CE - Sentencia 18001233300020160017201 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 18001-23-33-000-2016-00172-01 (4394-2023) Demandante: José Antonio Silva Malagón Demandada: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional ─CASUR─

Tema: Falta de competencia para expedir los actos administrativos demandados. Reintegro de los valores percibidos por concepto de asignación de retiro. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional ─CASUR─, contra la sentencia proferida el veintiséis (26) de abril de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo d e Caquetá, por medio de la cual se accedió a las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor José Antonio Silva Malagón instauró demanda contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de

ANTECEDENTES

El señor José Antonio Silva Malagón instauró demanda contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad:

1. De la Resolución Nro. 000559 del 8 de febrero de 2010, por medio de la cual se revocó en todas sus partes la Resolución N ro. 2799 del 12 de mayo de 2005, con la cual se le reconoció la asignación mensual de retiro; y ordenó el descuento de la suma de sesenta y nueve millones seiscientos sesenta y tres mil ciento treinta y seis pesos con setenta y tres centavos ($69.663.136,73), por concepto de asignación mensual de retiro cancelada en el lapso comprendido entre el 24 de marzo de 2005 al 30 de noviembre de 2009.

1. De la Resolución Nro. 965 del 27 de febrero de 2014, mediante la cual se reconoció y ordenó el pago de la asignación mensual de retiro a partir delRadicado: 18001-23-33-000-2016-00172-01 (4394-2023)

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www.consejodeestado.gov.co 2 25 de febrero de 2014; ordenó descontar la suma de sesenta y nueve millones seiscientos sesenta y tres mil ciento treinta y seis pesos con

www.consejodeestado.gov.co 2 25 de febrero de 2014; ordenó descontar la suma de sesenta y nueve millones seiscientos sesenta y tres mil ciento treinta y seis pesos con setenta y tres centavos ($69.663.136,73); y lo declaró deudor del tesoro público.

1. De la Resolución Nro. 2635 del 28 de abril de 2014, por medio de la cual se resolvió en forma negativa, el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Nro. 965 del 27 de febrero de 2014.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la demandada que pague la totalidad de los dineros descontados de la asignación mensual de retiro, equivalente a la suma de sesenta y nueve millones seiscientos sesenta y tres mil ciento treinta y seis pesos con setenta y tres centavos ($69.663.136,73), ajustando el valor con base en el índice de precios al consumidor .

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que mediante Resolución N ro. 03120 del 1° de diciembre de 2004 fue retirado del servicio activo de la Policía Nacional, por llamamiento a calificar servicios.

Que como superaba los 15 años de servicio, mediante Resolución Nro. 2799 del 12 de mayo de 2005 se le reconoció la asignación mensual de retiro.

Que radicó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y en sentencia del 2 de abril de 2009, el Tribunal Administrativo de Caquetá declaró la nulidad de la Resolución N ro. 03120 del 1° de diciembre de 2004 y ordenó su reintegro sin

2 de abril de 2009, el Tribunal Administrativo de Caquetá declaró la nulidad de la Resolución N ro. 03120 del 1° de diciembre de 2004 y ordenó su reintegro sin solución de continuidad, así como el pago de los haberes dejados de percibir.

Que por Resolución Nro. 02397 del 11 de agosto de 2009 fue reintegrado al servicio de la Policía Nacional.

Que, mediante memorando del 26 de noviembre de 2009, la subdirección de prestaciones sociales de CASUR solicitó a los grupos de tesorería, nómina y embargos que certificaran los valores que le cancelaron por concepto de asignación mensual de retiro, en el periodo comprendido entre el 24 de marzo de 2005 al 30 de noviembre de 2009.

Que el 8 de febrero de 2010, la dirección general de CASUR expidió la Resolución Nro. 000559, por medio de la cual revocó en todas sus partes la Resolución N ro. 2799 del 12 de mayo de 2005 y ordenó el descuento de la suma de $69.663.136,73, por concepto de asignación mensual de retiro cancelada en el lapso comprendido entre el 24 de marzo de 2005 al 30 de noviembre de 2009.

