CE - Sentencia 17001233300020210023202 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2021-00232-02 (0821-2025)

Demandante: Alba Marina Delgado Cáceres

Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Tema: prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Fiscal delegado ante los jueces penales. Reiteración jurisprudencial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Transitoria, el 12 de diciembre de 2024, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Alba Marina Delgado Cáceres, en condición de fiscal delegada ante los jueces penales del circuito, solicitó el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como un factor mensual adicional al salario básico, así como la reliquidación de la seguridad social en pensiones sobre el 100% de su salario mensual, más el incremento del 30% a título de prima especial, desde el 3 de marzo de 2018 y hasta su desvinculación de la entidad. La Fiscalía General de la

básico, así como la reliquidación de la seguridad social en pensiones sobre el 100% de su salario mensual, más el incremento del 30% a título de prima especial, desde el 3 de marzo de 2018 y hasta su desvinculación de la entidad. La Fiscalía General de la Nación se opone al reconocimiento de la prima especial con el argumento de que no fue reconocida para los fiscales . El Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca, Sala Transitoria, condenó a la Fiscalía General de la Nación a reconocer y pagar a la demandante la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como valor adicional a la remuneraci ón mensual y ordena la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% del salario a partir del 19 de marzo de 2018 y hasta la fecha de su desvinculación de la entidad. La entidad demandada apela la sentencia para que se modifique el fallo en el sentido de negarse la pretensión relacionada con la reliquidación de prestaciones sociales y aportes pensionales

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Alba Marina Delgado Cáceres, mediante apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra laRadicación: 17001-23-33-000-2021-00232-02 (0821-2025)

Demandante: Alba Marina Delgado Cáceres

Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 Nación, Fiscalía General de la Nación, el 21 de septiembre de 20 211, con las siguientes:

www.consejodeestado.gov.co

2 Nación, Fiscalía General de la Nación, el 21 de septiembre de 20 211, con las siguientes:

2.1.1. Pretensiones

(i) Que se declare la nulidad del oficio GSA-31100-20480-0113 del 13 de abril de 2021, expedido por la Subdirección Regional de Apoyo Eje Cafetero de la Fiscalía General de la Nación, por medio del cual negó el reconocimiento y pago de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, así como la reliquidación de las prestaciones sociales y la seguridad social en pensiones con el 100% del salario básico.

(ii) Que se declare la nulidad de la Resolución 0025 del 27 de abril de 2021, expedida por la Subdirección Regional de Apoyo Eje Cafetero de la Fiscalía General de la Nación por el cual se confirma el oficio GSA-31100-20480-0113 del 13 de abril de 2021.

(iii) A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación, Fiscalía General de la Nación , a reconocer, reliquidar y pagar a la demandante desde el 4 de diciembre de 2014, hasta 31 de diciembre de 2020, el 30 % sobre el sueldo básico y que corresponde a prima especial y reliquidar las prestaciones sociales sobre el 100% de su salario básico, es decir con la inclusión del 30% que había sido incluido.

(iv) Ordenar a la Nación, Fiscalía General de la Nación a reconocer y pagar a la demandante desde el 4 de diciembre de 2014 y hasta 31 de diciembre de 2020, las diferencias salariales y prestacionales, existentes entre las sumas que le fueron

(iv) Ordenar a la Nación, Fiscalía General de la Nación a reconocer y pagar a la demandante desde el 4 de diciembre de 2014 y hasta 31 de diciembre de 2020, las diferencias salariales y prestacionales, existentes entre las sumas que le fueron canceladas y las que legalmente le corresponden

(v) Ordenar a la entidad demandada que actualice las sumas adeudadas de acuerdo con IPC y que reconozca los intereses de conformidad con el artículo 192 y 195 del CPACA2.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, la demandante expuso, en síntesis, lo

siguiente3:

(i) En su condición de fiscal delegada ante los jueces penales y en ejercicio del derecho petición, el 19 de marzo de 2021 solicitó a la Dirección Regional de Apoyo Noroccidental de la Fiscalía General de la Nación el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios del 30% contemplada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y la reliquidación de la seguridad social en pensiones con el sobresueldo del 30% de la prima especial adicional al 100% del salario básico desde el momento de su vinculación en el cargo de fiscal.

