CE - Sentencia 18001233300020170009902 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 18001-23-33-000-2017-00099-02 (4446-2024)

Demandante: Bernardo Ignacio Sánchez Cely

Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial

Tema: prima especial, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Juez municipal. Reiteración jurisprudencial. Subtema 1: reliquidación de prestaciones por reducción del salario base de liquidación. Procedencia. Sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de l Caquetá el 20 de junio de 2024, que accedió a las pretensiones de la demanda respecto de los periodos no afectados por la prescripción trienal.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Bernardo Ignacio Sánchez Cely , quien se desempeñó como juez municipal desde 2006, al momento de presentación de la demanda , solicita el reconocimiento y pago de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como un factor mensual adicional al salario básico, así como la reliquidación de todas las prestaciones

2006, al momento de presentación de la demanda , solicita el reconocimiento y pago de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como un factor mensual adicional al salario básico, así como la reliquidación de todas las prestaciones sociales con la inclusión del porcentaje del 30 % correspondiente a dicha prima, mientras labore al servicio de la Rama Judicial. El tribunal declaró la prescripción de los derechos reclamados con fundamento en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, reglamentado por el Decreto 1848 de 1969.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Bernardo Ignacio Sánchez Cely , mediante apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el 25 de abril de 2017, con las siguientes:Radicación: 18001-23-33-000-2017-00099-02 (4446-2024) Demandante: Bernardo Ignacio Sánchez Cely Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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2.1.1. Pretensiones

(i) Aplicar los efectos de la declaración de nulidad de los decretos reglamentarios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 decretada por el Consejo de Estado mediante sentencia del 29 de abril de 2014 proferida dentro del expediente 11001032500020070008700.

del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 decretada por el Consejo de Estado mediante sentencia del 29 de abril de 2014 proferida dentro del expediente 11001032500020070008700.

(ii) Inaplicar a través del control difuso de la excepción de inconstitucionalidad, los decretos reglamentarios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, correspondientes a los años 2008 a 2017 y que se expidan a futuro debiéndose interpretar que la prima especial sin carácter salarial creada en el artículo acabado de relacionar, debe considerarse como adición, incremento o agregado al salario, conforme los principios y valores constitucionales y legales.

(iii) Declarar la nulidad del Oficio DESAJN16 -1336 del 1 de marzo de 2016, mediante el cual la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Neiva negó el reconocimiento y pago de la diferencia que arroje de reliquidar las prestaciones laborales tomando como base de liquidación el 30 % de la prima especial asumida sin carácter salarial y el reconocimiento y pago de la prima especial sin carácter salarial, descrita en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como adición o agregado a la asignación básica.

(iv) Declarar la nulidad del acto presunto derivado del silencio administrativo por no haberse resuelto el recurso de apelación interpuesto en contra del oficio que negó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales y el pago de la prima especial sin carácter salarial.

(v) Reconocer y pagar la diferencia que arroje de reliquidar por los periodos en que se desempeñó como juez en el distrito judicial de Florencia entre el 28 de junio de

la prima especial sin carácter salarial.

(v) Reconocer y pagar la diferencia que arroje de reliquidar por los periodos en que se desempeñó como juez en el distrito judicial de Florencia entre el 28 de junio de 2006 hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, todas sus prestaciones sociales ( prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de vacaciones, seguridad social en salud y pensión, bonificación por servicios prestados, bonificación por actividad judicial, etc.) y todo otro emolumento actualmente vigente que pueda verse incluido a futuro, se establezca y cause, tomando como base para la liquidación el 100 % de la asignación básica, incluyendo el 30 % de la misma que ha sido tratado por la Administración Judicial como prima especial, negándole el carácter salarial.

(vi) Reconocer y pagar la diferencia que arroje de reliquidar por los periodos en que se desempeñó como juez en el distrito judicial de Florencia entre el 28 de junio de 2006 hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, la prima especial sin carácter salarial equivalente al 30 % de la remuneración básica que no se le ha reconocido ni pagado como agregado, adición, aumento o sobresueldo a la remuneración mensual.

