CE - Sentencia 17001233300020210014702 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2021-00147-02 (4506-2024)

Demandante: Kevin Alejandro Rojas Echeverry

Demandados: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial1

Tema: Prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4ª de 1992

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala los recursos de apelación interpuesto s por el demandante y la demandada contra la sentencia proferida el 22 de marzo de 2024 por Tribunal Administrativo de Caldas , Sala de Conjueces, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Kevin Alejandro Rojas Echeverry presentó demanda 2 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -Administrativo3, en orden a que se declarara la nulidad i) de las resoluciones DESAJMAR20-468 del 7

control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -Administrativo3, en orden a que se declarara la nulidad i) de las resoluciones DESAJMAR20-468 del 7

1 En adelante DEAJ. 2 Samai Tribunales y Juzgados. Índice 19. La demanda fue presentada el 23 de junio de 2021. 3 En adelante CPACA.2

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00147-02 (4506-2024) Demandante: Kevin Alejandro Rojas Echeverry de octubre de 2020 y DESAJMAR20-491 del 20 siguiente4, emitidas por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales5, mediante las cuales le negó el reconocimiento de la prima especial de servicios y la reliquidación de las prestaciones sociales ; y ii) el acto ficto o presunto originado por la omisión de decisión frente al recurso de apelación interpuesto.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó: i) el reconocimiento y pago de a) las sumas adeudadas por concepto de prima especial de servicios prevista en la Ley 4ª de 1992, «de acuerdo con los hechos de la presente solicitud, y durante el tiempo en que permanezca vinculado »; y b) los aportes a seguridad social y las prestaciones sociales teniendo en cuenta el 100% del salario básico mensual incluyendo el 30% por concepto de prima especial de servicios; ii) la indexación de las sumas adeudadas ; iii) el pago de los intereses moratorios; y iv) la condena en costas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

servicios; ii) la indexación de las sumas adeudadas ; iii) el pago de los intereses moratorios; y iv) la condena en costas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes señaló los siguientes:

3.1. Kevin Alejandro Rojas Echeverry desempeñó los cargos de juez primero civil de La Dorada, (Caldas), desde el 22 de enero hasta el 23 de septiembre de 2019; juez promiscuo de familia del circuito de Manzanares , (Caldas) , desde el 2 4 de septiembre hasta el 15 de octubre de 2019 y juez civil del circuito de Puerto Boyacá (Boyacá), a partir del 16 de octubre de 2019 «a la fecha».

3.2. El 1° de octubre de 2020 solicitó a la DESAJ de Manizales el reconocimiento y pago de la prima especial de servicio s y las diferencias salariales y prestacionales con base en el 100% del salario básico mensual.

3.3. Mediante la Resolución DESAJMAR20-468 del 7 de octubre de 2020, la DESAJ de Manizales negó la petición anterior.

3.4. La decisión fue objeto de recurso de apelación , concedido mediante la Resolución DESAJMAR20 -491 del 20 de octubre de 2020. La entidad no se pronunció.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, señaló los artículos 4, 13, 53 y 150 de la Constitución Política; 1° y

14 de la Ley 4ª de 1992; 4 y 8 del Decreto 194 de 2014; y 1° y 2° de los decretos

4 Por medio de la cual, la DESAJ de Manizales concedió el recurso de apelación. 5 En adelante DESAJ de Manizales.3

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00147-02 (4506-2024) Demandante: Kevin Alejandro Rojas Echeverry 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017, 337 de 2018, 991 de 2019 y 299 de

2020.

5. En cuanto al concepto de violación , expuso que la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 debe entenderse como un incremento salarial equivalente al 30% sobre el salario básico mensual, de conformidad con lo señalado por el Consejo de Estado en las sentencias del 29 de abril de 20146 y del 2 de septiembre de 20197; sin embargo, la entidad efectuó una liquidación indebida al incorporar el porcentaje de la prima especial de servicios com o parte del 100% del salario y no como un adicional.