1SAMAI de otras corporaciones, índice 02, ED_ACTUACIONE_001ACTAREPARTO(.PDF) NroActua 2. 2 SAMAI de otras corporaciones, índice 02, ED_ACTUACIONE_002DEMANDA(.PDF) NroActua 2. 3 SAMAI de otras corporaciones, índice 02, ED_ACTUACIONE_002DEMANDA(.PDF) NroActua 2.Radicación: 17001-23-33-000-2021-00232-02 (0821-2025)

Demandante: Alba Marina Delgado Cáceres

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3 (ii) La anterior petición obedeció a que los funcionarios vinculados a la Fiscalía General de la Nación con posterioridad a 1993 fueron excluidos por la Ley 4 de 1992 de ser beneficiarios de la prima especial contemplada en el artículo 14 de la referida norma, de manera que a esta solo podrían acceder los jueces de la República y los no acogidos al régimen salarial creado para los funcionarios que se vincularan por primera vez a la entidad.

(iii) La prima especial, no se ha aplicado a favor de los fiscales delegados bajo la modalidad de un sobresueldo. Precisamente, si la prima es un adicional al ingreso salarial de los funcionarios, carece de sentido que no se reconozca como un agregado al ingreso mensual.

(iv) Esta situación se mantuvo hasta la expedición de la sentencia del 2 de septiembre de 2019, radicado 41001 -23-33-000-2016-00041-02 (2204 -2018) determinó en forma clara el error en el cual incurrió la administración judicial y dispuso que la prima se servicios deber ser incluida para la liquidación prestacional de los funcionarios judiciales, además, el 30% debe pagarse por concepto de prima especial como adición al salario, en un valor no inferior al 3 0% de la remuneración básica y que las prestaciones se deben liquidar con el 100% de esta y no con el 70% como se ha realizado, situación que también es predicable para

prima especial como adición al salario, en un valor no inferior al 3 0% de la remuneración básica y que las prestaciones se deben liquidar con el 100% de esta y no con el 70% como se ha realizado, situación que también es predicable para los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.

(v) Este reconocimiento se hace desde el 1 de enero de 2021, por lo que se debe concluir que a los funcionarios cobijados por esta disposición les asiste el derecho a percibir dicha prima de servicios por los años anteriores a la expedición del Decreto 272 del 11 de marzo de 2021, así como el reajuste salarial y prestacional respectivo.

(vi) Mediante oficio GSA-31100-20480-0113 del 13 de abril de 20 214, expedido por la Subdirección Regional de Apoyo Eje Cafetero de la Fiscalía General de la Nación , negó la solicitud de reconocimiento y pago de la prima especial y la reliquidación de la s prestaciones sociales . Contra dicho acto administrativo se interpuso el recurso de reposición y en subsidio apelación.

(vii) A través de la Resolución 0025 del 27 de abril de 20215, la Subdirección Regional de Apoyo Eje Cafetero de la Fiscalía General de la Nación confirmó la decisión recurrida y rechazó por improcedente el recurso de apelación.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. La demandante citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política, artículos 1, 2, 4, 25, 53, 58 y 228; Código Sustantivo del Trabajo, artículo 127; decretos

3. La demandante citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política, artículos 1, 2, 4, 25, 53, 58 y 228; Código Sustantivo del Trabajo, artículo 127; decretos 1041 de 1978, artículo 42 y 717 de 1978, artículo 12; Ley 4 de 1992, artículos 2, parágrafo del artículo 12, y artículo 14; Ley 270 de 1996, artículo 152-7 y Ley 1437 de 2011, artículos 10, 102, 137, 148, 189 y 269.

4 SAMAI de otras corporaciones, índice 2, ED_ACTUACIONE_004ANEXOS(.PDF) NroActua 2, fl 11. 5 SAMAI de otras corporaciones, índice 2, ED_ACTUACIONE_004ANEXOS(.PDF) NroActua 2, fl 27.Radicación: 17001-23-33-000-2021-00232-02 (0821-2025)

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4

4. En el concepto de violación, la demandante expuso que el acto administrativo que negó el reconocimiento y pago de la prima especial incurre en violación del artículo 13 de la Constitución Política , sobre el particular afirma que la Fiscalía General de la Nación al no reconocer y pagar unos emolumentos, sobre los cuales el Consejo de Estado determinó el reconocimiento de una prestación a favor de estos funcionarios viola directamente la Constitución Política, se sustrae el carácter vinculante y

Nación al no reconocer y pagar unos emolumentos, sobre los cuales el Consejo de Estado determinó el reconocimiento de una prestación a favor de estos funcionarios viola directamente la Constitución Política, se sustrae el carácter vinculante y obligatorio de las sentencias judiciales.

