CE - Sentencia 18001233300020130023302 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., siete (07) de noviembre dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 18001-23-33-000-2013-000233-02 (3319-2021)

Demandante: Jimi Duván Zapata Vargas

Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial

Tema: prima especial, artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. Juez de la República . Reiteración jurisprudencial. Subtema 1: carácter no salarial de la prima especial. Subtema 2: prescripción. Subtema 3: imprescriptibilidad de aportes para pensión de jubilación. Subtema 4: vigencia del Decreto 272 de 2021.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala de Conjueces el 18 de julio de 2019 que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Jimi Duván Zapata Vargas, en calidad de juez de la República , solicitó el reconocimiento y pago de la p rima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como un componente mensual adicional al salario básico, así como la reliquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos percibidos. La

reconocimiento y pago de la p rima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como un componente mensual adicional al salario básico, así como la reliquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos percibidos. La entidad demanda no contestó la demanda . Por su parte, el Tribunal accedió a lo solicitado, declaró la nulidad de los actos acusados, condenó a la entidad demandada a reconocer y pagar las prestaciones sociales, primas de servicio, prima de navidad, vacaciones, prima de vacaciones, bonificación anual por servicios prestados, cesantías, cotización a seguridad social y demás prestaciones , con base en el 100% de la remuneración básica desde el 7 de mayo de 2002 y hasta la fecha en que quede en firme el fallo que ordene su pago . Asimismo, la condenó a reconocer y pagar la prima especial , sin carácter salarial , equivalente al 30% del salario durante todo el tiempo en que el actor ha ejercido como juez.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Jimi Duván Zapata Vargas, mediante apoderado judicial, presentó demanda enRadicación: 18001-23-33-000-2013-00233-02 (3319-2021) Demandante: Jimi Duván Zapata Vargas Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Rama Judicial, el 10 de septiembre de 20131, con las siguientes:

www.consejodeestado.gov.co

2 ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Rama Judicial, el 10 de septiembre de 20131, con las siguientes:

2.1.1. Pretensiones:

(i) Declarar la nulidad del Oficio DSAJ 01273 del 21 de julio de 2011 , de la Resolución 977 del 15 de septiembre de 2011, expedidos por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, y la Resolución 0272 del 21 de enero de 2013, expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por medio de las cuales se le negó al demandante el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales que resulten de la reliquidación de sus prestaciones sociales y laborales, así como el pago de la prima especial.

(ii) A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Rama Judicial el pago del 30% adicional sobre la remuneración básica mensual, bajo la denominación de prima especial, junto con la reliquidación de las prestaciones sociales tales como: prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, bonificación anual por servicios prestados, cesantías, cotización a seguridad social y pensión y demás emolumentos y pagos, actuales y futuros, con base en el 100% del salario percibido como juez de la República, desde el 7 de mayo de 2002 y hasta la fecha en la que qu ede en firme la sentencia que ordene su pago. Así como el valor de las diferencias salariales que surjan.

(iii) Ordenar a la entidad demandada a reconocer y pagar al demandante desde el

firme la sentencia que ordene su pago. Así como el valor de las diferencias salariales que surjan.

(iii) Ordenar a la entidad demandada a reconocer y pagar al demandante desde el 7 de mayo de 2002 hasta la fecha de la sentencia y en adelante la prima especial sin carácter salarial, equivalente al 30% del sueldo básico.

(iv) Ordenar el pago de la indexación de las sumas adeudadas, y la actualización de los valores reclamados de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC) y los intereses de conformidad con los artículos 187, 189 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

(v) Inaplicar, por inconstitucional, el artículo 6 de los decretos 57 de 1993, 106 de 1994, 36 de 1996, 76 de 1997, 64 de 1998, 44 de 1999, decreto 3569 de 2003, 4172 de 2004, 936 de 2005, 389 de 2006, 618 de 2007, 658 de 2008; el artículo 7 de los decretos 43 de 1995, 2740 de 2000 , 1475 de 2001, 2720 de 2001, 2777 de 2001; el artículo 8 de los Decreto 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, el demandante expuso, en síntesis, lo

siguiente2:

