CE - Sentencia 18001233300020140006902 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., siete (7) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 18001-23-33-002-2014-00069-01 (69.540)

Demandantes: María Faelly Cutiva Leyva y otros

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Referencia: Reparación directa

Temas: REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD – Exigencia frente a conductas de lesa humanidad / CRITERIO DE UNIFICACIÓN DE LA SALA PLENA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO - La caducidad se computa desde la ocurrencia del hecho causante del daño, salvo que el interesado no hubiese advertido la participación del Estado ni la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, o porque se presentaron situaciones que impidieron el ejercicio del derecho de acción / HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA – en el presente caso se perpetró el asesinato de un civil po r miembros del Ejército Nacional y se hizo pasar como un subversivo dado de baja en combate / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS – cuando los hechos objeto de estudio se suscitan en el marco de una violación grave a derechos humanos, que constituyan crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.

1. La Sala decide el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia del 7 de septiembre de 2022, por medio de la cual la Sala Primera de

crímenes de guerra.

1. La Sala decide el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia del 7 de septiembre de 2022, por medio de la cual la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá declaró la caducidad de la acción.

SÍNTESIS DEL CASO

2. Se pretende la declaratoria de responsabilidad del Ejército Nacional por el asesinato de Milton Andrei Muñoz Cutiva , ocurrida el 7 de octubre de 2005, en el municipio de Florencia (Caquetá); según se indicó en la demanda, miembros de la entidad demandada le dispararon en reiteradas ocasiones, sin justificación alguna.

ANTECEDENTES

3. En escrito presentado el 14 de febrero de 2014 1, María Faelly Cutiva Leyva y otros2, a través de apoderado judicial, interpusieron demanda de reparación directa

1 De conformidad con la constancia de recibido visible a folio 28 del documento “6ED_04CUADERNOPRINCIPAL1.pdf” del expediente digital, que obra en Samai. 2 Como demás demandantes figuran: Fredy William Molano Cardona, Ingrid Vanesa Molano Cutiva; Dairon Stiven Molano Cutiva ; Karen Yulisa Molano Cutiva ; Eliana Cutiva Leiva ; Anderson Eduardo Cutiva; Jenifer Cutiva; Luisa Fernanda Salazar Cutiva y Ezequiela Leiva Rivas. El escrito inicial obra de folios 28 a 48 del documento “ 6ED_04CUADERNOPRINCIPAL1.pdf” del expediente digital, visible en Samai.Radicación: 18001-23-33-002-2014-00069-01 (69.540)

Demandante: María Faelly Cutiva Leyva y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

visible en Samai.Radicación: 18001-23-33-002-2014-00069-01 (69.540)

Demandante: María Faelly Cutiva Leyva y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Referencia: Reparación directa

2 en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, con el fin de que se le declare patrimonialmente responsable de los perjuicios a ellos irrogados con ocasión de la muerte de Milton Andrei Muñoz Cutiva3.

4. Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró lo siguiente:

5. El 7 de octubre de 2005, aproximadamente a las 22:00 horas, en instantes en que Milton Andrei Muñoz Cutiva estaba en la cancha de fútbol del barrio “ Las Malvinas”, en Florencia (Caquetá), miembros de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas “AFEUR”, adscritos a la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional, lo “retuvieron” y “valiéndose de [su] condición de militares” lo trasladaron en un vehículo oficial hacia las afueras del citado municipio, donde lo torturaron y le dispararon en reiteradas ocasiones, causándole la muerte.

3 A continuación, la síntesis de las pretensiones consignadas en la demanda: “De conformidad con lo dispuesto por el Consejo de Estado en sentencia de unificación jurisprudencial proferida por la sala plena de la sección tercera de fecha 25 de septiembre de 2013, radicado número 05001233100020010079901 (36460), C.P: ENRIQUE GIL BOTERO, CONDENAR

