CE - Sentencia 17001233300020210008701 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA –

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 17001-23-33-000-2021-00087-01 (3248-2024) 1

Demandante : Guillermo Muñoz Valencia Demandado : Instituto de Valorización de Manizales (INVAMA) Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho Tema : Relaciones laborales encubiertas tras contratos de prestación de servicios Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala de Subsección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 1 2 de abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala Tercera de Decisión 2, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda que versaban sobre el reconocimiento de la relación laboral.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda3

1.1 Pretensiones

El señor Guillermo Muñoz Valencia, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad de:

• Acto administrativo No. 220-2020 IE-00000759 del 18 de agosto del 2020, expedido por el gerente y representante legal del Instituto de Valorización de Manizales –

1 Expediente digital puede ser consultado en el aplicativo Samai.

• Acto administrativo No. 220-2020 IE-00000759 del 18 de agosto del 2020, expedido por el gerente y representante legal del Instituto de Valorización de Manizales –

1 Expediente digital puede ser consultado en el aplicativo Samai. 2 Sala conformada por los magistrados: Dohor Edwin Varón Vivas, Augusto Morales Valencia y Augusto Ramon Chávez Marín. 3 Expediente obrante en la herramienta electrónica SAMA – gestión en otros despachos – índice 12Número interno: 3248-2024

Demandante: Guillermo Muñoz Valencia

Demandada: INVAMA

INVAMA, mediante el cual negó el reconocimiento y pago de las a creencias laborales generadas en virtud de la vinculación laboral contractual y como consecuencia del contrato de trabajo que existió entre las partes durante los años 2017, 2018 y 2019.

A título de restablecimiento del derecho la parte actora solicitó:

Declarar la existencia de la relación laboral entre el demandante y la demandada, desde el 16 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019.

Como consecuencia se condene a la entidad a pagar las prestaciones sociales y demás emolumentos a los q ue tiene derecho, en igualdad de condiciones que un empleado público que preste sus servicios a la entidad mediante contrato de trabajo o vinculación legal y reglamentaria, tales como las cesantías, intereses a las cesantías, sanción moratoria por no consi gnación de cesantías, vacaciones, prima de servicios, aportes al Sistema General de Seguridad Social en pensión, indemnización por despido sin justa causa, sanción moratoria, prima extralegal (Acuerdo Municipal N°08 de 1982) y bonificación por servicios pr estados (Decreto 2418 de 2015).

indemnización por despido sin justa causa, sanción moratoria, prima extralegal (Acuerdo Municipal N°08 de 1982) y bonificación por servicios pr estados (Decreto 2418 de 2015).

Ordenar a la entidad a pagar los porcentajes de cotización correspondientes a pensión que debió trasladar a los fondos respectivos durante el periodo acreditado de prestación de servicios y declarar que aquel se debe computar para efectos pensionales.

Pide que, las sumas adeudadas sean pagadas indexadas, se reconozcan intereses moratorios y se condene al pago de costas y agencias en derecho.

1.2 Hechos

El señor Guillermo Muñoz Valencia estuvo vinculad o a la entidad demandada a través de cuatro contratos de prestación de servicios, desde el 16 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019, para desarrollar labores operativas consistentes en apoyar a los técnicos electricistas en sus actividades diarias y cargar elementos como escaleras y equipos para la ejecución de aquellas tareas.Número interno: 3248-2024

Demandante: Guillermo Muñoz Valencia

Demandada: INVAMA

Que, las funciones desempeñadas fueron ejecutadas bajo una constante subordinación y dependencia de sus superiores, en desarrollo de actividades misionales de la entidad, sin tener autonomía para su ejecución.

Afirma el accionante que, cumplía una jornada de trabajo que podía ser 6:00 a.m. a 1:30 p.m. o de 1:30 p.m. a 9:00 p.m., de lunes a viernes, al igual que un empleado de planta con vinculación legal y reglament aria; debiendo también que presentar informes mensuales al supervisor del contrato acerca del cumplimiento de las labores.

de planta con vinculación legal y reglament aria; debiendo también que presentar informes mensuales al supervisor del contrato acerca del cumplimiento de las labores.

Indicó que, percibía unos honorarios como retribución por las labores realizadas día a día, al igual que cualquier empleado de planta de la entidad.

Que el 31 de diciembre de 2019 fue despedido sin justa causa y de forma unilateral por parte de Instituto de Valorización de Manizales – INVAMA.

Informa que, el 23 de julio de 2020 presentó reclamación administrativa ante la entidad, solicitando el reconocimiento y pago de las acreencias laborales originados en virtud de los contratos suscritos; la cual fue negada a través del oficio N° 2202020-IE-00000759 del 18 de agosto de 2020, suscrita por el gerente de INVAMA por cuanto los hechos no se encontraban ajustados a derecho y no correspondían a la realidad.

