CE - Sentencia 18001233300020180017501 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 18001-23-33-000-2018-00175-01 (29604)

Demandante ELISABET OSORIO CANACUE

Demandada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP Temas Liquidación de aportes . Notificación acto previo a la liquidación oficial. Base gravable. Costos y gastos (IMAS). Ley 1753 de 2015. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 11 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión, que decidió lo siguiente1: “PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda presentada por Elisabet Osorio Canacue contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en la instancia.

TERCERO: Ejecutoriada la presente decisión, procédase por Secretaría al archivo del expediente, previos los registros de rigor en Samai”.

en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en la instancia.

TERCERO: Ejecutoriada la presente decisión, procédase por Secretaría al archivo del expediente, previos los registros de rigor en Samai”.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA Previo requerimiento para declarar y/o corregir nro. RCD 2016 -02280 del 2 de diciembre de 2016, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) expidió la liquidación oficial nro. RDO 2017 -01216 del 31 de mayo de 2017 , en la que determinó a cargo de la actora los aportes a salud y pensión por los períodos de enero a diciembre de 2014, y la sancionó por omisión. Contra la anterior decisión, la demandante presentó recurso de reconsideración, el cual fue resuelto en la Resolución Nro. RDC 2 21 del 22 de mayo de 2018, en el sentido de reducir el monto de los aportes y la sanción2. ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

1 Samai del Tribunal. Índice 38. 2 Los actos administrativos pueden consultarse en el Samai del Tribunal. Índice 36. Expediente digital. CD3.Radicado: 18001-23-33-000-2018-00175-01 (29604)

Demandante: Elisabet Osorio Canacue

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Demandante: Elisabet Osorio Canacue

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las siguientes pretensiones3: “PRIMERA: Que se declare la Nulidad del Acto Administrativo contenido en la RESOLUCIÓN No. RDO-2017-012165 DEL 31 DE MAYO DE 2017, EXPEDIENTE No. 20161520058002204, mediante la cual se profiere Liquidación Oficial por omisión en afiliación y/o vinculación y pagos al sistema de seguridad social integral -SSSI y notificada por aviso del 22 al 29 de junio de 2017, proferida por el Doctor SAUL SUANCHA TALERO, Director de Servicios Integrales de Atención Unidad de Pensiones y Parafiscales de la UGPP, por valor de CIENTO SESENTA Y

NUEVE MIL (sic) NOVENTA Y DOS PESOS ($169.092.000).

SEGUNDA: Que se declare la Nulidad del Acto administrativo contenido en la RESOLUCIÓN No. RDC 221 DEL 22 DE MAYO DE 2018, Y NOTIFICADA EL DÍA 03 DE JULIO DE 2018, por medio de la cual se resuelve el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la RESOLUCIÓN NO. RDO-2017-01216 del 31 de mayo de 2017.

TERCERO: En consecuencia y a título de restablecimiento de derecho que se declare, que mi poderdante no adeuda suma alguna.” A los anteriores efectos, la demandante invocó como violados los artículos 29 de la Constitución Política; 107, 565, 703 y 720 del Estatuto Tributario; 164 del Código de

poderdante no adeuda suma alguna.” A los anteriores efectos, la demandante invocó como violados los artículos 29 de la Constitución Política; 107, 565, 703 y 720 del Estatuto Tributario; 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 135 de la Ley 1735 de 2015. Los cargos de nulidad se resumen de la siguiente manera:

1. Indebida notificación Sostuvo que el 24 de agosto de 2016, la UGPP envió por correo electrónico un “único aviso” con radicado nro. 201610350437661, en el que invitó a la demandante a realizar su afiliación en calidad de cotizante al sistema de seguridad social, lo que dejaba en evidencia que la entidad conocía la existencia de esa cuenta electrónica, la cual también estaba registrado en el RUT.

