CE - Sentencia 17001233300020220016802 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad Radicación: 17001-23-33-000-2022-00168-02

Demandante: Richard Gómez Vargas

Demandado: Asamblea Departamental de Caldas

Temas: Convocatoria – oportunidades para su modificación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación que interpuso el señor Richard Gómez Vargas contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala Cuarta de Decisión el 4 de julio de 2025, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. El señor Richard Gómez Vargas, en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, presentó demanda con el propósito que se declarara la nulidad de la Resolución 0439 del 10 de febrero de 2022 «POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN 0299 DE 2021, MODIFICADA POR LAS RESOLUCIONES 305, 314, 332, 378

Y 401 DE 2021 POR LA CUAL SE DA INICIO A LA CONVOCATORIA PÚBLICA CGC 001-2021

PARA ELECCIÓN DEL CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS

Y 401 DE 2021 POR LA CUAL SE DA INICIO A LA CONVOCATORIA PÚBLICA CGC 001-2021

PARA ELECCIÓN DEL CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS

PERIODO 2022-2025».

1.2. Hechos

2. Mediante la Resolución 0299 del 6 de septiembre de 2021 , se realizó la convocatoria pública CGC 001-2021 para elegir al contralor departamental de Caldas para el período 2022-2025; sin embargo, para esa fecha la Asamblea Departamental de Caldas no había contratado a una institución de educación superior para que acompañara el procedimiento administrativo.

3. El artículo 6 del Acto Legislativo 04 de 2019, dispuso que la Contraloría General de la República tiene la facultad para reglamentar los lineamientos gen erales de las convocatorias para la elección de los contralores departamentales, municipales y distritales.

4. Como lo establece la Ley 1904 de 2018, el ente territorial celebró el contrato ADCCI012021 del 21 de septiembre de 2021, con la Universidad del Atlántico , para que la acompañara y apoyara el proceso de elección del contralor departamental.Demandante: Richard Gómez Vargas Demandado: Asamblea Departamental de Caldas Radicado: 17001-23-33-000-2022-00168-02

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5. La referida institución de educación superior realizó la prueba de conocimientos y la evaluación de los antecedentes, la formación académica, la experiencia profesional, la

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5. La referida institución de educación superior realizó la prueba de conocimientos y la evaluación de los antecedentes, la formación académica, la experiencia profesional, la actividad docente y la producción de obras en el ámbito fiscal de cada uno de los aspirantes.

6. El 31 de enero de 2022 culminó el contrato ADCCI01-2021.

7. A pesar que no se encontraba en sesiones ordinarias ni extraordinarias, e l 10 de febrero de 2022, la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental de Caldas expidió la Resolución 0439 de 2022, con la que modificó el cronograma de la convocatoria; en ella dispuso «volver a hacer las evaluaciones» que realizó la Universidad del Atlántico lo que generó un «detrimento patrimonial».

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

8. Para el demandante se transgredieron las siguientes normas : «Art. 2, 6, 13, 23, 25, 29, 125, 272 CN. Arts. 6, 12, de la Ley 1904 de 2018 Art 4 inc 4, 5, 6, 8 art 23, 24 numeral 5-b, 7,8 art 25 numeral 2,3,5 art 26 numeral 1,2,3,4,5,6,7,8 arts. 28, 40, 44, 49 Ley 80 de 1993, art 6».

9. Consideró que la Resolución 0439 del 10 de febrero de 2022 era ilegal, toda vez que «evaluar lo ya evaluado» constituye una «vía de hecho» por generar «la ruptura deliberada del equilibrio al principio de legalidad, el debido proceso y el respeto por los

«evaluar lo ya evaluado» constituye una «vía de hecho» por generar «la ruptura deliberada del equilibrio al principio de legalidad, el debido proceso y el respeto por los actos propios», de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1904 de 2018.