Que el 21 de marzo de 2014 fue notificado de la Resolución N ro. 965 del 27 de febrero de 2014, mediante la cual se le reconoció y ordenó el pago de la asignación mensual de retiro a partir del 25 de febrero de 2014; se ordenó descontar la suma

de $69.663.136,73; y lo declaró deudor del tesoro público.Radicado: 18001-23-33-000-2016-00172-01 (4394-2023)

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www.consejodeestado.gov.co 3 Que interpuso recurso de reposición contra el anterior acto administrativo, el cual se resolvió, en forma negativa, por medio de la Resolución Nro. 2635 del 28 de abril de 2014.

Que, a la fecha de interposición de la demanda, de su asignación mensual de retiro se descontó la suma de $9.425.465.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Se indicaron como normas violadas al preámbulo y los artículos 2°, 6°, 29, 123 y 128 de la Constitución Política; los artículos 52, 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo; el artículo 3° de la Ley 962 de 2005; el artículo 154 del Decreto 1212 de 1990 y el artículo 32 del Decreto 2150 de 1995 .

En el concepto de violación se indicó que los actos administrativos demandados se expidieron con infracción de las normas antes mencionadas, en la medida que no se propendió por garantizar la vigencia de un orden justo, sino que se comprueba la arbitrariedad y el abuso al haberse dispuesto el descuento de sesenta y nueve millones seiscientos sesenta y tres mil ciento treinta y seis pesos con setenta y tres centavos ($69.663.136,73).

Que también se expidieron con falsa motivación porque la suma que se ordenó

millones seiscientos sesenta y tres mil ciento treinta y seis pesos con setenta y tres centavos ($69.663.136,73).

Que también se expidieron con falsa motivación porque la suma que se ordenó descontar equivale a la indemnización por haber sido retirado, ilegalmente, del servicio, tal y como lo determinó el Tribunal Administrativo de Caquetá en sentencia del 2 de abril de 2009.

Que la demandada no era competente para ordenar el descuento de la suma supuestamente adeudada.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda se presentó, originalmente, ante los juzgados administrativos de Florencia quienes, por auto del 30 de abril de 201 5, la rechazaron porque había operado el fenómeno de la caducidad 1. La decisión fue recurrida y en providencia del 23 de junio de 2016, el Tribunal Administrativo de Caquetá declaró la nulidad de todo lo actuado por los juzgados y ordenó la remisión del expediente, por ser el competente para conocer el caso 2.

Una vez remitido, en auto del 16 de mayo de 2017 se admitió la demanda 3. La demandada contestó oponiéndose a las pretensiones, tras indicar que el derecho solicitado fue debatido mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de acuerdo con el fallo emanado del Juzgado Segundo Administrativo de Arauca, contra el cual procedían los recursos de ley.

Con base en ello, consideró que la asignación de retiro que había sido reconocida mediante Resolución 2799 del 12 de mayo de 2005, dejó de existir “tácitamente” al momento en el que la jurisdicción de lo contencioso administrativo declaró la nulidad

mediante Resolución 2799 del 12 de mayo de 2005, dejó de existir “tácitamente” al momento en el que la jurisdicción de lo contencioso administrativo declaró la nulidad

1 Véase a folios 2-5 PDF, del archivo «07CuadernoPpal2», disponible a índice 2 de SAMAI. 2 Véase a folios 26-28 PDF, ibid. 3 Véase a folios 38-39 PDF, ibid.Radicado: 18001-23-33-000-2016-00172-01 (4394-2023)

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www.consejodeestado.gov.co 4 del acto que dispuso el retiro del servicio activo del demandante y que, como consecuencia, no existía razón para haber percibido los emolumentos que la Caja le entregó al actor. Propuso como excepciones las de inexistencia del derecho y falta de fundamento jurídico para las pretensiones 4.

El 9 de mayo de 2018 se celebró audiencia inicial, en la que se excluyó a la Resolución Nro. 000559 del 8 de febrero de 2010 del debate, se fijó el litigio y se decretaron las pruebas 5. Una vez se corrió traslado para alegar de conclusión, se dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por la parte demandada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Caquetá, mediante sentencia proferida el veintiséis (26) de abril de dos mil veintitrés (2023), accedió a las pretensiones tras indicar que

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Caquetá, mediante sentencia proferida el veintiséis (26) de abril de dos mil veintitrés (2023), accedió a las pretensiones tras indicar que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional , en ningún momento, fue parte dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho a través del cual se determinó el reintegro del actor, por lo que en esa oportunidad no había lugar a debatir sobre la asignación que se le reconoció en tiempo de retiro, dada su condición de retirado . Que al desaparecer las razones de hecho y de derecho que dieron origen al reconocimiento pensional, en razón al reintegro del demandante a las filas de la Policía Nacional, resultaba claro que Casur debía revocar tal reconocimiento.

