CE - Sentencia 17001233300020210015401 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 17001-23-33-000-2021-00154-01 (5252-2023) Demandante: Noel Patiño Vega Demandada: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)

Temas: Reconocimiento pensión de jubilación de docente oficial.

Aplicación integral de la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019. Fecha de vinculación anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y períodos de servicio con vínculos como profesor contratado mediante OPS. Condena en costas en primera instancia en vigencia de la Ley 2080 de 2021. REVOCA

SENTENCIA PARCIALMENTE Y CONFIRMA EN LO DEMÁS

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Caldas , p or medio de la cual accedió a las pretensiones.

ANTECEDENTES

la sentencia proferida el veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Caldas , p or medio de la cual accedió a las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Noel Patiño Vega instauró demanda1 en contra de la Nación - Ministerio de Educación Nacional – FOMAG en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de la Resolución 4026-6 del 14 de diciembre de 2020, expedida por la Secretaría de Educación del departamento de Caldas en nombre y representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por medio de la cual le fue negado el reconocimiento y pago de una pensión ordinaria

1 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00154-01 (5252-2023)

de jubilación con base en el régimen de la Ley 33 de 1985.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene conceder dicha prestación equivalente al 75% de los salarios y demás factores percibidos durante el año anterior a la adquisición de su estatus jurídico ocurrido el 10 de febrero de 2013.

Que se ordene el pago de las mesadas atrasadas desde la fecha de efectividad de

anterior a la adquisición de su estatus jurídico ocurrido el 10 de febrero de 2013.

Que se ordene el pago de las mesadas atrasadas desde la fecha de efectividad de la prestación, la indexación sobre las sumas adeudadas por este concepto, así como el reconocimiento de intereses moratorios hasta que se materialice el respectivo abono.

Que la entidad accionada dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 189, 192, 194 y 195 del CPACA; y que, además, se disponga sobre la condena en costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que nació el 10 de febrero de 1958 y laboró inicialmente al servicio del departamento de Caldas mediante vinculación legal y reglamentaria como docente oficial desde el 23 de septiembre de 1980 hasta el 30 de abril de 1983.

Que, adem ás, ejecutó varios contratos de prestación de servicios en calidad de educador de la referida entidad territorial, durante los siguientes periodos: del 1.º de febrero al 20 de noviembre de 1993, del 7 de febrero al 30 de noviembre de 1994, del 23 de marzo al 30 de noviembre de 1995, del 1.º de febrero al 31 de diciembre de 1996, del 5 de febrero al 31 de diciembre de 1997, del 1.º de febrero al 30 de noviembre de 1998, del 1.º de febrero al 30 de noviembre de 1999, del 1.º de febrero al 30 de noviembre de 2000, y del 4 de febrero al 29 de noviembre de 2001.

noviembre de 1998, del 1.º de febrero al 30 de noviembre de 1999, del 1.º de febrero al 30 de noviembre de 2000, y del 4 de febrero al 29 de noviembre de 2001.

Que finalmente fue nombrado en propiedad como maestro estatal adscrito a la Secretaría de Educación Departamental de Caldas, conforme al Decreto 1084 del 21 de junio de 2005, a partir del 18 de julio de 2005, y a la fecha de presentación de la demanda (24 de marzo de 2021) continuaba en ejercicio de dicho cargo.

Que el 16 de octubre de 2020 solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación, expresando que le debía ser aplicado el régimen propio del magisterio para consolidar el derecho con base en la Ley 33 de 1985 , por disposición de la Ley 91 de 1989. Sin embargo, esta petición fue negada por la parte accionada mediante la resolución demandada por considerar que su primera vinculación formal como docente ocurrió después de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, lo que le impedía ser beneficiario del régimen anterior.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

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NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Que con el acto administrativo demandado se transgredieron los artículos: 1.º, inciso 2.º de la Ley 33 de 1985; 15, numerales 1 y 2 de la Ley 91 de 1989; 6 de la Ley 60

Que con el acto administrativo demandado se transgredieron los artículos: 1.º, inciso 2.º de la Ley 33 de 1985; 15, numerales 1 y 2 de la Ley 91 de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de 1993; 279 de la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

Que a los maestros vinculados a partir del 1 de enero de 1990 se les reconocerá una pensión de jubilación bajo el régimen general del sector público establecido en las normas vigentes como lo era la Ley 33 de 1985 . Que, el régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados antes del 23 de junio de 2003 es el establecido para el magisterio en la regulación anterior a la entrada en vigencia la Ley 812 de 2003, tal como sucedió en su caso al haber sido nombrado antes de la referida fecha.

