CE - Sentencia 17001233300020210031301 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2021-00313-01 (3220-2023)1

Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES)

Demandado: John Jairo Giraldo Gil

Tema: lesividad en sustitución pensional. Subtema 1: compañero permanente .

Subtema 2: acto propio en materia pensional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas , el 23 de septiembre de 2022 , que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

COLPENSIONES solicitó la nulidad del acto administrativo que le reconoció la sustitución pensional a John Jairo Giraldo Gil como compañero permanente de Marta Salazar Orozco. En la demanda señaló que el acto acusado es nulo, debido a que John Jairo Giraldo Gil no convivi ó con la causante los últimos 5 años antes de su fallecimiento , como lo acreditó la investigación administrativa especial . El tribunal negó las pretensiones de la demanda con fundamento en que la investigación administrativa es insuficiente para desvirtuar la convivencia entre el demandado y la pensionada

como lo acreditó la investigación administrativa especial . El tribunal negó las pretensiones de la demanda con fundamento en que la investigación administrativa es insuficiente para desvirtuar la convivencia entre el demandado y la pensionada fallecida; por el contrario, consideró que el testimonio de José Javier Jurado, así como el interrogatorio de parte, junto con las pruebas documentales, sí demostraron la convivencia por el tiempo de cinco años.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. COLPENSIONES, mediante apoderado judicial, presentó demanda 2, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , con las siguientes

pretensiones:

1 Expediente electrónico. 2 30 de noviembre de 2021.Radicación: 17001-23-33-000-2021-00313-01 (3220-2023)

Demandante: Colpensiones

Demandado: John Jairo Giraldo Gil

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 (i) Se declare la nulidad de la Resolución SUB 286610 del 17 de octubre de 2019, dictada por COLPENSIONES, que ordenó el reconocimiento y pag o de una sustitución pensional al señor John Jairo Giraldo Gil, en la calidad de compañero permanente de la señora Marta Salazar Orozco de Flórez.

(ii) A título de restablecimiento del derecho solicitó se declare que el señor John Jairo Giraldo Gil debe reintegrar lo pagado por concepto de mesadas, retroactivos y aportes a salud, desde la fecha de inclusión en nómina. Además, pidió que las sumas

Jairo Giraldo Gil debe reintegrar lo pagado por concepto de mesadas, retroactivos y aportes a salud, desde la fecha de inclusión en nómina. Además, pidió que las sumas adeudadas sean indexadas, que se reconozcan los intereses moratorios, así como que «se ordene la compensación de cualquier suma de dinero presente o futura que deba cancelarle COLPENSIONES al demandado»3.

2.1.2. Hechos

2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

3. La señora Marta Salazar Orozco era beneficiaria de una pensión de vejez y falleció el 2 de enero de 2019.

4. COLPENSIONES mediante la Resolución SUB 286610 del 17 de octubre de 2019, reconoció y ordenó el pago de una sustitución pensional, a favor del señor Jo hn Jairo Giraldo Gil, en calidad de compañero permanente.

5. El 24 de octubre de 2019, la entidad recibió un reporte a través de la Línea de Integridad y Transparencia, en el que se indicó la existencia de posibles hechos de fraude en el reconocimiento pensional. Por tanto, inició una investigación administrativa especial, a partir de la cual se expidió el Informe Técnico de Investigación del 7 de enero de 2020, donde concluyó que «no se logró establecer la convivencia de los últimos cinco años de vida de la señora Marta Salazar Orozco, con el señor John Jairo Giraldo Gil […] entre las partes nunca existió convivencia, que tan solo existía una amistad, ya que la causante vivía sola».

6. El 2 de octubre de 2020, se dictó auto de cierre el cual concluyó que eran falsas

solo existía una amistad, ya que la causante vivía sola».

6. El 2 de octubre de 2020, se dictó auto de cierre el cual concluyó que eran falsas las declaraciones extrajuicio aportadas para el reconocimiento pensional , puesto que indicaban que la causante había convivido con el demandado durante los 5 años previos al fallecimiento.