(i) El señor Jimi Duván Zapata Vargas ha prestado sus servicios como juez de la

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, el demandante expuso, en síntesis, lo

siguiente2:

(i) El señor Jimi Duván Zapata Vargas ha prestado sus servicios como juez de la República desde el 7 de mayo de 2002 y para la fecha de presentación de la

1 Expediente físico, cuaderno principal folios 2 al 27. 2 Expediente físico, cuaderno principal, folios 4 al 7.Radicación: 18001-23-33-000-2013-00233-02 (3319-2021) Demandante: Jimi Duván Zapata Vargas Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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3 demanda, ejercía como Juez Promiscuo del Circuito de Belén de los Andaquíes, Caquetá.

(ii) Señaló que, desde entonces, ha percibido únicamente el 70% del salario que, fue establecido por el Gobierno nacional mediante los d ecretos anuales, en aplicación de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

(iii) Agregó que no se le ha pagado el 30% restante de s u salario, ni se le ha n reconocido las prestaciones sociales correspondientes. Asimismo, indicó que no se le ha saldado el 30% adicional correspondiente a la prima especial.

(iv) Precisó que la Rama Judicial ha fraccionado su salario mensual, al sustraer el 30% de su remuneración básica, así3:

Remuneración Básica

no se le ha saldado el 30% adicional correspondiente a la prima especial.

(iv) Precisó que la Rama Judicial ha fraccionado su salario mensual, al sustraer el 30% de su remuneración básica, así3:

Remuneración Básica legal Art. 3 Decreto 1039 de 2011 Sueldo Básico reducido por administración judicial Aparente prima especial de servicios Ley 4ª/92 Tomada por la administración de la remuneración básica legal $5.450.415 $4.192.627 $1.257.788

Prima de servicios liquidada con salario reducido al 70% Prima de navidad liquidada con salario reducido al 70% Prima de navidad liquidada con salario reducido al 70% Prima de navidad liquidada con salario reducido al 70% $2.157.456 $5.216.778 $2.504.054 $14.304.880

Por esta razón, sus prestaciones sociales han sido liquidadas únicamente sobre el 70% del salario. En consecuencia, se le han afectado el cálculo de sus derechos laborales.

(v) Manifestó que presentó reclamación ante la Dirección Seccional de Administración Judicial, de Neiva, el 13 de julio de 20114 para la reliquidación de sus prestaciones sociales con el 100% de su remuneración básica mensual, con la inclusión del 30 % que se le ha descontado bajo la denominación de prima especial . La cual fue negada mediante el Oficio DSAJ-01273 del 21 de julio de 2011.

(vi) Contra dicho acto administrativo el actor interpuso recurso de reposición y en

denominación de prima especial . La cual fue negada mediante el Oficio DSAJ-01273 del 21 de julio de 2011.

(vi) Contra dicho acto administrativo el actor interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación. A su turno, la administración resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión negativa.

(vii) La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través de Resolución 0272 del 21 de enero de 2013, resolvió el recurso y negó al actor lo pretendido.

3 Cuadro extraído de la demanda, expediente físico, cuaderno principal, folio 6. 4 Expediente físico, cuaderno principal, folio 28, se observa que la fecha de presentación es 15 de julio de 2011.Radicación: 18001-23-33-000-2013-00233-02 (3319-2021) Demandante: Jimi Duván Zapata Vargas Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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4

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. El demandante citó como normas vulneradas las siguientes: Constitución Política artículos 1,2,4, 5,13,25,53 y 209; la Ley 4ª de 1992 artículos 2 y 14; Ley 270 de 1996 artículo 152-7.

4. En el concepto de violación, argumentó que los actos administrativos acusados contradicen lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de1992, en la medida en que

de 1996 artículo 152-7.

4. En el concepto de violación, argumentó que los actos administrativos acusados contradicen lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de1992, en la medida en que desmejoran la remuneración y, por ende, las prestaciones sociales de los servidores del Estado.

5. Indicó que la entidad accionada realizó una aplicación equivocada del artículo en mención, ya que, en lugar de reconocerle la prima especial como un incremento o plus del 30% de su salario, descontó dicho porcentaje de la asignación básica, lo que originó que sus prestaciones fueran liquidadas sobre el 70% del salario, cuando debieron calcularse sobre el 100%.