10. Sostuvo que de conformidad con el artículo 6 del Acto Legislativo 4 de 2019, la Asamblea Departamental de Caldas no tenía la facultad para regular «de ma nera originaria, libre y completa» la convocatoria para la elección del contralor departamental, por cuanto la Contraloría General de la República estableció unas pautas que se deben observar por parte de los entes territoriales para este tipo de procedimi entos administrativos, por lo que no tenía la facultad para cambiar de manera «inopinada» las reglas establecidas previamente por la Contraloría General de la República como lo hizo con la expedición del acto administrativo cuestionado que modificó el procedimiento de elección.

11. Indicó que la Resolución 0439 del 10 de febre ro de 2022 generaba un «riesgo alto probable» de afectar los derechos fundamentales de los participantes de la convocatoria, en especial, el debido proceso ya que se afectó la seguridad jurídica al cambiar «inopinadamente las reglas predeterminadas».

1.4. Actuaciones procesales en primera instancia

12. El 18 de julio de 2022, se admitió la demanda y se ordenó notificar al presidente de la Asamblea Departamental de Caldas, al demandante y al Ministerio Público.

13. Luego de los traslados correspondientes, intervino:

14. La Asamblea Departamental de Caldas , a través de apoderado, aseguró que la

la Asamblea Departamental de Caldas, al demandante y al Ministerio Público.

13. Luego de los traslados correspondientes, intervino:

14. La Asamblea Departamental de Caldas , a través de apoderado, aseguró que la convocatoria para el contralor departamental acogió de manera integral todas las disposiciones establecidas por la Contraloría General de la República en la Resolución 0728 de 2019.Demandante: Richard Gómez Vargas Demandado: Asamblea Departamental de Caldas Radicado: 17001-23-33-000-2022-00168-02

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15. Indicó que la elección es competencia de la corporación pública territorial y sostuvo que se contrató a la Universidad del Atlántico para que realizara el respectivo acompañamiento al concurso de méritos.

16. Puso de presente que la convocatoria fue suspendida en el trámite de la acción de tutela con radicado 17001 -40-88-004-2022-00012-00 y se profirió fallo después de que culminara la relación contractual con la Universidad del Atlántico , razón por la cual la Asamblea Departamental de Caldas realizó la «asignación de puntos» que dio a conocer a los participantes para que formularan las reclamaciones que consideraran.

17. Señaló que, de conformidad con el artículo 2 de la Resolución 0728 de 2 019, era posible modificar la convocatoria y era vinculante para los aspirantes, razón por la cual la calificación que realizó la institución de educación superior se podía varia r, más aún

posible modificar la convocatoria y era vinculante para los aspirantes, razón por la cual la calificación que realizó la institución de educación superior se podía varia r, más aún cuando «esta no pudo ser objeto de observaciones, nunca hubo debate , reclamaciones ni informe definitivo».

18. No se generó detrimento patrimonial, toda vez que se pagaron los rubros establecidos en el contrato cada vez que se cumplía con la respectiva etapa. Puso de presente que no se pudo ejecutar la totalidad del acuerdo de voluntades ante la suspensión ordenada por un juez de tutela y, por ello, el valor restante se reintegró al presupuesto.

19. Sostuvo que los actos administrativos que se han expedido en el trámite de la convocatoria se presumen legales y se ha garantizado el principio de igualdad entre todos los participantes.

20. Manifestó que la decisión cuestionada se fundamentó en las resoluciones 0728 de 2019 expedida por la Contraloría General de la República y la 299 de 2021 de la Asamblea Departamental de Caldas, las cuales no han sido controvertidas frente a su legalidad y, por ello, los demás «actos administrativos expedidos en ejercicio de las facultades concedidas por dichos actos administrativos deberán ser considerados como legales».

21. Aclaró que la mesa directiva tenía la competencia para modificar la convocatoria y podía sesionar sin que la corporación pública se en contrara en sesiones ordinarias o extraordinarias.

