRIMERAINSTANCIAPDF(.pdf) NroActua 23». 5 Afirmó que según se aprecia en la Resolución 1891 -6 de 27 de febrero de 2015 del departamento de Caldas, obtuvo fallo favorable del Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Manizales, en el que se ordenó que «el tiempo laborado [como maestro] por el señor LUIS BERNARDO DUQUE MUÑOZ, conforme a las órdenes de servicio número 214 del 29 de enero de 2001, 588 del 4 de febrero de 2002 y la 909 del 27 de enero de 2003, se deben computar para efectos pensionales».Radicación: 17001-23-33-000-2020-00036-01 (2389-2024)

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18. En ese orden, concluyó lo siguiente: Una vez determinado que la norma aplicable a la situación del actor es la Ley 33 de 1985, con sencillez se desprende que el docente DUQUE MU ÑOZ reúne las condiciones para acceder a la pensión de jubilación bajo dicho régimen, en la medida que de acuerdo con el recuento probatorio, (i) cumplió 55 años de edad el 16 de noviembre de 2013, (ii) supera con creces los 20 años de servicio, teniendo en cuenta la suma del tiempo que ostenta desde su vinculación como docente (18 años, 1 mes y

noviembre de 2013, (ii) supera con creces los 20 años de servicio, teniendo en cuenta la suma del tiempo que ostenta desde su vinculación como docente (18 años, 1 mes y 14 días) y aquel que cotizó a COLPENSIONES (126.86 semanas, equivalentes a 2.4 años aproximadamente). En conclusión, le asiste razón al nulidiscente en punto al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, lo que conlleva a anular el acto demandado.

19. Seguidamente, precisó que a la luz del artículo 19 de la Ley 4 de 1992 el reconocimiento de la pensión en favor del accionante, dada su condición de docente, no está condicionado al retiro del servicio , por lo que tiene derecho a la referida prestación desde la adquisición del estatus pensional —1 de junio de 2017—, teniendo en cuenta los factores salariales sobre los que se debieron realizar aportes al Sistema de Seguridad Social, enlistados en la Ley 62 de 1985; de manera tal que las mesadas respectivas deben reajustarse a partir de la fórmula establecida para el efecto, sin que haya operado la prescripción trienal6.

20. Finalmente, decidió condenar en costas a la parte demandada , por el valor del 3% de las pretensiones por concepto de agencias en derecho , con fundamento en el artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021.

2.4. Recurso de apelación

21. La parte demandada, por medio de su apoderada judicial, presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia 7. En su escrito, planteó los

siguientes argumentos:

2.4. Recurso de apelación

21. La parte demandada, por medio de su apoderada judicial, presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia 7. En su escrito, planteó los

siguientes argumentos:

22. Sostuvo qu e es incorrecto tener por acreditada la vinculación docente del demandado antes de la Ley 812 de 2003 , en virtud de los contratos de prestación de servicio que ejecutó, en especial cuando respecto de dicha situación no se ha proferido una decisión judicial que declare la existencia de una verdadera relación laboral .

Señaló que la ley le otorga el tratamiento preferencia a los maestros que esté n vinculado laboralmente al sector oficial, pero no a los contratistas por prestación de servicios.

23. Añadió que la tesis del juez de primera instancia también desconoce que no se evidencia que en virtud de los tiem pos de servicios prestados por OPS se hayan efectuado los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social en Pensión.