(vii) Reconocer y pagar a partir de la ejecutoria de la sentencia, la prima especial equivalente al 30 % de la remuneración básica mensual que hasta el momento noRadicación: 18001-23-33-000-2017-00099-02 (4446-2024) Demandante: Bernardo Ignacio Sánchez Cely Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Demandante: Bernardo Ignacio Sánchez Cely Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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3 se le ha reconocido ni pagado como agregado, adición, aumento o sobresueldo al salario.

(viii) Reconocer y pagar a partir de la ejecutoria de la sentencia, las prestaciones laborales y todo otro emolumento vigente o causado a futuro, tomando como base de la liquidación el 100 % de la asignación básica mensual.

(ix) Que se ajusten y actualicen los valores reclamados de acuerdo con el IPC, reconociendo intereses legales y moratorios de conformidad con el artículo 187 del CPACA, si se causaren.

(x) Hacer declaraciones ultra y extra petita de los derechos laborales ciertos e irrenunciables que sean demostrados con posterioridad a la demanda1.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, el demandante expuso, en síntesis, lo

siguiente2:

(i) Se encuentra vinculado a la rama judicial en el distrito judicial de Florencia como juez desde el 28 de junio de 2006 y al momento de presentación de la demanda fungía como juez municipal de Doncello.

(ii) Durante todo el tiempo de su vinculación como juez le han liquidado y pagado las prestaciones sociales (prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones, cesantías, vacaciones, bonificación por servicios prestados, bonificación por actividad judicial, seguridad social, etc.) y todo emolumento laboral sobre la base del 70 % de

las prestaciones sociales (prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones, cesantías, vacaciones, bonificación por servicios prestados, bonificación por actividad judicial, seguridad social, etc.) y todo emolumento laboral sobre la base del 70 % de su remuneración básica mensual, fundamentada en los decretos reglamentarios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 que consideran prima sin carácter salarial el 30 % del salario básico, «restándole al 30 % de la remuneración básica el carácter de factor salarial para las mencionadas prestaciones laborales, en lugar de pagar dicha prima como incremento o agregado al sueldo mensual, como claramente lo dispone el artículo 14 de la ley en mención (…)».

(iii) La Rama Judicial no ha pagado la prima mensual especial sin carácter salarial en el porcentaje señalado en el 30 % durante el tiempo que fungió como juez de Florencia.

(iv) Mediante Oficio DESAJN16-1336 del 1 de marzo de 2016 la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Neiva negó el reconocimiento y pago de la diferencia que arroje de reliquidar todas las prestaciones sociales sobre la base del 100 % del salario básico mensual y el reconocimiento y pago de la prima especial sin carácter salarial. El actor interpuso recurso de apelación que no fue resuelto, configurándose un acto presunto por el silencio de la administración.

1 Samai, índice 2. Archivo 3_3_180012333000201700099001EXPEDIENTEDIGI20230704093349 folios 37 a 39.

un acto presunto por el silencio de la administración.

1 Samai, índice 2. Archivo 3_3_180012333000201700099001EXPEDIENTEDIGI20230704093349 folios 37 a 39. 2 Samai, índice 2, archivo 3_3_180012333000201700099001EXPEDIENTEDIGI20230704093349 folios 39 a 41.Radicación: 18001-23-33-000-2017-00099-02 (4446-2024) Demandante: Bernardo Ignacio Sánchez Cely Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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4 (v) Los actos administrativos están viciados de nulidad por haberse dictado con fundamento en normas inconstitucionales y por violación a las normas en que debieron fundarse.