5. Así mismo, consideró que la prima especial de servicios creada a través del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 constituye un derecho cierto, real y efectivo, el cual pretende ser desconocido por la entidad accionada, pese a que en innumerables ocasiones se ha señalado por parte de la s decisiones adoptadas por la jurisdicción contencioso–administrativa, la forma como debe liquidar y reconocer dicha prima.

2.2. Contestación de la demanda

6. La apoderada de la entidad demandada se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de «prescripción», «carencia de objeto», «inaplicabilidad como factor salarial diferente al ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación » «improcedencia de extralimitar el límite previsto en el artículo 4º de la ley 4ª de 1992».

Advirtió que los artículos que contenían la prima del 30 % en los decretos salariales de los años 1993 a 2002 fueron anulados, porque los fiscales de la Fiscalía General de la Nación no son beneficiarios de dicha prima por voluntad del legislador, por lo que el Gobierno nacional se excedió en su potestad reglamentaria al incluirlos como destinatarios de ese emolumento.

7. Asimismo, señaló sobre la improcedencia de la pretensión consistente en la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, toda vez que, en sentencia C-297

destinatarios de ese emolumento.

7. Asimismo, señaló sobre la improcedencia de la pretensión consistente en la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, toda vez que, en sentencia C-297 de 1996 se dejó claro que el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 es constitucional, posición que fue reiterada en la sentencia C -052 de 1992, apelando a la existencia de la cosa juzgada constitucional.

8. Alegó l a carencia de objeto de la demanda, por cuanto, en la Sentencia de Unificación SUJ-023-CE-S2-2020 de 15 de diciembre de 2021 el Consejo de Estado hizo claridad en que la prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación.

9. Indicó que, no le es permitido entrar a reconocer algo distinto a lo dispuesto por la ley, con el deber de atender lo dispuesto en los decretos salariales que estipulan que ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional allí estatuido, por ende, actuó en cumplimiento de un deber legal.

10. Precisó que la prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación , por lo tanto, no hay lugar al reconocimiento de dicho emolumento como factor salarial para prestaciones diferentes.

11. Manifestó ser de vital importancia analizar la prescripción de los derechos laborales reclamados y pone como ejemplo las reclamaciones presentadas en marzoRadicación: 17001-23-33-000-2021-00232-02 (0821-2025)

Demandante: Alba Marina Delgado Cáceres

laborales reclamados y pone como ejemplo las reclamaciones presentadas en marzoRadicación: 17001-23-33-000-2021-00232-02 (0821-2025)

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5 de 2021 que conllevan a la prescripción para las vigencias 2004 a 2018, toda vez que el Decreto 272 de 2021 surte efectos fiscales a partir del 01 de enero de 2021.

2.3. Sentencia de primera instancia

12. El Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca , Sala Transitoria, mediante sentencia dictada el 12 de diciembre de 20246, resolvió:

PRIMERO: ACOGERSE a lo decidido en la sentencia de Unificación del Consejo de Estado del 15 de diciembre de 2020, Conjuez Ponente JORGE IVÁN RINCÓN CÓRDOBA. Expediente No. 73001-23-33-000-2017-00568-01(5472-18) SUJ-023-CES22020.

SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADA la excepción denominada: “carencia de objeto”, “inaplicabilidad como factor salarial diferente al ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación”, “improcedencia de extralimitar el límite previsto en el artículo 4º de la ley 4ª de 1992” , propuesta por la entidad accionada, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

la pensión de jubilación”, “improcedencia de extralimitar el límite previsto en el artículo 4º de la ley 4ª de 1992” , propuesta por la entidad accionada, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR la NULIDAD del Oficio No. GSA -31100-20480-0113 que negó la reclamación administrativa y Resolución No. 0025 del 27 de abril de 2021 que confirmó la negativa, proferidos por la Fiscalía General de la Nación.

CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la parte demandada FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reconocer y pagar en favor de la doctora Alba Marina Delgado Cáceres la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, liquidándola como un incremento del 30% respecto del 100% del salario básico, y la reliquidación y pago sobre el 100% del salario básico, a partir del 19 de marzo de 2018 (por prescripción trienal), y según los tiempos de servicio prestados por la pa rte demandante como Fiscal, sin que en ningún caso pueda superarse el tope máximo establecido por el Gobierno Nacional, a lo cual deberá dar estricto cumplimiento la entidad.

Las sumas liquidadas deberán actualizarse mes a mes por tratarse de una obligación de tracto sucesivo y conforme a la formula consignada en la parte motiva de esta providencia.

La prima especial solo constituirá factor salarial para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación.