1.3 Normas violadas y concepto de violación

Cita como violados los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 48, 53, 122, 124, 209, 229 numeral 7 del 300 y 305 de la Constitución Política Colombiana; Ley 6ª de 1945, artículo 1; Acuerdo Municipal N° 08 de 1982; Ley 50 de 1990, artículos 98 y 99; Ley 100 de 1993, artículos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 15 -1, 17, 22, 23, 157, 160 -2, 161 -1,2 y

Parágrafo; Ley 244 de 1995, artículo 2°; Ley 80 de 1993, artículo 32-3; Decreto 2418 de 2015; artículos 1, 13, 14, 22, 23, 37, 47, 55, 61, 64, 65, 127, 157, 159, 161, 186, 193, 249, y 306 del Código Sustantivo del Trabajo y artículo 137, 138 de la Ley 1437 de 2011, sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

Considera que, la entidad demandada disfrazó a través de contratos de prestación de servicio una verdadera relación laboral, evadiendo así el cumplimiento de susNúmero interno: 3248-2024

Demandante: Guillermo Muñoz Valencia

Demandada: INVAMA

obligaciones patronales y desconociendo el principio de la primacía sobre la realidad.

Que, en este caso no se cumple con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 para la vinculación a través de contratos de prestación de servicios, por cuanto la relación que unió a las partes entre los años 2017 al 2019 fue de tipo laboral, dado que se cumplen los elementos necesarios para ello, siendo estos: prestación personal, remuneración y subordinación, esta última teniendo en cuenta que siempre tuvo que cumplir las órdenes de su superior y tenía dedicación de tiempo completo; además de ello, la labor encomendada era una necesidad permanente de la entidad.

2. Contestación de la demanda4

La entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones, manifestando que si bien es cierto se suscribieron los contratos con el demandante, aquellos no fueron

permanente de la entidad.

2. Contestación de la demanda4

La entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones, manifestando que si bien es cierto se suscribieron los contratos con el demandante, aquellos no fueron permanentes y dicha vinculación tuvo como génesis la no existencia de personal de planta para llevar a cabo tales funciones; además, no hubo la subordinaci ón pregonada como tampoco el despido injustificado, lo que ocurrió fue la terminación del vínculo contractual.

Considera que, no se configuran los tres elementos del contrato laboral establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, aclarando que el actor percibía honorarios no salario, el suministro de elementos de seguridad no coarta la libertad y ellos son proporcionados para evitar lesiones sin que esto coarte la autonomía del contratista.

Propuso como excepciones las denominadas: falta de jurisdicción o competencia y el cobro de lo no debido.

3. Sentencia de primera instancia5

El Tribunal Administrativo de Caldas - Sala Tercera de Decisión, a través de la sentencia proferida el 12 de abril de 2024 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y sin condena en costas a la entidad demandada, así:

4 Expediente obrante en la herramienta electrónica SAMA – gestión en otros despachos – índice 12 5 Expediente obrante en la herramienta electrónica SAMA – gestión en otros despachos – índice 32Número interno: 3248-2024

Demandante: Guillermo Muñoz Valencia

Demandada: INVAMA

«Primero: Se declara parcialmente probada la excepción de “Cobro de lo no debido”, propuesta por el INVAMA.

Demandante: Guillermo Muñoz Valencia

Demandada: INVAMA

«Primero: Se declara parcialmente probada la excepción de “Cobro de lo no debido”, propuesta por el INVAMA.

Segundo: Se declara la existencia de una relación laboral entre Guillermo Muñoz Valencia y el Instituto de Valorización de Manizales -INVAMA, en los periodos: Del 16 de enero al 16 de julio y del 24 de julio al 23 de diciembre de 2017; del 5 de enero al 25 de diciembre de 2018 y del 14 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Tercero: Se declara la nulidad del oficio 220-2020-IE-00000759 del 18 de agosto de 2020, por el cual el Invama negó la existencia de una relación laboral con Guillermo Muñoz Valencia durante el tiempo en que esta se desempeñó bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios.

Cuarto: Se condena al Instituto de Valorización de Manizales -INVAMA a liquidar y pagar a favor de Guillermo Muñoz Valencia, los siguientes conceptos:

1. Las sumas equivalentes a todas las prestaciones sociales y salariales ordinarias dejadas de percibir, liquidadas conforme al valor de los honorarios percibidos por el accionante de manera mensual, debidamente indexadas. Dicha liquidación y pago deberá efectuarse para los siguientes periodos: Del 16 de enero al 16 de julio y del 24 de julio al 23 de diciembre de 2017; del 5 de enero al 25 de diciembre de 2018 y del 14 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Las sumas que deberá cancelar la entidad accionada serán actualizadas en la forma indicada en la parte motiva de esta providencia.