24. Argumentó que la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas no puede conllevar a que se condene al FOMAG a asumir una prestación

6 Afirmó que «no pasaron más de 3 años entre la data de adquisición del estatus pensional (1 º de junio de 2017) y la reclamación administrativa (23 de noviembre de 2019), como tampoco entre esta fecha y la presentación de la demanda (10 de febrero de 2020)». 7 Recurso de apelación presentado por la parte demandan da contra la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Caldas, visible en: Samai del Tribunal, índice 23, archivo

demanda (10 de febrero de 2020)». 7 Recurso de apelación presentado por la parte demandan da contra la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Caldas, visible en: Samai del Tribunal, índice 23, archivo «27ED_C01PRINCIPAL_25ESCRITORECURSOMINEDUCACIONPDF(.pdf) NroActua 23».Radicación: 17001-23-33-000-2020-00036-01 (2389-2024)

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6 respecto de la cual no se efectuaron las cotizaciones corresp ondientes, so pena de causar un detrimento patrimonial. Además, que resulta desproporcionado que por dicha situación se le exija adelantar las actuaciones pertinentes ante las entidades que supuestamente debieron realizar los aportes . Ello, debido al desgaste de tiempo y recursos que dicha tarea conlleva, y que representa una carga significativa para la administración de justicia.

25. En todo caso, precisó que debe aplicarse la prescripción trienal frente a las sumas de dinero que no fueron reclamadas oportunamente, en especial cuando debe verificarse que l a reclamación en sede administrativa tenga congruencia con lo pretendido en sede judicial, esto es, el reconocimiento de la pensión por aportes.

26. Finalmente, cuestionó la condena en costas, en tanto no se comprobó su causación ni que haya obrado de mal fe durante la presente actuación.

2.5. Trámite procesal

26. Finalmente, cuestionó la condena en costas, en tanto no se comprobó su causación ni que haya obrado de mal fe durante la presente actuación.

2.5. Trámite procesal

27. Esta corporación, mediante auto del 26 de agosto de 2024 8 admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, según el numeral 3 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, y ordenó notificar personalmente al Ministerio Público. De igual forma, prescindió del traslado para alegar de conclusión, en aplicación del artículo 247.5 del mismo estatuto, toda vez que no se solicitaron pruebas en segunda instancia.

28. A través de providencia del 29 de mayo de 2025 9, con el fin de esclarecer los extremos temporales de algunas vinculaciones del demandante a través de órdenes de prestación de servicio con la Secretaría de Educación Departamental de Caldas y el FOMAG, se le ordenó a la primera entidad y al accionante que aportaran la siguiente

información:

(i) Copia legible y clara de las órdenes de prestación de servicios 214 del 29 de enero de 2001, 588 del 4 de febrero de 2002 y 909 del 27 de enero de 2003, suscritas por el actor y la entidad territorial. (ii) Copia legible y clara de la sentencia 328 de 30 de octubre de 2013, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Manizales en el proceso con número de radicado 17001-33-31-010-2012-00067-00. (iii) La referida Secretaría, deb ía aportar certificación actualizada a la fecha, del

con número de radicado 17001-33-31-010-2012-00067-00. (iii) La referida Secretaría, deb ía aportar certificación actualizada a la fecha, del tiempo de servicios del docente Luis Bernardo Duque Muñoz. Además, indicar si el maestro en la actualidad percibe algún tipo de pensión a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y en caso de que así sea, remit ir el respectivo acto administrativo.

29. Allegada la información solicitada, se corrió traslado de esta por el término de 3 días10, sin que los sujetos procesales realizaran manifestación alguna.

8 Samai, índice 5, archivo «6Autoqueadmite_23892024ADMITEAPELAC(.pdf) NroActua 5». 9 Samai, índice 11. 10 Samai, índice 20.Radicación: 17001-23-33-000-2020-00036-01 (2389-2024)

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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

29. El Consejo de Estado , Sala de lo Contencioso -Administrativo, es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el primer inciso del artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

30. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, y

proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el primer inciso del artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

30. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, y teniendo en cuenta la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, corresponde a la Sala definir si:

(i) ¿Los periodos laborados por el demandante como docente vinculado mediante contratos y órdenes de prestación de servicios se deben tener en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión, sin necesidad de que se declarare la existencia de una relación laboral, a pesar de que no se efectuaron aportes al Sistema de Seguridad Social?

(ii) En caso de que la respuesta sea positiva, ¿ Luis Bernardo Duque Muñoz tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985?