Señaló que la liquidación oficial fue notificada por aviso el día 22 de junio de 2017 debido a que el correo enviado a su dirección en Florencia , Caquetá fue devuelto bajo la causal “DEVOLUCIÓN NE”, esto obedecía a que para el desarrollo de su actividad económica (código CIUU 0141 ) debía desplazarse a una finca ubicada en zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, sitio donde permanecía la mayor parte del tiempo y sin acceso a internet. Pese a lo anterior, ninguna de las actuaciones persuasivas y de trámite anteriores al acto de determinación (requerimientos de información y para declarar y/o corregir) le fueron notificadas, lo cual constituía una vulneración al debido proceso y al artículo 703 del Estatuto Tributario, norma que exigía la expedición de un acto previo a la liquidación.

le fueron notificadas, lo cual constituía una vulneración al debido proceso y al artículo 703 del Estatuto Tributario, norma que exigía la expedición de un acto previo a la liquidación. Indicó que, ante la imposibilidad de notificar de manera personal las actuaciones, el siguiente medio era el aviso, pero de esto tampoco nunca tuvo conocimiento porque “dicha notificación nunca llegó ”, pese a que la entidad también tenía su dirección de residencia como la electrónica, pues ambas estaban reportadas en el RUT-. Advirtió que de conformidad con el artículo 565 del Estatuto Tributario los actos expedidos en materia tributaria debían entregarse en la última dirección informada en el RUT, o acudir a la notificación electrónica . En todo caso, se debían agotar todas las formas posibles para dar a conocer el contenido de las decisiones administrativas, lo cual no aconteció en este asunto.

3 Samai del Tribunal. Índice 36. Expediente digital. CD Medio de Control. Página 4 del PDF.Radicado: 18001-23-33-000-2018-00175-01 (29604)

Demandante: Elisabet Osorio Canacue

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2. Determinación del IBC De conformidad con el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 , que consagra la determinación de la base gravable, los aportantes tienen derecho a deducir de los ingresos las expensas que guarden relación de causalidad con su actividad económica. En este caso, en la declaración de renta presentada para el año gravable 2015 se podían identificar l os costos y gastos en que debió incurrir, para

ingresos las expensas que guarden relación de causalidad con su actividad económica. En este caso, en la declaración de renta presentada para el año gravable 2015 se podían identificar l os costos y gastos en que debió incurrir, para lo cual hizo el ejercicio tomando los ingresos de la declaración de renta menos sus erogaciones, suma a la que le aplicó el porcentaje del 40%, y luego mensualizó. Indicó que en la actualidad se encuentra realizando los aportes al sistema acorde a lo previsto en la mencionada norma , esto es según con la renta líquida gravable y no con los ingresos netos. Precisó que aun cuando en materia tributaria rige el principio de irretroactividad, en criterio de la Corte Constitucional cuando una norma le sea favorable al administrado resulta viable su aplicación4, razón por la cual debía observarse lo dispuesto en la mencionada Ley 1753. Además, señaló que, en aplicación del Decreto 510 de 2003 hay lugar a detraer los costos y gastos en la base gravable siempre y cuando cumplan con los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario. Adujo que la declaración de renta del 2014 estaba en firme según el artículo 7 14 porque no fue cuestionada por la DIAN. Además, si bien la UGPP indicó que allí no fue posible encontrar los costos y gastos, ello obedecía a que se presentó bajo el formulario 240 en cumplimiento de las disposiciones exigidas en materia tributaria. Oposición de la demanda La entidad demandada controvirtió las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente5: Frente al primer cargo manifestó que los requerimientos de información y para declarar y/o corregir, así como la liquidación oficial, fueron enviados a la dirección

La entidad demandada controvirtió las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente5: Frente al primer cargo manifestó que los requerimientos de información y para declarar y/o corregir, así como la liquidación oficial, fueron enviados a la dirección de la demandante en el municipio de Florencia (Caquetá), que aparece reportada en el RUT, como lo exigía el artículo 565 del Estatuto Tributario. Sin embargo, fueron devueltos bajo la causal “no existe”, motivo por el cual la procedió a su publicación mediante aviso por autorización del artículo 568 ibidem. Puso de presente que la demandante no informó alguna dirección nueva, siendo su deber indicar cambios de domicilio y no endilgar a la Administración la obligación de ubicarlo generando un desgaste para el Estado. Además, la Ley 1918 de 2016, en su artículo 312, dispuso la notificación electrónica únicamente cuando el aportante solicitara expresamente dicho mecanismo informando su dirección de correo. Indicó que la notificación de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración se hizo mediante edicto fijado desde el 19 de junio hasta el 3 de julio de 2018. En cuanto al segundo cargo expuso que, de conformidad con los artículos 13 y 157 de la Ley 100 de 1993, 33 de la Ley 1438 de 2011, así como 1 del Decreto 1406 de 1999 , los trabajadores independientes con capacidad de pago , como la