1.2. Contestación de la demanda

6. La DEAJ se pronunció en los siguientes términos8:

6.1. De conformidad con la sentencia del 2 de septiembre de 2019 proferida por el Consejo de Estado, los jueces «tienen derecho al reconocimiento y pago de i) las diferencias causadas por concepto de reliquidación de prestaciones sociales y laborales con la base en el 100% del salario básico mensual; y ii) el 30% adicional, calculado sobre

diferencias causadas por concepto de reliquidación de prestaciones sociales y laborales con la base en el 100% del salario básico mensual; y ii) el 30% adicional, calculado sobre el 100% del salario básico, por concepto de prima especial del artículo 14 Ley 4ª de 1992, sin carácter salarial».

6.2. Proceden las excepciones de i) imposibilidad presupuestal; ii) integración del litis consorcio necesario9; iii) prescripción de los periodos causados con anterioridad al «7» de octubre de 2017 al haber radicado la reclamación el «7» de octubre de 2020; y ii) la innominada.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, profirió la sentencia del 22 de marzo de 2024 10, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En tal sentido, ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: ACOGER de manera integral lo dispuesto en la Sentencia de Unificación -SUJ-016-CE-S2-2019 de 2 de septiembre de 2019 del Consejo de Estado.

SEGUNDO: Declárense IMPROSPERTAS (sic) las excepciones propuestas por la demandada de i). Imposibilidad presupuestal de reconocer los derechos reclamos por el

6 Con radicado 11001032500020070008700. 7 «SU-016-CE-S2-2019». 8 Samai Tribunales y Juzgados índice 45. 9 La DEAJ solicitó llamar como litis consorte necesario a la Presidencia de la República, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Administrativo de la Función Pública.

8 Samai Tribunales y Juzgados índice 45. 9 La DEAJ solicitó llamar como litis consorte necesario a la Presidencia de la República, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Administrativo de la Función Pública. 10 Samai Tribunales y Juzgados índice 49.4

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00147-02 (4506-2024) Demandante: Kevin Alejandro Rojas Echeverry actor al encontrarse en servicio activo , ii). Integración de litis consorcio necesario, iii).

Prescripción trienal laboral e, iv); Innominada, y en consecuencia declárese la nulidad de los siguientes actos administrativos:

• Resolución DESAJMAR20-468 de 7 de octubre de 2020. • Resolución DESAJMAR20-491 de 20 de octubre de 2020. • Acto administrativo ficto presunto negativo.

TERCERO: DECLARAR que la prima especial de servicios que se reclama solo constituye FACTOR SALARIAL respecto a la pensión de jubilación y, en consecuencia;

a). NEGAR todas las pretensiones encaminadas a ordenar a la demandada reliquidar las prestaciones sociales causadas incluyendo la prima especial de servicios regulada por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como factor salarial.

b). ORDENAR a la entidad demandada RELIQUIDAR todos los aportes a pensión, causados desde el 21 de enero de 2019 y hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia, o hasta la fecha de retiro definitivo del cargo de Juez de la Republica que desempeña el demandante, teniendo en cuenta la prima especial de servicios regulada por el artículo

causados desde el 21 de enero de 2019 y hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia, o hasta la fecha de retiro definitivo del cargo de Juez de la Republica que desempeña el demandante, teniendo en cuenta la prima especial de servicios regulada por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como factor salarial, tomando el 100% del salario básico y no del 70% como se hizo y teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 100 de 1993.

CUARTO: NEGAR la condena en costas solicitada.

QUINTO: ORDENAR a la demandada que para el cumplimiento de la sentencia deberá efectuarse en los términos previstos en los artículos 189 y 192 del CPACA.

SEXTO: Sin necesidad de auto que lo ordene, ejecutoriada esta sentencia y a petición de parte interesada, emitir COPIAS AUTÉNTICAS . Por SECRETARIA hacer las anotaciones en la base de datos SIGLO XXI.

OCTAVO: Evacuadas todas las etapas procesales de este proceso y una vez este ejecutoriada la última providencia emitida, DEVUELVANCE los remanentes si los hubiere y ARCHÍVESE las diligencias (sic)».

8. Para tal efecto, expuso lo siguiente:

8.1. La prima especial de servicios prevista en la Ley 4ª de 1992 es un adicional al salario básico mensual y constituye factor salarial únicamente para la cotización de la «pensión de jubilación».