Que lo verdaderamente importante para acceder a la prestación es la existencia de un vínculo anterior a esta última d isposición legal, sin que sea relevante que se encuentre o no activo como educador para ese momento, tal como lo expuso el Consejo de Estado en sentencia del 16 de marzo de 2017 (2806-2015), y teniendo en cuenta los contratos de prestación de servicios como también lo manifestó dicha corporación en providencia del 19 de febrero de 2018 (3864-2015).

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 8 de septiem bre de 2021 fue admitida la demanda,2 se notificó a la Nación –

corporación en providencia del 19 de febrero de 2018 (3864-2015).

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 8 de septiem bre de 2021 fue admitida la demanda,2 se notificó a la Nación – Ministerio de Educación - FOMAG quien manifestó3 que este fondo es una cuenta especial que no tiene personería jurídica, sino que es administrado por la Fiduprevisora S.A., quien, en todo caso, no debe responder por las pretensiones de la demanda, ya que el acto administrativo reprochado fue expedido en estricto cumplimiento de las normas aplicables a la situación del actor. Que no se encuentra causal de nulidad alguna por carecer la demanda de fundamento jurídico.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad, (ii) aplicación de la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 25 de abril de 2019 , (iii) improcedencia de la condena en costas, y (iv) genérica.

El 6 de abril de 2022 4 se prescindió de la celebración de la audiencia inicial con el fin de dictar sentencia anticipada. Se fijó el litigio, se decretaron e incorporaron las pruebas solicitadas, y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para conceptuar si a bien lo consideraba.

2 Ibid. 3 Ibid. 4 Ibid.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5

El Tribunal Administrativo de Caldas mediante sentencia del 24 de marzo de 2023 accedió a las pretensiones en el sentido de declarar la nulidad del acto demandado y ordenar a la parte accionada reconocer la pensión de jubilación calculada en un 75% del promedio de la asignación básica y de la bonificación mensual docente percibidas por el demandante durante el año anterior a la adquisición del estatus , con efectividad desde el 18 de julio de 2015, pero con efectos fiscales a partir del 16 de octubre de 2017 por prescripción trienal de mesadas. Adicionalmente condenó en costas a la parte demandada.

Expresó q ue, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, es claro que las modalidades de vinculación como la temporalidad, los nombramientos en provisionalidad e inclusive el ejercicio de la docencia por horas cátedras o por contratos de prestación de servicio resultan válidos para el cómputo del requisito temporal para acceder a la pensión, esto en el entendido que se trata de una labor desarrollada en el marco de actividades como educador.

Que, por tanto, la vinculación del actor el 23 de septiembre de 1980 y el ejercicio de la docencia en lo sucesivo es un hecho que permite determinar el régimen pensional aplicable, el cual no es otro que el anterior a la vigencia de la Ley 812 de 2003, pues acreditó los requisitos y condiciones para que le sea reconocida la prestación solicitada con base en los preceptos de la Ley 33 de 1985, efectiva desde la fecha

aplicable, el cual no es otro que el anterior a la vigencia de la Ley 812 de 2003, pues acreditó los requisitos y condiciones para que le sea reconocida la prestación solicitada con base en los preceptos de la Ley 33 de 1985, efectiva desde la fecha de adquisición del estatus jurídico (18 de julio de 2015), cuando cumplió 20 años de trabajo en el magisterio.