(vi) El 24 de enero de 2017 solicitó audiencia de conciliación para agotar el requisito de procedibilidad dispuesto en la Ley 640 de 2001. La sustanciadora de la Procuraduría 5 Judicial II Administrativa de Florencia certificó la imposibilidad de la realización de la audiencia por vacancia del cargo de Procurador, motivo por el que al estar cerca el vencimiento de los términos ordenó la devoluci ón de documentos para que se ejerciera directamente la acción de conformidad con el artículo 35 de la Ley 640 de 20013.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. El demandante citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política,

que se ejerciera directamente la acción de conformidad con el artículo 35 de la Ley 640 de 20013.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. El demandante citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política, artículos 1, 2, 13, 25 y 53; Ley 4 de 1992, artículos 2 y 14; Ley 270 de 1996, artículo 152-7; Decreto 1042 de 1968; Código Sustantivo del Trabajo, artículos 143 modificado por la Ley 1496 de 2011.

4. En el concepto de violación, el demandante manifestó que la interpretación tendiente a considerar que de la asignación básica de los funcionarios regidos por los decretos que regulaban la prima especial, se pagara la prima especial atenta contra el interés general, toda vez que disminuye el salario para un dete rminado grupo de servidores judiciales lo que indiscutiblemente afecta la asignación básica que asigna el Gobierno nacional año a año, así como también dicha interpretación es violatoria del deber que tiene las autoridades de la República de proteger a todas las personas residentes en Colombia y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

5. Advirtió que los decretos que se solicitan inaplicar vulneran el artículo 53 de la Constitución en lo relacionado con la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, toda vez que el descontar el 30 % de la prima especial de la asignación básica comporta una renuncia obligatoria a los logros alcanzados a su favor.

6. Afirmó que los actos demandados fueron falsamente motivados al fundarse en

especial de la asignación básica comporta una renuncia obligatoria a los logros alcanzados a su favor.

6. Afirmó que los actos demandados fueron falsamente motivados al fundarse en los decretos reglamentarios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, toda vez que a la prima especial siempre debió respetársele su naturaleza de valor adicional al sueldo y no parte de él, pues ello contraría el principio de irrenunciabilidad de los beneficios mínimos laborales y el principio de favorabilidad.

7. Concluyó que los actos se expidieron con desviación de poder comoquiera que el fin perseguido por el legislador de 1992 a través de la Ley 4, fue darle pautas al Gobierno nacional para la fijación de salarios y prestaciones sociales, bajo criterios de mejoramiento del régimen salarial y prestacional. Es ilógico que la ley prohibiera desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores públicos y que al mismo tie mpo estableciera una prima sin carácter salarial que desmejorara los derechos prestacionales de algunos de ellos.

3 Samai, índice 2, archivo 3_3_180012333000201700099001EXPEDIENTEDIGI20230704093349, folios 33 a 36.Radicación: 18001-23-33-000-2017-00099-02 (4446-2024) Demandante: Bernardo Ignacio Sánchez Cely Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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5 2.2. Contestación de la demanda

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5 2.2. Contestación de la demanda

8. El apoderado de la entidad demandada se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de «ausencia de causa petendi, cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación». Manifestó que por mandato expreso de la Ley 4 de 1992, la prima especial no tiene carácter salarial , lo que significa que no constituye factor para la liquidación y pago de las primas de servicios, navidad, vacaciones, auxilio de cesantía y bonificación por servicios prestados. Dicha prima no contradice los mandatos constitucionales toda vez que es la Constitución que faculta al legislador para regular el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.

9. Manifestó que tanto la jurisprudencia de las Altas Corporaciones como lo expuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público evidencian el criterio compartido respecto de los efectos de las sentencias de nulidad en relación con los cuales se tiene que el derecho se restableció a futuro en virtud de la nulidad del acto administrativo que se encontraba por fuera del ordenamiento jurídico, pero no hacia atrás por no haberse condenado a perjuicios , toda vez que los mismos no se solicitaron, de suerte que la sentencia adquiere efectos erga omnes y no de carácter particular.

