CE - Sentencia 18001233300020140017301 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 18001-23-33-000-2014-00173-01 (5818-2022)

Demandante: José Onias Trujillo Torres Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional , Ministerio de Hacienda y el departamento del Caquetá

Tema: sanción moratoria por el pago tardío de cesantías parciales . Subtema 1: leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006. Subtema 2: prescripción.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 27 de abril de 2022 por el Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor José Onias Trujillo Torres presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, para que se declarara la nulidad de los oficios SE -76.7 del 13 de diciembre de 2013, SE-70.76 del 9 de abril de 2014 y SE -70.76.7.1 del 14 de abril de 2014, por medio de los cuales se le negó el reconocimiento y pago de la sanción

diciembre de 2013, SE-70.76 del 9 de abril de 2014 y SE -70.76.7.1 del 14 de abril de 2014, por medio de los cuales se le negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de cesantías parciales, conforme a lo previsto en la Ley 1071 de 2006.Radicación: 18001-23-33-000-2014-00173-01 (5818-2022)

Demandante: José Onias Trujillo Torres Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el departamento del Caquetá

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2. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. José Onias Trujillo Torres , mediante apoderado, presentó demanda 1 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional y Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el departamento del Caquetá de conformidad con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan.

2.1.1. Pretensiones

1. El demandante solicitó que se declare la nulidad de los oficios SE -76.7 de fecha 13 de diciembre de 2013, SE70.76 del 9 de abril de 2014 y SE70.76. 7.1 del 14 de abril de 2014, por medio de los cuales se le negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago no oportuno de cesantías parciales, conforme lo previsto en el artículo de la Ley 1071 de

2006.

reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago no oportuno de cesantías parciales, conforme lo previsto en el artículo de la Ley 1071 de 2006.

1. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordene a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al departamento del Caquetá el pago de la suma de treinta y nueve millones seiscientos ocho mil ochocientos pesos $39.608.800.00 , correspondiente a 616 días de mora, multiplicado s por la suma de sesenta y cuatro mil trescientos pesos $64.300.00, que equivale al salario diario devengado. Esto, por el no pago oportuno de las cesantías solicitadas.

1. Ordenar el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2.

1. Reconocer el pago de las sumas y que estas sean indexadas conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde la fecha en que se efectué el pago de la cesantía hasta la ejecutoria de la sentencia.

1. Ordenar el pago de los intereses moratorios de conformidad con el artículo 196 del CPACA.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, expuso lo siguiente:

1. El señor José Onias Trujillo Torres en el ejercicio del cargo de administrativo nacionalizado por la Ley 43 de 1975, ante la Secretaría de Educación

1 Samai, índice 02, ED_18001233300220140017(.zip) pdf 01, folios 31 al 40.

nacionalizado por la Ley 43 de 1975, ante la Secretaría de Educación

1 Samai, índice 02, ED_18001233300220140017(.zip) pdf 01, folios 31 al 40. 2 En adelante CPACA.Radicación: 18001-23-33-000-2014-00173-01 (5818-2022)

Demandante: José Onias Trujillo Torres Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el departamento del Caquetá

3 Departamental del Caquetá, solicitó el reconocimiento y pago de una cesantía parcial para la remodelación del inmueble de su propiedad.

1. Sostuvo que conforme a lo previsto en la Ley 1071 de 2006, la entidad contaba con 65 días hábiles para realizar el pago, plazo que venció el 21 de octubre de 2009.

1. El Departamento del Caquetá mediante Resolución 001 del 14 de junio de 2011, reconoció y ordenó el pago de las cesantías parciales al actor por un valor de dieciocho millones de pesos $18.000.000. No obstante, el pago se hizo efectivo hasta el 30 de junio de 2011, por intermedio del banco Popular.

1. Después de advertir que dicho pago se efect uó luego de vencido el plazo fijado para ello, el demandante, el 29 de octubre de 2013, presentó ante la Secretaría de Educación del departamento del Caquetá el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por valor de treinta y nueve millones seiscientos ocho mil ochocientos pesos $39.608.800.

1. A su turno, el secretario de educación del departamento del Caquetá,

pago de la sanción moratoria por valor de treinta y nueve millones seiscientos ocho mil ochocientos pesos $39.608.800.