7. Por tanto, COLPENSIONES dictó la Resolución SUB 256562 del 26 de noviembre de 2020, que revocó la Resolución SUB 286610 del 17 de octubre de 2019, mediante la cual reconoció una sustitución pensional en favor del señor Jo hn Jairo Giraldo Gil.

Esta decisión fue confirmada por las resoluciones SUB 33535 del 11 de febrero de 2021 y DPE 1139 del 22 de febrero del mismo año.

8. En la Resolución SUB 161541 de 09 de septiembre de 2021, COLPENSIONES informó que el valor girado al demandado correspondió a $63.097.833.

3 Samai, índice 2, expediente digital, doc. 02.Radicación: 17001-23-33-000-2021-00313-01 (3220-2023)

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2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

9. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:

De la Constitución Política, el artículo 48.

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2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

9. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:

De la Constitución Política, el artículo 48. De la Ley 100 de 1993, el artículo 47, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

10. Al explicar el concepto de violación, COLPENSIONES expuso que el reconocimiento de la sustitución pensional a favor de John Jairo Giraldo Gil, efectuado mediante la resolución demandada es contrario a derecho. Señaló que dicha decisión se adoptó sin un análisis adecuado de las pruebas obrantes en el expediente pensional del causante.

11. En particular, evidenció que no se acreditó la convivencia permanente e ininterrumpida entre el señor Giraldo Gil y la señora Marta Salazar Orozco durante los cinco años anteriores a su fallecimiento, compartiendo techo, lecho y mesa, lo que generó un perjuicio al erario.

12. La entidad señaló que , conforme la investigación administrativa especial , se concluyó que las declaraciones extrajuicio de John Jairo Giraldo Gil, José Javier Jurado Gallego y Blanca Aurora Lopera de Osorio carecen de veracidad, toda vez que John Jairo Giraldo Gil no convivi ó con la causante los últimos 5 años antes de su fallecimiento, y por ello no tendría derecho a la prestación otorgada.

2.2. Contestación de la demanda

13. Según el informe secretarial del 9 de junio de 2022, el accionado no contestó la demanda4.

2.3 . Sentencia de primera instancia

2.2. Contestación de la demanda

13. Según el informe secretarial del 9 de junio de 2022, el accionado no contestó la demanda4.

2.3 . Sentencia de primera instancia

14. El Tribunal Administrativo de Caldas , mediante sentencia del 23 de septiembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda (sin condena en costas). La decisión

se fundó en los siguientes argumentos:

15. COLPENSIONES solicitó la nulidad de la resolución que reconoció la sustitución pensional con fundamento en que eran falsas las dos declaraciones extrajuicio que acreditaron la convivencia durante los cinco años previos al fallecimiento de la pensionada, del 9 de marzo de 2004 hasta el 2 de enero de 2019. En criterio de la entidad, la falsedad se acreditó en la investigación administrativa especial , donde se entrevistó a la s señoras Ana Patricia Urrea Salazar (sobrina de la jubilada), Alba Lucero Osorio y María Rubiela Castaño Carvajal (vecinas del sector de residencia de la pensionada), a partir de cuyas declaraciones concluyó que la causante y el demandado no convivieron por el tiempo exigido en la ley.

4 Samai, índice 2, expediente digital, doc. 16.Radicación: 17001-23-33-000-2021-00313-01 (3220-2023)

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Demandado: John Jairo Giraldo Gil

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16. A juicio del tribunal , el contraste entre las declaraciones extraprocesales aportadas por el demandado para el reconocimiento pensional y la investigación administrativa, aunque genera dudas sobre la convivencia no es suficiente para determinar que no existió , porque María Rubiela Castaño Carvajal relató que el demandado estaba todo el tiempo en la vivienda y Analía Salazar Becerra sí adujo que

hubo convivencia por 15 años, así:

[…] la declarante Alba Lucero Osorio, vecina del sector, simplemente afirmó que, no conoció que la señora Marta Salazar Orozco tuviera esposo o compañero permanente; y la declarante María Rubiela Castaño Carvajal, simplemente manifestó que, nunca tuvo conocimiento de esa convivencia, sin embargo, sí indicó que el señor JJGG permanecía todo el tiempo en la vivienda. Por otra parte, la declarante Analía Salazar Becerra, quien indicó ser sobrina de la causante refirió que el señor JJGG y la señora Marta Salazar Orozco, convivieron por espacio de 15 años sin haber conocido que se separaran

17. También citó el testimonio de José Javier Jurado Gallego quien declaró que John Jairo Giraldo Gil y Marta Salazar Orozco mantenían una relación estrecha desde 2004, convivían en una casa propiedad de esta última, ubicada en Chipre, y solían estar siempre juntos en eventos sociales y familiares. Adicionalmente, el tribunal se refirió al interrogatorio de parte de John Jairo Giraldo Gil en el cual fue indagado sobre la

convivían en una casa propiedad de esta última, ubicada en Chipre, y solían estar siempre juntos en eventos sociales y familiares. Adicionalmente, el tribunal se refirió al interrogatorio de parte de John Jairo Giraldo Gil en el cual fue indagado sobre la convivencia y los últimos días de vida de la pensionada.

18. A partir de estas pruebas, el tribunal concluyó que lo afirmado por los declarantes reafirma el contenido de declaraciones extrajuicio aportadas con la solicitud de reconocimiento de la sustitución pensional . Adicionalmente, resaltó que en el interrogatorio de parte, el demandado precisó con detalle las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que convivió con Marta Salazar Orozco.

19. En este orden de ideas, determinó que las pruebas establecían la convivencia de los compañeros permanentes desde 2004 hasta el 2 de enero de 2019, sin que se tratara de una «convivencia casual, circunstancial, incidental, ocasional, esporádica o accidental de última hora, con la intención de acceder a la pensión de sobrevivientes de quien está a punto de fallecer».

20. No impuso la condena en costas, toda vez que la entidad promovió el medio de control con el propósito de proteger el patrimonio público , sin que se advirtiera temeridad o mala fe5.

2.4. Recurso de apelación

2.4.1. Parte demandante

21. COLPENSIONES, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, para que se revoque y en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos:

22. La administradora de pensiones decidió iniciar una investigación administrativa

sentencia de primera instancia, para que se revoque y en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos:

22. La administradora de pensiones decidió iniciar una investigación administrativa especial para determinar si John Jairo Giraldo Gil fue realmente compañero

5 Samai, índice 2, expediente digital, doc. 39.Radicación: 17001-23-33-000-2021-00313-01 (3220-2023)

Demandante: Colpensiones

Demandado: John Jairo Giraldo Gil

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5 permanente de la causante durante sus últimos años de vida. Así, mediante el informe técnico concluyó que:

No se acreditó el contenido y la veracidad de la solicitud presentada por JOHN JAIRO GIRALDO GIL, una vez analizadas y revisadas cada una de las pruebas aportadas en la presente investigación administrativa. De acuerdo con la información verificada, cotejo de documentación, entrevistas y labores de campo, no se logró establecer la convivencia de los últimos cinco años de vida de la señora MARTA SALAZAR OROZCO, con el señor JOHN JAIRO GIRALDO GIL, quien manifestó haber convivido con la causante desde el día 09 de marzo del año 2004, bajo la figura de unión marital de hecho, hasta el día 02 de enero del año 2019, fecha de deceso de la causante. Es importante mencionar que se carecen de pruebas para verificar la información sum inistrada por el solicitante teniendo en cuenta:

de enero del año 2019, fecha de deceso de la causante. Es importante mencionar que se carecen de pruebas para verificar la información sum inistrada por el solicitante teniendo en cuenta:

Al realizar entrevistas con algunos familiares y vecinos coinciden en indicar que entre las partes nunca existió convivencia, que tan solo existía una amistad ya que la causante vivía sola, no obstante, una sobrina afirma que, s í existió convivencia, pero en la entrevista no se nota segura de la información que brindó por tanto presenta controversias. - No aport ó documentos probatorios tales como c édula original de la causante, historia clínica, tr ámites fúnebres, fotos recientes al fallecimiento o pertenencias que se demuestre un vínculo sentimental.