22. Precisó que en la convocatoria se han garantizado los derec hos de todos los aspirantes y se conformó la terna para realizar la elección del contralor con quienes obtuvieron los mejores puntajes.

extraordinarias.

22. Precisó que en la convocatoria se han garantizado los derec hos de todos los aspirantes y se conformó la terna para realizar la elección del contralor con quienes obtuvieron los mejores puntajes.

23. Aseguró que el demandante no podía ejercer el cargo, comoquiera que no cumplía con el requisito relacionado con «haber desempeñado funciones públicas por un periodo no inferior a dos (02) años» y, por ello, fue inadmitido1.

24. Así las cosas, solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda.

1 A pesar de que esto no fue objeto del proceso judicial, el apoderado de la Asamblea Departamental de Caldas lo puso de presente en la contestación de la demanda.Demandante: Richard Gómez Vargas Demandado: Asamblea Departamental de Caldas Radicado: 17001-23-33-000-2022-00168-02

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 1.5. Auto que decidió sobre las pruebas y fijó el litigio

25. El magistrado sustanciador de primera instancia, mediante auto del 16 de diciembre de 2022, decidió sobre las pruebas y fijó el litigio en los siguientes términos:

¿Es nula la actuación demandada, por haberse separado la Contraloría Departamental de Caldas de los lineamientos trazados por la Contraloría General de la República en la elección de Contralor para el período 2022 a 2025?

¿Es nula la actuación demandada, por haberse separado la Contraloría Departamental de Caldas de los lineamientos trazados por la Contraloría General de la República en la elección de Contralor para el período 2022 a 2025?

¿Es nula la Resolución N° 439 de 10 de febrero de 2022, proferida por la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS, por haber efectu ado la evaluación de antecedentes de los aspirantes, pese a que dicha calificación ya había sido elaborada por la UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO y se hallaba en firme?

1.6. Sentencia de primera instancia

26. El Tribunal Administrativo de Caldas – Sala Cuarta de Decisión, mediante sentencia del 4 de julio de 2025, negó las pretensiones de la demanda por las razones que se

exponen a continuación:

27. De manera preliminar, indicó que se debían resolver los siguientes cargos:

• Falta de competencia de la mesa directiva de la Asamblea Departamental de Caldas, ya que sin estar en sesiones ordinarias ni extraordinarias expidió la resolución demandada.

• Exceso en la modificación realizada en la Resolución demandada ya que no solo modificó el cronograma sino que modificó lo evaluado de manera preliminar por la Universidad del Atlántico el 11 de enero de 2022, al disponer volver a hacer las evaluaciones de antecedentes.

• Adicionalmente, dentro del sustento fáctico trae a colación que la Asam blea Departamental expidió la Resolución 299 de 2021 siendo en su criterio de competencia de la Contraloría General de la República reglamentar la convocatoria para ser Contralor Departamental de

expidió la Resolución 299 de 2021 siendo en su criterio de competencia de la Contraloría General de la República reglamentar la convocatoria para ser Contralor Departamental de Caldas. Igualmente, aduce que la Asamblea Departamental expide la Resolución 299 de 2021 sin aún haber contratado la universidad acreditada para acompañar el proceso.

28. Describió el contenido de los actos administrativos que se expidieron en el trámite de la convocatoria para la elección del contralor departamental de Caldas y sostuvo que no se pronunciaría sobre la Resolución 299 de 2021 (convocatoria), por cuanto no era el acto administrativo cuestionado en el proceso de la referencia y, además, había sido demandado en el medio de control de nulidad con radicado 17 001-23-33-000-202200027-00.

29. Además, precisó que la facultad para designar al contralor departamental le corresponde a la respectiva asamblea y que la atribución de la Contraloría General de la República se circunscribió a la expedición de la Resolución 0728 de 2019, en desarrollo del artículo 6 del Acto Legislativo 04 de 2019.