jurisprudencial proferida por la sala plena de la sección tercera de fecha 25 de septiembre de 2013, radicado número 05001233100020010079901 (36460), C.P: ENRIQUE GIL BOTERO, CONDENAR a la NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA -EJERCITO NACIONAL a pagar a cada uno de los demandantes a título de indemniz ación de perjuicios morales el equivalente en salarios mínimos legales mensuales, vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segundo grado, así: “2.1. Para MARIA FAFLLY CUTIVA LEYVA, la cantidad de Mil (1000) salarios mínimos mensuales legales vigentes (…). 2.2. Para FREDY WILLIAM MOLANO CARDONA, la cantidad de Mil (1000) salarios mínimos mensuales legales vigentes (…). 2.3. Para INGRID VANESA MOLANO CUTIVA, la cantidad de Quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes (…). 2.4. Para DAIRON STIVEN MOLANO CUTIVA, la cantidad de Quinientos (500) salarios mínimos, legales mensuales vigentes (…). 2.5. Para KAREN YOLISA MOLANO CUTIVA, la cantidad de Quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes (…). 2.6. Para ELIANA CUTIVA LEIVA, la cantidad de Quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes (…). 2.7. Para ANDERSON EDUARDO CUTIVA, la cantidad de Quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes (…). 2.8. Para JENIFER CUTIVA, la cantidad de Quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes (…).

mensuales vigentes (…). 2.8. Para JENIFER CUTIVA, la cantidad de Quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes (…). 2.9. Para LUISA FERNANDA SALAZAR CUTIVA, la cantidad de Quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes (…). 2.10. Para EZEQUIELA LEIVA RIVAS, la cantidad de Quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes (…).

3. Condenar a la NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL a pagar a cada uno de los demandantes a título de indemnización de perjuicios a la vida de relación el equivalente en salarios mínimos legales mensuales, vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segundo grado, así: [aquí se co nsignaron los mismos valores solicitados por los demandantes por concepto de perjuicios morales].

Que se condene a LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÊRCITO NACIONAL, a ofrecer disculpas a cada uno de los demandantes por la muerte del señor MILTON ANDREI MUÑOZ CUTIVA, en ceremonia pública que habrá de celebrarse en el Parque San Francisco de esta ciudad el día del natalicia del señor MILTON ANDREI MUNOZ CUTIVA A la ceremonia pública de ofrecimiento de disculpas serán citados los medios de comunicación departamental, el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo, y será presidida por el comandante de la Décimo Segunda Brigada del Ejército con sede en esta ciudad. También habrá de publicarse la sentencia de condena en el portal web del Gaula del Ejército Nacional por lapso de tiempo no inferior a 6 meses, y se impartirá un curso de derechos humanos y

la Décimo Segunda Brigada del Ejército con sede en esta ciudad. También habrá de publicarse la sentencia de condena en el portal web del Gaula del Ejército Nacional por lapso de tiempo no inferior a 6 meses, y se impartirá un curso de derechos humanos y derecho internacional humanitario en los colegios públicos del municipio de Florencia Caquetá.

5. Condenar a LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, a pagar a cada uno de los demandantes los perjuicios que, no habiendo sido pedidos en esta demanda, resultaren probados en el decurso del proceso”.Radicación: 18001-23-33-002-2014-00069-01 (69.540)

Demandante: María Faelly Cutiva Leyva y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Referencia: Reparación directa

3

6. Se dijo que, ante los medios de comunicación , Milton Andrei Muñoz Cutiva fue presentado como un “guerrillero dado de baja en combate”, junto con Arley Perdomo Bermúdez, y agregó que lo s hechos expuestos evidenciaban la existencia de un delito de lesa humanidad , de conformidad con la investigación realizada por la Fiscalía Primera Especializada en Asuntos Humanitarios de Florencia (Caquetá), bajo el número único de noticia criminal 180016000551200900083.

Trámite relevante en primera instancia

7. Mediante proveído del 14 de marzo de 2014 4, el Tribunal Administrativo de Caquetá admitió la demanda, oportunidad en la que estimó que “al tratarse de un delito que por [sus] características deviene en actos de lesa humanidad (…) no

7. Mediante proveído del 14 de marzo de 2014 4, el Tribunal Administrativo de Caquetá admitió la demanda, oportunidad en la que estimó que “al tratarse de un delito que por [sus] características deviene en actos de lesa humanidad (…) no p[odía] aplicarse la regla interna de la caducidad, dada la inescindible relación que exist[ía] con el principio de imprescriptibilidad que gobierna esta clase de delitos”.

8. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional5 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones. Argumentó que el fallecimiento de Milton Andrei Muñoz Cutiva fue producto de un enfrentamiento legítimo que ocurrió en desarrollo de un operativo militar ; al lado de lo cual resaltó que no existía una sentencia penal ejecutoriada en la que se estableciera la responsabilidad de alguno de los agentes que participaron en los hechos objeto de estudio, o que denunciara la configuración de un delito de lesa humanidad.

9. Agregó que la parte actora tuvo conocimiento de la muerte de Milton Andrei Muñoz Cutiva, en una confrontación con miembros del Ejército Nacional , desde el 7 de octubre de 2005, y que no se probó que los demandantes conocieron el daño en un momento posterior; razón por la que formuló la excepción de caducidad.

