CE - Sentencia 18001233300020150032102 de 2025

Radicación: 18001-23-33-000-2015-00321-02 (2849-2019)

Demandante: Duber Fabio Trujillo Calderón

Demandado: Procuraduría General de la Nación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 18001-23-33-000-2015-00321-02 (2849-2019)

Demandante: Duber Fabio Trujillo Calderón

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación

Temas: cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en sentencia SU417 del 3 de octubre de 2024. Subtema 1: pretensión de nulidad de actos administrativos que imponen sanción de destitución e inhabilidad a servidor público elegido por voto popular. Subtema 2: competencia de la Procuraduría General de la Nación para sancionar servidores públicos elegidos por voto popular. Subtema 3: prescripción de la acción disciplinaria. Subtema 4: valoración probatoria en la actuación disciplinaria.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a dictar

la acción disciplinaria. Subtema 4: valoración probatoria en la actuación disciplinaria.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a dictar sentencia de reemplazo, dentro del presente asunto, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia SU417 del 3 de octubre de 20241, dentro del expediente de tutela T-10.116.823, a través de la cual amparó el derecho fundamental al debido proceso de la Procuraduría General de la Nación.

I. SÍNTESIS DEL CASO

En el asunto bajo estudio, el señor Duber Fabio Trujillo Calderón solicita la nulidad de los actos administrativos expedidos por la Procuraduría Regional del Caquetá el 17 de octubre de 2014 y la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal el 27 de marzo de 2015, en primera y segunda instancia, respectivamente, a través de los cuales se le sancionó con destitución e inhabilidad general de diez (10) años por haber incurrido, en su condición de alcalde del municipio de San José del Fragua, Caquetá, en la falta gravísima señalada en el numeral 312 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, al participar en actividad contractual con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa previstos en la Constitución Política y en la ley.

1 Notificada el 30 de enero de 2025, según se puede ver en la consulta al expediente de tutela en el sitio web de la Corte constitucional. 2 «ARTÍCULO 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: […] 31. Participar en la etapa

Corte constitucional. 2 «ARTÍCULO 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: […] 31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley. […]».Radicación: 18001-23-33-000-2015-00321-02 (2849-2019)

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II. ANTECEDENTES

2. La demanda

1. Por medio de escrito presentado el 23 de noviembre de 2015, Duber Fabio Trujillo Calderón, a través de apoderada, instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Procuraduría General de la Nación, solicitando la nulidad de los actos administrativos sancionatorios proferidos, en primer instancia, por la Procuraduría Regional del Caquetá el 17 de octubre de 2014 mediante el cual se le sancionó con destitución e inhabilidad general de diez (10) años, en su condición de alcalde del municipio de San José del Fragua, Caquetá y, en segunda instancia, por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal el 27 de marzo de 2015, que confirmó en su integridad la sanción impuesta3.

2.1.1. Pretensiones

Caquetá y, en segunda instancia, por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal el 27 de marzo de 2015, que confirmó en su integridad la sanción impuesta3.

2.1.1. Pretensiones

2. Solicitó que se declare la nulidad de los actos sancionatorios ya identificados y, que como consecuencia de ello, a título de restablecimiento del derecho, la entidad demandada elimine la inscripción de la sanción de destitución en el Sistema de Información y Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad SIRI; que se ordene el reconocimiento y pago de una indemnización por los perjuicios morales y materiales ocasionados con la sanción disciplinaria impuesta en cuantía de 100 SMLMV4, por concepto de «perjuicios morales»; 100 SMLMV , por concepto de «pérdida de oportunidad»; $20.000.000 de pesos moneda corriente, por el «daño emergente» que experimentó; y $242.400.000 de pesos moneda corriente , por los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, a saber, «lucro cesante», montos debidamente indexados y el reconocimiento de intereses.