30. En relación con la falta de competencia, sostuvo que conforme los artículos 5 y 6 de la Ley 1904 de 2018 le corresponde a la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental de Caldas a delantar el procedimiento administrativo, razón por la cual tiene un «rol de gestión y un rol de supervisión».

31. Puso de presente que en la nota y el parágrafo primero del capítulo II de la Resolución 299 de 2021 se estableció que la mesa directiva tenía la facultad para realizar las

gestión y un rol de supervisión».

31. Puso de presente que en la nota y el parágrafo primero del capítulo II de la Resolución 299 de 2021 se estableció que la mesa directiva tenía la facultad para realizar las modificaciones del cronograma y la convocatoria y, en consecuencia, concluyó que no leDemandante: Richard Gómez Vargas Demandado: Asamblea Departamental de Caldas Radicado: 17001-23-33-000-2022-00168-02

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 asistía razón al demandante al exigir que el referido órgano actuara en «sesiones ordinarias y extraordinarias».

32. Además, aseguró que esa «exigencia no tiene sustento normativo alguno» y, por ello, esta irregularidad no tenía vocación de prosperidad.

33. Respecto del exceso en la modificación realizada a través de la Resolución 0439 del 10 de febrero de 2022, aclaró que estaba probado que hubo cambios en el cronograma y en la «reiteración de la fase de evaluación de los antecedentes y la publicación de la evaluación preliminar de los mismos».

34. Hizo referencia a la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado2, a la nota y al parágrafo del capítulo II de la Resolución 299 de 2021 y a las consideraciones 2, 3 y 4 de la Resolución 439 del 10 de febrero de 2022, para indicar que las modificaciones fueron «legales y razonables».

35. Lo anterior, por cuanto se realizaron con ocasión de una situación de fuerza mayor producto de la suspensión del procedimiento administrativo ordenada por un juez de

modificaciones fueron «legales y razonables».

35. Lo anterior, por cuanto se realizaron con ocasión de una situación de fuerza mayor producto de la suspensión del procedimiento administrativo ordenada por un juez de tutela y que el contrato con la Universidad del Atlántico culminó. En este punto agregó:

Si bien es cierto, ya en enero 11 de 2022 se había producido una publicación de resultados preliminares por la Universidad del Atlántico, también es cierto que no consta que dicha publicación haya sido realizada por la Asamblea Departamental en la web dispuesta para ello, y aunque en la Resolución 414 de 2022 se reconoce que ello fue así, el hecho de la terminación del contrato impedía que las fases continuaran como estaban previstas inicialmente por la Resolución 401 de 2021. Esto es, que tanto la asamblea departamental como la Universidad realizaran la evaluación y publicación, y que concretamente la Universidad diera respuesta a las reclamaciones sobre valoración de antecedentes.

36. Puso de presente que, en el trámite de la referencia no se cuestionaba el c ontrato ADCCI01-2021 y que se presumía que culminó sin obligaciones pendientes entre las partes, razón por la cual no era exigible la continuidad del acompañamiento por parte de la Universidad del Atlántico y no se probó que se configurara un detrimento patrimonial.

37. Aclaró que no se desconocieron la Ley 1904 de 2018 y la Resolución 728 de 2019, toda vez que lo importante era que la institución de educación superior realizara la prueba de conocimientos por tratarse de un aspecto técnico y especializado.

38. Precisó que la Asamblea Departamental de Caldas, en ejercicio de su discrecionalidad y con el fin de sanear las actuaciones afectadas por la suspensión

de conocimientos por tratarse de un aspecto técnico y especializado.

38. Precisó que la Asamblea Departamental de Caldas, en ejercicio de su discrecionalidad y con el fin de sanear las actuaciones afectadas por la suspensión ordenada por los jueces de tutela, podía disponer que se realizara « nuevamente la evaluación para poder ser quien resolviera las reclamaciones con conocimiento de causa».