1. A su turno, el secretario de educación del departamento del Caquetá, mediante Oficio SE 76.7 del 13 de diciembre de 2013, negó lo solicitado por no contar con la disponibilidad presupuestal para ello.

1. Manifestó que el 31 de marzo de 2014 radicó petición para el reconocimiento y pago de la sanción moratoria ante la Secretaría de Educación Departamental del Caquetá. La entidad , mediante Oficio SE 70.76 del 9 de abril de 2014, respondió que dicha solicitud ya había sido resuelta mediante el Oficio SE76.7del 13 de diciembre de 2013.

1. Refirió que, por medio del Oficio SE. 70.76.7.1 del 24 de abril de 2014, la Secretaría Delegataria con Funciones de Gobernador informó que no era posible realizar el pago por carecer de viabilidad financiera.

1. Adujo que contra los oficios mencionados no interpuso recursos , dado que en ellos no se indicó la procedencia de estos ; en este sentido , cobraron firmeza.

1. Finalmente, expresó que, de conformidad con el artículo 138 del CPACA, toda persona que se considere vul nerada en un derecho esta facultada para solicitar la nulidad del acto administrativo y el restablecimiento del derecho.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

3. El demandante citó como normas vulneradas: Constitución Política artículos

solicitar la nulidad del acto administrativo y el restablecimiento del derecho.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

3. El demandante citó como normas vulneradas: Constitución Política artículos 1, 2, 4, 6 ,58 y 228; y la Ley 1071 de 2006, artículos 4 y 5.Radicación: 18001-23-33-000-2014-00173-01 (5818-2022)

Demandante: José Onias Trujillo Torres Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el departamento del Caquetá

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4. Al explicar el concepto de violación , señaló que la indemnización moratoria de que trata la Ley 1071 de 2006 constituye una sanción a cargo de la entidad que ha incurrido en mora en el reconocimiento y pago de las cesantías, con el fin de resarcir los daños causados al servidor.

5. Agregó que sus cesantías parciales fueron reconocidas y pagadas por fuera del término legal, lo que restringió su derecho a acceder oportunamente a dichas prestaciones sociales.

6. Por último, expuso que los actos acusados están falsamente motivados, pues lo solicitado debía ser reconocido dentro del plazo establecido por la Ley 1071 de

2006. Sin embargo, se incurrió en una mora de seiscientos dieciséis 616 días entre la radicación de la solicitud y el pago efectivo de las cesantías, circunstancia que genera la obligación de reconocer la sanción moratoria a su favor.

2.2. Contestación de la demanda

7. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de apoderado contestó

genera la obligación de reconocer la sanción moratoria a su favor.

2.2. Contestación de la demanda

7. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de apoderado contestó la demanda3. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones al considerar que de conformidad con el Decreto 4712 de 2008 4 sus funciones son opuestas a las relacionadas con el reconocimiento y pago de cesantías de otras entidades públicas salvo las obligaciones que se tienen con el personal de la entidad.

8. Agregó que sus facultades están taxativamente definidas en el artículo 5 de la ley 489 de 199 8, por tanto, no puede asumir las obligaciones a cargo de la Secretaría de Educación Departamental del Caquetá. En este sentido, sostuvo que las pretensiones del actor no tienen vocación de prosperidad frente a su representada.

9. Formuló como excepciones: i) ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones; y , ii) falta de legitimación en la causa por pasiva.

10. Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional presentó contestación5 en la que manifestó su oposición frente a las pretensiones de la demanda . En su argumentación, señaló que el acto acusado fue expedido de conformidad con la normativa vigente.

11. Agregó que la sanción prevista en la Ley 1071 de 2006 únicamente procede respecto del incumplimiento de los plazos para el pago de las cesantías, y no frente a los términos establecidos para el trámite interno de reconocimiento de dichas prestaciones económicas. En efecto, aunque el artículo 4 de la citada ley fija un

a los términos establecidos para el trámite interno de reconocimiento de dichas prestaciones económicas. En efecto, aunque el artículo 4 de la citada ley fija un

3 Samai, índice 02, ED_18001233300220140017(.zip) pdf. 01 folios 87 al 95. 4 «Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Hacienda y Crédito Público». 5 Samai, índice 02, ED_18001233300220140017(.zip) pdf 01 folios 102 al 114.Radicación: 18001-23-33-000-2014-00173-01 (5818-2022)

Demandante: José Onias Trujillo Torres Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el departamento del Caquetá

5 plazo para el reconocimiento, el legislador no previó sanción alguna por la tardanza en dicho trámite, sino exclusivamente a la mora en el pago del auxilio.

