CE - Sentencia 17001233300020220014201 de 2025

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 17001-23-33-000-2022-00142-01 (28829) Demandante UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN Temas Impuesto sobre la renta. Año gravable 2017. Registro de contratos de importación de tecnología. Aportes a seguridad social. Sanción por inexactitud. Costas. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La S ección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 15 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas1, que resolvió lo siguiente: Primero: Negar las pretensiones de la demanda.

Segundo: Condenar en costas en esta instancia a la demandante UAM y en favor de la demandada DIAN a título de agencias en derecho, las cuales se fijan en el tres por ciento (3%) de lo pedido en la demanda.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, liquidar los gastos del proceso, devolver los remanentes si l os hubiere, y archivar el proceso, previas las anotaciones del caso en el aplicativo SAMAI. (…)

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

remanentes si l os hubiere, y archivar el proceso, previas las anotaciones del caso en el aplicativo SAMAI. (…) ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA El 14 de abril de 2018 , la Universidad Autónoma de Manizales en su condición de entidad sin ánimo de lucro presentó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios de 2017, determinado una renta exenta. El 27 de mayo de 2021, la DIAN emitió el requerimiento especial 2021010040000005 que propuso rechaz ar costos y liquidó impuesto a cargo, sanción por inexactitud y determinó salgo a pagar. La universidad dio respuesta el 2 5 de agosto de 2021. El 17 de diciembre de 2021, la universidad se acogió al beneficio de reducción transitoria de sanciones y tasa de intereses previsto en el artículo 45 de la Ley 2155 de 2021, para lo cual, efectuó el pago del impuesto y las sanciones e intereses reducidos. El 15 de febrero de 2022, la administración expidió la liquidación oficial de revisión 2022010050000014 desconociendo costos en menor cuantía a los planteados en el acto previo y reliquidó el impuesto, la sanción por inexactitud y el saldo a pagar. La Universidad demandó per saltum.

1 Samai Tribunal, índice 15.Radicado: 17001-23-33-000-2022-00142-01 (28829)

Demandante: Universidad Autónoma de Manizales

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

Demandante: Universidad Autónoma de Manizales

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), l a parte demandante formuló las siguientes pretensiones 2: 5.1. Se DECLARE la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No. 2022010050000014 del 15 de febrero de 2022, a través de la cual se modificó la Declaración de Impuesto sobre la Renta y Complementarios del año gravable 2017 de la Universidad Autónoma de Manizales. 5.2. A título de restablecimiento del derecho, se DECLARE la firmeza de la Declaración Privada del Impuesto sobre la Renta y Complementarios del año gravable 2017. 5.3. Igualmente, a título de restablecimiento del derecho SE DECLARE que el pago realizado a través del Recibo Oficial de Pago de Impuestos no. 4910048221867 por valor de $570.544.000 constituye un pago de lo no debido, y SE ORDENE su reintegro a la demandante con los intereses de que trata los artículos 863 y 863 (sic) del E.T. 5.4. Se condene en costas y agencias en derecho a la Entidad demandada. A los anteriores efectos, el demandante invocó como violados los artículos 83, 228, 338 y 363 de la Constitución Política ; 23 y 590 del Estatuto Tributario ; 137, 138 y

A los anteriores efectos, el demandante invocó como violados los artículos 83, 228, 338 y 363 de la Constitución Política ; 23 y 590 del Estatuto Tributario ; 137, 138 y 148 de la Ley 1437 de 2011; 140 y 145 de la Ley 1819 de 2016 ; y 3 del Decreto 1070 del 2013. Sustentó la vulneración de las normas como sigue :

1. Reducción de sanciones bajo la Ley 2155 de 2021

Puso de presente que , bajo el artículo 45 de la Ley 2155 de 2021, se previó una reducción de sanciones e intereses de mora, previo pago del impuesto, a la cual se acogió la universidad sin que ello impida continuar con la discusión los actos administrativos.