39. Advirtió que no había norma superior que exigiera expresamente que la Universidad del Atlántico evaluara los antecedentes y era una garantía del debido proceso que quien desarrollara esa etapa resolviera las reclamaciones, pues al haber culminado el contrato «no le quedaba más a la Asamblea Departamental que repetir la evaluación de los antecedentes».

2 El juez colegiado de primera instancia hizo la siguiente referencia «Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 13 de junio del 2019. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Radicación 11001 -03-28-000-2018-0060200. Folio 49».Demandante: Richard Gómez Vargas Demandado: Asamblea Departamental de Caldas Radicado: 17001-23-33-000-2022-00168-02

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40. Aseguró que el acto que ordenó la publicación de la evaluación prelimin ar de los antecedentes fue la Resolución 0477 de 2022 que no fue cuestionada en este proceso, por lo que la controversia relacionada con que si se debían divulgar o no los resultados de la institución de educación superior era un asunto que excedía la comp etencia del

antecedentes fue la Resolución 0477 de 2022 que no fue cuestionada en este proceso, por lo que la controversia relacionada con que si se debían divulgar o no los resultados de la institución de educación superior era un asunto que excedía la comp etencia del tribunal.

41. Además, manifestó que la referida publicación fue preliminar y no definitiva y, en consecuencia, no se trataba de una actuación que se encontrara en firme.

42. Por lo anterior, concluyó que:

A la luz de lo analizado, es posible sostene r que las modificaciones ordenadas en la Resolución 439 de 10 de febrero del 2022 se ajustan a lo autorizado expresamente por las reglas de la convocatoria en su acto administrativo inicial, además se produjeron por situaciones de fuerza mayor “que no se e ncuentran bajo el control de la autoridad electoral y respecto de las cuales se predica un obligatorio cumplimiento al ser una decisión judicial” en sede constitucional, tal como lo ha considerado el Consejo de Estado en el proceso de nulidad que se tramita también ante este Tribunal bajo el radicado N°17001233300020220002701, y por la terminación del contrato estatal celebrado con la Universidad del Atlántico, del cual no se acredita la obligación contractual de la Universidad del Atlántico de evaluar los antecedentes, exclusivamente y sin intervención de la Asamblea Departamental.

43. Sostuvo que en la convocatoria inicial se determinó que la fase de la evaluación también estaba a car go de la Asamblea Departamental de Caldas, razón por la cual el cambio se limitó a excluir a la universidad y dejar solo a la corporación pública.

44. En ese sentido, indicó que no existió una delegación absoluta y exclusiva en la

también estaba a car go de la Asamblea Departamental de Caldas, razón por la cual el cambio se limitó a excluir a la universidad y dejar solo a la corporación pública.

44. En ese sentido, indicó que no existió una delegación absoluta y exclusiva en la Universidad del Atlántico, por lo que la Asamblea Departamental de Caldas, de manera discrecional y ante la terminación del contrato, podía continuar con la convocatoria.

45. Por último, consideró que las modificaciones no implicaban un favorecimiento a algún participante, sino que se plantearon en « condiciones de objetividad, igualdad y transparencia, y garant izan el debido respeto porque habilitan la reclamación de los interesados».

1.7. Solicitudes de aclaración y adición de la sentencia

46. El señor Richard Gómez Vargas presentó solicitudes de aclaración y adición.

47. Ello, con el fin de que se precisara (i) la razón por la cual se estimó que los actos anteriores al 12 de enero de 2022 carecían de validez; (ii) en qué parte de la suspensión judicial se indicó que la publicación de antecedentes y calificaciones era invá lidas; (iii) cuál era la norma que establecía que las decisiones de la mesa directiva se podían adoptar por un solo miembro; (iv) cuál era la disposición que permitía que los actos de contenido electoral pudieran ser adoptados solo por la mesa directiva sin la participación de los demás diputados; (v) se justificara la aplicación de conceptos de «ajenidad, imprevisibilidad, irresistibilidad e imposibilidad de cumplimiento» para declarar la existencia de la fuerza mayor o caso fortuito para invalidar un acto definitivo ya publicado;