12. Propuso como excepciones: i) falta de legitimación en la causa por pasiva;

(ii) buena fe; iii ) inexistencia de la obligación con fundamento en la ley; y iv) prescripción.

13. A su turno, el departamento del Caquetá allegó contestación6 por medio de la cual se opuso a todas las declaraciones de la demanda. Asimismo, planteó como excepciones: i) caducidad; ii) cobro de lo no debido; iii) presunción de legalidad; y iv) genérica.

14. Posteriormente, el demandante descorrió el traslado de las excepciones propuestas7. Por su parte, el Tribunal en la audiencia inicial se pronunció de las

mismas en los siguientes términos8:

• Departamento del Caquetá:

14. Posteriormente, el demandante descorrió el traslado de las excepciones propuestas7. Por su parte, el Tribunal en la audiencia inicial se pronunció de las

mismas en los siguientes términos8:

• Departamento del Caquetá:

1. Caducidad: Se declara no probada.

2. Cobro de lo no debido, presunción de legalidad de los actos acusados y la que denomina genérica: Por ser elementos de defensa que tienen relación con las pretensiones de la demanda, se estudiarán al momento de proferir sentencia que ponga fin a la instancia.

• Nación, Ministerio de Educación Nacional:

1. Buena fe e inexistencia de la obligación con fundamento en la ley: Son argumentos de defensa que se analizarán al momento de emitir sentencia.

2. Prescripción: El despacho difiere su estudio a la sentencia por no ser la extintiva del derecho.

3. Falta de legitimación en la causa por pasiva: Por no corresponder a la falta de legitimación formal sino a la sustancial, se difiere también su análisis para el fallo.

• Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público:

1. Excepción previa: Ineptitud sustantiva de la demanda. El despacho la declara no próspera.

2. Falta de legitimación en la causa por pasiva: Por no corresponder a la falta de legitimación formal sino a la sustancial, se difiere su estudio para la sentencia.

6 Samai, índice 02, ED_18001233300220140017(.zip) pdf 01, folios 123 al 127. 7 Samai, índice 02, ED_18001233300220140017(.zip) pdf 01, folios 138 al 141.

6 Samai, índice 02, ED_18001233300220140017(.zip) pdf 01, folios 123 al 127. 7 Samai, índice 02, ED_18001233300220140017(.zip) pdf 01, folios 138 al 141. 8 Se extrae del acta de audiencia inicial, visible en Samai índice 02, ED_18001233300220140017(.zip) pdf 01, folio 186.Radicación: 18001-23-33-000-2014-00173-01 (5818-2022)

Demandante: José Onias Trujillo Torres Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el departamento del Caquetá

6 2.3. Sentencia de primera instancia

15. El Tribunal Administrativo de l Caquetá profirió sentencia el 27 de abril de

20229, en la que dispuso:

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la vulneración de principios legales, prescripción y buene fe, propuestas por la Nación – Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADA las excepciones de cobro de lo no debido y presunción de legalidad de los actos acusados propuestas por el Departamento del Caquetá, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: DECLARAR LA NULIDAD de los oficios SE-76.7 del 13 de diciembre de 2014, SE-70.76 del 9 de abril de 2014, expedidos por el Secretario de Educación Departamental, por medio de los cuales se negó al señor JOSÉ ON IAS TRUJILLO

de 2014, SE-70.76 del 9 de abril de 2014, expedidos por el Secretario de Educación Departamental, por medio de los cuales se negó al señor JOSÉ ON IAS TRUJILLO TORRES el reconocimiento y pago de una sanción por mora, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Educación Nacional y al Departamento del Caquetá a reconocer y pagar, en forma solidaria, al señor JOSÉ ONÍAS TRUJILLO TORRES la suma de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS M/C ($15.624.900), por concepto de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales, desde el 29 de octubre de 2010 (por haber acaecido el fenómeno jurídico de la prescripción) al 28 de junio de 2011 ( día anterior a haberse puesto a disposición el pago).