10. Resaltó que la señora Ezequiela Leiva Rivas carece de legitimación en la causa por activa, dado que, a pesar de que adujo ser la abuela de Milton Andrei Muñoz Cutiva, no aportó el registro civil de los padres de la víctima para “acreditar el tronco común”.

11. La audiencia inicial se llevó a cabo el 25 de septiembre de 2014 y continuó el 28

Cutiva, no aportó el registro civil de los padres de la víctima para “acreditar el tronco común”.

11. La audiencia inicial se llevó a cabo el 25 de septiembre de 2014 y continuó el 28 de enero de 2015 6; en esta última oportunidad el Tribunal a quo declaró probada la caducidad, luego de determinar, con fundamento en dos decisiones proferidas por

4 Folios 55 a 61 del documento “ 6ED_04CUADERNOPRINCIPAL1.pdf” del expediente digital, que obra en Samai. 5 Folios 78 a 94 del documento denominado “6ED_04CUADERNOPRINCIPAL1.pdf” del expediente digital, que obra en Samai. 6 Folios 2 a 8 del documento denominado “ 8ED_06CUADERNOPPALCONSEJ.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.Radicación: 18001-23-33-002-2014-00069-01 (69.540)

Demandante: María Faelly Cutiva Leyva y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Referencia: Reparación directa

4 la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado 7, que s e podía configurar esta excepción previa en los delitos de lesa humanidad8.

12. La providencia del 28 de enero de 2015 fue apelada por el apoderado de la parte actora y, posteriormente, fue revocada por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación el 2 de mayo de 2016 9; después de razonar que “exist[ían] cuestionamientos y serias dudas [de] entrar a determinar la caducidad en es [e] momento”, razón por la cual el presupuesto procesal referente a la oportunidad para

cuestionamientos y serias dudas [de] entrar a determinar la caducidad en es [e] momento”, razón por la cual el presupuesto procesal referente a la oportunidad para presentar la demanda se definiría cuando se profiriera una decisión de fondo , “con el fin de evitar ilegalidades futuras y una posible vulneración a los derechos esenciales”.

13. El 9 de noviembre de 20 16, el Tribunal Administrativo del Caquetá ingresó el expediente nuevamente al despacho y fijó fecha para darle continuidad a la audiencia inicial10. El 15 de febrero de 2017, el a quo fijó el litigio en torno a la responsabilidad de la entidad accionada en la muerte de Milton Andrei Muñoz Cutiva11, y decretó las pruebas pedidas por las partes.

14. El 17 de mayo de 2017 12 se realizó la audiencia de pruebas ; finalizada esa diligencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto, oportunidad en la que intervino el Ejército Nacional13 -entidad que insistió en que la muerte de Milton Andrei Muñoz Cutiva fue producto del uso legítimo de las armasy la parte demandante147 Las dos decisiones mencionadas, en esa oportunidad , fueron las proferidas por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado , ambas del 12 de agosto de 2014 , con los radicados internos números 50.257 y 50.266. 8 Para llegar a esa conclusión, el Tribunal Administrativo razonó que la Ley 589 de 2000 no solo tipificó los delitos de desaparición forzada sino también los de lesa humanidad, en los términos de la

internos números 50.257 y 50.266. 8 Para llegar a esa conclusión, el Tribunal Administrativo razonó que la Ley 589 de 2000 no solo tipificó los delitos de desaparición forzada sino también los de lesa humanidad, en los términos de la Ley 742 de 2002, que aprobó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional , y que en su artículo 7° introdujo la excepción a la regla general de caducidad estatuida en el artículo 136 del Decreto 01 de 1984 únicamente en lo relacionado con las pretensiones de reparación provenientes de los delitos de desaparición forzada, que no era lo solicitado en el sub lite; agregó que el término pro tempore para acudir a la jurisdicción inició su conteo al día siguiente del deceso del señor Milton Andrei Muñoz Cutiva, es decir, desde el 8 de octubre de 2005, y la demanda se interpuso hasta el 14 de febrero de 2014, por lo que había operado la caducidad del medio de control de reparación directa. 9 Folio 13 del documento “ 8ED_06CUADERNOPPALCONSEJ.pdf” del expediente digital, que obra en Samai. 10 Folios 43 a 56 del documento denominado “ 8ED_06CUADERNOPPALCONSEJ.pdf” del expediente digital, que obra en Samai. 11 En la audiencia inicial, el magistrado conductor del proceso fijó el litigio en los términos que se transcriben a continuación: “El litigio se contrae a determinar si la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL es administrativamente responsable por los perjuicios ocasionados a los demandantes

