CE - Sentencia 18001233300020160005801 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 18001-23-33-000-2016-00058-01 (7642-2023)

Demandante: Miller del Pilar Valencia de Lara

Demandado: Universidad de la Amazonia

Tema: Sanción moratoria por retardo en el pago de cesantías definitivas Ley 1071 de 2006, modificatoria de la Ley 244 de

1995. Prescripción

Sentencia de segunda instancia ________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 29 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Primera de Decisión mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Miller del Pilar Valencia de Lara presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 1, en orden a que se declarara la nulidad del Oficio R -374 del 23 de julio de 2015, a

control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 1, en orden a que se declarara la nulidad del Oficio R -374 del 23 de julio de 2015, a través del cual la Universidad de la Amazonia le negó el reconocimiento de l a sanción moratoria por el pago extemporáneo de sus cesantías definitivas.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó i) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, causada entre el 23 de junio de 2004 y el 9 de abril de 2015 ; ii) el pago de la indemnización prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,

1 En adelante CPACA.2

Radicado: 18001-23-33-000-2016-00058-01 (7642-2023) Demandante: Miller del Pilar Valencia de Lara por la consignación extemporánea de las cesantías en el respectivo fondo , así como de los intereses moratorios a los que haya lugar ; iii) la indexación de las sumas que resultaren reconocidas; y iv) la condena en costas a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se indicaron los siguientes:

3.1. Miller del Pilar Valencia de Lara fue nombrada como decana de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad de la Amazonia a través de la Resolución 720 del 1 de julio de 1998.

3.2. Por medio del Acuerdo 28 del 7 de diciembre de 2000, el Consejo Superior de

Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad de la Amazonia a través de la Resolución 720 del 1 de julio de 1998.

3.2. Por medio del Acuerdo 28 del 7 de diciembre de 2000, el Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia le otorgó una comisión de estudios para realizar un doctorado en Dirección de Empresas y Creación de Pymes en la Universidad de Castilla de la Mancha, España, por el término de 12 meses. Esta fue pactada entre el 17 de enero y el 31 de diciembre de 20012.

3.3. A través del Acuerdo 41 del 21 de diciembre de 2001, se concedió una prórroga a la comisión de estudios por el término igual a la inicial, es decir, por 1 año más. Esta se acordó del 1 de enero al 31 de diciembre de 2002.

3.4. Mediante el Acuerdo 69 del 23 de diciembre de 2002 se otorgó una nueva prórroga a la comisión de estudios por otro año más. Esta se convino desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2003.

3.5. El 20 de enero de 2004, mediante la Resolución 010 de 2004, fue reincorporada por el rector de la institución universitari a como «asesora del comité central de acreditación, dependiente del coordinador general de acreditación », cargo que se encontraba catalogado como de libre nombramiento y remoción . En el artículo 5 del acto administrativo se estableció que «debería presentar sus servicios al centro universitario por un periodo igual al doble del equivalente a la comisión, por el término de (6) años contados a partir de su incorporación al servicio» [sic].

del acto administrativo se estableció que «debería presentar sus servicios al centro universitario por un periodo igual al doble del equivalente a la comisión, por el término de (6) años contados a partir de su incorporación al servicio» [sic].

3.6. El 16 de abril de 2004 presentó renuncia irrevocable al cargo al cual había sido asignada en la Resolución 010 de 2004; sin embargo, no le fue aceptada a través

2 Según convenio de estudio entre la Universidad de la Amazonia y Miller del Pilar Valencia de Lara. Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_18001233300020160005(.zip) NroActua 2», carpeta «18001233300020160005800 H», archivo «02CuadernoPpal2.pdf», folios 109 a 111.3

Radicado: 18001-23-33-000-2016-00058-01 (7642-2023) Demandante: Miller del Pilar Valencia de Lara de la Resolución R-184 del 30 de abril de 2004. Decisión que fue ratificada por el

Oficio R-523.

3.7. El 31 de mayo de 2004, la demandante le comunicó al rector de la entidad educativa que se separaría del cargo a partir del 1 de junio de esa anualidad, con el fin de culminar su doctorado en España.