23. Por consiguiente, la entidad apelante señaló que el análisis de las pruebas documentales y testimoniales demostró que no existió convivencia entre la causante y John Jairo Giraldo Gil y, por tanto, el acto demandado debe ser declarado nulo.

Puntualmente, explicó que se realizaron entrevistas a los familiares de la pensionada y vecinos del sector de residencia, quienes afirmaron que no existió un vínculo marital entre la causante y el demandado.

24. En cuanto al interrogatorio realizado a John Jairo Giraldo Gil, la entidad resaltó que cuando fue indagado sobre la convivencia indicó que «cuando llegaban familiares de la causante, él se trasladaba a otro apartamento para permanecer hasta cuando los fami liares terminaban su estadía, dejando duda sobre la intimidad que debían guardar como pareja en su habitación». Además, manifestó que ya no residía en la vivienda donde presuntamente convivía con la pensionada; y que no inició el proceso

los fami liares terminaban su estadía, dejando duda sobre la intimidad que debían guardar como pareja en su habitación». Además, manifestó que ya no residía en la vivienda donde presuntamente convivía con la pensionada; y que no inició el proceso de sucesión para adquirir los bienes de la fallecida Marta Salazar Orozco.

25. Así pues, el procedimiento administrativo realizado por COLPENSIONES condujo a determinar la existencia de fraude para adquirir la sustitución pensional; por ello, la entidad estimó que el fallo de primera instancia no valoró las pruebas acorde con los principios de la sana crítica, toda vez que el demandado no acreditó la existencia de un compromiso marital con la jubilada, «pero sí, que la relación fue de amistad, tal como consta en las declaraciones rendidas por las señoras Ana Patricia Urrea Salazar y Analía Salazar Becerra, en calidad de sobrinas de la causante, como t ambién la prueba fehaciente que el demandado con posterioridad al fallecimiento de la señora Marta Salazar Orozco, se trasladó de vivienda».

26. Respecto de la revocatoria directa del acto administrativo que reconoce una prestación a cargo del tesoro público, regulada en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, indicó que procede sin el consentimiento del particular cuando el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa. En el mismo sentido, adujo que el artículo 243 de la Ley 1450 de 2011 prevé la facultad de las entidades de iniciar de oficio unaRadicación: 17001-23-33-000-2021-00313-01 (3220-2023)

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6 actuación administrativa cuando se ha reconocido una pensión con documentos falsos, de donde surge que no se debe acudir al artículo 97 idem. Por consiguiente, indicó que no se requiere de un procedimiento penal para revocar el acto administrativo.

27. Insistió entonces en que la investigación administrativa especial concluyó que los documentos que motivaron el reconocimiento de la pensión se sustentaron en información falsa, pero esta actuación no fue valorada por el tribunal.

28. Como corolario de lo expuesto, sostuvo que se debe ordenar al demandado la devolución a la entidad de los dineros pagados por concepto del reconocimiento pensional6.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

29. Mediante auto del 26 de octubre de 20237, el despacho ponente admitió el recurso de apelación conforme el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 , e indicó que no había solicitudes probatorias , por tanto, prescindió del perio do para correr traslado a las partes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

30. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150 del CPACA.

31. En escrito del 13 de mayo de 2025, el demandado solicitó el impulso procesal dado

primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150 del CPACA.