transcriben a continuación: “El litigio se contrae a determinar si la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL es administrativamente responsable por los perjuicios ocasionados a los demandantes por la muerte del señor Milton Andrei Muñoz Cutiva, en hecho s acaecidos el 7 de octubre de 2005, cuando miembros de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas -AFEUR- (…) [le] causaron la muerte (…) y en consecuencia, si hay lugar al reconocimiento y pago de los perjuicios aducidos por los demandantes”. 12 Folios 59 a 61 del documento denominado “ 8ED_06CUADERNOPPALCONSEJ.pdf” del expediente digital, que obra en Samai. 13 Folios 64 a 72 del documento denominado “ 8ED_06CUADERNOPPALCONSEJ.pdf” del expediente digital, que obra en Samai. 14 Folios 73 a 76 del documento denominado “ 8ED_06CUADERNOPPALCONSEJ.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.Radicación: 18001-23-33-002-2014-00069-01 (69.540)

Demandante: María Faelly Cutiva Leyva y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Referencia: Reparación directa

5 extremo procesal que reiteró que el daño causado era imputable al Estado, por la configuración de una falla en el servicio-.

15. El Ministerio Público guardó silencio15.

La sentencia de primera instancia

16. En sentencia del 7 de septiembre de 2022 16, la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá declaró probada la excepción de caducidad de

La sentencia de primera instancia

16. En sentencia del 7 de septiembre de 2022 16, la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá declaró probada la excepción de caducidad de la acción de reparación directa.

17. Para llegar a dicha conclusión, el a quo mencionó el precedente fijado en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado , según el cual, excepto en los casos de desaparición forzada, el plazo para demandar se computa desde la ocurrencia del hecho causante del daño, siempre que desde ese momento los afectados hubiesen estado en posibilidad de conocerlo y, por ende, de advertir la posibilidad de imputar responsabilidad al Estado por tales hechos.

18. Explicó que las pruebas allegadas al expediente evidenciaban que la demandante María Faelly Cutiva -madre de la víctima directatuvo conocimiento del deceso de Milton Andrei Muñoz Cutiva el mismo mes en que se presentaron los hechos -octubre de 2005-, así como “de la participación de los miembros del Ejército Nacional en su desarrollo ”. Indicó, que no observaba obstáculo alguno que les hubiese imp edido a los demandantes incoar, de manera oportuna, el medio de control de reparación directa.

19. Manifestó que “desde el mes de octubre de 2005 a la fecha de radicación de la solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría 71 Judicial para Asuntos Administrativos -11 de diciembre de 2012 -, transcurrió un término de 7 años, 2 meses”, lapso que desbordaba el establecido en el literal h del artículo 164 de la

solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría 71 Judicial para Asuntos Administrativos -11 de diciembre de 2012 -, transcurrió un término de 7 años, 2 meses”, lapso que desbordaba el establecido en el literal h del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 para presentar la demanda.

20. Finalmente, condenó en costas a los demandantes, para lo cual fijó las agencias en derecho en una suma correspondiente a l 2% del valor de las pretensiones formuladas en el escrito inicial.

El recurso de apelación

21. La parte actora apeló el fallo de primera instancia 17 . E n su escrito de impugnación, cuestionó la aplicación de la sentencia de unificación jurisprudencial del 29 de enero de 2020, en síntesis , porque: (i) vulneraba los principios de

15 Así lo corroboró la constancia secretarial del Tribunal Administrativo del Caquetá , fechada el 2 de junio de 2017, visible a folio 77 del documento denominado “8ED_06CUADERNOPPAL CONSEJ.pdf” del expediente digital, que obra en Samai. 16 Documento denominado “26ED_24SENTENCIA.pdf” del expediente digital, que obra en Samai. 17 Documento denominado “ 28ED_26APELACIONDEMANDANT.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.Radicación: 18001-23-33-002-2014-00069-01 (69.540)

Demandante: María Faelly Cutiva Leyva y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Referencia: Reparación directa

6 confianza legítima y seguridad jurídica de los aquí demandantes y su derecho

Demandante: María Faelly Cutiva Leyva y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Referencia: Reparación directa

6 confianza legítima y seguridad jurídica de los aquí demandantes y su derecho fundamental al debido proceso ; (ii) el Estado colombiano se sustraía del cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas y desconocía la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al tiempo que, (iii) “revictimiza[ba] a los demandantes”, en la medida que los “ obliga[ba] (…) a acudir ante el Sistema Interamericano o ante el Sistema Universal” para alegar la violación de los Derechos Humanos por parte del Estado Colombiano en “hechos despreciables como lo son las ejecuciones extrajudiciales ”. A lo todo anterior, agregó que “el hecho de que la investigación penal (…) aún no h[ubiese] culminado con el juzgamiento de los responsables (…) significa[ba] que las víctimas no ha[bían] obtenido ni verdad, ni justicia ni mucho menos reparación”.