2. Calidad de contribuyente de la Universidad en el impuesto sobre la renta Narró que la universidad es una institución de educación superior y durante 35 años tuvo la calidad de no contribuyente del impuesto sobre la renta, según disponía el artículo 23 del Estatuto Tributario 3, de manera que no estaba sujeta al tributo ni a las reglas de depuración del artículo 26 ibidem. Relató que, solo con el artículo 145 de la Ley 1819 de 2016, las instituciones de educación superior pasaron a ser del régimen tributario especial y que dicha norma solo empezó a regir desde el 01 de enero de 2017.

3. Registro de contratos para deducibilidad de gastos en el exterior y requisitos en el caso concreto Transcribió los artículos 66 y 67 del Decreto Ley 187 de 1985, 12 de la Decisión 291 de 1991, 1 del Decreto 259 de 1992 y jurisprudencia del Consejo de Estado4 sobre

requisitos en el caso concreto Transcribió los artículos 66 y 67 del Decreto Ley 187 de 1985, 12 de la Decisión 291 de 1991, 1 del Decreto 259 de 1992 y jurisprudencia del Consejo de Estado4 sobre la obligación de registro de los contratos de importación de tecnología, para advertir que este requisito fue establecido con la finalidad de deducir los gastos asociados a estos en el impuesto sobre la renta. Anotó que dicho procedimiento, desde el 24 de febrero de 2014 se efectúa ante la DIAN.

2 Samai Tribunal, índice 19. 3 Calidad que se mantuvo en las Leyes 223 de 1995, 1111 de 2006 y 1430 de 2010. 4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 28 de noviembre de 2019, exp. 23344, M.P. Milton Chaves GarcíaRadicado: 17001-23-33-000-2022-00142-01 (28829)

Demandante: Universidad Autónoma de Manizales

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que como la universidad no era contribuyente del impuesto sobre la renta, no debía calcular renta líquida, de forma que , al suscribir el contrato de asistencia técnica tampoco estaba obligada a inscribirlo, en tanto no requería que sus gastos cumplieran con los requisitos de deducibilidad. Alegó que pretender que, por 2017, la universidad debía registrar un contrato que venía ejecutando desde 2013, implica una aplicación retroactiva de varias normas

cumplieran con los requisitos de deducibilidad. Alegó que pretender que, por 2017, la universidad debía registrar un contrato que venía ejecutando desde 2013, implica una aplicación retroactiva de varias normas pues la interpretación correcta de la obligación es que solo deben registrarse contratos suscritos cuando las instituciones de educación superior pasaron a ser parte del régimen tributario especial, esto es, desde 1 de enero de 2017. Expuso que únicamente era exigible la retención en la fuente para la deducibilidad del gasto, la cual se practicó.

4. Desconocimiento del principio de confianza legítima Conceptualizó el principio de confianza legítima 5, y argumentó que, en este caso, debe observars e en la medida que: i) por más de 35 años, la universidad fue no contribuyente, dado que las leyes no cambiaron tal calidad hasta 2016, de forma que no debía registrar contratos de importación de tecnología para deducir gastos. ii) la nueva calificación de la institución como contribuyente del régimen tributario especial no previó mecanismos ni un plazo de tiempo para que adecuara su comportamiento a las exigencias para deducir gastos. Explicó que la norma dispuso que el registro de los contratos debía hace rse dentro de los seis meses siguientes a su suscripción, lo cual, en este caso, ocurrió en 2013, cuando no existía tal obligación.

Afirmó que la DIAN aplicó retroactivamente la Ley 1819 de 2016 y violó el principio de confianza legítima al exigirle a la universidad el registro de un contrato cuando a ello no estaba obligado. Sostuvo que el cambio intempestivo de calificación como

Afirmó que la DIAN aplicó retroactivamente la Ley 1819 de 2016 y violó el principio de confianza legítima al exigirle a la universidad el registro de un contrato cuando a ello no estaba obligado. Sostuvo que el cambio intempestivo de calificación como contribuyente defraudó su confianza, al rechazarse la deducción, sin otorgarse un plazo para realizar el registro.

