CE - Sentencia 17001233300020210019102 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2021-00191-02 (1826-2025)

Demandante: Magda Yudiana Campos Quimbayo

Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Tema: prima especial, artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. Reiteración jurisprudencial. Subtema 1: reliquidación de prestaciones con el 100% de la remuneración mensual. Subtema 2 : reconocimiento y pago de la prima especial sin carácter salarial, prescripción. Subtema 3: vigencia del Decreto 272 de 2021. Subtema 4: aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Transitoria, el 11 de abril de 2025, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Magda Yudiana Campos Quimbayo, en condición de fiscal delegada de la Fiscalía General de la Nación , solicitó el reconocimiento y pago de la p rima especial prevista en el artículo 4 de la Ley 4ª de 1992, como un factor mensual adicional al

Fiscalía General de la Nación , solicitó el reconocimiento y pago de la p rima especial prevista en el artículo 4 de la Ley 4ª de 1992, como un factor mensual adicional al salario básico . Asimismo, la reliquidación de todas sus prestaciones salariales y prestacionales y los aportes a la seguridad social y demás emolumentos, con el 100% de la remuneración mensual.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Magda Yudiana Campos Quimbayo , mediante apoderad o judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Fiscalía General de la Nación, el 9 de agosto de 2021 1, con las

1SAMAI, Tribunal Administrativo de Caldas expediente 17001 -23-33-000-2021-00191-00, gestionar documentos, cuaderno principal, pdf 001 acta de reparto.Radicación: 17001-23-33-000-2021-00191-02 (1826-2025)

Demandante: Magda Yudiana Campos Quimbayo

Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 siguientes:

2.1.1. Pretensiones:

(i) Declarar la nulidad del acto administrativo Oficio GSA-31100-20480-0040 del 12 de febrero de 2021, y la Resolución 0012 del 15 de marzo de 2021, expedidos por el Subdirector Regional de Apoyo Eje Cafetero, de la Fiscalía General de la Nación que le negaron el reconocimiento y pago de la prima

12 de febrero de 2021, y la Resolución 0012 del 15 de marzo de 2021, expedidos por el Subdirector Regional de Apoyo Eje Cafetero, de la Fiscalía General de la Nación que le negaron el reconocimiento y pago de la prima especial, así como la reliquidación de todas las prestaciones sociales , con base en el 100% del salario básico mensual vigente.

(ii) Condenar a la Nación, Fiscalía General de la Nación a reconocer, liquidar y pagar, la prima especial equivalente al 30% adicional sobre el salario básico mensual, desde la fecha en la que se vinculó como fiscal y hasta que permanezca en el cargo. Como consecuencia de lo anterior , ordenar la reliquidación de todos los factores salariales y prestacionales tales como bonificación por servicios, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, auxilio de cesantías, intereses a las cesantías y demás emolumentos prestacionales, seguridad social integral y riesgos profesionales, con base en el 100% de su remuneración básica mensual.

(iii) Ordenar a la entidad accionada que se indexen las sumas reclamadas de conforme a lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

(iv) Declarar el pago de las costas o agencias en derecho en favor de la demandante.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, expuso lo siguiente:

(i) La señora Magda Yudiana Campos Quimbayo ha ejercido el cargo de fiscal delegada a nte los juzgados promiscuos, penales municipales y de circuito desde el año 2017 y hasta la fecha de presentación de la demanda.

(i) La señora Magda Yudiana Campos Quimbayo ha ejercido el cargo de fiscal delegada a nte los juzgados promiscuos, penales municipales y de circuito desde el año 2017 y hasta la fecha de presentación de la demanda.

(ii) Indicó que, durante el tiempo en el que ha prestado sus servicios a la entidad demandada, esta no le ha reconocido ni pagado la prima especial sin carácter salarial del 30% de su remuneración mensual , como valor adicional al salario básico, a pesar de tener derecho a ello . Tampoco se le ha efectuado la reliquidación de sus prestaciones sociales con la inclusión de dicha prima.

(iii) Sostuvo que sus prestaciones sociales han sido disminuidas en un porcentaje equivalente al 30% de su remuneración básica mensual, lo que vulnera derechos constitucionales como la igualdad y desconoce los principios de progresividad y favorabilidad contenidos en las convenciones internacionales ratificados por Colombia, tales como los de la Organización Internacional del Trabajo ( OIT), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, y el protocolo de San Salvador . Estas disposiciones integran el bloque de constitucionalidad, conforme lo establece el artículo 53 de la Constitución Nacional. Asimismo, se vulneran disposicionesRadicación: 17001-23-33-000-2021-00191-02 (1826-2025)

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3 legales, como el concepto de salario contenido en el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo.

