CE - Sentencia 17001233300020210018301 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2021-00183-01 (3247-2024)

Demandante: Fabio Villaneda Osorio

Demandado: Municipio de Villamaría (Caldas)

Tema: Relación laboral encubierta

Sentencia de segunda instancia ________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida el 22 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Caldas por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Fabio Villaneda Osorio presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que se declarara la nulidad del acto negativo ficto derivado de la falta de respuesta a la petición del 18 de enero de 2021 presentada ante la alcaldía de Villamaría, en la que solicitó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral encubierta

se declarara la nulidad del acto negativo ficto derivado de la falta de respuesta a la petición del 18 de enero de 2021 presentada ante la alcaldía de Villamaría, en la que solicitó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral encubierta entre el 15 de febrero de 2017 y el 30 de mayo de 2019, y el reconocimiento de las prestaciones sociales que se derivaban de ella.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó: i) la declaratoria de la existencia de una relación laboral entre las partes por el periodo reclamado; ii) el reconocimiento y pago de las prestaciones laborales y sociales a los que tiene derecho, en igualdad de condiciones que un empleado

1 En adelante CPACA.2

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00183-01 (3247-2024) Demandante: Fabio Villaneda Osorio público vinculado a la entidad mediante contrato de trabajo o vinculación legal y reglamentaria, tales como las cesantías y sus intereses, vacaciones, primas de servicios, auxilio de transporte, así como los aportes al sistema integral de seguridad social; iii) la sanción moratoria por la falta de pago de las cesantías , de los salarios y de las prestaciones sociales; iv) el pago de la indemnización por despido sin justa causa; v) la indexación de las sumas que resultaren de la condena; vi) la declaratoria de que el tiempo laborado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios es computable para efectos pensionales; y vii) la condena en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

de prestación de servicios es computable para efectos pensionales; y vii) la condena en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Fabio Villaneda Osorio laboró para el municipio de Villamaría (Caldas) entre el el 15 de febrero de 2017 y el 30 de mayo de 2019, vinculado a través de sucesivos contratos de prestación de servicios suscritos de forma directa con la entidad, con el objeto de conducir el vehículo « para transportar a los funcionarios que desempeñaban funciones propias de Gestión del Riesgo y funcionarios de las Secretarías de Despacho» (sic)

3.2. El municipio requirió el servicio contratado de manera constante y permanente, razón por la cual, los contratos eran renovados periódicamente y no cumplieron con el precepto de celebrarse por el término estrictamente necesario.

3.3. Cumplió con las obligaciones pactadas bajo las órdenes del asesor de gestión pública y asuntos del despacho del alcalde y del secretario general del municipio de Villamaría. «Incluso, realizaba labores que requerían no sólo recibir indicaciones del Supervisor, sino también de los funcionarios a los que diariamente transportaba en el desarrollo de las actividades misionales de la entidad» (sic).

3.4. La subordinación era permanente pues debía estar disponible las 24 horas , toda vez que de presentarse alguna emergencia tenía que acudir al lugar donde requirieran los servicios de conducción y también para transportar a los empleados de la alcaldía.

3.5. Asimismo, «era requerido para cumplir sus obligaciones contractuales dentro y fuera

toda vez que de presentarse alguna emergencia tenía que acudir al lugar donde requirieran los servicios de conducción y también para transportar a los empleados de la alcaldía.

3.5. Asimismo, «era requerido para cumplir sus obligaciones contractuales dentro y fuera del horario establecido por la entidad, y las cuales debía relacionar en una bitácora cada vez que realizaba un desplazamiento en el vehículo oficial asignado» (sic).

3.6. Como retribución de sus servicios percibió unos honorarios mensuales que no superaban los 2 smlmv.3

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00183-01 (3247-2024)

Demandante: Fabio Villaneda Osorio

3.7. El 30 de mayo de 2019 fue despedido sin justa causa y de forma unilateral. Por tal motivo, el 18 de enero de 2021 solicitó el reconocimiento de la existencia de la relación laboral por la prestación de sus servicios y el pago de las prestaciones sociales que se derivaban de ella; sin embargo, la petición no fue resuelta.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 29, 48, 53, 122, 123, 124, 209, 229, numeral 7° del 300 , y 305 de la Constitución Política ; 1 de la Ley 6 de

1945; 98 y 99 de la Ley 50 de 1990; 2 de la Ley 244 de 1995; 1, 3, 4, 5, 6°, 7, 10, 13, 15-1, 17, 22, 23, 157, 160-2, 161-1,2 y parágrafo de la Ley 100 de 1993; 32-3 de la Ley 80 de 1993; 1, 13, 14, 22, 23, 37, 47, 55, 61, 64, 65, 127, 158, 159, 161, 186, 193, 249, 306 del Código Sustantivo del Trabajo.

