CE - Sentencia 18001233300020140022602 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 18001-2333-000-2014-00226-02 (6310-2022)1

Demandante: Andrés Felipe Ríos Dussán

Demandado: Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-Rama

Judicial.

Tema: Decisión: Prima Especial de Servicios - Ley 4 de 1992

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia del 11 de junio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de l Caquetá, Sala de Conjueces , que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda1

1.1.1 Pretensiones

El señor Andrés Felipe Ríos Dussán, actuando por conducto de apoderado judicial, acudió a esta jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y formuló las siguientes pretensiones:

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Demandante: Andrés Felipe Ríos Dussán

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Demandante: Andrés Felipe Ríos Dussán Demandado: Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-Rama Judicial.

2 • «PRIMERA: INAPLICAR por ilegal las normas contenidas en los siguientes decretos reglamentarios, al estimarse contrarias a los principios constitucionales y legales que rigen el régimen salarial de los servidores judiciales: • Decreto 4171 de 2004, • Artículo 9º del Decreto 935 de 2005, • Artículo 6º del Decreto 389 de 2006, • Artículo 6º del Decreto 618 de 2007, • Reglamentarios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, • Decreto 723 de 2009, • Decreto 389 de 2010, • Artículo 8º del Decreto 1039 de 2011, • Artículo 8º del Decreto 0874 de 2012.

SEGUNDA: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos: a) Oficio DSJ-A-01820 del 29 de septiembre de 2011, expedido por la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa – Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la diferencia que se origina por la reliquidación de las prestaciones laborales devengadas por el demandante en su calidad de juez en el Distrito Judicial de Florencia, entre julio de 2004 y enero de 2012, con fundamento en

la reliquidación de las prestaciones laborales devengadas por el demandante en su calidad de juez en el Distrito Judicial de Florencia, entre julio de 2004 y enero de 2012, con fundamento en que la administración judicial ha entendido que la prima especial del 30% no tiene carácter salarial. b) Acto administrativo ficto originado por el silencio administrativo negativo frente a la petición elevada mediante derecho de petición presentada por el actor, que no fue resuelta dentro del término legal.» […] A título de restablecimiento del derecho , pidió que , se condene a la entidad demandada a reconocer y pagar la suma que resulte por concepto de las diferencias salariales y prestacionales dejadas de percibir durante el tiempo en que ejerció funciones jurisdiccionales en el distrito judicial de Florencia, comprendido entre el 6 de julio de 2004 y el 10 de enero de 2012.

Dichas diferencias derivan de la omisión administrativa en el reconocimiento y pago de la prima especial del 30 % de la asignación básica mensual con carácter salarial, la cual debió haberse liquidado y pagado desde el inicio del vínculo del demandante como juez de la República. Esta prima debía reflejarse no solo en su remuneración ordinaria, sino también en la base de cálculo de las demás prestaciones sociales a que tenía derecho, tales como cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones y aportes al sistema pensional.

El demandante solicitó expresamente que , se incluyeran en la condena todos los conceptos reclamados en sede administrativa y reiterados en el escrito de demanda, sin que se efectúe descuento alguno del valor correspondiente a la prima especial, por cuanto esta constituye un componente salarial c onforme al precedente

conceptos reclamados en sede administrativa y reiterados en el escrito de demanda, sin que se efectúe descuento alguno del valor correspondiente a la prima especial, por cuanto esta constituye un componente salarial c onforme al precedente vinculante contenido en la sentencia del Consejo de Estado del 29 de abril de 2014, proferida por la Sala de Conjueces de esta Sección.Radicación: 6310-2022

Demandante: Andrés Felipe Ríos Dussán Demandado: Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-Rama Judicial.

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Asimismo, pidió que las sumas que resulten reconocidas sean debidamente indexadas, conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), con reconocimiento de los intereses legales y moratorios, y que se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos establecidos en los artículos 187, 188, 189 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Finalmente, solicitó que se impongan las costas del proceso a la parte demandada, en virtud de su renuencia injustificada a dar cumplimiento al ordenamiento jurídico y a la jurisprudencia vigente.