31. En escrito del 13 de mayo de 2025, el demandado solicitó el impulso procesal dado que es un adulto mayor, sufrió un infarto, depende de un caminador y vive solo, y está afectado su mínimo vital8. Por tanto, se procede a dictar decisión de fondo. 3.2. Cuestión previa

32. Con ocasión de la expedición de la Ley 2080 de 2021 el legislador adoptó un nuevo esquema en materia de resolución de las excepciones genuinamente previas y las de naturaleza perentoria. En punto de la caducidad, como excepción perentoria, existen dos momentos en los cuales se prevé su estudio y resolución, a saber: i) en cualquier estado del proceso, a través de sentencia anticipada, siempre que el juzgador la encuentre probada (artículos 175, inciso 4, parágrafo 2, y 182A, numeral 3 del CPACA9); y ii) en la sentencia de fondo (artículo 187 del CPACA10), oportunidad esta

6 Samai, índice 2, expediente digital, doc. 42. 7 Samai, índice 4. 8 Samai, índice 20. 9 «ARTÍCULO 182A. SENTENCIA ANTICIPADA. <Artículo adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Se podrá dictar sentencia anticipada: […].

3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva. […].»

3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva. […].» 10 «ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. […].Radicación: 17001-23-33-000-2021-00313-01 (3220-2023)

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7 última en la cual el juez decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que encuentre probada11.

33. Esta aclaración resulta importante si se tiene en cuenta que a través de la Ley 2381 de 2024 se introdujo una importante modificación, por la cual se establece un término de caducidad, frente a las demandas que la administración formula contra sus propios actos de reconocimiento pensional.

34. Bajo estos supuestos, y teniendo en cuenta que en este asunto no hay lugar a emitir una sentencia anticipada para declarar probada la caducidad, toda vez que dicho término no resulta aplicable al caso concreto, como se explicará más adelante, le corresponde a la Sala en este momento procesal pronunciarse frente a este tópico. Lo anterior, si se tiene en cuenta que al encontrase el proceso al despacho para dictar sentencia es procedente, en los términos de los artículos 187 y 207 del CPACA, resolver cualquier excepción propuesta y de las que el juez eventualmente encuentre probadas, entre ellas, la caducidad del medio de control y, adicionalmente, ejercer el

sentencia es procedente, en los términos de los artículos 187 y 207 del CPACA, resolver cualquier excepción propuesta y de las que el juez eventualmente encuentre probadas, entre ellas, la caducidad del medio de control y, adicionalmente, ejercer el control de legalidad y saneamiento del proceso.

35. Precisado lo anterior, y como se anunció en líneas anteriores, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 en su primera parte estableció un término de caducidad de 5 años «para ejercer acciones administrativas y contencioso administrativas respecto de las pensiones reconocidas», contado a partir del reconocimiento de la referida prestación.

Así se observa en el texto del citado artículo 86 ibidem:

«ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la s excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. […]».

11 Sobre este particular puede verse auto de sala unitaria de 16 de septiembre de 2021. Rad. 05001 -23-33-0002019-02462-01 (2648-2021). MP William Hernández Gómez, en el cual se precisó que: « Al respecto, se tiene que el inciso 4.º del parágrafo 2.º del artículo 175 del CPACA (modificado por el artículo 38 de la Ley 2080) consagró que las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A, y este determinó que podrá dictarse esta providencia, en cualquier estado del proceso, cuando el juzgador advierta demostrada una de las perentorias citadas. A su vez, el artículo 187 ibidem señaló que en la sentencia se pronunciará sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. En ese orden de ideas, la resolución de defensa materializada en las excepciones perentorias nominadas, no pueden decidirse mediante auto antes de la audiencia inicial, ni en la citada diligencia judicial, sino que solo se declararán fundadas por medio de sentencia anticipada, acorde con los lineamientos precisados en el numeral tercero del artículo 182A del CPACA o, de lo contrario, esto es, cuando todavía no se encuentren probadas o demostradas, el juzgador tendrá la opción de dirimirlas en la sentencia o rdinaria que defina de fondo las pretensiones de la demanda, conforme al artículo 187 del CPACA».Radicación: 17001-23-33-000-2021-00313-01 (3220-2023)

Demandante: Colpensiones

pretensiones de la demanda, conforme al artículo 187 del CPACA».Radicación: 17001-23-33-000-2021-00313-01 (3220-2023)