5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente2:

5.1. La demandada intentó encubrir una relación laboral mediante contratos de prestación de servicios, pese a que concurrieron los 3 elementos esenciales del contrato realidad a saber, la prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración; con el objeto de evadir el cumplimiento de todas las obligaciones patronales «ya que, en ningún momento le fueron reconocidos los derechos a las prestaciones sociales y el goce de un empleo estable, sino que lo excluyeron del disfrute de todos los demás benef icios de un empleado público con vinculación legal y reglamentaria» (sic).

5.2. Su contratación no reunió los elementos que configuran el contrato de prestación de servicios, de conformidad con el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, toda vez que no fue el término estrictamente necesario «sino para una necesidad permanente de la entidad, año tras año, carecía de autonomía e independencia en el cumplimiento de su labor y siempre estuvo sometido a la subordinación,

80 de 1993, toda vez que no fue el término estrictamente necesario «sino para una necesidad permanente de la entidad, año tras año, carecía de autonomía e independencia en el cumplimiento de su labor y siempre estuvo sometido a la subordinación, coordinación, órdenes y directrices de un superior y a un control diario del d esarrollo de las actividades» (sic).

5.3. La contratación por prestación de servicios es excepcional y no puede usarse para ejercer funciones permanentes, pues su abuso encubre relaciones laborales y desnaturaliza el contrato estatal. Tal proceder configuró la violación de norma superior por la falta de previsión de «la necesidad latente, constante y permanente de empleados para desarrollar las labores relacionadas con las obligaciones específicas

2 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta Cuaderno acumulado, archivo «003ED_C01Principal_001DEMANDAPDF»4

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00183-01 (3247-2024) Demandante: Fabio Villaneda Osorio ejecutadas por él», por aplicación indebida de las normas contractuales de la Ley 80 de 1993 y el desconocimiento del principio de la realidad sobre las formalidades en materia laboral.

5.4. El municipio utilizó continuos contratos u órdenes de prestación de servicios para que se ejecutaran trabajos permanentes y continuos y, funciones públicas o administrativas que requerían dedicación de tiempo completo e implicaban subordinación y ausencia de autonomía.

5.5. Se «acreditó» que i) prestó personalmente las labores desde el 15 de febrero de 2017 hasta el 30 de mayo de 2019, de acuerdo con los extremos laborales

subordinación y ausencia de autonomía.

5.5. Se «acreditó» que i) prestó personalmente las labores desde el 15 de febrero de 2017 hasta el 30 de mayo de 2019, de acuerdo con los extremos laborales establecidos en los contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes, ya que el mismo de manera personal debía desplazarse a realizar las labor es diarias encomendadas; ii) recibió una remuneración por lo s servicios prestados; y iii) «estuvo sometido a la subordinación y dependencia continuada frente al MUNICIPIO DE VILLAMARÍA para efectos de p restar sus servicios en dicha entidad, tales como: - manejar el vehículo del MUNICIPIO DE VILLAMARÍA que le indique el supervisor, - transportar diariamente a los funcionarios especificados en el contrato, - transportar a los funcionarios a cualquier hora del día al lugar que ellos requirieran - trabajar todos los días en horarios de 24 horas de disponibilidad - o la firma de informes periódicos como evidencia de cumplimiento de las actividades y labores asignadas» (sic).

1.2. Contestación de la demanda

6. El municipio de Villamaría (Caldas) se opuso a la prosperidad de las pretensiones con fundamento en las siguientes consideraciones3:

6.1. No se demostró la existencia de subordinación, dependencia o continuidad en la prestación del servicio, pues las instrucciones impartidas, el cumplimiento de horarios y la rendición de informes obedecieron a la necesaria coordinación entre la administración y el contratista para la adecuada ejecución del objeto contractual.

6.2. La contratación celebrada con el demandante se enmarcó en la figura excepcional del contrato de prestación de servicios, conforme con el artículo 32 de

la administración y el contratista para la adecuada ejecución del objeto contractual.

6.2. La contratación celebrada con el demandante se enmarcó en la figura excepcional del contrato de prestación de servicios, conforme con el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y estuvo destinada a desarrollar actividades de apoyo y no a suplir necesidades permanentes de la entidad . En esas condiciones , los instrumentos jurídicos fueron debidamente ejecutados y liquidad os sin observaciones ni obligaciones pendientes.

6.3. No se acreditaron los elementos configurativos de una relación laboral, toda vez

3 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta Cuaderno acumulado, archivo

034ED_C01Principal_032CONTESTACIONVILLAMARIAPDF5

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00183-01 (3247-2024) Demandante: Fabio Villaneda Osorio que lo que existió fue la celebración de contratos de prestación de servicios destinados al desarrollo de actividades que, en un momento determinado, no podían ser asumidas por el personal de planta de la entidad, motivo por el cual se acudió a esa modalidad contractual, prevista en la ley.