1.1.2 Hechos

Narró el apoderado judicial del señor Andrés Felipe Ríos Dussán que, su representado, estuvo vinculado a la Rama Judicial, específicamente en el distrito judicial de Florencia, donde desempeñó funciones jurisdiccionales en distintos juzgados, durante períodos intermitentes comprendidos entre el 6 de julio de 2004 y el 10 de enero de 2012.

Durante dicho lapso, afirmó que, el demandante percibió únicamente el 70 % del

juzgados, durante períodos intermitentes comprendidos entre el 6 de julio de 2004 y el 10 de enero de 2012.

Durante dicho lapso, afirmó que, el demandante percibió únicamente el 70 % del salario que legalmente le correspondía, de conformidad con los decretos reglamentarios expedidos anualmente por el Gobierno nacional; y, explicó que dicha situación obedeció a una errónea interpretación administrativa por parte de la Dirección Seccional de la Rama Judicial, la cual consideró que el 30 % restante correspondía a la prima especial de servicios, sin carácter salarial, y, por ello, no lo incluyó en la base de liquidación de las prestaciones sociales y demás derechos derivados del vínculo laboral.

Adujo que, esta disminución injustificada de su remuneración contraviene el contenido y espíritu de la Ley 4ª de 1992, cuyo artículo 14 creó la prima especial de servicios con carácter prestacional, estableciendo que no podía ser inferior al 30 % ni superior al 60 % de la remuneración básica mensual, aplicable a jueces, fiscales y magistrados. Por tanto, sostuvo que, dicha prima debía haber sido incorporada al salario total del demandante y utilizada como base de cálculo para efectos pensionales y prestacionales.Radicación: 6310-2022

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4 Indicó el actor que, como consecuencia de esa errónea aplicación de la normativa reglamentaria, no se le ha reconocido ni pagado valor alguno por concepto de la prima especial de servicios, pese a su carácter salarial reconocido en la

4 Indicó el actor que, como consecuencia de esa errónea aplicación de la normativa reglamentaria, no se le ha reconocido ni pagado valor alguno por concepto de la prima especial de servicios, pese a su carácter salarial reconocido en la jurisprudencia.

Ante este escenario, el señor Ríos Dussán presentó reclamación administrativa solicitando el reajuste de su salario y prestaciones sociales, petición que fue resuelta de forma negativa mediante el oficio No. DSAJ-01820 del 29 de septiembre de 2011, expedido por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva, acto que fue impugnado en s ede administrativa sin obtener pronunciamiento alguno. En consecuencia, se configuró un acto administrativo ficto negativo, derivado del silencio administrativo frente al recurso interpuesto.

1.1.3 Normas violadas y concepto de violación

El demandante citó como normas vulneradas los artículos 1, 2, 13, 25 y 53 de la Constitución Política; los artículos 2 y 14 de la Ley 4ª de 1992; el artículo 152.7 de la Ley 270 de 1996; la Ley 1042 de 1968; el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la Ley 1496 de 2011.

En sustento de su acusación, manifestó que los actos administrativos demandados deben ser declarados nulos por vulnerar el principio de legalidad, desconocer el carácter salarial de la prima especial de servicios e introducir una inequ idad en el trato remunerativo entre servidores judiciales que desempeñan funciones equivalentes.

deben ser declarados nulos por vulnerar el principio de legalidad, desconocer el carácter salarial de la prima especial de servicios e introducir una inequ idad en el trato remunerativo entre servidores judiciales que desempeñan funciones equivalentes.

Indicó que, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el Congreso de la República creó la prima especial de servicios con carácter salarial, fij ándola en un porcentaje no inferior al 30 % ni superior al 60 % de la remuneración básica mensual para jueces y magistrados. No obstante, el Gobierno nacional, al reglamentar su aplicación, permitió que esta fuera excluida del salario y considerada como un valor separado, desnaturalizando así su finalidad.

Sostuvo que, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva, en lugar de adicionar dicha prima al salario mensual del demandante, la dedujo del 100 % de la asignación básica mensual, reconoci endo únicamente el 70% como salario yRadicación: 6310-2022

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5 asignando el restante 30% como prima especial. Esta práctica representó una renuncia forzada a parte de su remuneración, violando el derecho a la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos laborales establecidos por el artículo 53 de la Constitución.