La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia siempre y cuando la liquidación del periodo comprendido a parir del 10 de marzo de 2017 arroje

liquidación de la pensión de jubilación.

La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia siempre y cuando la liquidación del periodo comprendido a parir del 10 de marzo de 2017 arroje un saldo en favor de la parte demandante, sin pasar por alto que a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021 se estableció de manera expresa que la prima especial de servicios debe ser pagada mensualmente como una suma adicional a la asignación básica.

QUINTO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción trienal, por lo expuesto en la parte motiva de este proveído. Se reconocen los derechos frente a la prima especial del 30% y la reliquidación de las prestaciones sobre el 100% del salario

6 SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, índice 00027, 26Sentencia1ai_300020210023200AlbaM(.pdf) NroActua 27.Radicación: 17001-23-33-000-2021-00232-02 (0821-2025)

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6 a partir del 19 de marzo de 2018. Y hasta la fecha de terminación de su vinculación con la entidad demandada o hasta que se constate que se normalizó su situación.

Atendiendo a que la cotización que se debe hacer para los efectos pensionales no está sujeta al fenómeno jurídico de la prescripción, se ordena la reliquidación y el pago de las diferencias que se deban hacer por estos conceptos a partir del momento en que

Atendiendo a que la cotización que se debe hacer para los efectos pensionales no está sujeta al fenómeno jurídico de la prescripción, se ordena la reliquidación y el pago de las diferencias que se deban hacer por estos conceptos a partir del momento en que inició a desempeñarse como Fiscal. Estos aportes deberán pagarse en el porcentaje que corresponda tanto por parte de demandante como por el demandado.

SEXTO: ORDENAR a la entidad demandada dar cumplimiento a esta sentencia de conformidad con los artículos 192 a 195 del CPACA, ajustando el valor que resulte a su cargo aplicando para el efecto la fórmula matemática indicada en la parte motiva de esta providencia.

SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

OCTAVO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, conforme a lo dispuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

NOVENO: Ejecutoriada esta providencia, sino fuere apelada, archívese el expediente.

13. Al realizar el análisis de legalidad de los actos demandados, el tribunal citó apartes de las sentencias del 2 de septiembre de 2019 y el 15 de diciembre de 2020, en las que esta Sección estableció que la prima especial de servicios es un incremento del salario básico de los servidores beneficiarios, por lo que resulta procedente el pago de las diferencias de lo dejado de pagar por ese concepto.

14. En atención a dicho precedente, consideró que la demandante tiene derecho a lo solicitado en las pretensiones de la demanda y, por tanto, accedió al restablecimiento del carácter salarial del 30% de la asignación básica de la

14. En atención a dicho precedente, consideró que la demandante tiene derecho a lo solicitado en las pretensiones de la demanda y, por tanto, accedió al restablecimiento del carácter salarial del 30% de la asignación básica de la demandante y la respectiva reliquidación de la pensión a través de su Fondo de

Pensiones.

15. Resaltó que que el régimen prestacional y salarial aplicable a la parte demandante y sobre el cual se le debió haber liquidado su salario y sus prestaciones sociales fue el previsto en el Decreto 53 de 1993, denominado especial o acogido, tal como lo mencionó en la de manda y teniendo en cuenta que, las certificaciones salariales así lo indican.

16. Señaló en relación con la prescripción que al haber sido presentada la reclamación administrativa el día 19 de marzo de 2021, se declara probada la excepción de prescripción de los derechos causados con anterioridad al 19 de marzo de 2018. Aclara que la cotización que se debe hacer para los efectos pensionales no está sujeta a este fenómeno jurídico , y ordena la reliquidación y el pago de las diferencias que se deban hacer por este concepto a partir del momento en que inició a desempeñarse como Fiscal. Estos aportes deberán paga rse en el porcentaje que corresponda tanto por la parte demandante como por el demandado.Radicación: 17001-23-33-000-2021-00232-02 (0821-2025)

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17. Finalmente, con relación a las costas, citó la sentencia del Consejo de Estado del 10 de junio de 2021 7, entre otras y el artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 , según los cuales, consideró que no se debía condenar en esa instancia, por cuanto no se aprecia la carencia de fundamentos legales en la oposición ejercida; pues, por el contrario, los argumentos de defensa resultaron ser razonables desde el punto de vista normativo y jurisprudencial.