2.2. Contestación de la demanda

6. La Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial guardó silencio en esta etapa procesal5.

2.3. Sentencia de primera instancia

7. El Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala de Conjueces dictó sentencia el 18

de julio de 20196, en la cual dispuso:

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD del acto administrativo DSAJ-01273 del 21 de julio de 2011, del acto administrativo Resolución No. 977 de 2011 del 15 de septiembre de 2011 y el acto administrativo Resolución 0272 del 21 de enero de 2013 mediante los cuales la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE NEIVA y la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL se negó al Dr. JIMI DUVAN ZAPATA VARGAS el reconocimiento y pago de la diferencia surgida de reliquidar todas las prestaciones sociales sobre la base del 100% del salario básic o,

la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL se negó al Dr. JIMI DUVAN ZAPATA VARGAS el reconocimiento y pago de la diferencia surgida de reliquidar todas las prestaciones sociales sobre la base del 100% del salario básic o, esto es incluyendo el 30% de éste que la Administración Judicial ha asumido como prima especial sin carácter salarial, y el reconocimiento y pago de la prima especial sin carácter salarial, como adición o agregado a la asignación básica, descrita en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. […]

TERCERO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, y como RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se ORDENA a la NACIÓN-RAMA JUDICIALDIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL que proceda al reconocimiento, reliquidación y pago a favor del demandante JIMI DUVAN ZAPATA VARGAS del valor de las diferencias salariales y prestacionales existentes entre lo liquidado por la administración judicial con el 70% de la remuneración mensual básica que devenga como Juez de la República, desde el 7 de mayo de 2002 ha sta la fecha

5 Se verifica en el proceso y en la sentencia del 18 de julio de 2019, folio 196 del expediente físico. 6 Expediente físico, cuaderno principal, folios 192 al 200.Radicación: 18001-23-33-000-2013-00233-02 (3319-2021) Demandante: Jimi Duván Zapata Vargas Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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5 que adquiera ejecutoria la sentencia si para esa fecha subsisten las mismas circunstancias e hecho y de derecho que generan la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, correspondiente a todas sus prestaciones sociales, consistentes en prima de servicios, prima de navidad prima de vacaciones, cesantías, bonificación anual por servicios prestados, cotización a seguridad social y demás prestaciones y emolumentos que se puedan ver incididos, teniendo como base de liquidación el 100% de la remuneración básica legal mensual que percibía y no el 70% de ésta como fue liquidado, incluyendo en la base de liquidación con carácter salarial el 30% del sueldo básico mensual que el gobierno tomó de éste, para darle el título de prima especial sin carácter salarial, prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

CUARTO: Como RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO , y consecuente con lo ordenado en punto TERCERO, anterior se ORDENA a la NACIÓNRAMA JUDICIALDIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL que proceda al reconocimiento, liquidación y pago a favor del demandante JIMI DUVAN ZAPATA VARGAS de lo que corresponda desde el 7 de mayo de 2002 hasta la fecha que adquiera ejecutoria la sentencia, si para esa fecha subsisten las mismas circunstancias de hecho y de derecho que generan la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, la prima especial sin carácter salarial que debía percibir como

adquiera ejecutoria la sentencia, si para esa fecha subsisten las mismas circunstancias de hecho y de derecho que generan la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, la prima especial sin carácter salarial que debía percibir como Juez de la República, equivalente al 30% de la remuneración básica, prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como un incremento adicional o agregado al salario, que hasta ahora no se le ha reconocido ni cancelado.

QUINTO: ORDENAR que la NACIÓNRAMA JUDICIAL-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL procede a partir de la ejecutoria de esta sentencia a reconocer, liquidar y pagar al accionante JIMI DUVAN ZAPATA VARGAS , mientras subsistan las mismas circunstancias de hecho y de derecho que generaron la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, las prestaciones sociales y todo emolumento que se vea incidido sobre la base del 100% del salario básico ; y la prima especial sin carácter salarial equivalente al 30% de la remuneración básica, prevista en el artículo 14 de 1992, como un incremento adicional o agregado al salario.