Que la consecuencia de retrotraer las cosas a su estado anterior, como es el reintegro laboral, implica que el uniformado de la fuerza pública nunca se apartó del servicio, por lo que las sumas reconocidas por concepto de restablecimiento del derecho y asignación de retiro se tornan incompatibles, en atención al mandato contenido en el artículo 128 de la Constitución Política.

Que no había duda de la incompatibilidad entre el pago percibido por el demandante a título de asignación de retiro entre 2005 y 2009 y el pago de los emolumentos y prestaciones salariales percibidas como consecuencia del reintegro laboral sin solución de continuidad ordenado en anterior oportunidad por e se mismo Tribunal.

Que, no obstante, le asistía razón al demandante cuando advirtió que la accionada, sin mediar autorización de su parte u orden judicial alguna, en forma unilateral y

solución de continuidad ordenado en anterior oportunidad por e se mismo Tribunal.

Que, no obstante, le asistía razón al demandante cuando advirtió que la accionada, sin mediar autorización de su parte u orden judicial alguna, en forma unilateral y arbitraria ordenó realizar los respectivos descuentos, mes a mes, sobre la mesada pensional que de manera definitiva se le reconoció en el 2014, los cuales le ven ían aplicando.

Que la Corte Constitucional en Sentencia T -1060 de 2005 sostuvo, entre otras cosas, que, si bien el pensionado no tiene derecho a conservar lo indebidamente recibido, la entidad que considere tener derecho a exigir su devolución deberá hacer uso de los mecanismos legales y judiciales existentes .

Que se estaba frente a unos descuentos efectuados de manera ilegal sobre la mesada pensional del actor, al no haber contado la entidad con su autorización

4 Véase a folios 51-55 PDF, ibid. 5 Véase a folios 84-87 PDF, ibid.Radicado: 18001-23-33-000-2016-00172-01 (4394-2023)

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www.consejodeestado.gov.co 5 previa, ni orden judicial ; por lo que también era ilegal la decisión administrativa de no devolverle lo que de esa forma se le descontó, independientemente del concepto por el cual se procedió así. Que la legalidad de tal decisión no depend ía del actuar de buena o mala fe del pensionado, cuya mesada fue objeto del irregular descuento.

Que para efectos del restablecimiento del derecho se disponía que, en

por el cual se procedió así. Que la legalidad de tal decisión no depend ía del actuar de buena o mala fe del pensionado, cuya mesada fue objeto del irregular descuento.

Que para efectos del restablecimiento del derecho se disponía que, en consideración al descuento que venía haciéndosele al demandante de manera mensual, la demandada debía reintegrar las sumas correspondientes a los valores descontados a su mesada pensional, mes a mes , de forma indexada.

Y que, en todo caso, la demandada tenía derecho a iniciar, por las vías legales, las acciones encaminadas a recuperar la s sumas canceladas al demandante entre el 24 de marzo de 2005 y el 30 de noviembre de 2009. 6.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada interpuso recurso de apelación en el que manifestó que el fallo contraría las disposiciones constitucionales que permean el actuar de la entidad. Que en el proceso que ordenó el reintegro, en ningún aparte del fallo quedó dispuesto que los dineros reconocidos por concepto de asignación mensual de retiro fueran a título indemnizatorio, lo cual habilitaba a la entidad para que, automáticamente, declarara deudor del tesoro al actor y como consecuencia recuperara dichos dineros.

Que era claro que durante el tiempo el cual se ordenó reconocer , es decir, del 24 de marzo de 2005 y el 30 de noviembre de 2009, se presentó concurrencia entre la asignación mensual de retiro y los emolumentos que se ordenaron pagar, dado que ambas prestaciones provenían del erario, lo que a todas luces se encuentra dentro de la prohibición general y generan una incompatibilidad.

Que, ante esa incompatibilidad, la Caja quedó facultada, por mandato

ambas prestaciones provenían del erario, lo que a todas luces se encuentra dentro de la prohibición general y generan una incompatibilidad.

Que, ante esa incompatibilidad, la Caja quedó facultada, por mandato constitucional, para proceder con las gestiones necesarias para la recuperación o retorno de un dinero que pertenece al erario, así como para dar cumplimiento a una sentencia judicial que no incluy ó dentro de su parte resolutiva la orden de descuentos.