Agregó que, esa interpretación administrativa también vulneró el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, así como el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, normas que disponen que todo pago habitual y periódico constituye salario y, como

Agregó que, esa interpretación administrativa también vulneró el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, así como el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, normas que disponen que todo pago habitual y periódico constituye salario y, como tal, debe ser incluido en la base de liquidación de las prestaciones sociales tales como cesantías, intereses, vacaciones y primas legales.

Finalmente, afirmó que la conducta administrativa impugnada lesiona los artículos 2 y 13 de la Constitución Política, al incumplirse el deber estatal de garantizar los derechos de los servidores públicos y de asegurar la igualdad sustancial, puesto que otros servidores judiciales que cumplen funciones similares sí han recibido sus prestaciones calculadas sobre el 100 % del salario básico mensual, mientras que al demandante se le ha desconocido ese derecho.

1.2 Contestación de la demanda2

El apoderado judicial de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva, en representación de l a Nación – Rama Judicial, se opuso a las pretensiones formuladas por el actor Andrés Felipe Ríos Dussán, solicitando que se denieguen integralmente las declaraciones y condenas solicitadas en el libelo introductorio, y que se absuelva de todo cargo a la en tidad demandada, declarando probadas las excepciones de mérito que propuso , conforme al artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En relación con los hechos expuestos en la demanda, el apoderado manifestó que algunos de ellos se encuentran acreditados con los documentos allegados por el demandante, especialmente aquellos relacionados con su vinculación a la Rama Judicial, mientras que, frente a las apreciaciones de carácter subjetivo o valorativo

algunos de ellos se encuentran acreditados con los documentos allegados por el demandante, especialmente aquellos relacionados con su vinculación a la Rama Judicial, mientras que, frente a las apreciaciones de carácter subjetivo o valorativo efectuadas por su contraparte, se abstuvo de hacer pronunciamiento de fondo, por tratarse de aspectos que deberán ser objeto de prueba y valoración judicial.

2 SAMAI expediente digital – Gestionar documentos - descargar expediente -carpeta principal -archivo zi p de nombre 4ED_EXPEDIENTE_EXPDIG-01cuadernoprincipalpdf-Folios 168 a 180Radicación: 6310-2022

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Expuso que, el régimen salarial y prestacional de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial ha sido regulado por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades conferidas mediante la Ley 4ª de 1992, la cual autorizó al Ejecutivo para expedir anualmente los decretos que fijan la asignación mensual de dichos servidores. En ese marco, el Gobierno nacional expidió el Decreto 57 de 1993 y los decretos subsiguientes, en los que se estableció que la prima especial de servicios equivalente al treinta por ciento (30 %) del salario básico mensual no tendría carácter salarial. A juicio de la entidad, este marco normativo ha sido aplicado de manera uniforme, general y válida, y fue el fundamento de los actos administrativos que hoy se impugnan.

En consecuencia, sostuvo que , los actos proferidos por la Dirección Seccional de Administración Judicial se ajustaron a las disposiciones legales vigentes y gozan de

que hoy se impugnan.

En consecuencia, sostuvo que , los actos proferidos por la Dirección Seccional de Administración Judicial se ajustaron a las disposiciones legales vigentes y gozan de plena presunción de legalidad, por lo cual no puede hablarse de vulneración de derechos adquiridos ni de obligación de efectuar pagos adicionales, menos , por cuanto no existe sentencia judicial ejecutoriada de carácter particular que ordene lo solicitado por el actor.

Sobre el precedente jurisprudencial invocado por la parte actora, en especial la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de abril de 2014, la parte demandada indicó que se trata de una decisión de simple nulidad con efectos generales (erga omnes) hacia el futuro (ex nunc), que no genera títulos ejecutivos individuales ni constituye por sí sola un mandato de pago. En consecuencia, el cumplimiento de sus efectos requiere de la correspo ndiente asignación presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, situación que no se ha producido.