En el evento de haberse cancelado al demandante suma alguna por concepto de sanción moratoria con anterioridad a la ejecutoria de la presente sentencia, deberán efectuarse las respectivas compensaciones, caso en el cual la indexación se hará hasta la fecha efectiva del pago. […]

SÉPTIMO: CONDENAR en costas en esta instancia a la Nación – Ministerio de Educación Nacional y al Departamento del Caquetá, en el equivalente a 1 S.M.L.V., en favor del demandante.

[…]10

16. El Tribunal indicó que, una vez culminado el proceso de nacionalización de la educación primaria y segundaria, conforme a lo dispuesto en la Ley 43 de 1975, el cual se desarrolló de manera gradual entre el 1 de enero de 1976 y el 31 de

16. El Tribunal indicó que, una vez culminado el proceso de nacionalización de la educación primaria y segundaria, conforme a lo dispuesto en la Ley 43 de 1975, el cual se desarrolló de manera gradual entre el 1 de enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1980, el personal docente y administrativo incorporado a las plantas

9 Samai, índice 02, ED_18001233300220140017(.zip) pdf 01, folios 261 al 278.

10 Se transcribe con errores de texto.Radicación: 18001-23-33-000-2014-00173-01 (5818-2022)

Demandante: José Onias Trujillo Torres Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el departamento del Caquetá

7 de personal del servicio educativo estatal adquirió la condición de empleado público del orden nacional.

17. Agregó que la diferencia que se hizo entre el personal nacional y nacionalizado, que se mantuvo hasta el 29 de diciembre de 1989 , fecha en que entró en vigor la Ley 91 del mismo año, tenía como finalidad establecer el régimen prestacional aplicable a cada grupo y, adicionalmente, determinar la entidad responsable del pago de las cargas prestacionales, ya fuera nacional o territorial.

En este sentido, la vinculación tanto de los docentes como del p ersonal administrativo por parte de los departamentos, distritos o municipios debía hacerse con el lleno de los requisitos establecidos en el Estatuto Docente y la carrera administrativa.

18. Asimismo, precisó que el régimen prestacional y salarial aplicable al personal docente es el previsto en la Ley 91 de 1989, tanto antes como después de la

administrativa.

18. Asimismo, precisó que el régimen prestacional y salarial aplicable al personal docente es el previsto en la Ley 91 de 1989, tanto antes como después de la expedición de la Ley 60 de 1993, la cual ratificó las disposiciones de la Ley 91 de 1989 para todos los docentes que se incorporaran sin solución de continuidad , así como las nuevas vinculaciones a las plantas departamentales y distritales.

19. Manifestó que ni la Ley 60 de 1993 ni la 115 de 1994 determinaron las condiciones salariales bajo las cuales los departamentos debían asumir las nuevas competencias de administración y manejo del personal administrativo al servicio de los planteles nacionales, a diferencia de lo previsto para los docentes. No obstante, la Sala consideró que dichos funcionarios administrativos debían ser asumidos en las mismas condiciones salariales y prestacionales que ostentaban al momento de la transferencia de competencias por parte de los entes territoriales.

20. Refirió que mediante convenio celebrado el 29 de diciembre de 1993 entre la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Educación y el departamento del Caquetá, se determinó que e l pago de las prestaciones sociales al personal administrativo nacionalizado por la Ley 43 de 1975 estaría a cargo de la gobernación del Caquetá, previo traspaso de recursos, de la siguiente forma:

«Literal J). Que el personal administrativo nacionalizado, continuará siendo atendido por las Entidades que venían haciéndolo y sus prestaciones sociales les corresponde pagarlas Departamentos, las Cajas de Previsión Social o Entidades que hagan sus veces.

Literal K). Que la Nación y el Departamento en desarrollo de las normas legales

por las Entidades que venían haciéndolo y sus prestaciones sociales les corresponde pagarlas Departamentos, las Cajas de Previsión Social o Entidades que hagan sus veces.