3.8. El 1 de junio de 2004, solicitó a la universidad «liquidar el total de las prestaciones sociales a que tiene derecho y consignar el valor en el Banco Popular». Esta petición fue negada por la entidad a través de oficio del 23 de ese mes y año, puesto que no se le había aceptado su renuncia.

sociales a que tiene derecho y consignar el valor en el Banco Popular». Esta petición fue negada por la entidad a través de oficio del 23 de ese mes y año, puesto que no se le había aceptado su renuncia.

3.9. El 4 de junio de 2004 s e presentó en la Universidad de Castilla de la Mancha, España, e inició su trabajo académico el 7 de ese mes y año.

3.10. Como consecuencia de su separación del cargo , el rector de la institución declaró el incumplimiento de unas obligaciones contractuales e inició un proceso disciplinario en su contra, el cual culminó con fallo absolutorio del 21 de febrero de 2006 de la Procuraduría Regional del Caquetá.

3.11. El 24 de marzo de 2006, insistió ante la institución universitaria en el pago de las cesantías. Esta solicitud fue negada el 6 de abril de esa anualidad, suscrito por la jefe de la División de Servicios Administrativos , pues indicó que el «el vínculo laboral persiste con la Universidad» [sic].

3.12. El 30 de mayo de 2007, pidió a la universidad el «reconocimiento de la vinculación laboral y pago de salarios y demás emolumentos dejados de percibir, petición que fue resuelta mediante Resolución n.° 1244 del 25 de julio de 2007 por la cual el Rector de la Universidad negó el reconocimiento por consider ar que el nombramiento de la actora podía declararse insubsistente libremente por el nominador en cualquier momento ya que ni el convenio de estudios, ni el mandato por medio del cual se concedió esa comisión variaron su situación legal y re glamentaria; que el inciso 2 del artículo 107 del Decreto

podía declararse insubsistente libremente por el nominador en cualquier momento ya que ni el convenio de estudios, ni el mandato por medio del cual se concedió esa comisión variaron su situación legal y re glamentaria; que el inciso 2 del artículo 107 del Decreto 1950 de 1973 dispone que los empleos de libre nombramiento y remoción de la designación de una nueva persona implica la insubsistencia del nombramiento de quien desempeña; que mediante la resolución n.° 618 del 22 de junio de 2001, se nombró al doctor ANICIO JONÁS MOSQUERA en el cargo de Decano de la facultad de Ciencias Contables Económicas y Administrativas de la Universidad de la Amazonía; que hubo una insubsistencia tácita desde el momento mismo en que se nombró al doctor ANCIO JONÁS en el cargo en el que estaba nombrada la peticionaria. Finalmente, mediante resolución 1427 del 23 de agosto de 2007, el Rector de la Universidad de la Amazonia resolvió el recurso de reposición confirmado la Resolución 1224 del 25 de julio de 2007 manteniendo dicha decisión» [sic].4

Radicado: 18001-23-33-000-2016-00058-01 (7642-2023) Demandante: Miller del Pilar Valencia de Lara 3.13. Presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en orden a que se declarara la nulidad de las Resoluciones 1244 del 25 de julio y 1427 del 23 de agosto de 2007 y el pago de salarios y demás emolumentos dejados de percibir.

3.14. La demanda correspondió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de

de julio y 1427 del 23 de agosto de 2007 y el pago de salarios y demás emolumentos dejados de percibir.

3.14. La demanda correspondió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Florencia, el que en sentencia del 19 de enero de 2011 declaró la nulidad de los actos administrativos acusados, decisión confirmada por el Tribunal Administrativo del Caquetá el 23 de octubre de 2014, en la que se concluyó que la relación laboral con la universidad había terminado el 1 de junio de 2004, con el acto de renuncia irrevocable que presentó la demandante.