5. Retenciones en la fuente pagadas a Babson College Rechazó el desconocimiento de las retenciones asociadas al contrato, ante la ausencia del registro del contrato, reiterando los argumentos expuestos sobre el hecho de que no estaba obligado a tal procedimiento.

6. Aportes a seguridad social de trabajadores independientes Hizo mención al artículo 27 de la ley 1393 de 2010 y al Decreto 1070 de 2013 , que regulan la obligación de verificar los aportes a seguridad social de independientes , para especificar que esta procede cuando el pago supera un salario mínimo y hay un contrato de prestación de servicios.

Precisó que los independientes que tienen contratos distintos a la pr estación de servicios personales tienen derecho a calcular la base de cotización de aportes, restando costos y gastos , deducciones que no puede n ser verificada s por el contratante pues carece de facultades para determinar que cumplan con los requisitos de causalidad, necesidad y proporcionalidad . Refirió a la definición de contrato de servicios personales del artículo 1.2.1.20.3. del Decreto 1625 de 2016 para establecer que, si una persona realiza una actividad con criterio empresarial,

contrato de servicios personales del artículo 1.2.1.20.3. del Decreto 1625 de 2016 para establecer que, si una persona realiza una actividad con criterio empresarial,

5 A partir de las sentencias C-478 de 1998, C-235 de 2009 y C-007 de 2002 de la Corte Constitucional.Radicado: 17001-23-33-000-2022-00142-01 (28829)

Demandante: Universidad Autónoma de Manizales

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co esto es, tiene emple ados, incurre en costos y gastos, entre otros, no es necesario verificar la realización de aportes. Reseñó que los pagos deducidos y rechazados no se efectuaron por un servicio personal y, en consecuencia, no debía verificar los aportes a seguridad social, pues dicha obligación no se extiende a cualquier contratación.

7. Sanción por inexactitud Manifestó que la sanción era improcedente dado que se configuró una diferencia de criterios en la medida en que la discusión giró en torno a la interpretación de una obligación formal.

Oposición de la demanda La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda 6, con fundamento en lo siguiente: A partir de la Decisión Andina 291 de 1991, los Decretos 187 de 1975, 259 de 1992 y 4176 de 2011, el artículo 123 de la Ley 1819 de 2016, la resolución 000062 de 2014 de la DIAN y la sentencia del 28 de julio de 2011, exp. 17864, M.P. Martha

y 4176 de 2011, el artículo 123 de la Ley 1819 de 2016, la resolución 000062 de 2014 de la DIAN y la sentencia del 28 de julio de 2011, exp. 17864, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia del Consejo de Estado , aseveró que el registro de contratos de asistencia técnica es obligatorio desde el 12 de febrero de 1992, inicialmente ante el Incomex y desde noviembre de 2011 ante la DIAN. En consecuencia, descartó que la obligación surgiera con la Ley 1819 de 2016, pues aquella estaba vigente desde el Decreto 187 de 1975 y era conocida por la universidad. Reparó en que las retenciones asociadas al contrato no son procedentes, en tanto siguen la suerte de lo principal, a partir de los artículos 1499 y 1524 del Código Civil. Con relación al rechazo por no haberse acreditado los pagos a seguridad social por contratos de prestación de servicios celebrados con personas naturales cuyo pago mensual superó un salario mínimo legal mensual vigente , con fundamento en los artículos 108 -parágrafo 2 - del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.7. del Decreto 2250 de 2017, aseguró que la universidad no los demostró, así como tampoco probó que éstos no prestaran servicios personales. Estimó procedente la sanción p or inexactitud dado que, en su calidad de contribuyente del impuesto sobre la renta desde 2017, la universidad debía cumplir con la legislación tributaria e incluyó costos no procedentes. Descartó la diferencia de criterios pues la improcedencia de los cos tos no deriva de una interpretación razonable del derecho aplicable. Verificó el cumplimiento de los principios de