Que la entidad , mediante los actos administrativos proferidos, dio aplicabilidad integral a la norma que se ajusta al caso en concreto, por lo que estos se encuentran lo suficientemente motivados y gozan de presunción de legalidad, dado que se actuó en cumplimiento de un mandato constitucional y con el fin de proteger los recursos del erario7.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 8 de septiembre de 2023 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una vez ejecutoriado, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto

6 Véase el archivo «11SentenciaPrimera», a índice 2 de SAMAI. 7 Véase el archivo «13ApelacionCasur», a índice 2 de SAMAI.Radicado: 18001-23-33-000-2016-00172-01 (4394-2023)

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www.consejodeestado.gov.co 6 hasta antes de que el proceso ingresara para fallo 8.

Las partes guardaron silencio y el Ministerio Público no presentó concepto.

www.consejodeestado.gov.co 6 hasta antes de que el proceso ingresara para fallo 8.

Las partes guardaron silencio y el Ministerio Público no presentó concepto.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico que deberá resolver la Sala consiste en determinar si los actos administrativos demandados, por medio de los cuales se ordenó la devolución de unos dineros pagados al señor José Antonio Silva Malagón por concepto de asignación de retiro en el período comprendido entre el 24 de marzo de 2005 y el 30 de noviembre de 2009, están viciados de nulidad.

De la legalidad de los actos administrativos y el principio de justicia rogada

La presunción de legalidad es un atributo del acto administrativo que implica que mientras este no haya sido anulado en sede judicial, ha de suponerse que fue proferido conforme a derecho, que es obligatorio y puede ejecutarse. En ese sentido, esta figura consagrada legalmente en el artículo 88 del CPACA, conlleva que la carga de la prueba o de la argumentación sobre la ilegalidad del acto recaiga sobre quien la alega, pues como presunción legal admite prueba en contrario.

En esta figura hay una regla que indica al juez que debe denegar la pretensión de nulidad de un acto administrativo cuando quien lo demanda no cumple con la carga de demostrar que está viciado. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encargada de juzgar la validez de esa clase de actos, ha sido caracterizada como una «jurisdicción rogada » en lo que tiene que ver con esta particular materia.

administrativo, encargada de juzgar la validez de esa clase de actos, ha sido caracterizada como una «jurisdicción rogada » en lo que tiene que ver con esta particular materia.

En todo caso, la presunción de legalidad de los actos administrativos ha de ser valorada en el contexto constitucional en el que se enmarca y, por ello, deben ser tenidas en cuenta las consideraciones de la Corte Constitucional en la Sentencia C197 de 199 9 acerca de la exequibilidad condicionada que tuvo en su momento el numeral 4, del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984) que, al igual que el CPACA, dispone como requisito de la impugnación judicial de un acto administrati vo que se indiquen en la demanda las normas violadas y el concepto de violación.

En línea con lo expuesto, se encuentra que cuando el juez del medio de control de simple nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho advierta la vulneración de derechos fundamentales o normas de rango constitucional en los actos administrativos acusad os, le corresponde analizar de forma oficiosa preceptos o argumentos distintos a los que se plantearon inicialmente. Es decir, se puede flexibilizar el principio de justicia rogada con el fin de dar protección al ordenamiento superior9.

8 Véase a índice 4 de SAMAI. 9 Sobre la justicia rogada, se puede revisar: Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia del 21 de abril de 2018. Rad. 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-15) CE-SUJ2-010-18.Radicado: 18001-23-33-000-2016-00172-01 (4394-2023)

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www.consejodeestado.gov.co 7 De la labor interpretativa del juez y el derecho al debido proceso

Esta facultad fue consagrada en el numeral 5° del artículo 42 del Código General del Proceso y, sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que al: «[…] encargado de administrar justicia se le atribuye, como misión ineludible interpretar los actos procesales, entre ellos la demanda inicial, a fin de desentrañar el verdadero alcance e intención del demandante al formular sus súplicas, lógicamente sin aislar el petitum de la causa petendi, buscando siempre una afortunada integración y con ello poder precisar el auténtico sentido o aspiración de quien procura una tutela efectiva de sus derechos […]»10.