[…]7

8. Agregó que, de conformidad con las pruebas allegadas, el actor se vinculó a la Nación, Rama Judicial el 7 de mayo de 2002 y hasta el 10 de septiembre de 2013, fecha de la presentación de la demanda ejercía como juez de la República. Asimismo, indicó que la administración reducía su ingreso básico en un 30 % para efectos de liquidar sus prestaciones laborales, pues a ese porcentaje le daba la denominación de prima especial.

indicó que la administración reducía su ingreso básico en un 30 % para efectos de liquidar sus prestaciones laborales, pues a ese porcentaje le daba la denominación de prima especial.

9. Precisó que la entidad demandada vulneró la naturaleza de agregado, incremento o plus a la remuneración básica, lo cual generó una posición ilegal e inconstitucional frente a la liquidación adoptada. Con ello , la accionada afectó negativamente los ingresos laborales del demandante. En primer lugar, redujo un 30% el carácter salarial a su remuneración básica, por lo que todas sus prestaciones laborales fueron liquidadas con el 70% del salario, y no con el 100% que corresponde a su sueldo. En segundo lugar, n o le pagó la prima especial sin carácter salarial , equivalente al 30% de la remuneración básica mensual de las vigencias solicitadas, la cual debía considerarse como un agregado a su remuneración.

10. Destacó que la sentencia del 29 de abril de 2014, proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, declaró la nulidad parcial

7 Se transcribe con errores de texto.Radicación: 18001-23-33-000-2013-00233-02 (3319-2021) Demandante: Jimi Duván Zapata Vargas Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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6 de los decretos expedidos por el Gobierno nacional entre los años 1993 y 2007, en

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6 de los decretos expedidos por el Gobierno nacional entre los años 1993 y 2007, en cuanto fijaron la prima especial creada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 en un 30% del salario básico asignado a los beneficiarios.

11. Señaló, respecto a la prescripción , que esta debe contabilizarse a partir del momento que la obligación se haga exigible, es decir, cuando se adquiere la certeza del derecho, por consiguiente, su exigibilidad se configura con la ejecutoria de la sentencia que declara la nulidad de los decretos reglamentarios de la prima especial.

Por tanto, solo a partir de su ejecutoria , esto es, 13 de mayo de 2014 surge la expectativa legitima para exigir el pago de lo dejado de percibir.

12. Por último, la Sala consideró que no había lugar a condenar en costas a la parte vencida.

2.4. Recurso de apelación

13. El a poderado de la entidad demandada solicitó8 que se revoque el fallo de primera instancia , para lo cual argumentó que, conforme a lo establecido en la sentencia C -279 de 1996 , se realizó un control de constitucionalidad respecto al articulo 14 de la Ley 4ª de 1992 y en la cual se declaró en su parte resolutiva la expresión «sin carácter salarial».

14. Insistió que, en el presente asunto, se otorgó carácter salarial a la prima especial del 30%, razón por la cual considera que las pretensiones de la dem anda no deben prosperar.

14. Insistió que, en el presente asunto, se otorgó carácter salarial a la prima especial del 30%, razón por la cual considera que las pretensiones de la dem anda no deben prosperar.

15. Que, para efectos d el reconocimiento de la reliquidación de prestaciones sociales y de la prima especial equivalente al 30% prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, debe aplicarse la prescripción trienal . En este sentido, precisó que los derechos laborales reclamados con anterioridad al «5 de julio de 2009» se encuentran prescritos, toda vez que el actor solo presentó la solicitud de reconocimiento y pago del 30% como prima especial ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el «21 de julio de 2011».

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

16. Mediante auto del 31 de marzo de 2022, la Subsección A declaró fundado el impedimento manifestado por los magistrados integrantes de esta Subsección en esa época, al considerar que se configuraba el supuesto de hecho establecido en la causal primera del ar tículo 141 del CGP, por haber sido beneficiarios de la prima especial, circunstancia que generaba interés directo en el proceso9.