(iv) Manifestó que esta Corporación ha señalado que la Ley 476 de 1998, al modificar el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, establece que la prima especial debe ser reconocida a los fiscales que se hayan acogido al régimen salarial y prestacional previsto en el D ecreto 53 de 1993, así como a aquellos que se hayan vinculado con posterioridad.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. La demandante citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política, preámbulo, artículos 2, 13,25,29,48,53, 83,215-9 256-7; Ley 4ª de 1992 artículos 1,2,4, 10 y 14; la Ley 476 de 1998 que modificó el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; Decreto 2699 de 1991, artículos 54 y 64; Decreto 53 de 1993 artículo 3, 6 y 11; Decreto 108 de 1994 artículo 7º; Decreto 49 de 1995 artículo 7; Decreto 108 de 1996 artículo 7º; Decreto 52 de 1997 artículo 7º; Decreto 50 de 1998 artículo 7; Decreto 038 de 1999 artículo 7; Decreto 2743 de 2000 artículo 8; Decreto 1408 y 2729 de 2001 y Decreto

Decreto 52 de 1997 artículo 7º; Decreto 50 de 1998 artículo 7; Decreto 038 de 1999 artículo 7; Decreto 2743 de 2000 artículo 8; Decreto 1408 y 2729 de 2001 y Decreto 685 de 2002 artículo 7 y otros. Convenio de la (OIT) núms 87,95,98,100,111 y tratados internacionales.

4. En el concepto de violación manifestó que los servidores que se acogieron al régimen salarial previsto en el Decreto 53 de 1993, o que se hayan vinculado a la entidad con posterioridad , tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de su salario básico, es decir, con la inclusión del 30% que se había excluido a título de prima especial.

5. Agregó que dicha prima no debe excluirse del cálculo de las prestaciones sociales, ya que de hacerlo contraviene el principio de progresividad laboral y vulnera normas como el artículo 53 de la Constitución Política, que busca proteger el salario de los empleados públicos.

2.2. Contestación de la demanda

6. La apoderada de la entidad demandada2 se opuso a las pretensiones de la parte demandante e indicó que su representada ha liquidado y pagado la asignación salarial de sus servidores, con estricta sujeción a lo previsto en los decretos expedidos por el Gobierno nacional para cada anualidad. Señaló que dichos decretos establecen que ninguna autoridad está facultada para modificar el régimen salarial o prestacional definido por el legislador.

7. Indicó que de acuerdo con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales

ninguna autoridad está facultada para modificar el régimen salarial o prestacional definido por el legislador.

7. Indicó que de acuerdo con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política, corresponde al Congreso de la República definir el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. Esta facultad fue delegada al Ejecutivo y mediante el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 estableció la prima especial la cual no debería ser inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial, para los magistrados de los tribunales superiores de distrito jud icial y

2 SAMAI, Tribunal Administrativo de Caldas expediente 17001 -23-33-000-2021-00191-00, gestionar documentos, cuaderno principal, pdf 017 contestación de demanda.Radicación: 17001-23-33-000-2021-00191-02 (1826-2025)

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4 contencioso-administrativo, agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los jueces de la República, incluidos magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción miliar, excepto aquellos que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación. En este sentido, sostuvo que los fiscales no son beneficiarios de dicha prima, ya que no están dentro del listado del artículo 14 ibidem.

que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación. En este sentido, sostuvo que los fiscales no son beneficiarios de dicha prima, ya que no están dentro del listado del artículo 14 ibidem.

8. Señaló, además, que a partir del 2003 fue eliminada la prima especial equivalente al 30%, razón por la cual no es posible reconocer dicho emolumento a la demandante, al no ser beneficiaria de este.

9. Refirió que su representada a partir del Decreto 272 de 2021, y con efectos fiscales a partir del 1 de enero del mismo año, procedió al reconocimiento y pago de la prima especial del 30% como un valor adicional a la asignación básica. Por último, propuso como excepciones: (i) cumplimiento de un deber legal; (ii) prescripción; y (iii) genérica.