22. En línea con lo expuesto, aseguró que debía aplicarse la regla jurisprudencial vigente para el momento en que se interpuso la demanda, relativa a la “imprescriptibilidad del medio de control frente a actos de lesa humanidad ”, lo cual ya había sido definido en auto “ejecutoriado” del 2 de mayo de 2016, proferido por esta Corporación, cuyos efectos jurídicos no podrían ser desconocidos , posteriormente, por el Tribunal Administrativo del Caquetá. Para finalizar, insistió en que debía declararse patrimonialmente responsable al Ejército Nacional de los perjuicios a ellos irrogados con ocasión de la muerte de Milton Andrei Muñoz Cutiva.

posteriormente, por el Tribunal Administrativo del Caquetá. Para finalizar, insistió en que debía declararse patrimonialmente responsable al Ejército Nacional de los perjuicios a ellos irrogados con ocasión de la muerte de Milton Andrei Muñoz Cutiva.

Trámite relevante en segunda instancia

23. En auto del 10 de marzo de 2023 se admiti ó el recurso de apelación 18. El Ministerio Público emitió concepto19, en el que aseguró que en el sub lite no había operado la caducidad, con fundamento en el “estándar internacional”, en concreto, en el literal b) de los artículos 1° y 4° de la “convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad ”, que hacía parte del ius cogens y, por ello, era de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano20; por su parte, los demandantes reiteraron los motivos de inconformidad que esbozaron en el escrito de apelación y se adhirieron a los argumentos planteados por el agente del Ministerio Público21. La parte demandada guardó silencio.

24. El 6 de septiembre de 2024, se ordenó la remisión de este asunto22 al despacho del consejero ponente, en compensación, de conformidad con lo establecido en la Circular 010 del 11 de marzo de 2019 , expedida por la presidencia de esta

Corporación23.

18 Documento denominado “ 46AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION.pdf” del expediente digital, que obra en Samai. 19 Índice 15 de Samai. 20 Documento denominado “ 50MemorialWebLEH_50CONCEPTO_CONCEPTO075MARIAFAELLY

digital, que obra en Samai. 19 Índice 15 de Samai. 20 Documento denominado “ 50MemorialWebLEH_50CONCEPTO_CONCEPTO075MARIAFAELLY CUTIVADELITOSDELESAHUMANIDAD.pdf” del expediente digital, que obra en Samai. 21 Documento denominado “52RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO _PRONUNCIACIONCONSEP.pdf” del expediente digital, que obra en Samai. 22 Que estaba, antes, en el despacho del consejero Nicolás Yepes Corrales. 23 Documento denominado “072Autoqueremite_69540pdf.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.Radicación: 18001-23-33-002-2014-00069-01 (69.540)

Demandante: María Faelly Cutiva Leyva y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Referencia: Reparación directa

7

C O N S I D E R A C I O N E S

25. La Sala no advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, por lo que procede a resolver en segunda instancia el presente asunto.

Adicionalmente, se evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales de jurisdicción, competencia , legitimación en la causa por activa y por pasiva , y el agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial. Lo referente a la oportunidad para presentar la demanda se definirá en esta decisión, tal como se precisará a continuación.

Problemas jurídicos a resolver

26. Antes de enunciar los interrogantes cuya solución acometerá esta Subsección, es necesario acotar que el reproche de la parte apelante en contra del fallo de

continuación.

Problemas jurídicos a resolver

26. Antes de enunciar los interrogantes cuya solución acometerá esta Subsección, es necesario acotar que el reproche de la parte apelante en contra del fallo de primera instancia, encargado de fijar el marco del presente pronunciamiento24 -salvo otras situaciones que se deban auscultar y definir de manera oficiosa - consiste en insistir en que esta demanda se presentó de forma oportuna, para lo cual manifestó su inconformidad con la aplicación de la sentencia de unificación que se adoptó el 29 de enero de 2020.