3.15. El 19 de febrero de 2015 presentó ante la institución universitaria derecho de petición en el que solicitaba «nuevamente se autorizara el retiro definitivo de sus cesantías, dado que ya el Tribunal Contencioso del Caquetá había establecido sin asomo de duda que la relación laboral entre la Universidad y mi representada había terminado, y por tanto, era evidente que la retención de las mismas por más de diez (10) años fue una clara violación e infracción de la Ley 244 de 1995 por no haberse entregado las cesantías al momento de ser solicitadas» [sic].

3.16. La entidad educativa no contestó la anterior solicitud, razón por la cual el 6 de abril presentó acción de tutela para que se le amparara su derecho de petición.

3.17. El 8 de abril de 2015, en cumplimiento de un fallo de tutela, la entidad educativa resolvió la petición presentada el 19 de febrero de 2015, para lo cual autorizó el retiro definitivo de las cesantías y le explicó el trámite que debía realizar para ello.

resolvió la petición presentada el 19 de febrero de 2015, para lo cual autorizó el retiro definitivo de las cesantías y le explicó el trámite que debía realizar para ello.

3.18. En atención a que después de más de 10 años se autorizó el pago de las cesantías, le asistía el derecho al pago de la sanción establecida en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 244 de 1995, de un día de retardo por cada día de mora, máxime cuando se había solicitado el pago de las cesantías y la entidad injustificadamente se había negado a pagarlas, y solo fue hasta el 9 de abril de 2015 que lo autorizó.

3.19. La vulneración de sus derechos «solo cesó el pasado 9 de abril de 2015 cuando se autorizó» la entrega de la s cesantías definitivas , «y, por tanto, desde esa fecha surge el derecho a cobrar la mora por el pago y/o autorización de pago; además, solo fue a partir de la fecha del fallo de segunda instancia que declaró terminada la relación laboral, que surgió claridad sobre la mora de la entidad en efectuar el pago» [sic].

3.20. El 15 de ma yo de 2015, pidió a la Universidad de la Amazonia el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 244 de 19955

Radicado: 18001-23-33-000-2016-00058-01 (7642-2023) Demandante: Miller del Pilar Valencia de Lara por el pago tardío de sus cesantías definitivas. Asimismo, la indemnización prevista en la Ley 50 de 1990.

3.21. Mediante el Oficio R -374 del 23 de junio de 2015, el rector de la institución

por el pago tardío de sus cesantías definitivas. Asimismo, la indemnización prevista en la Ley 50 de 1990.

3.21. Mediante el Oficio R -374 del 23 de junio de 2015, el rector de la institución universitaria negó la anterior petición.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 1 a 3, 6, 13, 23, 25, 29, 48, 53, 121, 125 y 209 de la Constitución Política; 42 del Decreto 1042 de 1978; 98 y siguientes de la Ley 50 de 1990; 1 a 3 de la Ley 244 de 1995; y 5 de la Ley 1071 de 2006; y la Ley 344 de 1996.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente3:

5.1. La entidad demandada desconoció que, según la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, todo empleado que fuera desvinculado tenía derecho al pago de las cesantías dentro de un término de 45 días posteriores a la notificación del acto administrativo que ordenó el reconocimiento de la prestación. Si la entidad no procedía así se encontraba en la obligación de reconocer un día de salario por cada día de retraso hasta que se produjera el pago definitivo.

5.2. En el caso particular la entidad super ó ese término, pues el pago del emolumento se realizó más de 10 años después de l tiempo otorgado por las normas, con lo que se afect aron sus derechos, razón suficiente para ordenar la sanción moratoria reclamada.

5.3. Era obligación de los empleadores consignar en un fondo de cesantías las

normas, con lo que se afect aron sus derechos, razón suficiente para ordenar la sanción moratoria reclamada.

5.3. Era obligación de los empleadores consignar en un fondo de cesantías las causadas en el año inmediatamente anterior, de no ser así se estableció como sanción el pago de una indemnización equivalente a un día de salario por cada día de mora; que, en el caso de la demandante, la universidad no consignó las cesantías correspondientes a los años 1998, 1999, 2000, 2001 y 2003 en el tiempo establecido legalmente, por lo que se causó la indemnización que estableció la Ley 50 de 1990.