2.3. Sentencia de primera instancia

10. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , Sala Transitoria, avocó el conocimiento del presente asunto 3, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo PCSJA25-12255 del 24 de enero de 202 5, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura4 y dictó sentencia el 11 de abril de 20255 en la que dispuso:

[…] SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en el Oficio GSA – 31100-20480-0040 del 12 de febrero de 2021 y la Resolución No. 0012 del 15 de marzo de 2021, por las razones expuesta s en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la parte demandada a reconocer en favor de la señora Magda Yudiana Campos Quimbayo

de marzo de 2021, por las razones expuesta s en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la parte demandada a reconocer en favor de la señora Magda Yudiana Campos Quimbayo identificada con la C.C. No. 65.829.462, la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, liquidándola como un incremento del 30% respecto del 100% del salario básico, a partir del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2020, en todo caso según los tiempos de servicio prestados por la parte demandante como Fiscal, sin que en ningún caso p ueda superarse el tope máximo establecido por el Gobierno Nacional, a lo cual deberá dar estricto cumplimiento la entidad. Lo anterior, con efectos fiscales a partir del 22 de enero de 2018 conforme con la prescripción decretada.

La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia siempre y cuando la liquidación del periodo comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2020 arroje valores en favor de la parte demandante, sin pasar por alto que a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021 se estableció de manera expresa que la prima especial de servicios debe ser pagada mensualmente como una suma

3 SAMAI, Tribunal Administrativo de Caldas expediente 17001 -23-33-000-2021-00191-00, gestionar documentos, cuaderno principal, pdf 031. 4 «Por el cual se adoptan unas medidas transitorias en tribunales y juzgados administrativos a nivel nacional».

cuaderno principal, pdf 031. 4 «Por el cual se adoptan unas medidas transitorias en tribunales y juzgados administrativos a nivel nacional». 5 SAMAI, Tribunal Administrativo de Caldas expediente 17001-23-33-000-2021-00191-00, índice 039.Radicación: 17001-23-33-000-2021-00191-02 (1826-2025)

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5 adicional a la asignación básica, y constituye factor salarial únicamente para las cotizaciones en seguridad social.

Dentro de la liquidación se deben deducir las sumas que por concepto de prima especial de servicios haya recibido la beneficiaria por vía administrativa o judicial en virtud de transacciones, conciliaciones, sentencias ordinarias o ejecutivas, entre otras.

La entidad demandada debe realizar los aportes al sistema de seguridad social, además, queda facultada para realizar a la parte demandante los respectivos descuentos de ley con la finalidad de que se realicen los mismos.

CUARTO: DECLARAR PROBADA la excepción de prescripción, respecto de los derechos que pudieran corresponder a la demandante anteriores al 22 de enero de 2018, conforme lo expuesto en la parte motiva de este fallo.

QUINTO: DECLARAR la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de social en pensión que se deben realizar en favor de la parte demandante mientras fungió en el cargo de Fiscal, derivados del reconocimiento de la prima especial, los que deberán

QUINTO: DECLARAR la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de social en pensión que se deben realizar en favor de la parte demandante mientras fungió en el cargo de Fiscal, derivados del reconocimiento de la prima especial, los que deberán efectuarse por los periodos en los cuales no se hubieren efectuado teniendo como base el 100% de la remuneración mensual más el 30% del sueldo básico a título de prima especial, de conformidad con lo explicado en la parte motiva de esta providencia, teniendo en cuenta que con la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 (septiembre 07 de 1998) se otorgó a los fiscales acogidos el derecho a que la prima especial tuviera carácter salarial para efectos de la determinación de la base de liquidación de la pensión, con posterioridad a esa fecha tales aportes deberán realizarse teniendo como base el 100% de la remuneración mensual más el 30% de la prima especial de servicios.

También deberán realizarse los aportes al sistema de seguridad social en salud por el periodo declarado imprescriptible en atención a lo previsto en el parágrafo 1º del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, por cuanto dispone que la base de cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud debe ser igual a la contemplada en el Sistema General de Pensiones.

En atención al reconocimiento del derecho ordenado, la entidad demandada debe realizar los aportes al sistema de seguridad social integral; además, queda facultada para realizar los respectivos descuentos de ley a la demandante con la finalidad de que se realicen los mismos. […]6

11. El Tribunal destacó que el derecho de la demandante se originó desde su vinculación a la entidad , específicamente desde el 1 de julio de 2017 en calidad del

se realicen los mismos. […]6

11. El Tribunal destacó que el derecho de la demandante se originó desde su vinculación a la entidad , específicamente desde el 1 de julio de 2017 en calidad del fiscal, al menos hasta el 15 de julio de 2024, fecha de la certificación laboral aportada al plenario. Esto significa que, a la fecha de prestación de la demanda, se encontraba activa.

12. Agregó que el 22 de enero de 2021 , la demandante solicitó ante la entidad demandada el reconocimiento y pago de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, equivalente al 30% adicional al salario básico , con sus respectivas consecuencias prestacionales.