de los demás diputados; (v) se justificara la aplicación de conceptos de «ajenidad, imprevisibilidad, irresistibilidad e imposibilidad de cumplimiento» para declarar la existencia de la fuerza mayor o caso fortuito para invalidar un acto definitivo ya publicado; (vi) cuál norma o sentencia permite que desconocer que los resultados publicados por la Universidad del Atlántico fueron publicados oficialmente; (vii) cuáles son los fundamentos jurídicos que justifican que se desacate la suspens ión ordenada por una autoridad judicial; y (viii) cuáles son los argumentos que llevan a concluir que la modificación de un acto en firme no vulnera el principio de seguridad jurídica ni la confianza legítima.Demandante: Richard Gómez Vargas Demandado: Asamblea Departamental de Caldas Radicado: 17001-23-33-000-2022-00168-02

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48. El Tribunal Administrativo de Caldas – Sala Cuarta de Decisión, mediante auto del 8 de agosto de 2025, negó las solicitudes al considerar que lo planteado por el demandante no correspondía a aspectos que generaran «oscuridad» en la sentencia o puntos pendientes de resolución y que, en realidad, se estaba cuestionando el fondo del asunto.

1.8. Recurso de apelación

49. Inconforme con la decisión de primera instancia, el señor Richard Gómez Vargas

apeló con sustento en las siguientes razones:

50. Aseguró que se le dio un alcance equivocado al artículo 7 de la Resolución 728 de

49. Inconforme con la decisión de primera instancia, el señor Richard Gómez Vargas

apeló con sustento en las siguientes razones:

50. Aseguró que se le dio un alcance equivocado al artículo 7 de la Resolución 728 de 2019, toda vez que la norma no establece que en virtud de la discrecionalidad administrativa las asambleas departamentales puedan modificar la convocatoria y, además, dispone que las pruebas de conocimiento s deben ser adelantadas por establecimientos de educación superior.

51. Sostuvo que el artículo 5 de la Resolución 0728 de 2019 desarrolla los términos generales para la convocatoria de contralores territoriales y se fundamenta en el artículo 272 de la Constitución Política y la Ley 1904 de 2018, razón por la cual las asambleas departamentales no los pueden cambiar ya que gozan de «reserva legal» y son de estricto cumplimiento.

52. Aclaró que:

Se violó por parte de la Asamblea Dep artamental de Caldas el principio de no sustitución de funciones legales por cuanto la Asamblea incurre en ilegalidad al realizar una nueva evaluación que sustituye la función legal, siendo esta competencia exclusiva de la universidad acreditada que exige la ley.

53. Estimó que se desconoció el artículo 6 de la Constitución Política, por cuanto no existía una norma de rango legal que permit iera que la Asamblea Departamental de Caldas pudiera «modificar la evaluación inicialmente hecha».

54. Hizo referencia a varias decisiones de la Corte Constitucional 3 y del Consejo de Estado4 para advertir que la reserva legal es un principio que garantiza la l egalidad, la seguridad jurídica y los derechos fundamentales y, en consecuencia, prohíbe que las

54. Hizo referencia a varias decisiones de la Corte Constitucional 3 y del Consejo de Estado4 para advertir que la reserva legal es un principio que garantiza la l egalidad, la seguridad jurídica y los derechos fundamentales y, en consecuencia, prohíbe que las entidades regulen asuntos que le corresponden al legislador.