Asimismo, precisó que, en ningún momento la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial adeuda suma alguna al demandante por conce pto de la prima especial de servicios, por cuanto su exclusión de la base salarial ha sido consecuencia directa de la aplicación del marco normativo vigente. Alegó, además, que el actor pretende el pago de sumas que no se le han reconocido ni causado, por lo que resulta improcedente hablar de derechos consolidados o irrenunciables.Radicación: 6310-2022

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improcedente hablar de derechos consolidados o irrenunciables.Radicación: 6310-2022

Demandante: Andrés Felipe Ríos Dussán Demandado: Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-Rama Judicial.

7 Con base en lo anterior, formuló las siguientes excepciones de mérito: (i) ausencia de causa petendi, por cuanto la sentencia del Consejo de Estado no tiene efectos retroactivos ni individuales, (ii) cobro de lo no debido, al pretender el actor el pago de una obligación inexistente, y (iii) inexistencia de la obligación, dado que la Nación – Rama Judicial ha cumplido cabalmente con el régimen legal aplicable, sin que exista fundamento normativo que imponga el pago de diferencias salariales como las reclamadas en la demanda.

1.3 Sentencia de primera instancia3

El Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala de Conjueces, mediante sentencia del 11 de junio de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda , ordenó la nulidad de los actos acusados, a título de restablecimiento del derecho dispuso el reconocimiento y pago, indexado, de la reliquidación salarial con base en el 30% por prima de servicios y, prestacional teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica, durante el periodo del 28 de septiembre de 2008 a 10 de enero de 2012, en que el demandante ejerció como juez; declaró prescritos los derechos laborales anteriores al 28 de septiembre de 2008 y, condenó en costas a la demandada; lo anterior, en los siguientes términos:

«PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) La

laborales anteriores al 28 de septiembre de 2008 y, condenó en costas a la demandada; lo anterior, en los siguientes términos:

«PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) La decisión administrativa contenida en el oficio DESAJ – 01820 del 29 de septiembre de 2011, proferida por la Dirección S eccional de Administración Judicial de NeivaHuila, por medio de la cual negó la solicitud de reliquidación y pago de las diferencias surgidas de la aplicación de la Ley 4ª de 1992 y los Decretos salariales anuales; y del ii) Acto ficto negativo, generado por el silencio administrativo frente al recurso interpuesto contra el acto administrativo DESAJ – 01820 del 29 de septiembre de 2011; por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, COND ÉNESE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – a cancelar a favor del señor ANDRÉS FELIPE RÍOS DUSSÁN:

• El valor correspondiente a la prima especial de servicios, que trata la Ley 4 de 1992, correspondiente al 30% del salario mensual establecido en los

3 SAMAI expediente digital – Gestionar documentos - descargar expediente -carpeta principal -archivo zip de nombre 4ED_EXPEDIENTE_EXPDIG-01cuadernoprincipalpdf. Folios 200 a 225.Radicación: 6310-2022

Demandante: Andrés Felipe Ríos Dussán Demandado: Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-Rama Judicial.

8 correspondientes Decretos Reglamentarios, durante el período de vinculación

Demandante: Andrés Felipe Ríos Dussán Demandado: Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-Rama Judicial.

8 correspondientes Decretos Reglamentarios, durante el período de vinculación como Juez Municipal y Juez Circuito Especializado; dentro del período comprendido entre el 28 de septiembre de 2008 y el 10 de enero de 2012. • El valor correspondiente a la prima de servicios, por los periodos anteriormente citados, deberán ser calculados sobre el salario fijado por el Gobierno Nacional, a través de los Decretos Reglamentarios anua lmente, durante el período antes citado. • La suma correspondiente a la diferencia resultante entre el valor pagado por concepto de prestaciones sociales y el valor que debió percibir el demandante por este concepto; durante el tiempo de vinculación (28/09/0 8 al 10/01/12), como Juez Municipal y Juez Circuito Especializado. Es decir, se deberán reliquidar todas las prestaciones sociales a las que legalmente tiene derecho el actor con ocasión al cargo que ostentaba, teniendo en cuenta para su cálculo el 100% del salario fijado en los correspondientes Decretos Reglamentarios, y cancelar la diferencia entre lo que se le pagó y lo que se le debió pagar, así como también se deberá reajustar y cancelar los correspondientes aportes a pensión, que se adeuden como consecuencia de la reliquidación salarial.