5.4. Así las cosas, se debía anular el acto administrativo demandado en razón a que, si bien ya se realizó el pago de las cesantías, lo cierto es que no se reconoció la sanción por mora.

3 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_18001233300020160005(.zip) NroActua 2», carpeta «18001233300020160005800 H», archivo «01CuadernoPpal1.pdf», folios 115 a 122.6

Radicado: 18001-23-33-000-2016-00058-01 (7642-2023)

Demandante: Miller del Pilar Valencia de Lara

1.2. Contestación de la demanda

6. La Universidad de la Amazonia se opuso a las súplicas de la demanda con

fundamento en las siguientes consideraciones4:

6.1. El reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 244 de 1995 era improcedente , pues, según el extracto de cuenta

fundamento en las siguientes consideraciones4:

6.1. El reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 244 de 1995 era improcedente , pues, según el extracto de cuenta individual de cesantías anexados con la demanda, «se pueden observar los aportes y reportes de cesantías correspondientes al periodo en que la demandante laboró al servicio de la demandada, junto con los intereses que el FONDO NACIONAL DEL AHORRO le reconoció y abonó en la cuenta individual de la demandante, lo cual constituye una protección contra la pérdida del poder adquisitivo de la moneda» . Sin embarg o, frente a la penalidad operó la prescripción.

6.2. Asimismo, de la establecida en la Ley 50 de 1990, toda vez que, a los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, como la actora, no les correspondía la aplicación de tal disposición normativa, en tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado así lo han establecido, pues tal sanción solo aplica para los afiliados a fondos privados.

6.3. Si en gracia de discusión se aceptara la aplicación de la referida norma a los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro , en el caso particular se configuró la prescripción extintiva del derecho por no haberse reclamado dentro de la oportunidad para ello.

6.4. Propuso como excepciones las que denominó: i) prescripción extintiva; ii) inexistencia del derecho; iii) cobro de lo no debido: iv) improcedencia de indexación de sanción moratoria; y v) innominada.

1.3. La sentencia apelada

inexistencia del derecho; iii) cobro de lo no debido: iv) improcedencia de indexación de sanción moratoria; y v) innominada.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Primera de Decisión, en sentencia del 2 9 de septiembre de 2023 negó las pretensiones de la demanda al haber operado el fenómeno jurídico de la prescripción con respecto de la sanción moratoria solicitada. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente5:

4 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_18001233300020160005(.zip) NroActua 2», carpeta «18001233300020160005800 H», archivo «01CuadernoPpal1.pdf», folios 183 a 205. 5 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_18001233300020160005(.zip) NroActua 2», archivo «11SentenciaPrimera.pdf».7

Radicado: 18001-23-33-000-2016-00058-01 (7642-2023)

Demandante: Miller del Pilar Valencia de Lara

7.1. La solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas se efectuó el 24 de marzo de 2006, las que fueron puestas a disposición de la actora para su retiro el 9 de abril de 2015. Ante tal panorama, los 65 días hábiles posteriores a la fecha en que fue radicada la solicitud6, previstos para el reconocimiento y pago de la prestación social, se cumplieron el 6 de julio de 2006.

fecha en que fue radicada la solicitud6, previstos para el reconocimiento y pago de la prestación social, se cumplieron el 6 de julio de 2006.

7.2. Comoquiera que las cesantías fueron puestas a disposición de la actora para su retiro el 9 de abril de 2015, la sanción moratoria se causó desde el 7 de julio de 2006 hasta el 8 de abril de 2015, esto es, por más de 8 años, corolario de la mora en el pago de la cesantía reclamada.

7.3. Así las cosas, se demostró que la Universidad de la Amazonia incumplió con los términos previstos en la ley para el pago de las cesantías, por lo que resultaba procedente el reconocimiento de la sanción moratoria de conformidad con lo previsto en la Ley 1071 de 2006, que modificó la Ley 244 de 1995.