Que, a pesar de que la Constitución Política de 1991 prescribe en su artículo 128 que "nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley", es precisamente en virtud de esa excepción contemplada en la Ley 4ª de 1992, artículo 19, que el reclamante puede disfrutar del derecho en litigio sin que le sea exigible el retiro definitivo del servicio.

Que, en cuanto a los aportes pensionales durante todo el tiempo de servicio acreditado se encuentra que hasta el año 1983 estos se efectuaron a Cajanal , mientras que los derivados de las OPS debieron ser efectuados a la administradora que eligiera el contratista, de cuya demostración se hacía depender el pago del sueldo. Que las cotizaciones desde 2005 se tuvieron que realizar al FOMAG , de manera que, por tratarse de unos tributos imprescriptibles, los montos que hayan hecho falta para financiar la pensi ón podrán efectuarse en cualquier momento por parte de la entidad obligada al pago en la proporción que le correspondía al trabajador y al empleador.

hecho falta para financiar la pensi ón podrán efectuarse en cualquier momento por parte de la entidad obligada al pago en la proporción que le correspondía al trabajador y al empleador.

5 Ibid.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

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Encontró probada la excepción de prescripción porque el accionante reclamó el 16 de octubre de 2020, esto es, cuando ya habían trascurrido los 3 años siguientes a la fecha de efectividad del derecho, motivo por el cual este debe ser reconocido, pero con efectos fiscales a partir del 16 de octubre de 2017.

RECURSO DE APELACIÓN6

La parte demand ada interpuso recurso de apelación afirmando que , no se considera acertada la tesis planteada por el tribunal de origen sobre la fecha de vinculación del demandante, porque no se evidencia que en los tiempos de prestación de servicios se hayan efectuado aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensión, y que la norma es clara al consagrar que quienes tendrán derecho son quienes estén vinculados laboralmente al sector oficial, es decir, para los empleados y no para los contratistas que solo tuvieron una relación civil.

Que, si bien es cierto la decisión de primera instancia se fundamentó en la primacía de la realidad sobre las formas, lo cierto es que esta tesis no se puede aplicar dado que no existe un proceso en donde se debatan los elementos esenciales para la configuración de un contrato de trabajo, tales como subordinación, remuneración,

de la realidad sobre las formas, lo cierto es que esta tesis no se puede aplicar dado que no existe un proceso en donde se debatan los elementos esenciales para la configuración de un contrato de trabajo, tales como subordinación, remuneración, prestación directa del servicio entro otros, pues si fuera por aplicación en vía indirecta no existirían procesos denominados de contrato realidad. Que, además, el hecho de considerar lo contrario sin tener en cuenta las cotizaciones efectuadas por el reclamante genera un detrimento injustificado para la entidad.

Que también se debe verificar si el demandante reclamó en debida forma la “pensión por aportes”, esto, en atención al principio de congruencia, pues esta no guarda relación con el derecho solicitado en vía administrativa donde se discutió una pensión de vejez u ordinaria de jubilación sin hacer alusión a la prestación de la Ley 71 de 1988.

Que se debe revocar la condena en costas y agencias en derecho si se tiene en cuenta que la entidad ha obrado de buena fe y no se probó por parte del actor que se hayan causado como lo establece el numeral 9 del artículo 365 del CGP.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 15 de septiembre de 20237 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una vez ejecutoriada esta decisión, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin necesidad de traslados, y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.

6 Ibid. 7 Ver índice 4 de SAMAI.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

6 Ibid. 7 Ver índice 4 de SAMAI.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00154-01 (5252-2023)

El Ministerio Público8 emitió concepto en el sentido de solicitar que se confirme el fallo recurrido, señalando que se probó en debida forma la prestación del servicio por más de 20 años de labores docentes oficiales , inclusive con contrataciones, pues estas deben ser tenidas en cuenta en virtud del principio de la realidad sobre las formas, lo que le permite al actor acceder al reconoci miento del derecho a la pensión de jubilación, la cual es reconocida como un derecho fundamental derivado de la seguridad social.