con la legislación tributaria e incluyó costos no procedentes. Descartó la diferencia de criterios pues la improcedencia de los cos tos no deriva de una interpretación razonable del derecho aplicable. Verificó el cumplimiento de los principios de lesividad, proporcionalidad y gradualidad, en atención a que el incumplimiento de obligaciones tributarias erosionó la base del impuesto, se castigó la conducta reprochable y no hubo aceptación de la sanción. Sentencia apelada El Tribunal negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandante, con fundamento en las siguientes consideraciones 7:

6 Samai Tribunal, índice 19. 7 Samai Tribunal, índice 15.Radicado: 17001-23-33-000-2022-00142-01 (28829)

Demandante: Universidad Autónoma de Manizales

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Reseñó que la demandante tenía la calidad de no contribuyente del impuesto sobre la renta hasta el 29 de diciembre de 2016 y, desde 2017, adquirió la obligación de declarar. Dijo que a la universidad le eran aplicables las normas tributarias vigentes cuando adquirió la calidad de contribuyente y por los hechos ocurridos en ese momento. Observó que el contrato con Babson College se suscribió el 11 de noviembre de 2013 y fue objeto de varias enmiendas y prórrogas, en virtud de las cuales se extendió hasta el 31 de diciembre de 2017. Resaltó que el contrato estaba en ejecución en 2017 y descartó violaciones a los principios de favorabilidad e

2013 y fue objeto de varias enmiendas y prórrogas, en virtud de las cuales se extendió hasta el 31 de diciembre de 2017. Resaltó que el contrato estaba en ejecución en 2017 y descartó violaciones a los principios de favorabilidad e irretroactividad por cuanto se aplicaron las normas vigentes para ese año fiscal. Afirmó que la demandante no podía des conocer las normas que regulaban el registro de los contratos de asistencia técnica, las cuales estaban vigentes para 2017 y en forma previa a dicho año, de forma que la obligación del Decreto 187 de 1975 sí le era aplicable a la universidad y, por ende, l os pagos realizados en virtud del contrato no eran deducibles antes la ausencia del registro. Estimó que el registro del contrato no es una simple formalidad, sino un deber . Mencionó que en el acto demandado se rechazaron diversos costos por pagos de honorarios e impuestos y que, no obstante, en la demanda solo se presentaron reparos frente a los pagos relativos a la «Universidad Babson College» desconocidos por la falta de acreditación de los aportes a seguridad socia l. Que, «Por lo expuesto, esta Sala de Decisión, asumió la resolución del problema jurídico relacionado con la acreditación de la contribución al sistema general de seguridad social, sólo respecto de los pagos realizados a la Universidad BABSON COLLEGE». Transcribió el objeto del contrato para advertir que el mismo consistió en un proyecto de ecosistema de espíritu empresarial en la ciudad de Manizales, que implicó la vinculación de personas naturales que prestaron sus servicios personales para la ejecución del acuerdo . Que, sin embargo, la demandante no acreditó el pago de

de ecosistema de espíritu empresarial en la ciudad de Manizales, que implicó la vinculación de personas naturales que prestaron sus servicios personales para la ejecución del acuerdo . Que, sin embargo, la demandante no acreditó el pago de aportes a seguridad social , que los artículos 108 del Estatuto Tributario y 9 del Decreto 3032 de 2013 exigen para deducir pagos a personas naturales independientes, ni demostró que la acreditación de este requisito no era necesario. Así, concluyó que el rechazo era procedente. Estimó acertado imponer la sanción por inexactitud y descartó la diferencia de criterios pues la universidad incumplió obligaciones legales para acceder a las deducciones, sin perjuicio de que no existió la irretroactividad alegada. Negó el reintegro de las sumas pagadas por concepto de sanción, intereses e impuesto dado que la demanda no prosperó. Ordenó condenar en costas a la demandante por ser la parte vencida en el proceso, y en la medida que la demandada intervino mediante apoderado judicial. Fijó las agencias en derecho en el 3% de las pretensiones, atendiendo lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso y el literal ii) numeral 1 del artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016. Recurso de apelación El demandante apeló la decisión de primera instancia 8, con fundamento en lo siguiente:

8 Samai Tribunal, índice 20.Radicado: 17001-23-33-000-2022-00142-01 (28829)

Demandante: Universidad Autónoma de Manizales

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siguiente:

8 Samai Tribunal, índice 20.Radicado: 17001-23-33-000-2022-00142-01 (28829)

Demandante: Universidad Autónoma de Manizales

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aceptó que el requisito de registro de los contratos se estableció en el Decreto Ley 187 de 1985 ; sin embargo , advirtió que este solo debía adelantarse por contribuyentes del impuesto sobre la renta y que, como suscribió el contrato con Babson College el 11 de noviembre de 2013, cuando no tenía dicha calidad , no debía satisfacer ningún requisito en relación con l a deducibilidad de pagos asociados al acuerdo. Anotó que el tribunal parece aceptar la aplicación retroactiva de la norma , y que la sentencia apelada no desarrolla en qué momento debió efectuar el registro y desde cuándo se computaban los seis meses regula dos en el artículo 72 de la Ley 1819 de 2016. Al respecto, reiteró que el legislador no estableció un término para registrar los contratos suscritos antes del 01 de enero de 2017 por entidades que no eran contribuyentes y que, de aplicarse el término de se is meses, el registro debió efectuarse antes del 11 de mayo de 2014, lo que implica que una obligación que se estableció para la universidad desde el 1 de enero de 2017 tendría que haberse cumplido tres años antes. Agregó que, aun considerando la adición del contrato -que llevó a su ejecución durante el 2017 -, debe tenerse en cuenta que previamente debía registrarse el acuerdo, lo cual no podía llevarse a cabo.

cumplido tres años antes. Agregó que, aun considerando la adición del contrato -que llevó a su ejecución durante el 2017 -, debe tenerse en cuenta que previamente debía registrarse el acuerdo, lo cual no podía llevarse a cabo. Cuestionó que la sentencia no se pronunciara sobre el cargo relativo a la vulneración de la confianza legítima, e insistió en que el tratamiento tributario de no contribuyentes de las instituciones de educación superior se mantuvo por aproximadamente 35 añ os, pues solo se modificó con la Ley 1819 de 2016 , y que ello implicaba que no se le podía exigir el cumplimiento de normas relacionadas con la deducibilidad de erogaciones . De manera que , hasta el año gravable 2016 la sociedad no tenía el deber de registrar los contratos de asistencia técnica. Subrayó que el artículo 145 de la Ley 1819 de 2016 no estableció un período de transición para efectuar el registro , y en su lugar, realizó un cambio intempestivo, por lo que solicitó al Consejo de Estado fijar un precedente relativo a que el registro solo era exigible a contratos suscritos después del año 2016, debiendo bajo la figura de excepción de inconstitucionalidad inaplicar el inciso 2º del artículo 123 del Estatuto Tributario. Adujo que, al aceptar la deducibilidad de los pagos por el contrato, las retenciones serían admisibles y que estas tenían relación de causalidad con la actividad meritoria. Frente al rechazo de la deducción de pagos por no acreditarse los aportes a seguridad social, cuestionó que el tribunal confundió el problema jurídico del registro del contrato de asistencia técnica celebrado con Babson College , con el de los