8.2. El demandante tiene derecho al reconocimiento de la prima especial de servicios y la reliquidación del salario y las prestaciones sociales con base en el 100% del salario básico mensual y no sobre el 70% como fue liquidada por la entidad.

8.2. El demandante tiene derecho al reconocimiento de la prima especial de servicios y la reliquidación del salario y las prestaciones sociales con base en el 100% del salario básico mensual y no sobre el 70% como fue liquidada por la entidad.

8.3. No se probaron las excepciones propuestas. No prescribieron los periodos reclamados [desde el 21 de enero de 2019 en adelante] al haberse presentado la reclamación ante la entidad, el 1° de octubre de 2020.5

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00147-02 (4506-2024)

Demandante: Kevin Alejandro Rojas Echeverry

1.4. El recurso de apelación

9. El demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera

instancia en los siguientes términos11:

9.1. El tribunal interpretó de manera equiv ocada la sentencia proferida el 2 de septiembre de 2019, por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en relación con la reliquidación de las prestaciones sociales. En dicha providencia no se discutió que la prima especial de servicios solo constituyera efectos salariales para la pensión de jubilación, sino que se advirtió que las prestaciones se estaban liquidando de forma incorrecta al incluir el 30% de la prima especial de servicios dentro de la asignación básica sin reconocerle a este porcentaje, la condición de factor salarial.

9.2. En la sentencia referida se precisó que la prima especial de servicios no hacía parte del salario o asignación básica mensual, sino que debía reconocerse de forma adicional. Asimismo, se indicó que procedía la reliquidación de las prestaciones

9.2. En la sentencia referida se precisó que la prima especial de servicios no hacía parte del salario o asignación básica mensual, sino que debía reconocerse de forma adicional. Asimismo, se indicó que procedía la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% del salario bá sico, es decir, incluyendo el 30% indebidamente excluido bajo el concepto de prima especial.

9.3. Con la demanda se solicitó el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como un incremento de la asignación básica mensual, en los términos definidos por el Consejo de Estado. Aunque en primera instancia se reconoció el derecho a dicha prestación y a la reliquidación de salario y prestaciones sociales sobre el 100% de la remuneración, el fallo omitió incluir este pronunciamiento en la parte resolutiva.

10. La demandada presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de

primera instancia en los siguientes términos12:

10.1. La prima especial de servicios del 30% prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 constituye factor salarial únicamente para efectos de pensión, por lo tanto, no puede incluirse para liquidar cesantías ni demás prestaciones. Al respecto hay «cosa juzgada constitucional» debido a que l a norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-279 de 1996; además, el legislador tiene potestad para establecer emolumentos sin carácter salarial, por lo que la administración ha actuado conforme a la ley y no puede acceder a lo pedido sin incurrir en violación del ordenamiento vigente.

potestad para establecer emolumentos sin carácter salarial, por lo que la administración ha actuado conforme a la ley y no puede acceder a lo pedido sin incurrir en violación del ordenamiento vigente.

11 Samai Tribunales y Juzgados índice 27. 12 Samai Tribunales y Juzgados índice 51.6

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00147-02 (4506-2024)

Demandante: Kevin Alejandro Rojas Echeverry

10.2. La DEAJ liquidó las «prestaciones de los jueces con el 70% del salario, pues […] el 30% del salario de los jueces es la prima especial de servicios», de conformidad con los decretos salariales anuales, que conservan presunción de legalidad a partir de

2008. Además, la sentencia del 29 de abril de 201413, que declaró la nulidad de los decretos expedidos por el gobierno nacional desde el año 1993 hasta el año 2007, no ordenó el reconocimiento de derechos.

10.3. Reconocer la prima especial de servicios como un adicional al salario básico y reliquidar las prestaciones sociales sobre el 100% de la remuneración, implicaría exceder los topes previstos en el Decreto 1251 de 2009 respecto del salario de magistrados de tribunales, lo que vulnera los límites legales y presupuestales que impiden incorporar en la nómina el pago de esas acreencias laborales a los servidores judiciales beneficiarios.