(iii) ¿El Tribunal Administrativo de Caldas debía analizar la conducta de la parte vencida en juicio para disponer sobre la condena en costas?

31. Para resolver los anteriores problemas jurídicos, la Sala abordará los siguientes temas: (i) el régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de l Magisterio; (ii) del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales - sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019; (iii) sobre el cómputo de la labor docente en virtud de contratos de prestación de servicios para el reconocimiento pensional; y (iv) sobre los criterios objetivo y subjetivo en materia de costas procesales.

2019; (iii) sobre el cómputo de la labor docente en virtud de contratos de prestación de servicios para el reconocimiento pensional; y (iv) sobre los criterios objetivo y subjetivo en materia de costas procesales.

32. A partir de estas consideraciones se destacarán los hechos probados más relevantes y en el acápite de análisis del caso concreto, se resolverán los interrogantes planteados.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. Del régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio

33. El régimen pensional de los docentes oficiales se encontraba exceptuado del Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que estableció: «[e]l Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».Radicación: 17001-23-33-000-2020-00036-01 (2389-2024)

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34. Esta excepción se debía a la existencia previa de un sistema particular de administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio, establecido por la Ley 91 de 1989 11, que creó un fondo especial con el objetivo

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34. Esta excepción se debía a la existencia previa de un sistema particular de administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio, establecido por la Ley 91 de 1989 11, que creó un fondo especial con el objetivo específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.

35. La Ley 91 de 1989 dispuso un esquema particular de financiamiento que se distinguía del régimen general. En su artículo 8 previó un sistema de aportes donde los docentes contribuyen con el 5% de su sueldo básico mensual, mientras que la Nación aporta el 8% sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago por servicios personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituyó una de las principales razones que justifican la excepción del régimen general.

36. La naturaleza exceptuada del régimen se reforzaba con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que desarrolló reglas específicas para el reconocimiento de las prestaciones económicas y sociales de los docentes, diferenciando entre el personal nacionalizado vin culado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990.

37. Sin embargo, la Ley 812 de 200312 en el artículo 81 determinó que los docentes vinculados a partir de su vigencia (27 de junio de 2003) se regirían por el régimen de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, conservando una particularidad importante: la edad de pensión unificada en 57 años para ambos géneros. Y posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 2005 dispuso en su parágrafo transitorio 1

importante: la edad de pensión unificada en 57 años para ambos géneros. Y posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 2005 dispuso en su parágrafo transitorio 1 que: «El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial e s el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta».

38. Lo anterior denota la existencia de dos regímenes, según la fecha de vinculación al servicio docente. El primero, referente a que los docentes vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, son beneficiarios del mismo régimen pensional de los empleados públicos del orden nacional (Leyes 33 de 1985 o Ley 71 de 1988); mientras que a quienes se vinculan con posterioridad, les es aplicable el régimen de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad —57 años, para ambos géneros—.

3.3.2. Del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 201913

39. A propósito de este régimen pensional, se debe prestar especial atención a la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de abril de 2019, en la que se precisaron las reglas para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente oficial afiliado

al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

25 de abril de 2019, en la que se precisaron las reglas para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente oficial afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

11 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio». 12 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003. 13 Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CES2 -2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-17).Radicación: 17001-23-33-000-2020-00036-01 (2389-2024)

Demandante: Luis Bernardo Duque Muñoz

Demandado: FOMAG

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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40. En efecto, en la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo.

Tales regímenes son:

(i) Los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 que, con ocasión de la Ley 91 de 1989, gozan del mismo régimen

Tales regímenes son:

(i) Los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 que, con ocasión de la Ley 91 de 1989, gozan del mismo régimen pensional de los servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley 33 de 198514, en el que los únicos factores que se deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación son aquellos sobre los que se hubiesen realizado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985. Al respecto se indicó lo siguiente:

En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se ha