meritoria. Frente al rechazo de la deducción de pagos por no acreditarse los aportes a seguridad social, cuestionó que el tribunal confundió el problema jurídico del registro del contrato de asistencia técnica celebrado con Babson College , con el de los aportes, pues las erogaciones de esta última glosa versan sobre pagos de honorarios realizados a otros contratistas. Reprochó que la sentencia exigiera verificar la afiliación y pago de seguridad social de una persona jurídica extranjera no residente fiscal, frente a un contrato que no le otorga la calidad de contratista, por lo que adoptó una decisión por fuera del acto enjuici ado. Insistió en que la verificación del pago de aportes a seguridad social no puede efectuarse en aquellos contratos en los que la persona puede detraer costos y gastos, cuya deducibilidad no puede validar el contratante. Acotó que cuando se incurre en es tos y la actividad se desarrolla con criterios empresariales o se subcontrata, no hay un servicio personal, como en el caso de los pagos rechazados.Radicado: 17001-23-33-000-2022-00142-01 (28829)

Demandante: Universidad Autónoma de Manizales

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Alegó que la sanción por inexactitud era improcedente, en cuanto se configuró una diferencia de criterios f rente al alcance de una obligación formal , y que la interpretación de la universidad fue razonable bajo el principio de confianza legítima y la argumentación sobre la ausencia de un servicio personal. Se opuso a la condena en costas al considerar que no er a aplicable el artículo 365

interpretación de la universidad fue razonable bajo el principio de confianza legítima y la argumentación sobre la ausencia de un servicio personal. Se opuso a la condena en costas al considerar que no er a aplicable el artículo 365 del Código General del Proceso debido a que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 -modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021regula la condena en costas y supeditó su procedencia a que se establezca que la demanda carece manifiestamente de fundamento legal, lo cual no se configura en el caso analizado, pues los argumentos que sustentan este medio de contro l son varios y sólidos. Insistió en que, a título de restablecimiento del derecho, se declare que la suma pagada en la vía gubernativa constituye un pago de lo no debido y sea devuelta con los intereses previstos en el artículo 863 del Estatuto Tributario. Oposición al recurso de apelación La demandada guardó silencio. Intervención del Ministerio Público El Ministerio Público no rindió concepto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Problema jurídico Le corresponde a la S ección resolver los cargos de apelación formulados por la parte demandante respecto de la sentencia de primera instancia . En particular corresponde determinar si era procedente : i) el desconocimiento de costoshonorariosy retenciones, por la falta de registro del contrato de asistencia técnica suscrito por la universidad con Babson Global Inc -Babson College, ii) el rechazo de los costos -honorariospor no haberse acreditado el pago de aportes a seguridad social, iii) la sanción por inexactitud y iv) la condena en costas.

2. Registro del contrato de asistencia técnica

los costos -honorariospor no haberse acreditado el pago de aportes a seguridad social, iii) la sanción por inexactitud y iv) la condena en costas.

2. Registro del contrato de asistencia técnica El 11 de noviembre de 2013, la Universidad Autónoma de Manizales suscribió un contrato de asistencia técnica con Babson College , Inc, corporación sin ánimo de lucro de Massachussets, para la asesoría en la dirección de un proyecto de ecosistema de espíritu empresarial en Manizales (fls. 137 a 153 dorso Caa). Dicho acuerdo entró en vigor el 2 de diciembre de 2013 y fue objeto de diversas enmiendas el 23 de noviembre de 2014 (fls. 154 a 157 Caa), el 28 de noviembre de 2015 (fls. 166 a 167 dorso Caa) y la última que lo prorrogó del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017 y modificó las condiciones financieras del contrato (fls. 174 a 175 dorso Caa).