2.1.2. Hechos

3. La Sala sintetiza los hechos fundamento de la demanda, así:

4. El 16 de abril de 2010, a través de escrito dirigido a la Procuraduría Regional del Caquetá, el ciudadano Juan Manuel Ospina radicó queja en contra del señor Duver Fabio Trujillo, alcalde del municipio de San José del Fragua, por las posibles irregularidades cometidas en la celebración de los contratos de obra núms. 061 y 05,

Fabio Trujillo, alcalde del municipio de San José del Fragua, por las posibles irregularidades cometidas en la celebración de los contratos de obra núms. 061 y 05, suscritos el 30 de junio de 2009 y el 10 de febrero de 2010, respectivamente. Estos contratos tenían por objeto la construcción de un puente colgante sobre el río Fragua Chorroso, en la vereda Bosque Alto del municipio.

3 Samai, índice 45, 31RECIBEMEMORIAL_OneDrive_1_10220251z(.zip) NroActua, archivo 05CuadernoPpal1.pdf, folios 62 a 76. 4 Salarios mínimos legales mensuales vigentes.Radicación: 18001-23-33-000-2015-00321-02 (2849-2019)

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5. Conocido lo anterior, la Procuraduría Regional del Caquetá a través de auto de 3 de agosto de 2010, ordenó la apertura de indagación preliminar en contra del señor Duver Fabio Trujillo Medina, en su condición de alcalde del municipio de San José del Fragua, con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si esta era constitutiva de falta disciplinaria, identificar e individualizar a los presuntos autores de la falta y establecer si se actuó bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.

era constitutiva de falta disciplinaria, identificar e individualizar a los presuntos autores de la falta y establecer si se actuó bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.

6. El 12 de noviembre de 2010, la Procuraduría Regional del Caquetá ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra de los señores Duver Fabio Trujillo Medina y Jhon Jairo García Calderón, en calidad de alcalde y secretario de planeación del municipio de San José del Fragua, respectivamente.

7. El 21 de febrero de 2013, dos años y tres meses después de haberse iniciado la investigación, se formuló pliego de cargos en contra de los señores Duver Fabio Trujillo Medina y Jhon Jairo García Calderón. Frente al primero de estos, se formuló un único cargo sustentado en la supuesta omisión en la que incurrió — como alcalde municipal — al no haber hecho efectiva la garantía que amparaba el cumplimiento del contrato de obra suscrito para la construcción del puente colgante sobre el río Fragua Chorroso, en la vereda Bosque Alto del municipio, una vez se registró su colapso.

8. Con ocasión de lo anterior, el hoy demandante aportó y solicitó el decreto de diversos medios probatorios con el fin de demostrar su inocencia. Sin embargo, la Procuraduría Regional del Caquetá no tuvo en consideración el referido material probatorio, a pesar de que con este se evidenciaba que la conducta imputada no se había cometido. En estos términos, la parte demandante adujo que se desconoció el derecho al debido proceso «[al] indica[r] que es la contradicción probatoria la que debe llevar al operador judicial o jurídico a decidir, es decir, solo las pruebas realmente

había cometido. En estos términos, la parte demandante adujo que se desconoció el derecho al debido proceso «[al] indica[r] que es la contradicción probatoria la que debe llevar al operador judicial o jurídico a decidir, es decir, solo las pruebas realmente controvertidas y confrontadas dan una apreciación sobre la comisión o no de una conducta legalmente reprochada».

9. Explicó que, la Procuraduría Regional del Caquetá tuvo en cuenta como pruebas para proferir los actos administrativos sancionatorios una serie de declaraciones, documentos e informes que, si bien guardan relación con el asunto, no permitían establecer con certeza que el demandante señor Duver Fabio Trujillo, en su condición de alcalde del municipio de San José del Fragua, Caquetá, hubiera incurrido en la falta disciplinaria atribuida.

10. Puntualmente, se adujo que el organismo de control hoy demandado omitió valorar, en conjunto con el restante material probatorio, el archivo de las diligencias que la Fiscalía General de la Nación adelantó con ocasión de la noticia criminal identificada con el radicado núm. 18001600055201002593, por los mismos hechos que dieron lugar a la investigación disciplinaria. Lo anterior, a su juicio reviste de una importancia capital dado que, en la decisión de archivo, el ente investigador concluyóRadicación: 18001-23-33-000-2015-00321-02 (2849-2019)

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4 que «la obra objeto del contrato No. 061 de 2009, fue ejecutada y que con posterioridad a ello se presentó un hecho natural que constituye caso fortuito que originó el colapso del puente».