En similar sentido, se ha pronunciado esta Corporación al indicar que dicho deber tiene como finalidad que las autoridades judiciales determinen lo materialmente pretendido por quien demanda y se establezca la vía idónea para tramitar la controversia, esto es que, ante la falta de claridad del escrito inicial, se le dé el sentido y el alcance que se derive de la intención real del demandante, sin desconocer o variar abiertamente sus factores esenciales 11.

Así entonces, considera la Subsección que , en virtud de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental , es dable acudir al deber interpretativo del juez y desentrañar o ahondar en el desarrollo de este derecho fundamental de aplicación inmediata en la actuación administrativa que produjo los actos administrativos demandados, más aún cuando se puede advertir una falta de competencia y la

desentrañar o ahondar en el desarrollo de este derecho fundamental de aplicación inmediata en la actuación administrativa que produjo los actos administrativos demandados, más aún cuando se puede advertir una falta de competencia y la omisión de aplicación del procedimiento administrativo en su expedición.

Del derecho al debido proceso establecido en el artículo 29 Superior se desprenden diferentes garantías para las actuaciones administrativas, entre ellas, el derecho a ser juzgado ante el juez o tribunal competente, que para lo administrativo se traduce en la necesidad de que el sujeto que adelante la actuación y emita el acto, tenga una asignación previa del ordenamiento, y que para su expedición se atienda el procedimiento establecido por el legislador para garantizar el debido proceso del administrado, de allí que, analizar estos requisitos son de relevancia constitucional.

Sin que ello implique trasgresión al principio de congruencia o vulneración del derecho de defensa de la demandada, en la medida en que el presente proceso ha versado sobre la posibilidad o no de que el demandante tenga la obligación de restituir las sumas que devengó por concepto de mesadas pensionales.

El debido proceso administrativo

En el ámbito de las actuaciones administrativas, este derecho fundamental ha sido denominado por la jurisprudencia y la doctrina como debido proceso administrativo, que hace referencia a la aplicación de los procedimientos legalmente establecidos por parte de las entidades del Estado, en el curso de cualquier actuación administrativa, con el propósito de garantizar los derechos de los administrados.

10 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 12 de marzo de 2019. Exp. SL 9602019. 11 Al respecto, se puede consultar: CONSEJO DE ESTADO . Sección Tercera . Subsección A .

10 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 12 de marzo de 2019. Exp. SL 9602019. 11 Al respecto, se puede consultar: CONSEJO DE ESTADO . Sección Tercera . Subsección A . Sentencia del 13 de agosto de 2021. Rad. 85001-23-33-000-2014-00159-03 (60078).Radicado: 18001-23-33-000-2016-00172-01 (4394-2023)

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www.consejodeestado.gov.co 8 En este sentido, el debido proceso administrativo impone a la administración que en las actuaciones que tengan como finalidad crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, se dé aplicación a los lineamientos previamente consagrados por el legislador, para garantizar a los ciudadanos la protección de sus derechos de contradicción y defensa.

Sin embargo, no toda irregularidad dentro del procedimiento dará lugar a la nulidad de los actos, sino cuando aquella implique el desconocimiento de las garantías fundamentales de quien pueda resultar afectado con su expedición.

La competencia como presupuesto de validez de los actos administrativos

Para que un acto administrativo sea válido se requiere, entre otras condiciones, que al sujeto de quien emana le haya sido atribuida, vía constitucional, legal o reglamentaria, la facultad de tomar dicha decisión. Esto es lo que en la teoría del acto administrativo se conoce como competencia o elemento subjetivo del acto, que se refiere tanto a la institución, entidad u órgano, como al individuo que lo profiere.

La competencia administrativa se determina a partir de la identificación de

acto administrativo se conoce como competencia o elemento subjetivo del acto, que se refiere tanto a la institución, entidad u órgano, como al individuo que lo profiere.

La competencia administrativa se determina a partir de la identificación de funciones, deberes, responsabilidades, obligaciones y facultades que le ha asignado el ordenamiento jurídico a los servidores públicos y a los particulares que ejercen funciones pú blicas, pues no de otra forma se puede delimitar el campo de acción dentro del cual le es dado desenvolverse a una autoridad administrativa.

De esta manera, las normas que deben considerarse a efectos de estudiar la competencia, como presupuesto de validez de los actos administrativos, son aquellas vigentes en el momento de ser emitida la respectiva manifestación unilateral de voluntad tendiente a producir efectos jurídicos 12.