10.4. No procede fórmula conciliatoria respecto al tiempo laborado hasta «el 31 de diciembre de 2007», por estar prescrito el derecho ; «analizado frente a la fecha de la reclamación administrativa […], el despacho en nada evidenció la presentación de la

diciembre de 2007», por estar prescrito el derecho ; «analizado frente a la fecha de la reclamación administrativa […], el despacho en nada evidenció la presentación de la misma, y ante lo cual también debe existir un pronunciamiento de fondo».

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

11. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar14.

1.6. El Ministerio Público

12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, al considerar que no operó la prescripción y que el recurso de apelación omitió los criterios jurisprudenciales aplicables a la prima especial de servicios.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

13. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que

13 Con radicado 11001032500020070008700. 14 Al respecto, ver auto del 20 de septiembre del 2024. índice 4 de Samai.7

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00147-02 (4506-2024) Demandante: Kevin Alejandro Rojas Echeverry delimita la competencia del juez en segunda instancia 15, se circunscriben a establecer ¿si la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 es adicional al salario básico mensual y si constituye factor salarial únicamente para efectos pensionales?; ¿el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala

establecer ¿si la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 es adicional al salario básico mensual y si constituye factor salarial únicamente para efectos pensionales?; ¿el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Transitoria, omitió pronunciarse en la parte resolutiva sobre el reconocimiento de dicha prestación y de las prestaciones sociales reclamadas ?; ¿el reconocimiento del derecho de la prima especial de servicios a Kevin Alejandro Rojas Echeverry vulnera el límite previsto en el Decreto 1251 de 2009 ?; ¿ las limitaciones presupuestales y la interpretación por parte de la DEAJ de las normas que regulan la prima especial de servicios son argumentos válidos para negar le el derecho reclamado por el demandante?; y ¿si el derecho reconocido se encuentra afectado por la prescripción?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar

14. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas, señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del congreso nacional y de la fuerza pública.

15. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:

15 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:

15 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».8

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00147-02 (4506-2024) Demandante: Kevin Alejandro Rojas Echeverry «El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial 16 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y

Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].

16. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por el régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto (artículo 2).

17. Igualmente, en su artículo 6 señaló que «[ se considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de l os Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los

orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de l os Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».

18. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996, mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios mencionados en la norma [artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la opción de acogerse a la escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente, indicó que también se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes de las Altas Cortes, Magistrados de los Cons ejos Seccionales de la Judicatura, Magistrados del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los Procuradores

16 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-27996 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de

considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».9

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00147-02 (4506-2024) Demandante: Kevin Alejandro Rojas Echeverry Delegados de la Procuraduría General de la Nación».

19. Luego, el gobierno nacional dictó los decretos salariales anuales 106 de 1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 47 de 1997, 64 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000, 1474 de 2001, 673 de 2002, 3568 de 2003, 4171 de 2004, 935 de 2005, 389 de 2006, 618 de 200717, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874 del 2012, 1024 del 2013 y 194 del 2014 , 997 del 2019, 301 del 2020, 981 del 2021, 470 del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar18».

20. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno; directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abo gados, de unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los Tribunales Judiciales [abog ado asesor], el 30% de la remuneración mensual se consideraba prima especial sin carácter salarial.

21. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30% del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos

básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos laborales de los servidores; es decir, descontaba del 100% el 30% denominado como prima.

22. Para solucionar la controversia, la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 2 de septiembre de 200919, fijó, entre otras, las siguientes

17 Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sen tencia del 29 de abril del 2014 de radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz. 18 Excepto en los decretos 1105 del 2005, 234 del 2016, 1003 del 2017 y 338 del 2018 en los cuales no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados. 19 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001 -23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)10

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00147-02 (4506-2024)

Demandante: Kevin Alejandro Rojas Echeverry

pautas:

«1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los

Demandante: Kevin Alejandro Rojas Echeverry

pautas:

«1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

1. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente

2. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % d e su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido excluido a título de prima especial.

3. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.

4. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca

4. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

5. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.»

23. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en detrimento de los trabajadores. Esta tesis fue reiterada por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 2 de septiembre de 201920.

24. Asimismo, el Consejo de Estado, a través de la sentencia del 29 de abril de

20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sen