11. Finalmente, se dijo que la Procuraduría Regional del Caquetá notificó de manera irregular la decisión sancionatoria de primera instancia, dado que esta se realizó el 21 de octubre de 2014, en horario no hábil (1:00 p.m.) y por fuera de sus instalaciones.

Adicionalmente, se dejó constancia de que la notificación no fue realizada por la secretaría regional de la entidad y sin que se hubiera entregado copia del referido documento.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

12. La Sala advierte que el escrito de la demanda cuenta con un acápite denominado «concepto de violación», donde la parte accionante cita las normas que estima vulneradas con la actuación administrativa disciplinaria y, a continuación, desarrolla una serie de argumentos que constituyen verdaderos reparos con los cuales fundamenta la pretensión de nulidad de los actos demandados.

13. Así las cosas, para una mejor comprensión de lo s argumentos de la parte demandante, se procederá a agruparlos, según su identidad temática, a través de las

siguientes categorías:

2.1.3.1. Indebida valoración probatoria

14. La parte demandante adujo que la indebida valoración probatoria en que incurrió

siguientes categorías:

2.1.3.1. Indebida valoración probatoria

14. La parte demandante adujo que la indebida valoración probatoria en que incurrió la Procuraduría Regional del Caquetá y, a su turno, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, al proferir los actos administrativos sancionatorios , vulneró su derecho fundamental al debido proceso y defensa.

15. Señaló que la demandada no efectuó un análisis en conjunto del material probatorio que obra en la actuación, dado que únicamente fueron consideradas y valoradas las pruebas que ofrecieron sustento al cargo que le fue reprochado, dejando de lado los medios de convicción aportados por el disciplinado durante toda la actuación.

16. Al respecto, precisó que las decisiones cuestionadas se sustentan en el informe elaborado por la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación del 23 de junio de 2021, sin que se tuvieran en consideración las «razones técnicas esbozadas por el ingeniero [el también disciplinado secretario de planeación municipal] que claramente lo controvierte», y mucho menos las consideraciones expuestas en el experticio elaborado por el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación (CTI) dentro de la investigación que se adelantó por los mismos hechos que son objeto de reproche disciplinario.Radicación: 18001-23-33-000-2015-00321-02 (2849-2019)

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17. En relación con esto último, se explicó que tampoco se tuvo en cuenta el auto mediante el cual la Fiscalía General de la Nación dispuso el archivo de la referida indagación, el cual resultaba relevante. Lo anterior, dado que en dicha decisión se concluyó que el colapso del puente colgante sobre el río Fragua Chorroso, en la vereda Bosque Alto del municipio de San José del Fragua, Caquetá, obedeció a «un hecho de la naturaleza constitutivo de caso fortuito».

2.1.3.2. Indebida notificación de la decisión sancionatoria de primera instancia

18. La parte demandante considera que la Procuraduría Regional del Caquetá también vulneró el derecho a la defensa como garantía del debido proceso, en tanto la decisión sancionatoria de primera instancia de 17 de octubre de 2014 no fue notificada al apoderado del disciplinado.

19. Explicó que esta situación desconoció lo dispuesto en el ordinal quinto de la parte resolutiva del acto sancionatorio, que ordenaba la notificación al defensor del hoy demandante, Duber Fabio Trujillo Calderón, lo que le impidió contar con una «defensa técnica, al igual que realizar un buen recurso de apelación» , ya que, de manera apresurada, debió conferir poder a un profesional del derecho y solicitar sin el debido asesoramiento copia de la decisión sancionatoria , producto de una notificación irregular.

apresurada, debió conferir poder a un profesional del derecho y solicitar sin el debido asesoramiento copia de la decisión sancionatoria , producto de una notificación irregular.

2.1.3.3. Inobservancia del término de prescripción de la acción disciplinaria

20. Para sustentar este cargo, la parte demandante sost uvo que el término prescriptivo debió contarse desde la etapa precontractual del contrato de obra suscrito para la construcción del puente colapsado. En concreto, a rgumentó que la Procuraduría Regional del Caquetá y, a su turno, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal atribuyeron responsabilidad al disciplinado por no hacer efectiva la póliza que garantizaba una obra presuntamente mal planificada.