17. Los magistrados integrantes de la Subsección A presentaron manifestación de impedimento, con sustento en el artículo 141-1 del CGP, esto es, tener interés directo en el proceso, porque fueron beneficiarios de la prima especial en condición de magistrados d e tribunal , procuradores judiciales y/o magistrados auxiliares de esta Corporación y ordenó a la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado a

8Expediente físico, cuaderno principal, folios 204 al 212.

magistrados d e tribunal , procuradores judiciales y/o magistrados auxiliares de esta Corporación y ordenó a la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado a

8Expediente físico, cuaderno principal, folios 204 al 212. 9 Expediente físico, cuaderno principal, folio 234 al 237.Radicación: 18001-23-33-000-2013-00233-02 (3319-2021) Demandante: Jimi Duván Zapata Vargas Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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7 realizar el sorteo de conjueces10.

18. El conjuez designado por sorteo, en los términos el artículo 115 del CPACA11, admitió el recurso de apelación mediante auto del 22 de noviembre de 2022 12 y posteriormente por providencia del 7 de noviembre de 2023 13, corrió traslado a las partes por el término común de 10 días para que presentaran sus alegatos de conclusión

19. La Sala de lo Contencioso -Administrativo de la Sección Segunda, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 53 del Acuerdo 080 de 2019 —Reglamento Interno del Consejo de Estado —, realizó la designación de conjueces e integró la lista correspondiente en sesión del 23 de enero de 202514.

20. La integración de la lista de conjueces motivó la realización del sorteo para el reparto de los expedientes, el cual se llevó a cabo el 11 de febrero de 2025, tal y como

correspondiente en sesión del 23 de enero de 202514.

20. La integración de la lista de conjueces motivó la realización del sorteo para el reparto de los expedientes, el cual se llevó a cabo el 11 de febrero de 2025, tal y como consta en el índice 48 del sistema de gestión judicial SAMAI.

21. Mediante auto del 17 de marzo 202515, la conjuez designada por sorteo para tramitar el presente asunto resolvió devolver el expediente al despacho de origen en los términos del artículo 116 del CPACA16, según el cual «los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se les predique causal de impedimento que dé lugar al nombramiento de estos».

22. En este escenario, es oportuno precisar que las Subsecciones A y B de la Sección Segunda, en providencias recientes , han declarado infundado el impedimento manifestado por magistrados de distintos tribunales del país, en asuntos relacionados con el reconocimiento de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

23. La mayoría de los integrantes de esta Sala, en sesión celebrada el 29 de agosto de 2024, decidieron en igual sentido los impedimentos manifestados por los integrantes de esta, en procesos con supuestos similares a los que se analizan en el

10Expediente físico, cuaderno principal, folio 236 al 237. 11CPACA, artículo 115. Conjueces. (…) Le elección y sorteo de los conjueces se harán por la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, en sus diferentes secciones y por la Sala de Consulta y Servicio Civil, según el caso. 12 Expediente físico, cuaderno principal, folio 242.

Contencioso-Administrativo, en sus diferentes secciones y por la Sala de Consulta y Servicio Civil, según el caso. 12 Expediente físico, cuaderno principal, folio 242. 13Expediente físico, cuaderno principal, folio 246. 14 DECISIÓN POR CONJUECES. Cuando por discrepancias con el proyecto original hubiere más de dos tesis en discusión y ninguna alcanzare el mínimo de votos requerido, se sortearán conjueces hasta obtener la mayoría necesaria. PARÁGRAFO. (Adicionado Acuerdo No. 088 de 2019) INTEGRACIÓN DE LAS LISTAS DE CONJUECES. En enero de cada año, las salas y secciones del Consejo de Estado formarán listas de conjueces, que corresponderán al doble del número de magistrados que las integren. Cuando las listas de conjueces resulten insuficientes, las salas y secciones podrán aumentarlas. En el acta respectiva se dejará constancia sobre los motivos que justifican la designación de conjueces adicionales, situación que será comunicada al Consejo Superior de la Judicatura para lo de su competencia. El sorteo de conjueces se realizará por cada sección o sala, y su remuneración estará sometida a la reglamentación que sobre el particular expida el Gobierno Nacional. 15 SAMAI, índice 50. 16 Posesión y duración del cargo de Conjuez. Designado el conjuez, deberá tomar posesión del cargo ante el Presidente de la sala o sección respectiva, por una sola vez, y cuando fuere sorteado bastará la simple comunicación para que asuma sus funciones. // Cu ando los Magistrados sean designados conjueces sólo se requerirá la comunicación para que asuman su función de integrar la respectiva sala. // Los conjueces que entren a conocer de un asunto deberán actuar hasta que termine completamente la instancia o recurso, aunque concluya