6.4. Por último, propuso las excepciones de: i) inexistencia de la obligación; ii) cobro de lo no debido; y iii) prescripción extintiva del derecho.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Caldas, en sentencia del 22 de maro de 2024 negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante. Como

fundamento de su decisión señaló lo siguiente4:

7.1. En atención a los elementos de juicio allegados al expediente, si bien se

las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante. Como fundamento de su decisión señaló lo siguiente4:

7.1. En atención a los elementos de juicio allegados al expediente, si bien se acreditó que el demandante prestó de forma personal sus servicios desde el 15 de febrero de 2017 hasta el 30 de mayo de 2019 en calidad de conductor de una camioneta de propiedad del municipio de Villamaría , y como contraprestación de ello recibió una remuneración, no se probó, con grado de certeza, la subordinación.

7.2. Lo anterior, toda vez que si bien en los contratos 097, 403, 126 y 271 suscritos entre el 15 de febrero y el 15 de diciembre de 2018, el objeto fue igual, en ellos no se hizo referencia a un horario de cumplimiento de actividades, lo que solo ocurrió en el contrato 125 de 2019 , en el que se adicionó que el horario para el cumplimiento de las obligaciones era diurno y nocturno y fines de semana con disposición de 24 horas al día o cuando se requiriera.

7.3. De los testimonios se advirtió que Yenny Alexandra Núñez , nuera del demandante, y Felipe Villaneda Hoyos, hijo, si bien mencionaron que Fabio Villaneda Osorio cumplía con un horario, recibía órdenes y que no podía delegar el cumplimiento de sus funciones en otra persona , no fueron testimonios directos sino de oídas. En cuanto a Samuel Cifuentes Murillo, quien trabajó en la alcaldía entre los años 2012 y 2018 , solo dio cuenta del periodo en el que coincidió laboralmente con el demandante y, en todo caso, «su versión con relación al horario

sino de oídas. En cuanto a Samuel Cifuentes Murillo, quien trabajó en la alcaldía entre los años 2012 y 2018 , solo dio cuenta del periodo en el que coincidió laboralmente con el demandante y, en todo caso, «su versión con relación al horario que cumplía el demandante, no corresponde con las brindadas por los demás testigos, quienes sostienen que al demandante se le llamaba telefónicamente de la alcaldía cuando era requerido; y el último testigo, afirma que debía estar 24 horas en la alcaldía municipal; versiones que no encuentran res paldo en ninguna otra prueba o testimonio que repose dentro del proceso» (sic).

4 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta Cuaderno principal, archivo 001SENTENCIA1AL

202100183NYRVILLANED6

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00183-01 (3247-2024)

Demandante: Fabio Villaneda Osorio

7.4. Aunque en el contrato 125 de 2019 se indicó que el demandante debía estar disponible las 24 horas para la prestación del servicio, no se allegó prueba de la cual se desprendieran las condiciones de este , como quién era realmente el jefe inmediato de Fabio Villaneda Osorio, cómo eran las instrucciones que se le daban y, la forma en la que realizaba sus actividades.

7.5. No se allegó prueba alguna de que en la planta de cargos de la demandada existiera el cargo de conductor, ni que hubiese otros empleados de planta que cumplieran iguales funciones a las contratadas con el demandante. Menos aún se acreditó que las actividades de conductor fueran inherentes y propias de la administración municipal, o que esta labor tuviera el carácter de misional. Y, de la

cumplieran iguales funciones a las contratadas con el demandante. Menos aún se acreditó que las actividades de conductor fueran inherentes y propias de la administración municipal, o que esta labor tuviera el carácter de misional. Y, de la vinculación «de poco más de 2 años, tampoco resulta posible considerar de ello la permanencia en las labores» (sic).

7.6. La condena en costa s era procedente respecto de la parte vencida en el proceso, toda vez que se encontraron causadas con la actividad procesal desplegada por la entidad demandada en el curso del proceso.