2.4. Recurso de apelación

18. La apoderada8 de la entidad demandada afirmó que la inconformidad se suscita con relación a la reliquidación de prestaciones sociales , toda vez que no era procedente, pues a la demandante se le reconoció y pagó el 100% de su salario y sobre ese 100% se realizó la liquidación de sus prestaciones sociales. Insiste, en este punto fue analizado por el Consejo de Estado en la sentencia del 15 de diciembre de 2020, y es que desde el año 2003 las prestaciones sociales de los fiscales beneficiarios de la prima del 30%, se les ha liquidado sobre el 100% de su salario, no sobre el 70% como erróneamente y sin pruebas lo concluye el Tribunal.

19. En relación con el pago de aportes de cotización a pensión de jubilación, señaló que es evidente que al ordenar su pago durante los periodos en que la actora ha

como erróneamente y sin pruebas lo concluye el Tribunal.

19. En relación con el pago de aportes de cotización a pensión de jubilación, señaló que es evidente que al ordenar su pago durante los periodos en que la actora ha prestado sus servicios como fiscal delegada ante los jueces del circuito, la providencia apelada va en contravía del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, configurándose con ello un defecto sustantivo en la sentencia recurrida.

20. Precisó que el reconocimiento de la prima especial de servicios debe realizarse en cuantía equivalente al 30% de la asignación básica mensual, entendida como un valor agregado o valor adicional, conforme a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, sin carácter salarial en virtud que no es posible el reconocimiento como mal lo interpreta el fallo de primera instancia al considerar que es sobre 130% del salario básico en el caso de los aportes a pensión.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

21. El recurso de apelación fue admitido por el despacho sustanciador a través de auto del 12 de mayo de 20259 y conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 202110, no se dio traslado a las partes para alegar porque no fue necesario el decreto de pruebas.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

22. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –Administrativo, le corresponde el conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que le confiere el inciso primero del artículo 150 del CPACA, para conocer de los recursos de apelación

22. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –Administrativo, le corresponde el conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que le confiere el inciso primero del artículo 150 del CPACA, para conocer de los recursos de apelación

7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de junio de 2021, Radicado 73001-23-33-000-2019-00022-01(1512-20). 8 SAMAI del Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, índice 30. 9 Índice 004 del expediente electrónico de SAMAI. 10 Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo -ley 1437 de 2011y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción.Radicación: 17001-23-33-000-2021-00232-02 (0821-2025)

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8 interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problemas jurídicos

23. De acuerdo con el marco de juzgamiento fijado en el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la Fiscalía General de la Nación 11, la Sala procede a

resolver los siguientes problemas jurídicos:

24. ¿Es improcedente ordenar la reliquidación de las prestaciones sociales, puesto que desde el año 2003 fueron calculadas sobre el 100% del salario?

resolver los siguientes problemas jurídicos:

24. ¿Es improcedente ordenar la reliquidación de las prestaciones sociales, puesto que desde el año 2003 fueron calculadas sobre el 100% del salario?

25. ¿Se deben pagar los aportes de cotización a pensión de jubilación, durante los periodos en que la actora ha prestado sus servicios como fiscal delegada?

3.3. Marco normativo –Reiteración jurisprudencial–

26. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados ante la rama judicial y para los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, «excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación», con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

27. El Decreto 53 de 1993, expedido por el gobierno en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992, fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores de la Fiscalía General de la Nación, y previó a favor de las personas vinculadas antes del 28 de febrero de 1993, la posibilidad de optar por el régimen salarial y prestacional establecido en dicho decreto, con la excepción establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, que excluía del beneficio de la prima especial a

salarial y prestacional establecido en dicho decreto, con la excepción establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, que excluía del beneficio de la prima especial a quienes optaran por esa escala salarial.

28. La Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido de determinar que la prima especial prevista en el artículo 14 de dicha ley para los funcionarios mencionados en la norma y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida, formaría parte del ingreso base, solo para la liquidación de la pensión de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes.

29. La norma citada fue aclarada por la Ley 476 de 1998, para establecer que la excepción prevista en la Ley 4 de 1992 «no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos servidores, la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 6° del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogan o lo adicionan, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de

11 CGP, artículo 320.Radicación: 17001-23-33-000-2021-00232-02 (0821-2025)

Demandante: Alba Marina Delgado Cáceres

Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

9 liquidación de la pensión de jubilación».

30. De acuerdo con este marco normativo, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda, mediante sentencia SUJ-023-CE-S2 del 15 de diciembre de 2020, estableció frente a la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y su reconocimiento a aquellos fiscales que se acogieron al régimen salarial del Decreto 53 de 1993 y a quienes se vincularon con posterioridad, en los siguientes términos12:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.

2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación.

3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad, tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el c