requerirá la comunicación para que asuman su función de integrar la respectiva sala. // Los conjueces que entren a conocer de un asunto deberán actuar hasta que termine completamente la instancia o recurso, aunque concluya el período para el cual fueron elegidos, pero si se modifica la integración de la sala, los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se les predique causal de impedimento o recusación que dé lugar al nombramiento de estos.Radicación: 18001-23-33-000-2013-00233-02 (3319-2021) Demandante: Jimi Duván Zapata Vargas Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 presente asunto, por tres razones, a saber17:

(i) Las manifestaciones de impedimento se sustentan en consideraciones generales que resultan insuficientes para encuadrar el caso particular en el supuesto descrito en la causal; (ii) no exponen situaciones actuales y concretas que acrediten la configuración de la causal; (iii) no mencionan el beneficio que sustenta «el interés directo o indirecto en el proceso» ni precisan cómo la decisión del caso puede resultar útil para los intereses de quien manifiesta el impedimento.

24. En este orden, la Sala procede a dictar sentencia por encontrarse acreditado el supuesto previsto en el artículo 116 del CPACA, derivado de la modificación de la integración de la Sala, en la que los nuevos magistrados desplazan a los conjueces cuando «no se les predique causal de impedimento o impedimento que dé lugar al

supuesto previsto en el artículo 116 del CPACA, derivado de la modificación de la integración de la Sala, en la que los nuevos magistrados desplazan a los conjueces cuando «no se les predique causal de impedimento o impedimento que dé lugar al nombramiento de estos».

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

25. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, le corresponde el conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que le confiere el inciso primero del artículo 150 del CPACA, para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Cuestión preliminar

26. Antes de formular los problemas jurídicos a resolver en el presente asunto, la Sala considera pertinente pronunciarse sobre la solicitud que presentó la parte demandante18, en la que pid ió declarar desierto el recurso de apelación interpuesto

por la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

27. El demandante sostuvo que, en el recurso de apelación interpuesto, la entidad accionada se limitó a reiterar los argumentos expuestos durante el trámite del proceso, sin presentar una sustentación que controvirtiera de manera directa los fundamentos o la tesis de la sentencia impugnada.

28. Por tal razón, al no cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 3 del artículo 322 del Código General del Proceso ( CGP), aplicable por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, consideró que se debe declarar desierto el recurso de apelación.

artículo 322 del Código General del Proceso ( CGP), aplicable por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, consideró que se debe declarar desierto el recurso de apelación.

17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo, Sección Segunda, expedientes 1774 -2024, 5436-2023 y 1286-2024. En igual sentido, ver autos dictados por la Subsección B, expedientes 4042-2023 y 40792023 del 30 de enero de 2025, y 3819-2024 y 5624-2024 del 6 de febrero del mismo año. 18 SAMAI, índice 56.Radicación: 18001-23-33-000-2013-00233-02 (3319-2021) Demandante: Jimi Duván Zapata Vargas Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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9 3.2.1. Carga argumentativa mínima del recurso de apelación en contra de las decisiones judiciales

28. El recurso de apelación es un medio de impugnación previsto por el legislador para controvertir una decisión judicial 19, cuyo fin es que, a partir de las razones expuestas, el superior funcional pueda revocarla o modificarla20. Por tal razón, el marco de competencia del juez de segunda instancia son los argumentos encaminados a desvirtuar la decisión recurrida 21. Esto se debe a que, tal como lo ha expuesto esta Corporación, «en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia […]

de competencia del juez de segunda instancia son los argumentos encaminados a desvirtuar la decisión recurrida 21. Esto se debe a que, tal como lo ha expuesto esta Corporación, «en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia […] como el principio dispositivo»22; por lo que, ampliar ese margen de estudio, consti