27. Así las cosas y en consideración a que en la sentencia de primer grado la declaratoria de la excepción de caducidad impidió resolver el asunto de fondo, el problema jurídico principal que se resolverá en esta instancia consiste en : (i) establecer si, como lo consideró el a quo, la demanda se presentó por fuera de la oportunidad legal establecida para para tal efecto. Solo en caso de que se determine que no se configuró la caducidad de la acción de reparación directa, (ii) se verificará si se reúnen los presupuestos para declarar la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la muerte de Milton Andrei Muñoz Cutiva; de resultar procedente, (iii) se establecerá la correspondiente indemnización de perjuicios y, por último, (vi) se abordará la imposición de la condena en costas.

De la oportunidad legal para presentar la demanda de reparación directa

28. Como se mencionó en los antecedentes, el 7 de septiembre de 2022, la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de l Caquetá declaró la caducidad

De la oportunidad legal para presentar la demanda de reparación directa

28. Como se mencionó en los antecedentes, el 7 de septiembre de 2022, la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de l Caquetá declaró la caducidad de la acción de reparación directa . El fundamento de tal determinación fue la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que introdujo una variación jurisprudencial en relación con el conteo del término para demandar -postura que, por asuntos metodológicos, será precisada más adelante-.

24 Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012 – CGP) – Artículo 328, inciso primero: “El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley” . En cuando al desarrollo jurisprudencial de este precepto, ver, entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 12 de julio de 2024. Rad. 13001-23-33-000-2015-00015-01 (70.692). C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.Radicación: 18001-23-33-002-2014-00069-01 (69.540)

Demandante: María Faelly Cutiva Leyva y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Referencia: Reparación directa

8

29. La apelación gravita en que debía aplicarse la regla jurisprudencial vigente para el momento en que se interpuso la demanda, y no el criterio de unificación que se

Referencia: Reparación directa

8

29. La apelación gravita en que debía aplicarse la regla jurisprudencial vigente para el momento en que se interpuso la demanda, y no el criterio de unificación que se adoptó el 29 de enero de 2020 , porque este último , a juicio de los recurrentes, vulnera su derecho al debido proceso, al tiempo que desconoce las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Colombiano.

30. En el escenario expuesto, la Sala : a) definirá la aplicación, o no, de la regla de unificación sobre caducidad de la reparación directa fijada el 29 de enero de 2020 en este proceso y, acto seguido, b) indicará el momento en que debe computarse el plazo para demandar en este proceso, previa referencia de los medios de convicción relevantes para ello.

De la aplicación en el tiempo de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020

31. Respecto de la decisión de unificación del 29 de enero de 2020 , la Corte Constitucional 25 indicó, en la sentencia SU -312 de 2020, que esta providencia resultaba vinculante desde que fue proferida , con efectos a los casos que se encontraban en curso -efectos retrospectivos – y a los iniciados luego –efectos prospectivos–, sin que resultaran oponibles los pronunciamientos expedidos con anterioridad en un sentido distinto26, pues, a partir de su adopción, este era el criterio de unificación vinculante y, por ende, el precedente constitucional vigente.

32. No sobra decir que la decisión de unificación jurisprudencial en cita cuenta con carácter vinculante en el sub lite, pues el Consejo de Estado, como órgano de cierre,

de unificación vinculante y, por ende, el precedente constitucional vigente.

32. No sobra decir que la decisión de unificación jurisprudencial en cita cuenta con carácter vinculante en el sub lite, pues el Consejo de Estado, como órgano de cierre, tiene la función de unificar la jurisprudencia para garantizar que la aplicación del derecho sea homogénea. La obligatoriedad del precedente se justifica en la necesidad de acatar lo previsto en los artículos 230 27 y 237 28 de la Constitución Política, que someten a los jueces al imperio del derecho, incluida “la interpretación jurisprudencial de los máximos órganos judiciales, la cual informa la totalidad del ordenamiento jurídico ” 29 , así como de garantizar los principios de igualdad, seguridad jurídica, legalidad y confianza legítima.

25 Sentencias T-044 del 14 de febrero de 2022 y -210 del 10 de junio de 2022, Corte Constitucional. 26 De manera concreta, la Corte Constitucional sostuvo: “[a]sí, la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado y la SU -312 de 2020 de la Corte Constitucional son los precedentes vinculantes en relación con el término de caducidad de las acciones de reparación directa relacionadas con delitos de lesa humanidad , crímenes de guerra y genocidio. Por el contrario, las decisiones citadas por los accionantes n