10. Así, sostuvieron que los efectos de las sentencias de nulidad del Consejo de Estado rigen hacia el futuro o ex nunc, con el objeto de generar certeza y seguridad jurídica dentro del sistema normativo, toda vez que la sentencia con efecto erga

10. Así, sostuvieron que los efectos de las sentencias de nulidad del Consejo de Estado rigen hacia el futuro o ex nunc, con el objeto de generar certeza y seguridad jurídica dentro del sistema normativo, toda vez que la sentencia con efecto erga omnes, solo tiene consecuencias posteriores, restableciendo el derecho hacia el futuro pues no es posible producir efectos retroactivos ya que no es de carácter particular y así dar estricto cumplimiento a las disposiciones vigentes que regulan la materia objeto de controversia4.

2.3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante sentencia dictada el 20 de junio de 2024, resolvió:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos:

1.1 Del acto administrativo contenido en el Oficio No. DESAJN16 -1336 del 01 de marzo de 2016.

1.2 Del acto y del acto ficto o presunto que se configuró ante el silencio administrativo negativo ante la proposición del recurso de apelación en contra del Oficio No. DESAJN16-1336 del 01 de marzo de 2016.

SEGUNDO: Qué a título de restablecimiento del derecho y como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los referidos acto administrativo se ordene la Nación - Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración judicial que reconozca y pague a el demandante BER NARDO IGNACIO SANCHEZ CELY, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.212.800 expedida en Duitama, los valores que resulten de reliquidar teniendo en cuenta para ellos (sic) mencionado factor salarial del 30% de la prima especial de servic ios las prestaciones socia les como primas, vacaciones,

ciudadanía número 7.212.800 expedida en Duitama, los valores que resulten de reliquidar teniendo en cuenta para ellos (sic) mencionado factor salarial del 30% de la prima especial de servic ios las prestaciones socia les como primas, vacaciones, cesantías, intereses de las cesantías, aportes al sistema de seguridad social en salud

4 Samai, índice 2, archivo 3_3_180012333000201700099001EXPEDIENTEDIGI20230704093349, folios 183 a 192.Radicación: 18001-23-33-000-2017-00099-02 (4446-2024) Demandante: Bernardo Ignacio Sánchez Cely Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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6 pensión y riesgos profesionales y demás emolumentos que la entidad demandada le adeude en el lapso de tiempo comprendido desde el 22 de diciembre de 2011 y hasta la fecha de presentación de la demanda ( 25 de abril de 2017) y hacia el futuro mientras permanezca vinculado o desempeñando las funciones de juez de la república

TERCERO. CONDÉNESE a la NACIÓNRAMA JUDICIALDIRECCIÓN EJECUTIVA

DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a:

3.1 RECONOCER y ORDENAR A PAGAR a favor del Dr. BERNARDO IGNACIO SANCHEZ CELY, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.212.800 expedida en Duitama, la Prima Especial de Servicios mensual en cuantía del 30% como agregado

SANCHEZ CELY, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.212.800 expedida en Duitama, la Prima Especial de Servicios mensual en cuantía del 30% como agregado a la asignación básica mensual, De qué trata el artículo 14 de la ley 4 de 1992, desde el 22 de diciembre de 2011 hasta el momento de la presentación de la demanda ( 25 abril de 2017) y hacia el futuro, mientras permanezca vinculado o desempeñando las funciones de Juez de la República, como agregado o adición a la remuneración básica decretada por el Gobierno Nacional, año a año.

3.2 Dicha suma deberá pagarse actualizada al momento de la ejecutoria la sentencia, conforme a la variación del IPC Y utilizando la fórmula que para el efecto ha dispuesto el H. Consejo de Estado, teniendo en cuenta qu e se trata de obligaciones de tracto sucesivo

CUARTO: Para el cumplimiento de la presente decisión se aplicará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

QUINTO: Se ordena el archivo del proceso una vez quede Ejecutoriada la presente sentencia.

SEXTO: Sin condena en costas5.