En consecuencia, a su juicio, la conducta objeto de reproche disciplinario tuvo lugar en la etapa precontractual, cuando se definieron los términos de ejecución, por lo que al momento de notificarse la decisión sancionatoria de segunda instancia ya se encontraba prescrita la acción disciplinaria.

2.1.3.4. Vulneración del principio de «no responsabilidad objetiva»

21. Finalmente, para la parte demandante se vulneró el principio de no responsabilidad objetiva, establecido en la ley, cuando la autoridad disciplinaria desconoció que la aseguradora no podía amparar el siniestro ocurrido por el colapso del puente colgante sobre el río Fragua Chorroso, en la vereda Bosque Alto del municipio de San José del Fragua, Caquetá, dado que el contratista sí ejecutó laRadicación: 18001-23-33-000-2015-00321-02 (2849-2019)

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del municipio de San José del Fragua, Caquetá, dado que el contratista sí ejecutó laRadicación: 18001-23-33-000-2015-00321-02 (2849-2019)

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6 obra conforme a las indicaciones de los pliegos de condiciones y al diseño realizado por el secretario de planeación. Por esta razón, no era procedente hacer efectiva la póliza, ya que esta no cubría deficiencias en la planificación contractual y, en tal sentido, la conducta del disciplinado no daba lugar a la omisión objetivamente considerada.

2.1.4. Contestación de la demanda

22. A través de escrito del 11 de mayo de 2017, la Procuraduría General de la Nación contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de sus pretensiones .

Consideró que los actos administrativos demandados se encuentran plenamente ajustados a lo probado en la actuación disciplinaria, y a las disposiciones constitucionales y legales en que se fundaron . A continuación, se resumen los argumentos expuestos.

23. La demandada sostiene que los fallos disciplinarios encuentran sustento en una adecuada valoración probatoria, conforme a las reglas de la sana crítica, lo que permitió acreditar con certeza los hechos atribuidos al accionante.

24. Afirmó que los argumentos de la parte demandante no son procedentes, ya que el acervo probatorio demuestra que el disciplinado, en su calidad de alcalde,

permitió acreditar con certeza los hechos atribuidos al accionante.

24. Afirmó que los argumentos de la parte demandante no son procedentes, ya que el acervo probatorio demuestra que el disciplinado, en su calidad de alcalde, transgredió sus deberes legales al omitir declarar el siniestro y hacer efectiva la póliza de garantía que amparaba la obra que colapsó, desconociendo así el principio de responsabilidad en materia de contratación estatal.

25. Señaló que no puede alegarse vulneración del debido proceso solo por discrepar con la interpretación de la autoridad disciplinaria, pues el hoy demandante tuvo la oportunidad de aportar y controvertir pruebas dentro del proceso. Asimismo, sostiene que la violación al debido proceso no está acreditada, ya que el cargo formulado y probado determinó con claridad la responsabilidad del sancionado por no adelantar las acciones necesarias para hacer efectiva la póliza tras el colapso del puente construido.

26. Respecto al archivo del proceso penal, aclaró que las decisiones en el ámbito disciplinario no dependen del proceso penal, pues ambos procedimientos tienen finalidades distintas por lo que la decisión adoptada por la Fiscalía General de la Nación no incide y, mucho menos, determina el ejercicio de la potestad disciplinaria.

27. Frente a la notificación del fallo indicó que se realizó en forma personal y conforme a la ley. Argumentó que la ausencia del apoderado no puede ser imputada a la administración y que la norma permite notificar tanto al interesado como a su representante sin que ello constituya una irregularidad sustancial que afecte gravemente la actuación administrativa sancionatoria.Radicación: 18001-23-33-000-2015-00321-02 (2849-2019)

representante sin que ello constituya una irregularidad sustancial que afecte gravemente la actuación administrativa sancionatoria.Radicación: 18001-23-33-000-2015-00321-02 (2849-2019)

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28. En cuanto a la prescripción de la acción disciplinaria, se explicó que la tesis de la parte demandante según la cual el cómputo de este término debía realizarse desde la etapa precontractual, que antecedió la suscripción del contrato de obra del puente colapsado, no es acertada.