7.4. Ahora, la sanción moratoria derivada por el no pago oportuno de las cesantías debía solicitarse ante la administración dentro de los 3 años siguientes contados a partir del día siguiente en el que la obligación se había hecho exigible, so pena de verse afectada por el fenómeno de la prescripción en su totalidad.

7.5. En el asunto, la mora se causó desde el 7 de julio de 2006, por lo que la parte interesada contaba hasta el 7 de julio de 20 09 para realizar la respectiva reclamación ante la entidad; no obstante, la solicitud de reconocimiento se radicó el 15 de marzo de 2015. Por tanto , operó el fenómeno jurídico de prescripción sobre el total que se generó por ese concepto.

reclamación ante la entidad; no obstante, la solicitud de reconocimiento se radicó el 15 de marzo de 2015. Por tanto , operó el fenómeno jurídico de prescripción sobre el total que se generó por ese concepto.

7.6. Al haber estado afiliada la demandante al Fondo Nacional del Ahorro no resultaba beneficiaria de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, toda vez que la regulación de la entidad no la tenía establecida.

7.7. La condena en costas era procedente, en consideración a la no prosperidad de las pretensiones.

1.4. El recurso de apelación

8. La demandante interpuso recurso de apelación con fundamento en los siguientes

6 Término establecido por el CCA, vigente para la fecha en la que fue presentada la solicitud de reconocimiento de la sanción moratoria pretendida.8

Radicado: 18001-23-33-000-2016-00058-01 (7642-2023)

Demandante: Miller del Pilar Valencia de Lara

argumentos7:

8.1. En el caso concreto no aplicaba la prescripción extintiva del derecho a la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, toda vez que, en consideración a su situación fáctica, existía incertidumbre respecto de la finalización de la relación laboral entre las partes, de la que solo se vino a tener certeza con el fallo del Tribunal Administrativo del Caquetá del 23 de octubre de 2014, que determinó que era a partir del 1 de junio de 2004.

8.2. Con fundamento en el fallo, en el año 2015 requirió nuevamente a la entidad

Tribunal Administrativo del Caquetá del 23 de octubre de 2014, que determinó que era a partir del 1 de junio de 2004.

8.2. Con fundamento en el fallo, en el año 2015 requirió nuevamente a la entidad para que le reconociera y pagara las cesantías, petición que fue resuelta el 8 de abril de 2015 por parte de la Universidad de la Amazonia donde se le indicó que autorizó su retiro y le explicó el trámite que debía realizar.

8.3. Era claro que la Universidad de la Amazonia debía ser condenada al pago de la penalidad por haber retenido por un lapso de 10 años las cesantías de la actora al negarle el derecho a su disfrute, las cuales solo se pagaron en el año 2015.

8.4. Así entonces, e ra procedente declarar la nulidad del acto demandado y reconocer el pago de la sanción moratoria dispuesta en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 244 de 1995, esto es, un día de salario por cada día de retardo, por el periodo comprendido entre el 23 de junio de 2004 y el 9 de abril de 2015, fecha última en la que se autorizó el pago de las cesantías.

1.5. Pronunciamientos en segunda instancia

9. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar8.

1.6. Concepto del Ministerio Público

10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

hubo traslado a las partes para alegar8.

1.6. Concepto del Ministerio Público

10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

7 Samai Tribunal Administrativo del Valle de Cauca, índice 37, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento «27_MemorialWeb_Recurso(.pdf) NroActua 40». 7 En lo que sigue CGP. 8 Tal y como se indicó en el auto del 19 de febrero de 2024. Samai, índice 4, actuación «Auto que admite recurso de apelación », documento «6AUTOQUEADMITE76422023ADMISORIOAPELACION2080SINPRUEBASPDF(.pdf) NroActua 4».9

Radicado: 18001-23-33-000-2016-00058-01 (7642-2023)