Literal K). Que la Nación y el Departamento en desarrollo de las normas legales anteriores han estimado imprescindible celebrar un acuerdo entre ellos, con el fin de garantizar al personal administrativo nacionalizado el adecuado reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a que tienen derecho

[…] OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1. EL DEPARTAMENTO se obliga en representación de la Nación, a responder por el pago de las prestaciones sociales del personal administrativo por el pago de las prestaciones sociales del personalRadicación: 18001-23-33-000-2014-00173-01 (5818-2022)

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8 administrativo nacionalizado, utilizando los dineros que la Nación transfiera presupuestalmente y se les sitúen al Departamento para tales efectos.

2. Continuará haciendo el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales del personal administrativo nacionalizado, en la cuantía señalada por la Ley, con las modalidades con que se ha venido haciendo.

3. Efectuarán la liquidación, reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a que se refiere el presente convenio.

21. En este sentido, refirió que el personal administrativo nacionalizado integra la categoría de empleados públicos , de conformidad con lo previsto en el artículo 123 de la Constitución Política. Por lo tanto, le son aplicables las leyes 244 de 1995

21. En este sentido, refirió que el personal administrativo nacionalizado integra la categoría de empleados públicos , de conformidad con lo previsto en el artículo 123 de la Constitución Política. Por lo tanto, le son aplicables las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, que prevén la sanción moratoria respecto al reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas de los servidores públicos.

22. Precisó que , de las pruebas aportadas en el plenario se observa que la solicitud de liquidación de las cesantías parciales se presentó el 17 de julio de 2009.

Así las cosas, la Secretar ía de Educación del departamento del Caquetá contaba con un plazo de quince (15) días, previsto en el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006 , para expedir el acto de reconocimiento, término que venció el 10 de agosto de 2009 sin que se expidiera dicho acto, el cual se produjo el 14 de junio de 2011, mediante la expedición de la Resolución núm. 001.

23. De esta manera, el plazo de cuarenta y cinco (45) días para efectuar el pago venció el 21 de octubre de 2009. No obstante, la consignación efectiva del monto correspondiente a las cesantías parciales se realizó únicamente el 29 de junio de

2011. Por lo tanto, se causó un período de mora desde el 22 de octubre de 2009 hasta el 28 de junio de 2011 generándose un retardo de 615 días.

24. Respecto del salario que se debe tener en cuenta para la liquidación de la sanción será el que devengue el trabajador al momento de la causación de la mora.

hasta el 28 de junio de 2011 generándose un retardo de 615 días.

24. Respecto del salario que se debe tener en cuenta para la liquidación de la sanción será el que devengue el trabajador al momento de la causación de la mora.

De esta manera, la asignación básica del actor en el año 2009 correspondía a la suma de $64.300 , por lo que el total a reconocer por la sanción moratoria corresponde a la suma de $ 39.544.500.

25. En punto a la prescripción, señaló la sentencia CE-SUJ2 004 del 25 de agosto de 2016, la cual resolvió una controversia originada en la consignación tardía de las cesantías de un empleado público a nivel territorial beneficiario de la Ley 50 de 1990 y en la que se fijó como regla jurisprudencial lo previsto en el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral. En este sentido, la sanción deberá solicitarse a la administración dentro de los tres años siguientes al momento en que se haga exigible la obligación lo que, traducido al presente asunto, generó para el actor la posibilidad de rec lamar la sanción moratoria desde el 22 de octubre de 2009. No obstante, solo presentó la petición el 29 de octubre de 2013, superándose el término legal, por lo que consideró que el actor solo tiene derecho al reconocimiento de laRadicación: 18001-23-33-000-2014-00173-01 (5818-2022)

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Demandante: José Onias Trujillo Torres Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el departamento del Caquetá

9 sanción moratoria desde el 29 de octubre de 2010 hasta el 28 de junio de 2011 «día anterior a haberse puesto a disposición el pago».

26. Por último, el Tribunal ante la prosperidad de las pretensiones de la demanda, condenó en costas a la Nación, Ministerio de Educación Nacional y al Departamento del Caquetá, según lo previsto en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del Código General del proceso.