4 Sentencia C-785 de 2012. 5 Samai del Tribunal. Índice 36. Expediente digital. PDF 2028034806. Páginas 14 y siguientes.Radicado: 18001-23-33-000-2018-00175-01 (29604)

Demandante: Elisabet Osorio Canacue

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5 Samai del Tribunal. Índice 36. Expediente digital. PDF 2028034806. Páginas 14 y siguientes.Radicado: 18001-23-33-000-2018-00175-01 (29604)

Demandante: Elisabet Osorio Canacue

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demandante, son aportantes obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensión. Además, según el Decreto 510 de 2003, el ingreso base de cotización corresponde a los ingresos efectivamente percibidos , pudiendo deducir las expensas necesarias para el desarrollo de su actividad económica que cumplan los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario. Explicó que para la determinación del IBC tomó los ingresos brutos reportados en la declaración de renta del 2014 y los dividió en partes iguales por los 12 meses del año fiscalizado. Además, como la interesada no atendió los requerimientos ni aportó pruebas que sustentaran sus gastos, tales como facturas , cuentas de cobro o documentos equivalentes, tampoco fue posible reconocerlo , más cuando por la actividad económica de la demanda nte ( 0141Cría de ganado bovino y bufalino ), e s aplicable el Decreto 3050 de 199 7 que establece la obligación de disponer de soportes en operaciones con el régimen simplificado. Resaltó que las planillas de pago aportadas correspondían a aportes de los años 2017 y 2018. De manera que , como la interesada no cumplió con su carga de la prueba para demostrar los hechos económicos que pretendía le fuera reconocidos, la UGPP

Resaltó que las planillas de pago aportadas correspondían a aportes de los años 2017 y 2018. De manera que , como la interesada no cumplió con su carga de la prueba para demostrar los hechos económicos que pretendía le fuera reconocidos, la UGPP expidió los actos de liquidación con fundamento en los hechos que aparecieron demostrados en ese momento, tal como lo prescribía el artículo 742 del Estatuto Tributario, lo cual a su vez denotaba un respeto al espíritu de justicia consagrado en el artículo 683 ibidem. En la parte final de la oposición la entidad, pese a que no fue un asunto debatido en la demanda, refirió que no era posible aplicar la “firmeza” de la liquidación privada, toda vez que se trataba de una figura no prevista para las contribuciones parafiscales. Sentencia apelada El Tribunal Administrativo de l Caquetá, Sala Segunda de Decisión negó las pretensiones de la demanda6:

1. De las notificaciones Sostuvo que la UGPP envió la notificación por correo de los requerimientos de información y para declarar y/o corregir , así como de la liquidación oficial a la dirección de la demandante informada en el RUT, pero ante la devolución de estas bajo la causal “no existe”, era válida su publicación por aviso en cumplimiento de lo previsto en el artículo 568 del Estatuto Tributario.

Precisó que el parágrafo 1 del artículo 565 del Estatuto dispuso que las actuaciones tributarias podían notificarse a través de correo electrónico siempre y cuando el interesado lo autorizara de manera expresa, situación que no se encontró demostrada en el presente proceso, por ende, tampoco era viable que la entidad

tributarias podían notificarse a través de correo electrónico siempre y cuando el interesado lo autorizara de manera expresa, situación que no se encontró demostrada en el presente proceso, por ende, tampoco era viable que la entidad intentara la comunicación de sus decisiones a la dirección electrónica que aparecía en el RUT de la demandante.

2. Sujeción pasiva trabajadores independientes Expresó que de conformidad con los artículos 19, 156 y 157 de la Ley 100 de 1993; 33 de la Ley 1438 de 2011, 26 del Decreto 806 de 1998; 1 del Decreto 1406 de

6 Samai del Tribunal. Índice 38.Radicado: 18001-23-33-000-2018-00175-01 (29604)

Demandante: Elisabet Osorio Canacue

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1999; y pronunciamientos de la Corte Constitucional7 y el Consejo de Estado8, todas las personas con capacidad de pago están obligadas a cotizar a los subsistemas de salud y pensión.