29. Lo anterior porque el reproche disciplinario al hoy demandante — relacionado con la activación de la garantía contractual — solo podía concretarse hasta la terminación de su periodo constitucional como alcalde del municipio de San José del Fragua, Caquetá, 31 de diciembre de 2011, sin importar que la referida garantía tuviera una vigencia [30 de agosto de 2012] más allá de la finalización del referido periodo, dado que solo en su condición de representante legal del ente territorial podía exigírsele la activación de la referida garantía.

30. Bajo este supuesto, a juicio de la demandada la acción disciplinaria que dio lugar al acto sancionatorio de primera instancia, proferido el 17 de octubre de 2014 y notificado el 21 de octubre de la misma anualidad, no estaba prescrita.

31. Frente a la supuesta vulneración del principio de «no responsabilidad objetiva»,

notificado el 21 de octubre de la misma anualidad, no estaba prescrita.

31. Frente a la supuesta vulneración del principio de «no responsabilidad objetiva», consideró que el demandante en su condición de alcalde del municipio de San José del Fragua, Caquetá, tenía la obligación de iniciar las averiguaciones necesarias para determinar con certeza las causas del siniestro y , en consecuencia, ejercer las acciones a su cargo para hacer efectiva la póliza. Sin embargo, no lo hizo, lo que constituyó una grave omisión que vulneró importantes principios de la contratación estatal, según puede verse a través del ejercicio probatorio que se adelantó en la actuación disciplinaria.

32. Finalmente, concluyó que en el caso del señor Duber Fabio Trujillo Calderón se acreditó la tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad, por ende, los actos proferidos se sujetaron a la constitución y la ley, y por tal razón se deben denegar las pretensiones de la demanda5.

2.2. Sentencia de primera instancia

33. El Tribunal Administrativo del Caquetá, a través de sentencia del 6 de diciembre de 2018, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandada. La decisión se fundó en las siguientes consideraciones:

34. El Tribunal sostuvo que, en relación con la supuesta indebida valoración de las declaraciones y de la prueba técnica practicada en el proceso, la parte demandante no realizó las actuaciones procesales tendientes a cuestionar la veracidad en el caso de los declarantes y mucho menos a controvertir la idoneidad del informe elaborado por la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la

no realizó las actuaciones procesales tendientes a cuestionar la veracidad en el caso de los declarantes y mucho menos a controvertir la idoneidad del informe elaborado por la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la

5 Samai, índice 45, 31RECIBEMEMORIAL_OneDrive_1_10220251z(.zip) NroActua, archivo 05CuadernoPpal1.pdf, folios 144 a 178.Radicación: 18001-23-33-000-2015-00321-02 (2849-2019)

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8 Nación, toda vez que no formuló tacha de falsedad, respecto de las declaraciones practicadas, como tampoco ejerció la debida contradicción de la prueba técnica a través de las opciones previstas en ese momento en el Código de Procedimiento Civil aplicable por remisión expresa al asunto.

35. En línea con lo anterior, precisó que el control judicial que se ejerce frente a los actos administrativos sancionatorios en materia disciplinaria no puede convertirse – como lo pretende la parte demandante — en una instancia de corrección ante las deficiencias u omisiones en que incurrió al ejercer su defensa dentro del trámite sancionatorio que concluyó con la imposición de la sanción de destitución e inhabilidad general de diez (10) años, en su condición de alcalde del municipio de San José del

Fragua, Caquetá.

36. Por otra parte, consideró que el hecho de que el demandante haya sido absuelto

general de diez (10) años, en su condición de alcalde del municipio de San José del Fragua, Caquetá.

36. Por otra parte, consideró que el hecho de que el demandante haya sido absuelto en la investigación penal no implica que deba ser exonerado de responsabilidad en el ámbito disciplinario, dado que la Fiscalía General de la Nación investigó conductas distintas a las que fueron objeto del proceso disciplinario. Además, se explicó que, si bien en el proceso penal se hizo referencia a la ocurrencia de un posible caso fortuito o fuerza mayor, en el colapso de la obra contratada, lo cierto es que le correspondía al disciplinado demostrar su existencia, lo que no hizo, limitándose a invocar la decisión penal que abordaba hechos diferentes.