Que no debe condenarse en costas a la entidad demandada , ya que se declaró probada la excepción de prescripción, lo que implica que se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda , de manera que no es posible aplicar un criterio impositivo, sino discrecional y justificada para adoptar dicha decisión.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Deberá resolver la Subsección si al demandante, como docente oficial con vinculaciones mediante contratos de prestación de servicios y de relaciones legales y reglamentarias, le asiste derecho a la pensión con base en la Ley 33 de 1985, en cuantía del 75% del promedio de los factores salariales sobre los que se haya efectuado cotizaciones durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico pensional, y con efectividad desde esa misma fe cha. Igualmente se tendrá que

cuantía del 75% del promedio de los factores salariales sobre los que se haya efectuado cotizaciones durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico pensional, y con efectividad desde esa misma fe cha. Igualmente se tendrá que establecer si era procedente la condena en costas de primera in stancia a cargo de la entidad demandada.

Marco normativo y jurisprudencial

Para resolver el presente asunto, le corresponde a la Subsección dar aplicación a la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado,9 en la cual se estableció principalmente la forma de liquidar la pensión ordinaria de jubilación de los docentes prevista bajo los postulados remisorios de la Ley 91 de 1989.

Lo anterior porque, además de dicho punto , tal providencia en sus reglas jurisprudenciales desarrolló lineamientos específicos y de obligatorio acatamiento acerca del entendimiento de los diferentes regímenes pensionales aplicables a los educadores del Estado en atención a la fecha de vinculación al magisterio, debido a la expedición de la Ley 812 de 2003.

8 Ver índice 10 de SAMAI. 9 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ -014CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17). Actor: Abadía Reynel Tolosa.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00154-01 (5252-2023)

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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00154-01 (5252-2023)

Como se advierte, el ámbito de aplicación de las directrices unificador as es más amplio que el de los litigios de reliquidación pensional, pues este se extiende también a los asuntos de reconocimiento del derecho en sí mismo, tal como acontece en el caso bajo estudio donde la determinación del marco normativo que rige la situación particular del accionante es esencial para verificar la pertinencia de sus pretensiones.

Se destaca que la aludida decisión judicial fijó sus efectos retrospectivamente según el ordinal segundo de la parte resolutiva, a fin de extenderse a todas las situaciones pendientes de definición jurídica que no se hayan consolidado el fenómeno de cosa juzgada, tal como se presenta en el litigio objeto de examen.

Con las anteriores precisiones se resalta que la sentencia de unificación 10 en comento fijó en síntesis las siguientes reglas de interpretación normativa:

10 El sustento jurídico de estas reglas fue, esencialmente, los siguientes planteamientos: «[…] 51. En criterio de la Sala, los factores que hacen parte de la base de liquidación y sobre los cuales se deben hacer los aportes en el régimen general de pensiones de la Ley 33 de 1985, son únicamente los señalados de manera expresa en el mencionado artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

52. Luego entonces, los factores que deben incluirse en la base de la liquidación de la pensión de jubilación de los docentes bajo el régimen general de la Ley 33 de 1985 son: asignación básica, gastos de representación;

52. Luego entonces, los factores que deben incluirse en la base de la liquidación de la pensión de jubilación de los docentes bajo el régimen general de la Ley 33 de 1985 son: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

[…] 62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente regla:

• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

los factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

63. Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.

[...] 67. En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las siguientes reglas:

Edad: 55 años Tiempo de servicios: 20 años Tasa de remplazo: 75%

Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica, gastos de representac ión; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado

en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. […]». (Resalta la Sala).Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. […]». (Resalta la Sala).Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00154-01 (5252-2023)

«[…] a) En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985 , los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones. […]». (Subrayado fuera de texto).

Como se observa, el criterio relevante para determinar el marco jurídico pensional del educador oficial es la acreditación de su primera vinculación al magisterio ,

que se efectuaron las respectivas cotizaciones. […]». (Subrayado fuera de texto).