Los anteriores montos ordenados a cancelar al actor, esto es, tanto la prima de servicios que trata la Ley 4 de 1992 y sus decretos reglamentarios, como la suma correspondiente a la diferencia resultante entre el val or pagado por concepto de prestaciones sociales y el valor que debió percibir el demandante por este concepto,

servicios que trata la Ley 4 de 1992 y sus decretos reglamentarios, como la suma correspondiente a la diferencia resultante entre el val or pagado por concepto de prestaciones sociales y el valor que debió percibir el demandante por este concepto, deberán indexarse desde la fecha en la que debieron cancelarse, hasta la fecha en la que cobre ejecutoria la sentencia.

TERCERO: DECLARAR proba da la prescripción de las sumas causadas con anterioridad al 28 de septiembre de 2008, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Es decir, únicamente se ordena el pago de los emolumentos causados desde el 28 de septiembre de 2008 hasta el 10 de enero de 2012.

CUARTO: TOMAR ATENTA NOTA del embargo de las sumas que se lleguen a reconocer dentro del proceso de la referencia; como consecuencia de la medida cautelar decretada dentro del proceso ejecutivo singular 1800140030032019-0075400, q ue se adelanta en contra del señor ANDRÉS FELIPE RÍOS DUSSÁN en el Juzgado Tercero Civil Municipal de Florencia, limitando el embargo hasta la suma de cinco millones de pesos Mcte. ($5’000.000); obligación que deberá ser atendida por la Dependencia pagadora de la Entidad condenada, en caso de quedar en firme la presente decisión.

QUINTO: NIÉGUENSE las demás pretensiones.Radicación: 6310-2022

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SEXTO: DECLÁRESE no probadas las demás excepciones propuestas por la parte demandada.

Demandante: Andrés Felipe Ríos Dussán Demandado: Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-Rama Judicial.

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SEXTO: DECLÁRESE no probadas las demás excepciones propuestas por la parte demandada.

SÉPTIMO: CONDÉNESE en costas a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL NEIVA. Por Secretaría liquídense en los términos del artículo 365 del CGP, siempre y cuando aparezcan acreditadas en el expediente.

OCTAVO: ORDÉNESE que esta sentencia se cumpla de conformidad con los artículos 192 y siguientes del CPACA, así como también EXPÍDANSE las primeras que prestan mérito ejecutivo, para el correspondiente trámite de cobro por parte del demandante.

NOVENO: ORDÉNESE la devolución que existiere del remanente del depósito para gastos al demandante y el posterior archivo del expediente una vez quede ejecutoriada esta decisión y se dejen las constancias en el sistema judicial Siglo XXI.»

Como sustento de su decisión, el despacho concluyó que , el salario fijado para los funcionarios judiciales, conforme a los decretos reglamentarios dictados en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, sufrió una afectación derivada de una indebida interpretación normativa, en la medida en que se excluyó de la remuneración salarial el 30% correspondiente a la prima especial de servicios, configurando una disminución del salario real y, en consecuencia, un perjuicio económico.

Sostuvo que, se acreditó en el proceso que el actor tenía derecho a percibir dicho porcentaje como parte de su salario básico y que el mismo debió haber sido tenido

disminución del salario real y, en consecuencia, un perjuicio económico.

Sostuvo que, se acreditó en el proceso que el actor tenía derecho a percibir dicho porcentaje como parte de su salario básico y que el mismo debió haber sido tenido en cuenta tanto para efectos salariales como prestacionales. Así mismo, indicó que se demostró que la entidad demandada omitió pagar de forma completa las sumas correspondientes a la prima especial de servicios durante el tiempo de vinculación del actor como juez, así como que se liquidaron de manera incompleta sus prestaciones sociales legales, razón por la cual el tribunal consideró procedente el restablecimiento del derecho.