3. Base de cotización Comoquiera que la demandante se trataba de una comerciante, los aportes debía liquidarlos sobre los ingresos efectivamente percibidos, es decir, aquellos que resultaran luego de la depuración de sus erogaciones por autorización del Decreto 510 de 2003; sin que en ningún caso fuera inferior a 1 salario o superior a 25

SMLMV. Anotó que en este caso no era posible acoger la forma de depuración prevista en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, toda vez que se trataba de una norma posterior

SMLMV. Anotó que en este caso no era posible acoger la forma de depuración prevista en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, toda vez que se trataba de una norma posterior al período fiscalizado, y en materia tributaria regía el principio de irretroactividad. Además, porque las contribuciones eran de cau sación inmediata, luego, una vez consolidada la situación jurídica era imposible la aplicación de una disposición que no estaba vigente en ese momento9.

4. Costos y gastos Por autorización del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP cuenta con amplias facultades para verificar y aceptar o no los valores que hacen parte del ingreso base de cotización. De manera que, si bien la DIAN es la única competente para desvirtuar l a veracidad de la declaración de renta, ello no impedía que la información allí consignada se tomara como base para el pago de los aportes.

Indicó que los costos y gastos que se pretendan depurar del IBC deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario, pues así era como exigía el artículo 1 del Decreto 510 de 2003, siendo viable que la demandada los verificara en cumplimiento de sus facultades. En ese orden, la interesada debió acreditar ante la UGPP que sus expensas eran necesarias, proporcionales y guardaban relación de causalidad con su actividad productora de renta, y como ello no aconteció tampoco fue posible la depuración del IBC. Precisó que la firmeza de las declaraciones de renta afectaba la situación jurídica ante la DIAN, pero no el proceso de fiscalización de parafiscales, de modo que era deber del aportante acreditar la veracidad de los costos y deducciones que

Precisó que la firmeza de las declaraciones de renta afectaba la situación jurídica ante la DIAN, pero no el proceso de fiscalización de parafiscales, de modo que era deber del aportante acreditar la veracidad de los costos y deducciones que pretendía hacer valer para disminuir su base de cotización. Se abstuvo de condenar en costas debido a que no fueron demostradas en el proceso10. Recurso de apelación La demandante apeló la decisión de primera instancia por lo siguiente11:

7 Citó la sentencia C-578 de 2009. 8 Citó la sentencia del 1 de agosto de 2019, exp 2017-00037-00, C.P. Milton Chaves García y la sentencia del 11 de noviembre de 2021, exp 22018-00316-01, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello 9 Como fundamento de esto, citó las sentencias de la Corte Constitucional C -711 de 2001; C -430 de 2009; y C -898 de

2011. Así como la sentencia del Consejo de Estado del 30 de julio de 2020, exp 2015-00266-01, C.P. Milton Chaves García. 10 Uno de los magistrados presentó su aclaración de voto. Samai del Tribunal. Índice 39. 11 Samai del Tribunal. Índice 42.Radicado: 18001-23-33-000-2018-00175-01 (29604)

Demandante: Elisabet Osorio Canacue

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1. Presunción de costos. Principio de favorabilidad

Demandante: Elisabet Osorio Canacue

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1. Presunción de costos. Principio de favorabilidad Sostuvo que cuando una norma resulte más beneficiosa para el aportante 12, la administración debe acceder a su utilización, por esta razón era viable que le aplicaran el sistema de presunción de costos establecido en la resolución nro. 209 de 2020, que fijó el porcentaje a depurar de la base gravable de los aportes para cada una de las actividades desarrolladas por los obligados, en su caso, la de “Comercio al Por Mayor y al Por Menor; Reparación de Vehículos automotores y motocicletas, Porcentaje de costos respecto de los ingresos”.

2. Base gravable Expuso que, de conformidad con los artículos 15 y 157 de la Ley 100 de 1993 , las personas naturales con capacidad de pago estaban en la obligación de afiliarse al sistema de seguridad social, sin embargo, la base de cotización contenía vacíos que solo fueron aclarados con la Ley 1753 de 2015.