6 Se transcribe con errores de texto.Radicación: 17001-23-33-000-2021-00191-02 (1826-2025)

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13. Señaló que la prima especial no tiene carácter salarial, ya que solo incide en las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones , lo cual quedó ratificado por el Decreto 272 de 2021.

14. Indicó que , en aplicación a la sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020, la demandante tiene derecho al pago de la prima especial como una adición sobre el salario básico en un porcentaje del 30%. Por lo tanto, los actos acusados que negaron ese reconocimiento son nulos.

diciembre de 2020, la demandante tiene derecho al pago de la prima especial como una adición sobre el salario básico en un porcentaje del 30%. Por lo tanto, los actos acusados que negaron ese reconocimiento son nulos.

15. Además, expuso que los fiscales tienen derecho a la prima especial como una adición al salario desde la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 , y en ese sentido también a la reliquidación de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social.

16. Añadió que desde el 2003 no se les descontó a los fiscales el 30% de su asignación básica, es decir, que recibieron el 100% de su salario básico, y por ello sus prestaciones sociales se liquidaron conforme a dicho valor. En consecuencia, la demandante no tiene derecho a la reliquidación prestacional, dado que su vinculación en el cargo de fiscal se dio desde el 1 de julio de 2017, y sus prestaciones sociales se liquidaron sobre el 100% de ese rubro.

17. Sustentó que desde la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 7, el derecho es exigible, por lo que procede su pago. Este emolumento constituye factor salarial únicamente para efectos de aportes al Sistema General de Seguridad Social. Por consiguiente, desde su vinculación en el cargo de fiscal , a la demandante le era exigible el pago de la prima especial como una adición a su salario.

18. Refirió que la Fiscalía General de la Nación deberá asumir el pago de lo ordenado, siempre que la liquidación del periodo comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2020 arroje valores a favor de la demandante. Sin pasar por alto que a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021, se estableció de manera

2017 y el 31 de diciembre de 2020 arroje valores a favor de la demandante. Sin pasar por alto que a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021, se estableció de manera expresa que la prima especial debe ser pagada mensualmente como una suma adicional a la asignación básica, y constituye factor salarial únicamente para las cotizaciones en seguridad social.

19. Manifestó que el fenómeno prescriptivo se configura a los tres años de la exigibilidad del derecho, el cual, para los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, se interrumpe con la fecha de reclamación administrativa a nte la entidad demandada. En este caso, la solicitud fue radicada el 22 de enero de 2021, por lo que los valores anteriores al 22 de enero de 2018 se encuentran prescritos.

20. Añadió que la regla de prescripción de los derechos laborales no resulta aplicable frente a los aportes a seguridad social en pensiones . Para sustentar esta afirmación, citó la sentencia del 25 de agosto de 2016, proferida por esta Corporación, en la cual se estableció que dichos aportes pueden ser reclamados en cualquier momento, dado a que la administración no puede sustraerse de su obligación de efectuarlos. El incumplimiento de esta responsabilidad puede afectar el derecho de los trabajadores a acceder a una pensión en condiciones dignas y acordes con su realidad laboral.

7 7 de septiembre de 1998.Radicación: 17001-23-33-000-2021-00191-02 (1826-2025)

Demandante: Magda Yudiana Campos Quimbayo

Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

7 7 de septiembre de 1998.Radicación: 17001-23-33-000-2021-00191-02 (1826-2025)

Demandante: Magda Yudiana Campos Quimbayo

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21. Sostuvo que el carácter imprescriptible de los aportes al Sistema General de Seguridad Social debe extenderse a los asuntos en los que se reclama la prima especial, toda vez que esta incide directamente en el cálculo pensional conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 332 de 1996 y 476 de 1998. En consecuencia, dicha prima debe incluirse como parte del ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación y vejez, razón por la cual la entidad demandada está obligada a realizar las cotizaciones conforme a la ley.

22. Consecuente con lo anterior, el Tribunal declaró la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de seguridad social desde el 1 de julio de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2020. Asimismo, ordenó que se realicen los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud por el mismo per íodo, según lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, el cual establece que la base de cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud debe ser igual a la utilizada para pensiones.

23. Por último, el Tribunal no consideró procedente imponer condena en costas a la parte vencida.

2.4. Recurso de apelación

Sistema de Seguridad Social en Salud debe ser igual a la utilizada para pensiones.