Como puede observar se, la falta de competencia es un vicio externo al acto administrativo, debido a que no se afinca en su contenido o finalidad, sino en el sujeto que lo expide. Ahora, es importante tener en consideración que la asignación de competencias a la administración pública atiende a diferentes factores que pueden identificarse como el funcional o jerárquico 13, el material 14, el territorial 15 y en algunos casos el temporal 16.

En ese orden, dado que la competencia permite que las decisiones de la administración se encuentren revestidas de legalidad, el acto administrativo estará viciado de nulidad en aquellos casos en los que se profiere por un sujeto que carece

12 Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-014 de 1993 precisó que «[…] la valoración del ejercicio de una competencia, esto es, la definición acerca de si un órgano estatal obró o no de conformidad con las

12 Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-014 de 1993 precisó que «[…] la valoración del ejercicio de una competencia, esto es, la definición acerca de si un órgano estatal obró o no de conformidad con las reglas que la fijan, debe hacerse necesariamente mediante el cotejo con los preceptos vigentes al tiempo en que se efectivizó, dado que por constituir éstos su fuente de validez son los que determinan la regularidad de su ejercicio. [...]». 13 Se refiere al ejercicio de atribuciones según el grado jerárquico que, dentro de la estructura organizacional de la administración pública, ostenta el servidor público o particular investido de funciones administrativas: Cfr. Luis Enrique Berrocal Guerrero, op. cit., p. 127. 14 Supone que el acto administrativo proferido sea el desarrollo de una competencia efectivamente asignada a la autoridad que lo expidió. “Es el qué de la competencia”: Ibidem, p. 125. 15 Parte de reconocer que debe haber una división del territorio que permita delimitar el espacio geográfico en el que la autoridad administrativa se encuentra habilitada para el desempeño de sus funciones: Cfr. ibidem, pp. 124-125. 16 Es un parámetro que aplica en determinados casos en los que el ordenamiento jurídico impone un límite de tiempo para que la administración pueda ejercer su poder decisorio: Cfr. ibidem, pp. 125-127.Radicado: 18001-23-33-000-2016-00172-01 (4394-2023)

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www.consejodeestado.gov.co 9 de capacidad para actuar, esto es, sin una competencia atribuida por el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co 9 de capacidad para actuar, esto es, sin una competencia atribuida por el ordenamiento jurídico. Por ello, el artículo 137 del CPACA (causales aplicables al artículo 138 de la misma disposición) consagra la falta de este elemento como un vicio invalidante de los actos administrativos, el cual, según la jurisprudencia de esta Corporación, es uno de los más graves y, por lo tanto, no puede ser saneado 17.

El principio de autotutela administrativa

En virtud de dicho principio, se le concede a la administración una serie de potestades y prerrogativas que le permiten defender directa y unilateralmente los intereses jurídicos que le asisten sin necesidad de acudir a instancias judiciales. Se trata pues de una figura que dentro del Estado de Derecho puede resultar particular debido a que denota claramente una relación de desigualdad entre las entidades públicas y los administrados, a quienes resultan oponibles las decisiones que motu proprio tomen las primeras en aras de hacer efectivos los intereses públicos.

Sin embargo, esta facultad no es irrestricta ya que encuentra límites en el interés general y en las competencias que explícitamente le han sido asignadas a cada autoridad. Así, uno de los postulados esenciales del Estado Social de Derecho es que las autor idades o los particulares que cumplan funciones públicas o administrativas no gozan de plena autonomía ya que toda conducta que deseen desplegar debe estar consagrada en una norma habilitante.

Esta premisa tiene consagración constitucional en los artículos 6, 122, 123 y 209

administrativas no gozan de plena autonomía ya que toda conducta que deseen desplegar debe estar consagrada en una norma habilitante.

Esta premisa tiene consagración constitucional en los artículos 6, 122, 123 y 209 Superiores, con base en los cuales puede sostenerse que se encuentra proscrita la admisión de facultades implícitas o cuyo alcance no esté bien definido y que sea ajeno a la satisfacción de los intereses generales y los fines esenciales del Estado. De esta manera, la primera de tales normas dispone que los servidores públicos, además de ser responsables por infringir la Constitución y las leyes, lo son también por omisión o ex tralimitación en el ejercicio de sus funciones, esto es, que están positivamente limitados, de allí que solo pueden hacer lo que les está permitido por la Constitución, las l