2.4. Recurso de apelación

27. El departamento del Caquetá 11 apeló la sentencia de primera instancia , al discrepar del cómputo de días otorgados por el Tribunal para liquidar, reconocer y ordenar la sanción moratoria derivada d el pago tardío de las cesantías . Para sustentar su posición, citó la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-2018, según la cual, cuando la administración resuelve de manera extemporánea o no resuelve la solicitud de cesantías parciales o definitivas, el término para calcular la sanción moratoria inicia desde la radicación de la petición, de manera que «se contarán 15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 de la Ley 1071/2006), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la ley 1437 de 2011 ) [ 5 días si la petición se presen tó en vigencia del Código

la Ley 1071/2006), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la ley 1437 de 2011 ) [ 5 días si la petición se presen tó en vigencia del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 51], y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días hábiles discri minados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006».

28. Agregó que , según las pruebas allegadas al plenario , la solicitud de liquidación de cesantías parciales se presentó el 17 de julio de 2009, por lo que el término de 15 días para expedir el acto vencía el 11 de agosto de 2009. Una vez notificado el demandante, corrían 10 días hábiles para la ejecutoria, hasta el 26 de agosto de 2009. E n consecuencia, los 45 días previstos en la Ley 1071 de 2006 iniciaban el 27 de agosto y finalizaban el 29 de octubre del mismo año, fecha límite para el pago de las cesantías parciales.

29. Sostuvo que el juez de primera instancia no acertó en la determinación de las fechas en que debían ejecutarse las actuaciones administrativas, lo que implicó un desconocimiento de la Ley 1071 de 2006 y de los artículos 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011. Asimismo, señaló que en la parte motiva de la sentencia impugnada, el Tribunal omitió considerar el plazo de los diez días hábiles con que contaban las

de 2011. Asimismo, señaló que en la parte motiva de la sentencia impugnada, el Tribunal omitió considerar el plazo de los diez días hábiles con que contaban las entidades implicadas para efectuar el reconocimiento y pago de la prestación económica al actor.

30. Además, expresó que la Sala incurrió en un error al reconocer 243 días como el tiempo que tuvo el despacho para liquidar, reconocer y ordenar el pago de la sanción por mora derivada d el pago tardío de las cesantías parciales del actor,

11 Samai índice 02, ED_18001233300220140017(.zip) pdf 04.Radicación: 18001-23-33-000-2014-00173-01 (5818-2022)

Demandante: José Onias Trujillo Torres Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el departamento del Caquetá

10 previo descuento de los días en que operó la prescripción trienal, respecto de la cual no tiene objeción. En consecuencia, afirmó que el término correcto es de 239 días, contados desde la exigibilidad de la obligación, con la aplicación de la prescripción trienal, hasta la fecha en que la entidad efectuó el pago del auxilio.

31. Por lo anterior, solicitó revocar, modificar o aclarar la sentencia apelada y, en caso de no exonerar a su representada, ajustar la condena a la suma de $15.624.900 por concepto de sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

32. Mediante auto del 2 de marzo de 2023 12, el despacho ponente admitió el

parciales.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

32. Mediante auto del 2 de marzo de 2023 12, el despacho ponente admitió el recurso de apelación interpuesto por el departamento del Caquetá contra la sentencia de primera instancia. Además, prescindió del período para correr traslado a las partes, afirmando que no existían pruebas por decretar en segunda instancia.

2.6 Concepto del Ministerio Público

33. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Con sejo de Estado 13 emitió concepto en el que señaló que le asiste razón al apelante respecto a los días de mora causados, los cuales corresponden a 239 días y no a 243 días, como lo indicó el Tribunal. En este sentido, solicitó la modificación del numeral cuarto de la sentencia apelada y, por tanto, ordenar el reconocimiento y pago de 239 días de salario por la sanción de mora en el pago de las cesantías del actor.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

34. El presente asunto es competencia de esta Corporación de conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problemas jurídicos

35. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, corresponde a la sala definir:

36. ¿Cuál es el extremo temporal en el que se ocasionó la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales reconocidas al señor José Onias Trujillo

12 Samai, índice 004.

36. ¿Cuál es el extremo temporal en el que se ocasionó la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales reconocidas al señor José Onias Trujillo

12 Samai, índice 004. 13 Samai, índice 009.Radicación: 18001-23-33-000-2014-00173-01 (5818-2022)

Demandante: José Onias Trujillo Torres Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el departamento del Caquetá

11 Torres, mediante la Resolución 001 del 14 de junio de 2015 ,