23. Por último, el Tribunal no consideró procedente imponer condena en costas a la parte vencida.

2.4. Recurso de apelación

24. La apoderada de la entidad demandada8 manifestó su desacuerdo puntual con lo expuesto en la sentencia, en lo relacionado con el pago de los aportes de cotización a la pensión de jubilación, dado que se trata de prestaciones periódicas que quedan sometidas al término de prescripción. Indicó que lo que es imprescriptible es el derecho a la pensión. En este caso, aunque desde su vinculación como fiscal y hasta el 2020 se le reconocieron los aportes a pensión sobre el 70% de su remuneración básica, ello no afecta su derecho a la pensión, el cual exige dos requisitos: haber cotizado mínimo 1300 semanas y contar con 57 años si es mujer y 62 años si es hombre.

25. Sostuvo que los aportes al Sistema de S eguridad Social en Salud y Riesgos Profesionales prescriben a los 5 años, contados desde la fecha en que vencía el plazo para su pago, en razón de que constituyen aportes parafiscales sujetos al régimen de prescripción aplicable a los aportes fiscales y parafiscales.

26. Agregó que en los numerales tercero y quinto de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, el reconocimiento ordenado se hace con excepción de la obligación de la entidad demandada de efectuar las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, dado que dicha pretensión no fue solicitada expresamente en la demanda.

obligación de la entidad demandada de efectuar las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, dado que dicha pretensión no fue solicitada expresamente en la demanda.

27. En este sentido, precisó que el Tribunal desconoció lo establecido en la sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020 , la cual dispuso como restablecimiento del derecho únicamente el reconocimiento y pago de la Prima Especial equivalente al 30% como adición al salario , sin que esta tenga carácter salarial. Por lo tanto, consideró que la orden impartida no se ajusta a lo dispuesto.

8SAMAI, Tribunal Administrativo de Caldas expediente 17001-23-33-000-2021-00191-00, índice 042.Radicación: 17001-23-33-000-2021-00191-02 (1826-2025)

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28. Precisó que el reconocimiento de la prima especial debe realizarse por un valor equivalente al 30% de la asignación básica mensual, como un componente adicional no salarial, conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. En este sentido, sostuvo que la decisión de primera instancia incurrió en error al considerar que los aportes a pensión debían calcularse sobre el 130% del salario básico, lo cual contraía lo dispuesto en la normativa vigente.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

que los aportes a pensión debían calcularse sobre el 130% del salario básico, lo cual contraía lo dispuesto en la normativa vigente.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

29. Mediante auto del 8 de agosto de 20259, el despacho ponente admitió el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada en contra de la sentencia de primera instancia. Asimismo, ordenó que, una vez realizadas las notificaciones al procurador delegado y a las partes, el expediente ingresara para fallo , salvo que se solicitara la práctica de pruebas.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

30. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, le corresponde el conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que le confiere el inciso primero del artículo 150 del CPACA, para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problemas jurídicos

31. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación presentado por la entidad demandada, corresponde a la Sala a resolver lo siguiente:

32. ¿Debe la entidad demandada asumir el pago de los aportes a pensión derivados de prestaciones periódicas, sin que el fallador de primera instancia haya realizado un análisis sobre la prescripción de dichos aportes?

33. ¿Es procedente la orden emitida por el Tribunal en el sentido de que la entidad demandada debe realizar los pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social en

Salud y Pensión?

3.3. Marco normativo. Reiteración jurisprudencial

33. ¿Es procedente la orden emitida por el Tribunal en el sentido de que la entidad demandada debe realizar los pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social en

Salud y Pensión?

3.3. Marco normativo. Reiteración jurisprudencial

34. La L ey 4 de 19 92, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del s ueldo básico, sin carácter salarial , para los magistrados de tribunales superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados ante la rama judicial y para los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, «excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación », con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

9 SAMAI, índice 004.Radicación: 17001-23-33-000-2021-00191-02 (1826-2025)

Demandante: Magda Yudiana Campos Quimbayo

Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

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35. El Decreto 53 de 1993, expedido por el gobierno en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992, fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores de la Fiscalía General de la Nación , y previó a favor de las personas

atribuida por la Ley 4 de 1992, fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores de la Fiscalía General de la Nación , y previó a favor de las personas vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 , la posibilidad de optar por el régimen salarial y prestacional establecido en dicho decreto, con la excepción establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, que excluía del beneficio de la prima especial a quienes optaran por esa escala salarial.

36. La Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido de determinar que la prima especial prevista en el artículo 14 de dicha ley para los funcionarios mencionados en la norma y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida, formaría parte del ingreso base, solo para la liquidación de la pensión de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes.

37. La norma citada fue aclarada por la Ley 476 de 1998, para establecer que la excepción prevista en la Ley 4 de 1992 «no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos servidores, la prima espe cial a que se refiere el artículo 6° del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogan o lo adiciona n, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del