Demandante: Miller del Pilar Valencia de Lara

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

11. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 9, el problema jurídico consiste en determinar ¿si operó el fenómeno jurídico de la prescripción de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, adicionada y modificada por la Ley 1071 de 2006, por el pago tardío de las cesantías definitivas de Miller del Pilar Valencia de Lara?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sanción moratoria por el reconocimiento y pago tardío de las cesantías parciales o definitivas. Ley 244 de 1995, adicionada y modificada por la Ley 1071 de 2006

2.2.1. Sanción moratoria por el reconocimiento y pago tardío de las cesantías parciales o definitivas. Ley 244 de 1995, adicionada y modificada por la Ley 1071 de 2006

12. La Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones» en su artículo 1 estableció el término de 15 días para que la administración expidiera el acto de reconocimiento de cesantías definitivas de los servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de radicación de la solicitud que se haga en tal sentido, en todo caso, determinó que en el evento en que la solicitud esté incompleta, el empleador debe manifestarlo así al peticionario, dentro de los 10 días hábiles siguientes al recibo de la solicitud y señalar expresamente los requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen, pueda proferir el acto que reconozca la presta ción, en el término inicialmente indicado.

13. El artículo 2 ibidem previó que una vez se encuentre en firme el acto de reconocimiento de cesantías definitivas, la administración cuenta con el término de 45 días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora y causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo, en el equivalente a un día de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se haga efectivo el pago. Al respecto, es importante hacer mención de los argumentos que sirvieron de sopor te a la exposic ión de motivos que dio origen a la sanción moratoria consagrada en la aludida ley, en especial, los siguientes:

el pago. Al respecto, es importante hacer mención de los argumentos que sirvieron de sopor te a la exposic ión de motivos que dio origen a la sanción moratoria consagrada en la aludida ley, en especial, los siguientes:

«[…] la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los servidores públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para lograr el cobro

9 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.10

Radicado: 18001-23-33-000-2016-00058-01 (7642-2023) Demandante: Miller del Pilar Valencia de Lara de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque ha terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que traen consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque ante la necesidad económica del trabajador, se hace presente la mordida o coima para los funcionarios que están en la obligación de hacer esos trámites. Este hecho origina además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de radicación de las solicitudes, prácticamente al mejor postor.

Además de este factor de corruptela y tras la tortuosa espera, cuando al final se paga al trabajador su cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la entidad patronal meses, y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más. No obstante que la entidad pagadora, los Fondos, durante todo ese tiempo han estado trabajando esos dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la institución, pero sin ningún reconocimiento para el trabajador10».

que la entidad pagadora, los Fondos, durante todo ese tiempo han estado trabajando esos dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la institución, pero sin ningún reconocimiento para el trabajador10».

14. Posteriormente, la Ley 1071 del 31 de julio de 2006 modificó y adicionó la Ley 244 de 1995, con el objeto de «reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o parciales a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna cancelación», estableció en los artículos 4 y 5 la procedencia de la sanción moratoria, así:

«Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes. Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del

cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pa go de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este».

15. De la citada norma, se desprende que la sanción moratoria se hace exigible una vez vencidos los términos allí dispuestos, estos son: 15 días hábiles desde la

10 «Gaceta del Congreso año IV – núm. 225 del 5 de agosto de 1995».11

Radicado: 18001-23-33-000-2016-00058-01 (7642-2023) Demandante: Miller del Pilar Valencia de Lara presentación de la solicitud para expedir la resolución que reconozca el pago de las cesantías definitivas o parciales; 10 días hábiles del término de ejecutoria de la resolución y, 45 días hábiles para efectuar el pago una vez vencido el termino de ejecutoria, para un total de 70 días hábiles. En consecuencia, si al día 70 la administración no ha cumplido con la obligación de pagar las cesantías al actor, se

ejecutoria, para un total de 70 días hábiles. En consecuencia, si al día 70 la administración no ha cumplido con la obligación de pagar las cesantías al actor, se hará exigible la sanción moratoria al día siguiente del incumplimiento.

16. Así lo determinó la sentencia de unificación del 18 de julio de 201811, la cual con el fin de dilucidar sobre el momento en que inicia la causación de la penalidad, examinó las distintas hipótesis que pueden prese