55. En este punto, afirmó:

Como se puede avizorar la Asamblea Departamental de Caldas no contaba con ninguna habilitación legal se valió de una suspensión ordenada por el mismo TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS lo que de contera no le autorizaba cambiar las reglas establecidas en la resolución 0728 de 2019, pues allí no se avizora que el legislador haya previsto la posibilidad de derogaciones, modificaciones o supresiones temporales bajo condiciones específicas, lo que implica que la reserva legal debe ser estrictamente cumplida y sólo puede ser modificada o dejada sin efecto por la misma autoridad legislativa competente, o por decisión judicial de control constitucional que haya declarado la inconstitucionalidad o inaplicabilidad de la norma.

56. Puso de presente que el incumplimiento de un requisito con «reserva legal» genera la nulidad del acto administrativo y, además, es una conducta sancionable.

3 Sentencias C-710 de 2001, C-619 de 2012, C-507 de 2014 y C-278 de 2024. 4 El demandante hizo referencia a «Sentencia 11001032500020130177600 de 2021 (Consejo de Estado)».Demandante: Richard Gómez Vargas Demandado: Asamblea Departamental de Caldas Radicado: 17001-23-33-000-2022-00168-02

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57. Consideró que los actos administrativos expedidos con ocasión de la evaluación que realizó la Asamblea Departamental de Caldas «carecían de la motivación adecuada, toda vez que desconocieron la Ley 1904 de 2018 y la Resolución 0728 de 2019».

58. Estimó que se alteró la situación jurídica de los aspirantes y ello generó que se vulnerara su derecho fundamental al debido proceso, por cuanto ya existía una evaluación definitiva de las pruebas de «conocimiento y de antecedentes».

59. Advirtió que únicamente las instituciones de educación superior pueden realizar las pruebas de conocimientos en las convocatorias para elegir contralores departamentales y, por lo tanto, la Asamblea Departamental de Calda s debió suscribir otro contrato para tal fin.

60. Por otra parte, aseguró que la Resolución 0439 del 10 de febrero de 2022 se expidió sin que la decisión del juez de tutela estuviera ejecutoriada, en tanto se notificó el 9 de febrero de 2022 y, en consecuencia, se desconoció la seguridad jurídica y se vulneraron los derechos de los participantes.

61. De otro lado, señaló que las modificaciones a las convocatorias eran válidas si se adoptaban antes de que se realizaran las pruebas del concurso o, de lo contrario, se desconocería el derecho de defensa y la transparencia.

61. De otro lado, señaló que las modificaciones a las convocatorias eran válidas si se adoptaban antes de que se realizaran las pruebas del concurso o, de lo contrario, se desconocería el derecho de defensa y la transparencia.

62. Puso de pre sente que la Universidad del Atlántic o realizó las calificaciones y consolidó un documento en el que se registró el puntaje de cada participante, por lo que estaba acreditado que las pruebas ya se habían presentado.

63. Así las cosas, concluyó:

En conclusión, la Asamblea puede modificar la convocatoria solo dentro de márgenes estrictos, con habilitación legal expresa, oportunamente antes de actos sustanciales del proceso, y sin vulnerar los derechos y garantías de los participantes, respetando así la reserva legal y el estricto cumplimiento que exige la Ley 1904 y la Resolución 0728.

1.9. Actuaciones procesales en segunda instancia

64. La magistrada ponente de la presente decisión, mediante auto del 25 de septiembre de 2025, admitió el recurso de apelación y ordenó notificar al Ministerio Público para que rindiera su concepto, quien guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

65. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación que interpuso el señor Richard Gómez Vargas contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala Cuarta de Decisión el 4 de julio de 2025, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 5 y el numeral 1. ° del artículo 152 6 de la

el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala Cuarta de Decisión el 4 de julio de 2025, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 5 y el numeral 1. ° del artículo 152 6 de la

5 «Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…)». 6 «Artículo 152. Los tribunales admini strativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: 1. De la nulidad de actos administrativos expedidos por funcionarios u organismos del orden departamental, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden. (…).».Demandante: Richard Gómez Vargas

Demandado: Asamblea Departamental de Caldas Radicado: 17001-23-33-