Las sumas que deberá cancelar la entidad accionada serán actualizadas en la forma indicada en la parte motiva de esta providencia.

1. Liquidar con base a un IBC pensional equivalente a los honorarios pactados, durante todos los periodos en los cuales este prestó servicios a la entidad, mes a mes, cotizando al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión que cubran el porcentaje total que debía pagarse si el actor hubiese gozado de una relaci ón laboral.

La parte demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante su vínculo contractual y, si no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, cancelará o completará el porcentaje que le incumbía como trabajador.

En todo caso, las sumas que deberán cancelarse por concepto de aportes para pensión se actualizarán de acuerdo a los cálculos actuariales que exija el correspondiente fondo de pensiones, toda vez que dichos aportes deberán ser recibidos con efectos pensionales, como si su cotización y pago se hubiese realizado en la fecha efectiva de prestación del servicio.

El tiempo laborado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, se debe computar para efectos pensionales.

Quinto: Se niegan las demás pretensiones del demandante.

Sexto: Sin condena en costas.»

El A quo analizó los elementos de la relación laboral encontrando probado la prestación personal del servicio en los periodos del 16 de enero al 16 de julio y del 24 de julio al 23 de diciembre de 2017; del 5 de enero al 25 de diciembre de 2018 y del 14 de enero al 31 de diciembre de 2019; así como también remuneración y la subordinación.

24 de julio al 23 de diciembre de 2017; del 5 de enero al 25 de diciembre de 2018 y del 14 de enero al 31 de diciembre de 2019; así como también remuneración y la subordinación.

Indicó que, conforme lo narrado por los testigos, los contratos allegados y extractos bancarios, se logra tener certeza que las funciones desarrolladas por el demandanteNúmero interno: 3248-2024

Demandante: Guillermo Muñoz Valencia

Demandada: INVAMA

guardan relación con la misión de la entidad consistente en prestar el servicio de alumbrado público y el mantenimiento de la red de aquel; lo anterior, teniendo en cuenta que el demandante se desempeñó como ayudante de mantenimiento de alumbrado público.

Que tales funciones eran cumplidas en el lugar y horario indicados por la entidad contratante, sujetas a las órdenes de la entidad deman dada y estas hacían parte del giro ordinario del objeto social de aquella.

Señaló que, no se configuró el fenómeno de la prescripción dado que la reclamación fue presentada dentro los 3 años siguientes a la finalización del vínculo lo cual ocurrió el 31 de diciembre de 2019, por tanto, tenía plazo para reclamar hasta el 31 de diciembre de 2022.

Como restablecimiento reconoció y ordenó pagar las prestaciones de ley correspondientes, aportes pensionales y negó el rembolso al demandante de los porcentajes de cotización a pensión, sanción moratoria por pago extemporáneo de cesantías, indemnización por despido sin justa causa, de allí que declarara probada la excepción de cobro de lo no debido en virtud de la negativa a estas pretensiones.

4. Recurso de apelación6

cesantías, indemnización por despido sin justa causa, de allí que declarara probada la excepción de cobro de lo no debido en virtud de la negativa a estas pretensiones.

4. Recurso de apelación6

La parte demandada presentó recurso de apelación al estar inconforme con el fallo de primera instancia, aduciendo que no se probó el elemento de la subordinación y por tanto no se acreditó la existencia de la relación laboral.

Considera la accionada que, no se hizo una debida valoración probatoria, especialmente de los testigos, cuyas declaraciones no debieron ser tenidas en cuenta dado que toda vez que los señores John Jairo López Duque, Carlos Alberto Salazar Buitrago y Julio Enrique Arroyave también están tramitando proceso de nulidad y restablecimiento de derecho contra INVAMA por idénticas pretensiones a las del proceso de la referencia, lo cual afecta su declaración, teniendo interés directo en las resultas de este proceso.

6 Expediente obrante en la herramienta electrónica SAMA – gestión en otros despachos – índice 35Número interno: 3248-2024

Demandante: Guillermo Muñoz Valencia

Demandada: INVAMA

Manifestó que, el demandante fue contratado en virtud del artículo 32 numeral 3 de la Ley 80 de 1993, quien no contaba con un lugar específico de trabajo, esto es, no tenía escritorio, mesa, casillero o lugar destinado para ubicarse en INVAMA, tampoco atendía público; tampoco debía cumplir horario, realizando la labor el día de su preferencia e informaba sobre la reparación de algunas de las luminarias que le eran asignadas.

Por lo anterior, solicitó que se revoque la sentencia y se nieguen las pretensiones

de su preferencia e informaba sobre la reparación de algunas de las luminarias que le eran asignadas.

Por lo anterior, solicitó que se revoque la sentencia y se nieguen las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas.

5. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021

Con auto de 29 de octubre de 2024 7, este Despacho admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021; sin embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda instancia, se prescindió del periodo para que las partes alegaran de conclusión.

No hubo pronunciamiento del Ministerio Público.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo8, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

2.2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación formulado por la parte demandada, le corresponde a la Sala establecer si es posible revocar la sentencia proferida por el Tribunal al no haberse acreditado el elemento de la subordinación.

7 Expediente digital – SAMAI – Índice 0007 8 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales,

sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.Número interno: 3248-2024

Demandante: Guillermo Muñoz Valencia

Demandada: INVAMA

Para tal efecto, será necesario analizar si se encuentran acreditados los elementos constitutivos de una relación laboral, especialmente el de la subordinación, dado que sobre este recayó el eje de la controversia y fue precisamente el factor que, según el recurrente, no se probó. En desarrollo de dicho análisis, se revisarán las pruebas que, a juicio del apelante, fueron indebidamente valoradas, ignoradas o desestimadas por el Tribunal, entre ellas, se analizará si, como lo afirma el recurrente no es posible tener en cuenta lo manifestado por los testigos John Jairo López Duque, Carlos Alberto Salazar Buitrago y Julio Enrique Arroyave, dado que aquellos tienen en curso proceso en contra de la entidad con similares pretensiones, lo cual, a su juicio, afecta su imparcialidad.

2.2.1. Cuestión Previa

Dentro de este proceso la Corte Constitucional mediante auto 379 del 22 de marzo de 2023 9, dirimió el conflicto de competencia entre jurisdicciones del Tribunal Administrativo de Caldas y el Juzgado 2 Laboral del Circuito de Manizales, señalando que la competencia para conocer de la existencia de una relación laboral, que se considera encubier ta a través de la suscripción de contratos de prestación

Administrativo de Caldas y el Juzgado 2 Laboral del Circuito de Manizales, señalando que la competencia para conocer de la existencia de una relación laboral, que se considera encubier ta a través de la suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado, es de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; ante lo cual, asignó la competencia para conocer de este asunto al Tribunal Administrativo de Caldas.

2.2.2. Marco normativo y jurisprudencial de la existencia de una relación laboral encubierta y/o subyacente

En principio, cabe precisar que, respecto de los contratos estatales de prestación de servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3), dispone:

«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos general relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.»

9 La Sala plena de la Corte Constitucional, Magistrado ponente: Jorge Enrique Ibáñez NajarNúmero interno: 3248-2024

Demandante: Guillermo Muñoz Valencia

Demandada: INVAMA

Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe actuar

relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual.

Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso […] general relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154 de 1997, precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el de carácter laboral, así:

«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de servi cios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de prestación de servicios y contrato de trabajo - se obtiene que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la

hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya q ue en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contrat ada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados del con trato de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo.»Número interno: 3248-2024

Demandante: Guillermo Muñoz Valencia

Demandada: INVAMA

Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 196810, «[p]or el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil […]», dispone:

«Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por una persona natural.

que regulan la administración del personal civil […]», dispone:

«Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por una persona natural.

Empleado o funcionario es la persona nombrada p ara ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo.

Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de la República.

Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos obligatorios, como los jurados de conc iencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros contratadas por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración Pública y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes.

Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones.»

La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C -614 de 2009, al señalar que la permanencia, entre otros criterios, es un elemento más que indica la existencia de una relación laboral. En esa oportunidad, la Corte expuso:

«La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una m edida de protección a la relación laboral, ya que no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato de prestación de

ajusta a la Constitución, porque constituye una m edida de protección a la relación laboral, ya que no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estad o de tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran con ocimientos especializados. De igual manera, despliega los principios constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de funciones permanentes en la administración pública debe realizar se con el personal de planta, que corresponde a las personas que ingresaron a la administración mediante el concurso de méritos.»

De lo anterior se colige que, el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las

10 Modificado por el Decreto 3074 del mismo año.Número interno: 3248-2024

Demandante: Guillermo Muñoz Valencia

Demandada: INVAMA

formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, la denominada « relación laboral encubierta » aplica cuando se

de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, la denominada « relación laboral encubierta » aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales11.

De igual manera, la Subsección B de esta Sección Segunda 12 recordó que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en c uanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el hech o que se declare la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculada bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de empleado público.

2.2.3. Material probatorio

económicos laborales a quien fue vinculada bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de empleado público.

2.2.3. Material probatorio

• Obran los contratos de prestación de servicios suscritos por el INVAMA con el señor

Guillermo Muñoz Valencia, así:

No. Contratos Objeto Periodos Remuneración

11 En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia de 27 de enero de 2011, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (202-10). 12 Consejo de Estado, Sección Segunda