11. Para resolver el asunto advirtió que el Gobierno nacional es constitucional y legalmente competente para fijar el régimen salarial de los servidores públicos por lo que no puede concluirse que el ejecutivo haya excedido su potestad reglamentaria , pues simplemente definió el porcentaje que quedó pendiente por determinar en la ley marco (Ley 4), sin que se estableciera que la prima especial sería el 30 % del salario que mensualmente se paga a los funcionarios judiciales, ni que deba deducirse de

marco (Ley 4), sin que se estableciera que la prima especial sería el 30 % del salario que mensualmente se paga a los funcionarios judiciales, ni que deba deducirse de este, dado que el 70 % tendría carácter salarial y el restante no, lo cual conllevaría a un atropello legal y constitucional, producto de la errada interpretación de la voluntad del legislador.

12. Afirmó que al deducir la Nación , Rama Judicial , Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el 30 % del salario básico mensual y, darle la connotación de prima especial, sin carácter salarial, está mermando su totalidad, pues la base -sobre la cual se calcularían las prestaciones socialesse reduciría a un 70% de la asignación a que legalmente tiene d erecho, lo cual desconoce abiertamente el principio de progresividad que establece el artículo 53 de la Constitución Política.

13. Advirtió que en el presente asunto se acreditó la desmejora en la asignación básica mensual del actor, no obstante, no es viable ordenar el restablecimiento desde el año 2006, año en el que ocupó por primera vez el cargo de juez, comoquiera que operó el fenómeno prescriptivo, en tanto la reclamación se presentó el 22 de diciembre

5 Samai, índice 2, 5_SentenciaPrime_12SentenciaBernardop_0_20240620153525133.Radicación: 18001-23-33-000-2017-00099-02 (4446-2024) Demandante: Bernardo Ignacio Sánchez Cely Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Demandante: Bernardo Ignacio Sánchez Cely Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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7 de 2014, por lo que determinó que sólo sería procedente estudiar la solicitud desde 22 de diciembre de 2011 en adelante, «donde es importante aclarar que la parte demandante no tiene derecho a que se le reliquide desde 28 de junio de 2006, fecha en que según lo expresado en el hecho primero de la demanda empezó a ejercer el cargo como juez de la Rep ública. Por consiguiente, el pago de las prestaciones sociales incluirá la prima especial del 30% como factor salarial, la suma que resulte a favor del demandante se ajustará en su valor, hasta la fecha de la ejecutoria de la presente providencia».

14. Concluyó que el salario de los funcionarios destinatarios de la prima especial sufrió alteración, deterioro y disminución, por lo que sí se evidencian diferencias respecto de la escala salarial de los otros servidores públicos de la Rama Judicial, por cuanto se estableció que el 30 % no constituía factor salarial.

15. Así las cosas, el actor sufrió un perjuicio por la errada interpretación de la norma que conllevó al no reconocimiento y pago de la prima especial de servicios (a la que tenía derecho durante todo su periodo de vinculación) y también a que se le calcularan mal las prestaciones sociales de ley, motivo por el que a la demandante le asiste el derecho a que se le cancele tanto la diferencia prestacional que se le adeuda como el pago de la correspondiente prima especial de todos los meses en los que se viene

mal las prestaciones sociales de ley, motivo por el que a la demandante le asiste el derecho a que se le cancele tanto la diferencia prestacional que se le adeuda como el pago de la correspondiente prima especial de todos los meses en los que se viene desempeñando como Juez de la República, desde el 22 de diciembre de 2011 y hasta que se haga efectiva la presente sentencia o hasta que ejerza el cargo.

2.4. Recurso de apelación

16. La entidad demandada solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, al considerar que, a pesar de que con el Decreto 272 de 2021 se reconoció la prima especial como valor adicional a la asignación básica con efectos fiscales a partir del 1 de enero 2021 e inclusión en nómina en abril de 2021, no se cuenta con el presupuesto para presentar una fórmula conciliatoria respecto de las obligaciones anteriores a dicha anualidad.