Como se observa, el criterio relevante para determinar el marco jurídico pensional del educador oficial es la acreditación de su primera vinculación al magisterio , contrastada con la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), sin que para estos efectos deba verificarse si para esa fecha el reclamante seguía o no vinculado bajo dicha calidad, pues en observancia del principio de la condición más beneficiosa,11 es claro que esta situación corresponde a un tránsito legislativo sin un régimen de transición específico, que hace necesario proteger la expectativa legítima que tenía el maestro de pensionarse con una regulación más favorable.

Ahora, frente al supuesto en que un solicitante haya acumulado tiempos de labor como docente a través de contratos u órdenes de prestación de servicios (OPS), la Sala resalta que en la sentencia de unificación CESUJ2-5 del 25 de agosto de 2016 proferida por el Consejo de Estado ,12 se precisó que la labor de los maestros con ese tipo de vínculo no es diferente ni opuesto al que se deriva de una relación laboral legal y reglamentaria, pues también se distingue por reunir los elementos esenciales del trabajo como la subordinación, la prestación personal del servicio y la remuneración, lo que permite considerar dichos lapsos como verdaderos períodos con efectos prestacionales, no solo para computarlos, sino además a fin de determinar el régimen pensional aplicable.13

11 Sobre este principio ver sentencia del 15 de febrero de 2011, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Radicación: 40.662

determinar el régimen pensional aplicable.13

11 Sobre este principio ver sentencia del 15 de febrero de 2011, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Radicación: 40.662 12 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia de Unificación CESUJ2 n.° 5 del 25 de agosto de 2016. Rad.: 23001233300020130026001 (00882015). En dicha providencia se seńaló: «[…] la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual que los docente s empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices, inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerá rquicos y (iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre l as formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una protección especial por parte del Estado. […]». 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 24 de febrero de 2022. Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019). En esta providencia se planteó

que: «[...] Ahora, si bien no se niega la existencia de contratos de prestación de servicios de la demandante con la mentada entidad territorial, lo cierto es que tal hecho de ninguna manera implica asumir que la calidad de susCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00154-01 (5252-2023)

Resolución del caso concreto

Como se desprende de lo anterior, es indispensable determinar cuál es la normativa que gobierna el caso del accionante en virtud de la fecha de su primer ingreso al servicio educativo oficial.14

En tal sentido, debe acudirse inicialmente al Formato Único para la Expedición del Certificado de Historia Laboral expedido el 19 de enero de 2016 por la Secretaría de Educación Departamental de Caldas ,15 en el que se observa que el actor se desempeñó como docente nacionalizado de dicha entidad territorial, nombrado en propiedad a través del Decreto 784 del 11 de septiembre de 1980 , para ejercer el cargo desde el 23 de septiembre del mismo año, realizando cotizaciones a pensión a la extinta Cajanal (hoy UGPP).

La entidad demandada no p uso en duda la existencia de dicha designaci ón y la consecuente prestación del servicio, pues se centró tanto en la vía administrativa como en la judicial (incluso en segunda instancia con su recurso), en asegurar que no se deben tener en cuenta los vínculos del accionante medi ante contratos de prestación de servicios por no ser relaciones laborales y por no haberse acreditado la cotización para tales períodos.

no se deben tener en cuenta los vínculos del accionante medi ante contratos de prestación de servicios por no ser relaciones laborales y por no haberse acreditado la cotización para tales períodos.

Lo expuesto significa que , al no existir controversia en este punto, se encuentra demostrado el hecho de que el reclamante inició su labor como educador estatal el 23 de septiembre de 1980 , fecha que definitivamente es anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003) , y que puede valorarse sin discusión ya que se originó en virtud de un nexo de carácter laboral que sin dudas es procedente para establecer la normativa aplicable en materia pensional como se fijó en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019.

Se concluye entonces que era dable verificar la situación jurídica reclamada por el actor de acuerdo con las previsiones del artículo 81 de di cha norma, las cuales

actividades fue otra diferente a la de una docente oficial propiamente dicha, esto al margen de que los efectos jurídicos en cuanto a la relación laboral no se hayan configurado en su momento. Lo expuesto implica que sin perjuicio del vínculo contractual existente en los lapsos aludidos, y sin que en esta sentencia se emita pronunciamiento