Precisó que el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002 no era aplicable al caso concreto porque allí se regul ó lo referente al IBC de personas que ejecutaran contratos de obra, de arrendamiento o prestación de servicios, consultoría y asesoría; así como tampoco el artículo 3 del Decreto 1070 de 2013, pues exig e el pago de aportes a seguridad social a los independientes que se vincularan mediante un contrato de prestación de servicios, lo cual era distinto a la situación aquí discutida.

asesoría; así como tampoco el artículo 3 del Decreto 1070 de 2013, pues exig e el pago de aportes a seguridad social a los independientes que se vincularan mediante un contrato de prestación de servicios, lo cual era distinto a la situación aquí discutida. Resaltó que con el Decreto 510 de 2003 se le permitió a los independientes con calidad de comerciantes deducir de la base gravable los costos para obtener el resultado de su utilidad y la base gravable. Refirió la aplicación del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, pues aun cuando se tratara de una norma posterior, era viable su observancia para este caso en virtud del principio de favorabilidad13, comoquiera que la base gravable de los aportes se vería considerablemente reducida.

3. Notificaciones y debido proceso Insistió en que la UGPP remitió por correo electrónico el oficio con radicado Nro. 201610350437661, para que la demandante se afiliara al sistema de seguridad social, lo que dejaba en evidencia que la entidad tenía conocimiento de la existencia de esa dirección la cual estaba también registrada en el RUT.

Señaló que la liquidación oficial fue notificada por aviso el día 22 de junio de 2017 debido a que el correo enviado inicialmente en su dirección en Florencia fue devuelto bajo la causal “DEVOLUCIÓN NE”, esto obedecía a que para el desarrollo de su actividad económica debía desplazarse a una finca en el municipio de San Vicente del Caguán, sitio donde permanecía la mayor parte del tiempo y sin acceso a internet. Reiteró que ninguna de las actuaciones previas a la liquidación le fue notificada, lo cual constituía una vulneración al debido proceso y al artículo 703 del Estatuto

Vicente del Caguán, sitio donde permanecía la mayor parte del tiempo y sin acceso a internet. Reiteró que ninguna de las actuaciones previas a la liquidación le fue notificada, lo cual constituía una vulneración al debido proceso y al artículo 703 del Estatuto Tributario, norma que exigía la expedición de un acto previo al de determinación.

12 Mencionó la sentencia del Consejo de Estado. Sección Cuarta, del 23 de noviembre de 2018, exp 22392, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. 13 Invocó la sentencia C-155 de 2004 de la Corte Constitucional.Radicado: 18001-23-33-000-2018-00175-01 (29604)

Demandante: Elisabet Osorio Canacue

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que “En la respuesta del Recurso de Reconsideración radicado ante las oficinas de La unidad, en los antecedentes nombrados, se mencionan todas las actuaciones administrativas proferidas por la entidad, enlistando así el REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN No. RQI -M-2050 del 26 de 2016, el cual fue NOTIFICADO POR AVISO el 25 de octubre de 2016, según radicado UGPP No. 201680013631562; REQUERIMIENTO PARA DECLARAR Y/O CORREGIR No. 2280 del 02 de diciembre de 2016, el cual fue NOTIFICADO POR AVISO del 16 al 20 de enero de 2017.” A su juicio, esa información dejaba en evidencia la indebida notificación, pues ante la imposibilidad de comunicar personalmente las decisiones, lo siguiente era la

02 de diciembre de 2016, el cual fue NOTIFICADO POR AVISO del 16 al 20 de enero de 2017.” A su juicio, esa información dejaba en evidencia la indebida notificación, pues ante la imposibilidad de comunicar personalmente las decisiones, lo siguiente era la publicación por aviso, sin embargo, esta notificación nunca lleg ó a s u correo electrónico, pese que la UGPP contaba con la dirección de residencia y electrónica reportada en el RUT. Según el artículo 565 del Estatuto Tributario, las actuaciones administrativas en materia de impuestos deben entregarse en la última dirección informada por el contribuyente en el RUT, y en esos casos procede la notificación electrónica. Adicionalmente, se debe n agotar todas las formas posibles de notificación al interesado, procedimiento que fue ignorado en este caso por la demandada.