17. Por lo anterior, no es viable efectuar la reliquidación y pago de las diferencias surgidas de la aplicación de la Ley 4 de 1992 y los decretos salariales anuales, pues el Gobierno nacional está expresamente facultado para expedir los decretos salariales y determinar que el 30 % de la remuneración mensual sea considerada prima especial sin carácter salarial, lo cual no contraría los mandatos constitucionales y legales, situación que la sentencia del Consejo de Estado no modificó al declarar la nulidad del artículo 7 del Decreto 618 de 2007, pues como se señaló anteriormente los efectos de la declaratoria de nulidad son hacia futuro.

18. Manifestó que, conforme con la sentencia del 2 de septiembre 2019, los jueces de la República tienen derecho al reconocimiento y pago de: i) las diferencias

la declaratoria de nulidad son hacia futuro.

18. Manifestó que, conforme con la sentencia del 2 de septiembre 2019, los jueces de la República tienen derecho al reconocimiento y pago de: i) las diferencias causadas por concepto de reliquidación de prestaciones sociales y laborales con la base en el 100% del salario básico mensual; y, ii) el 30 % adicional, calculado sobre el 100% del salario básico, por concepto de prima especial del artículo 14 Ley 4 de 1992, sin carácter salarial.

19. En punto a la prescripción señaló que, para el reconocimiento de la reliquidación de prestaciones y la prima especial adicional del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, seRadicación: 18001-23-33-000-2017-00099-02 (4446-2024) Demandante: Bernardo Ignacio Sánchez Cely Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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8 debe aplicar la prescripción trienal, teniendo como fecha de exigibilidad del derecho la de la vinculación al cargo de juez, dado que la prescripción se interrumpe con la solicitud presentada ante la administración y otorga el derecho desde los tres (3) años anteriores a la petición hasta la permanencia en el cargo que otorga el derecho6.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

20. Mediante el auto del 2 de abril de 2025 7, el despacho admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3. ° del artículo 67 de la Ley 2080 de

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

20. Mediante el auto del 2 de abril de 2025 7, el despacho admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3. ° del artículo 67 de la Ley 2080 de

2021. No hubo lugar a la presentación de alegatos de conclusión porque las partes no solicitaron la práctica de pruebas en esta instancia.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

21. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, le corresponde el conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que le confiere el inciso primero del artículo 150 del CPACA, para conocer del recurs o de apelación interpuesto contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico

22. De acuerdo con el marco fijado en el recurso de apelación interpuesto por la demandada, que habilita al juez de segunda instancia para pronunciarse, únicamente en relación con los reparos concretos presentados por el apelante8, la Sala procede a

resolver el siguiente problema jurídico:

23. ¿El demandante tiene derecho a la reliquidación de sus prestaciones sociales tomando como base de liquidación el 100 % de la remuneración básica mensual legal, prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, la cual constituye una adición al salario, con la exclusión de los periodos que se encuentran prescritos? Si la respuesta es afirmativa, se deberá responder si ¿Debe negarse el reconocimiento de la prima especial, por la imposibilidad presupuestal alegada por la parte demandada?

3.3. Marco normativo –Reiteración jurisprudencial–

afirmativa, se deberá responder si ¿Debe negarse el reconocimiento de la prima especial, por la imposibilidad presupuestal alegada por la parte demandada?

3.3. Marco normativo –Reiteración jurisprudencial–

24. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30 % ni superior al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscale s del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

6 11_Recepcionrecur_RecursoApelaci9_4_20240621155630911. 7 Samai. Índice 005. 8 CGP, artículos 320 y 328.Radicación: 18001-23-33-000-2017-00099-02 (4446-2024) Demandante: Bernardo Ignacio Sánchez Cely Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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25. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992, expidió el Decreto 57 de 19939 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional

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25. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992, expidió el Decreto 57 de 19939 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse al nuevo régimen a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció:

Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar.

Artículo 7. El treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial:

1. Del Consejo Superior de l