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8 A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley. Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del recurso extraordinario de revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.» [destacado fuera del texto]

36. Visto lo anterior, se tiene que, en el caso concreto, COLPENSIONES solicita la nulidad de la Resolución SUB 286610 del 17 de octubre de 2019 , por medio de la cual reconoció una sustitución pensional hace más de 5 años, por lo que es necesario establecer si hay lugar a la aplicación del nuevo término de caducidad, sin perder de vista las reglas previstas en el ordenamiento jurídico, en materia de tránsito legislativo, tratándose de leyes que regulan la sustanciación y l as ritualidades propias de los juicios.

37. En efecto, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 en tanto establece un término de caducidad de 5 años para el ejercicio de las « acciones administrativas y contencioso

juicios.

37. En efecto, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 en tanto establece un término de caducidad de 5 años para el ejercicio de las « acciones administrativas y contencioso administrativas respecto de las pensiones reconocidas » se considera de aquellas normas mediante las cuales se establecen las reglas de sustanciación y ritualidades propias de los juicios, por lo que para efectos de su aplicación en el tránsito legislativo anunciado es menester acudir a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de 188712.

38. Lo anterior, porque si bien el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 señala que el referido término de caducidad aplicará incluso para las « acciones administrativas y/o contencioso administrativas » en curso, lo cierto es que la regulación legal de la caducidad como instituto procesal, mediante el cual se limita el derecho de acción, guarda una íntima relación con las formas propias de los juicios, esto es, con la sustanciación y ritualidades previ stas para regular el derecho de acceso a la administración de justicia.

39. En tal sentido, aunque, por regla general las normas procesales se consideran de orden público y de inmediata aplicación, lo cierto es que, el legislador de 1887 no pasó por alto la necesidad de garantizar los principios de confianza legítima y seguridad jurídica estableciendo una serie de excepciones que hacen posible, aun frente a cambios normativos sobrevinientes, aplicar las reglas que gobiernan la sustanciación y ritualidades en los asuntos judiciales vigentes al momento en que son interpuestos los rec ursos, se practican pruebas, se realizan audiencias y empiezan a contabilizarse términos como el establecido para la caducidad de los medios de control.

y ritualidades en los asuntos judiciales vigentes al momento en que son interpuestos los rec ursos, se practican pruebas, se realizan audiencias y empiezan a contabilizarse términos como el establecido para la caducidad de los medios de control.

12 «Artículo 40. Modificado por el artículo 624, Ley 1564 de 2012. Las leyes concernientes a la sustanciaci ón y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Sin embargo, los recursos interpuestos , la pr áctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los t érminos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. La competencia para tramitar el proceso se regir á por la legislación vigente en el momento de formulaci ón de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad.» [destacado fuera del texto].Radicación: 17001-23-33-000-2021-00313-01 (3220-2023)

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40. Esos mismos principios, de confianza legítima y seguridad jurídica, que inspiraron

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40. Esos mismos principios, de confianza legítima y seguridad jurídica, que inspiraron la adopción de este tipo de reglas en materia de tránsito legislativo en el siglo XIX, siguen presentes en el texto constitucional de 1991, según puede verse en los artículos 1, 2, 4, 5, 6 y 83 13. Así las cosas, el carácter preconstitucional de la Ley 153 de 1887 en nada contradice el espíritu de la Constitución de 1991, por el contrario, las reglas previstas en esta ley siguen siendo una importante herramienta que contribuye a la interpretación y aplicación de las distintas disposiciones que integran el ordenamiento jurídico vigente.

41. En este orden de ideas, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, al caso concreto resulta aplicable la regulación en materia de caducidad prevista en el texto original del literal c, del artículo 164 del CPACA, dado que, al momento de su formulación era la disposición que en materia de oportunidad para presentar la demanda se encontraba vigente y en la cual, vale la pena precisar, no se tenía previsto término de caducidad alguno.

42. Esta consideración, no solo encuentra sustento en la aplicación de las reglas de s