Finalmente, respecto de la prescripción, el tribunal de primera instancia declaró la prescripción parcial de las sumas reclamadas por concepto de prima especial de servicios, al considerar que, conforme a los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, el término de prescripción aplicable a las acciones laborales ejercidas por servidores públicos es de tres años. Señaló que dicho término se cuenta desde el momento en que el derecho es exigible y que se interrumpe con la presentación de una reclamación administrativa ante la autoridadRadicación: 6310-2022

Demandante: Andrés Felipe Ríos Dussán Demandado: Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-Rama Judicial.

10 competente. Respecto del caso concreto, consideró que, quedó comprobado que la reclamación administrativa fue presentada el 28 de septiembre de 2011, motivo por el cual, sostuvo que solo resultaba procedente e l reconocimiento de las sumas causadas a partir del 28 de septiembre de 2008.

reclamación administrativa fue presentada el 28 de septiembre de 2011, motivo por el cual, sostuvo que solo resultaba procedente e l reconocimiento de las sumas causadas a partir del 28 de septiembre de 2008.

Así, concluyó que, los valores causados con anterioridad a dicha fecha no son susceptibles de reconocimiento, por cuanto se configuró plenamente el fenómeno de la prescripción extintiva. Aclaró que, aunque se reconoce la existencia del derecho a la prima especial de servicios derivada de la Ley 4ª de 1992 y su reglamentación posterior, aclaró que, la naturaleza declarativa del derecho no impide la aplicación del término trienal de prescripción.

1.4 Recurso de apelación4

El apoderado de la Nación – Rama Judicial interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, por considerar que esta incurrió en un error al acceder a las pretensiones de la demanda y reconocer la prima especial del 30 % como factor salarial con incidencia en las prestaciones sociales y aportes pensionales del actor.

Alegó que, dicha decisión desconoció el contenido del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, que establece expresamente que esa prima no tiene carácter salarial, por lo que su reconocimiento como tal resulta contrario a derecho. Sostuvo que no existía un derecho recl amable por parte del demandante, en tanto la suma que percibió mensualmente como asignación básica ya comprendía la prima especial de servicios, sin efectos sobre otros componentes laborales o prestacionales.

Agregó que, la demanda carecía de causa petendi, por cuanto no había fundamento legal para reclamar la reliquidación de prestaciones sociales tomando como base

servicios, sin efectos sobre otros componentes laborales o prestacionales.

Agregó que, la demanda carecía de causa petendi, por cuanto no había fundamento legal para reclamar la reliquidación de prestaciones sociales tomando como base una prima excluida del salario. Señaló, además, que la declaratoria de nulidad del artículo 7º del Decreto 618 de 2007, proferida por el Conse jo de Estado, producía efectos únicamente hacia el futuro y no modificaba situaciones jurídicas consolidadas.

4 SAMAI expediente digital – Gestionar documentos - descargar expediente -carpeta principal -archivo zip de nombre 4ED_EXPEDIENTE_EXPDIG-04RecursoApelaciónRadicación: 6310-2022

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Reiteró que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en su calidad de autoridad administrativa, no tiene competencia para interpretar ni inaplicar normas, por lo que estaba obligada a aplicar los decretos reglamentarios vigentes hasta que fueran expresamente derogados o sustituidos.

Finalmente, alegó que frente a los derechos laborales reclamados antes del 9 de marzo de 2013 (sic) operaba la prescripción trienal, toda vez que la reclamación administrativa se presentó el 28 de septiembre de 2018 (sic). Por estas razones, solicitó se revoque la sentencia apelada y, en su lugar, se nieguen todas las pretensiones de la demanda.

1.5 Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021

solicitó se revoque la sentencia apelada y, en su lugar, se nieguen todas las pretensiones de la demanda.

1.5 Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021

Con auto de 28 de octubre de 20245, este Despacho admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021; sin embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda instancia, se prescindió del periodo para que las partes alegaran de conclusión.

1.5.1 El Ministerio Público no rindió concepto6.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 7, el juez de segunda

5 Expediente digital SAMAI – índice 0017 6 Así se entiende del registro de las actuaciones de Samai, especialmente de la nota secretarial de pase al despacho de fecha 18 de noviembre de 2024, visible en la actuación No. 0022 de Samai. 7 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el re