1.4. El recurso de apelación

8. Fabio Villaneda Osorio apeló la decisión de primera instancia, con fundamento

en los siguientes argumentos5:

8.1. Contrario a lo afirmado por el a quo, se tiene que

«1Que el conductor de una entidad pública no requiere de conocimientos especializados 2Que sus funciones no son transitorias 3Que el conductor recibía órdenes 4Que el conductor tenía una subordinación y continua dependencia frente a los funcionarios que transportaba 5Que el vehículo no era de su propiedad, sino adscrito a la entidad pública 6No existió una tercerización, es decir el conductor no fue vinculado por una empresa que prestó sus servicios frente al municipio situación que devino en la configuración de contrato realidad para con el Municipio. 7El conductor muchas veces tuvo que salir en horas nocturnas, por una orden del secretario de gobierno a movilizar por ejemplo a la inspectora de policía del municipio de Villamaría, cuando ocurría un siniestro en tanto para la época, Villamaría no contaba con agentes de tránsito y dicha función recaía exclusivamente para la inspectora y el

secretario de gobierno a movilizar por ejemplo a la inspectora de policía del municipio de Villamaría, cuando ocurría un siniestro en tanto para la época, Villamaría no contaba con agentes de tránsito y dicha función recaía exclusivamente para la inspectora y el señor FABIO tenía que salir producto de una orden directa dada por el secretario de despacho a movilizar a la funcionaria, situación que no ocurrió una sola vez, sino

5 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta Cuaderno principal, archivo 061_MemorialWebl _Recurso7

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00183-01 (3247-2024) Demandante: Fabio Villaneda Osorio muchas veces en el transcurrir del día a día.

8Otras veces el conductor tuvo ordenes de llevar sillas y enseres del municipio, situación que empezó a las 7 am, pero donde los eventos terminaban en horas nocturnas y el deber era cargar la indumentaria, transportarla y descargarla a través de orden dada por el secretario de despacho, situación que tampoco fue de una sola vez, sino en múltiples ocasiones, donde ese pago de esas horas extras nunca se vio reflejado en su cuenta de cobro. 9De igual forma el conductor FABIO siempre hacia firmar una planilla a los secretarios que transportó dejando expresa constancia del cumplimiento de su labor, situación que tampoco se tuvo en cuenta al momento de expedir fallo de primera instancia dado por el honorable Tribunal Administrativo, situaciones que deben ser analizadas por el superior jerárquico y en donde claramente no solo era directrices de coordinación sino ORDENES directas de obligatorio cumplimiento para con el señor FABIO, donde

el honorable Tribunal Administrativo, situaciones que deben ser analizadas por el superior jerárquico y en donde claramente no solo era directrices de coordinación sino ORDENES directas de obligatorio cumplimiento para con el señor FABIO, donde muchas v eces sabía a qué horas recibía su turno, pero no sabía a qué horas lo terminaba, donde muchas veces tuvo que realizar funciones que no hicieron parte de su contrato pero que de igual forma cumplió por destacar como un excelente trabajador y en donde si se demuestra que el señor FABIO cumplió con los requisitos:

• Prestación personal del servicio - Cumplimiento de ordenes explicitadas dadas por un superior jerárquico - Cumplimiento de horario, diurno, extra-diurno, nocturno y extra nocturno - Pago de salario» (sic).

1.5. Intervenciones en segunda instancia

9. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar6.

1.6. El Ministerio Público

10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto7

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

14. Los problemas jurídicos que se deben resolver en esta instancia se contraen a determinar ¿si existió una relación laboral entre Fabio Villaneda Osorio y el municipio de Villamaría (Caldas) ? y en caso afirmativo ¿si tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones laborales derivadas de esa relación laboral?

6 De acuerdo con el auto del 30 de julio de 2024. Samai, índice 4.

reconocimiento y pago de las prestaciones laborales derivadas de esa relación laboral?

6 De acuerdo con el auto del 30 de julio de 2024. Samai, índice 4. 7 Tal y como se advierte de la constancia secretarial del 18 de noviembre de 2024.Samai, índice 8.8

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00183-01 (3247-2024)

Demandante: Fabio Villaneda Osorio

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas

15. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:

«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la v oluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:

(…)

3o. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».

actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».

16. Por su parte, el Decreto 2209 de 19988 precisó que «(l)os contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».

17. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales, la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta.

De allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.

18. La Corte Constitucional, en sentencia C -147 de 1997, al estudiar la constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración

8 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998 ».9

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00183-01 (3247-2024) Demandante: Fabio Villaneda Osorio no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada y dependiente.

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00183-01 (3247-2024) Demandante: Fabio Villaneda Osorio no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada y dependiente.

19. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto

señala la norma:

«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).

legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).

20. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 9 que previó una garantía al derecho a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».

En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización10, desarrolló el principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto».

21. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»11 y

9 Aprobada el 11 de abril de 1919. 10 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969. 11 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.10

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00183-01 (3247-2024) Demandante: Fabio Villaneda Osorio que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,

Demandante: Fabio Villaneda Osorio que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias», y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

22. Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:

«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos

esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen».

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen».

23. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador, caso distinto ocu rre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de servicios.

24. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación12 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado 230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.11

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00183-01 (3247-2024) Demandante: Fabio Villaneda Osorio «De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral , esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con

de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a