37. En lo que corresponde a la supuesta indebida notificación de la decisión sancionatoria de primera instancia, el tribunal concluyó que no existió la vulneración de derechos fundamentales en el acto de notificación, ya que los disciplinados, entre ellos el hoy demandante, contaron con la oportunidad de apelar la decisión y acceder a la segunda instancia. Sobre este particular, se indicó que el hecho de que sus argumentos no hubieran sido suficientes para modificar la decisión sancionatoria no puede interpretarse como una afectación al debido proceso.

38. Concluido el análisis de la actuación administrativa disciplinaria, el Tribunal oficiosamente realizó un control de convencionalidad, invocando las consideraciones de la sentencia del 15 de noviembre de 2017 proferida por el Consejo de Estado, a partir de lo cual afirmó que la Procuraduría General de la Nación carecía de competencia para restringir los derechos políticos de los servidores públicos elegidos

de la sentencia del 15 de noviembre de 2017 proferida por el Consejo de Estado, a partir de lo cual afirmó que la Procuraduría General de la Nación carecía de competencia para restringir los derechos políticos de los servidores públicos elegidos por voto popular. En consecuencia, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados.

39. Como medida de restablecimiento del derecho, se ordenó la «desanotación» de la sanción disciplinaria impuesta al demandante . No obstante, se negó el restablecimiento económico, argumentando que no se acreditó que, al momento de la destitución, el señor Duber Fabio Trujillo Calderón estuviera ocupando el cargo de alcalde o ejerciendo otro tipo de función pública, por lo que no tenía derecho a reclamar salarios o prestaciones sociales.Radicación: 18001-23-33-000-2015-00321-02 (2849-2019)

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40. Del mismo modo, se denegaron los perjuicios materiales derivados del pago de abogados, así como los perjuicios morales por la sanción disciplinaria, al no haberse aportado pruebas que demostraran su causación o permitieran determinar su cuantía.

Finalmente, se impuso condena en costas a la parte vencida6.

2.3. Recursos de apelación

41. La parte demandante, la Procuraduría General de la Nación y, a su turno, el

Finalmente, se impuso condena en costas a la parte vencida6.

2.3. Recursos de apelación

41. La parte demandante, la Procuraduría General de la Nación y, a su turno, el agente especial de la misma entidad, [procurador 29 judicial II para asuntos administrativos], interpusieron, respectivamente, recursos de apelación en contra de la sentencia del 6 de diciembre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del

Caquetá, con los siguientes argumentos:

2.3.1. Agente especial de la Procuraduría General de la Nación

42. El agente especial designado por la Procuraduría General de la Nación sostuvo que la sentencia objeto de alzada no fue dictada conforme al ordenamiento jurídico.

En consecuencia, señaló que el Consejo de Estado, al resolver los distintos recursos interpuestos en su contra, deberá explicar la manera cómo está prevista la jerarquía normativa en el sistema jurídico colombiano y, con base en ello, precisar que: i) La sentencia del caso Petro Urrego, proferida por la Sala Plena de esa corporación, no tiene aplicación preferente frente a las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional sobre la misma materia;

1. el control de convencionalidad no se limita a la interpretación literal de la Convención Americana sobre Derechos Humanos7;

1. las competencias constitucionales de la Procuraduría General de la Nación no pueden ser modificadas por vía jurisprudencial.

43. Agregó que, el tribunal no solo omitió reconocer que el artículo 23.2 de la CADH no ostenta una jerarquía superior a las cláusulas constitucionales que prevén las competencias atribuidas al procurador general de la nación, sino que, además, incurrió

43. Agregó que, el tribunal no solo omitió reconocer que el artículo 23.2 de la CADH no ostenta una jerarquía superior a las cláusulas constitucionales que prevén las competencias atribuidas al procurador general de la nación, sino que, además, incurrió en una aplicación selectiva e inconsistente de la jurisprudencia, al privilegiar la interpretación que más se ajusta a su criterio, en contravención del principio de seguridad jurídica.

44. Insistió en que el tribunal prohijó una indebida aplicación del sistema de fuentes del derecho colombiano, dado que — contrario a lo considerado por el juez de primera instancia — las decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, no enervan la competencia del procurador general de la nación para sancionar servidores

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