El acto demandado desconoció los costos registrados por la universidad asociados al contrato de asistencia técnica a la entidad Babson College , toda vez que, en el marco de la investigación constató que no se realizó el registro del acuerdo, requisito para la procedencia de la deducción de los pagos al exterior , en los términos del artículo 123 del Estatuto Tributario.Radicado: 17001-23-33-000-2022-00142-01 (28829)

Demandante: Universidad Autónoma de Manizales

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Universidad Autónoma de Manizales

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La sentencia de primera instancia consideró que la universidad sí estaba obligada a registrar el contrato toda vez que el mismo estaba en ejecución en 2017 y, para esa fecha y en forma previa, regían las normas que exigían el registro del acuerdo, el cual, estimó que no era una simple formalidad, sino un deber. En la apelación, el demandante cuestiona que, para la fech a de suscripción del contrato no era contribuyente del impuesto sobre la renta y , por tanto, no debía proceder con el registro. Anotó que el tribunal parece aceptar la aplicación retroactiva de la norma y que la sentencia no desarrolla en qué momento debió efectuar el registro y desde cuándo se computaban los seis meses regulados en el artículo 72 de la Ley 1819 de 2016. Reiteró que el legislador no estableció un término para registrar contratos suscritos antes del 01 de enero de 2017 por entidades que no eran contribuyentes y que, de aplicarse el término de seis meses, el registro debió efectuarse antes del 11 de mayo de 2014, lo que implica que una obligación que se estableció para la universidad desde el 1 de enero de 2017 tendría que haberse cumplido tres años antes . Agregó que, aun considerando la adición, debía registrarse primero el contrato, lo cual no podía llevarse a cabo. Cuestionó que la sentencia no se pronunciara sobre el cargo relativo a la vulneración de la confianza legítima. In sistió en que el tratamiento de las instituciones de educación superior se mantuvo durante 35 años pues solo se

Cuestionó que la sentencia no se pronunciara sobre el cargo relativo a la vulneración de la confianza legítima. In sistió en que el tratamiento de las instituciones de educación superior se mantuvo durante 35 años pues solo se modificó con la Ley 1819 de 2016 y que ello implicaba que no se le podía exigir el cumplimiento de normas relacionadas con la deducibilidad de erogaciones, de forma que la demandante no estaba obligada a registrar los contratos de asistencia técnica hasta 2016. Subrayó que el artículo 145 de la Ley 1819 no estableció un período de transición para efectuar el registro, y solicitó al Consejo de Estado fijar un precedente relativo a que el registro solo era exigible a contratos suscritos después del año 2016, debiendo bajo la figura de excepción de inconstitucionalidad inaplicar el inciso 2º del artículo 123 del Estatuto Tributario. Finalmente, adujo que, al aceptar la deducibilidad de los pagos por el contrato, las retenciones serían admisibles y que estas tenían relación de causalidad con la actividad meritoria. Para resolver, se precisa que, la Sección se ha pronunciado sobre el alcance del requisito previsto en el artículo 123 del Estatuto Tributario, criterio jurisprudencial vigente que se reitera en esta oportunidad, por lo que no hay lugar a realizar un juicio de valor de la norma en virtud de la excepción de inconstitucionalidad, en la medida que no se advierte una ostensible contradicción entre la disposición de rango legal y una constitucional, ni esto fue sustentado por el apelante. Así, se observa que , en la sentencia del 27 de febrero de 20 25, exp. 25620, M.P.

rango legal y una constitucional, ni esto fue sustentado por el apelante. Así, se observa que , en la sentencia del 27 de febrero de 20 25, exp. 25620, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, se explicaron las diferencias entre la obligación de registro de los contratos de importación de tecnología y el derecho a la deducibilidad, como sigue: (…) debe precisarse que, si bien la deducibilidad de los gastos derivados de los contratos de importación de tecnología, patentes y marcas, pende de su debido registro ante el organismo oficial competente, según dispone el inciso 2 del artículo 123 del Estatuto Tributario, una es la obligación de registro de ese tipo de contratos y otra el derecho a la deducción que esta otorga. En efecto, y como bien lo mencionó la DIAN, el registro de los contratos de importación de tecnología surge del artículo 12 de la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de CartagenaRadicado: 17001-23-33-000-2022-00142-01 (28829)

Demandante: Universidad Autóno