4. IBC Refirió nuevamente el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 y su aplicación por favorabilidad. Además, en virtud de esa disposición, realizó los aportes al sistema de seguridad social, lo que dejaba en evidencia el traumatismo de la indebida notificación del proceso de fiscalización, pues de haber tenido conocimiento del aviso persuasivo hubiera iniciado la normalización inmediata de los pagos.

Así, es viable deducir de la base gravable los costos y gastos incurridos durante el desarrollo de la actividad productora de renta. Al efecto, la demandante ejemplificó el IBC hecho en la demanda con la información de la declaración de renta del año gravable 2015. Indicó que la información de su denuncio privado de renta del 2014 se encontraba en firme porque nunca fue cuestionada por la DIAN. Agregó que fue presentada en el formulario 240 dando cumplimiento de las normas que rigen en materia tributaria.

Indicó que la información de su denuncio privado de renta del 2014 se encontraba en firme porque nunca fue cuestionada por la DIAN. Agregó que fue presentada en el formulario 240 dando cumplimiento de las normas que rigen en materia tributaria. Oposición a la apelación La demandada guardó silencio. Intervención del Ministerio Público El agente del Ministerio Público no se pronunció al respecto. CONSIDERACIONES DE LA SALA Problema jurídico Le corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia de primera instancia que negó la nulidad de la liquidación oficial nro. RDO 2017-01216 del 31 de mayo de 2017 y la resolución nro. RDC 221 del 22 de mayo de 2018, mediante las cuales la UGPP determinó a cargo de la actora los aportes a salud y pensión por los períodos de enero a diciembre de 2014 y la sancionó por omisión.Radicado: 18001-23-33-000-2018-00175-01 (29604)

Demandante: Elisabet Osorio Canacue

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Los reparos a decidir en esta instancia se concretan en: i) la indebida notificación de las actuaciones expedidas por la UGPP; y ii) la base gravable y el reconocimiento costos y gastos. Análisis del caso concreto

1. Notificación de los actos expedidos por la UGPP La demandante señala que no pudo conocer los requerimientos de información y para declarar y/o corregir, como actuaciones previas a la liquidación oficial, y que

Análisis del caso concreto

1. Notificación de los actos expedidos por la UGPP La demandante señala que no pudo conocer los requerimientos de información y para declarar y/o corregir, como actuaciones previas a la liquidación oficial, y que ésta última fue notificada por aviso debido a que el correo enviado a la dirección “CR

8ª No. 9 – 12 Br La Estrella en la Ciudad de Florencia Caquetá” fue devuelto bajo la causal no existe, lo cual obedecía a que para el desarrollo de su actividad económica debía desplazarse hasta una zona rural donde no contaba con acceso a internet. Lo anterior, implicó el desconocimiento al debido proceso, pues según el artículo 703 del Estatuto Tributario, antes de proferirse la liquidación oficial, la administración debía remitir un requerimiento del cual nunca tuvo conocimiento. Para decidir la discusión, se debe tener presente que las partes no discuten que la norma procedimental aplicable era el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012 (modificado por la Ley 1739 de 2014 ), el cual establece que la UGPP está obligada a enviar un requerimiento para declarar y/o corregir que debe ser respondido dentro de los 3 meses siguientes a su notificación. De manera que, “Si el aportante no admite la propuesta efectuada en el Requerimiento para Declarar o Corregir o en el Pliego de Cargos, la UGPP procederá a proferir la respectiva Liquidación Oficial o la Resolución Sanción, dentro de los seis (6) meses siguientes, si hay mérito para ello.” También se advierte que, de conformidad con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, los procedimientos de liquidación oficial a cargo de la UGPP se deben ajustar

siguientes, si hay mérito para ello.” También se advierte que, de conformidad con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, los procedimientos de liquidación oficial a cargo de la UGPP se deben ajustar “a lo establecido en el Estatuto Tributario, Libro V, Títulos I, IV, V y VI”. De esta forma, la demandada debía adelantar el trámite para dar a conocer sus decisiones conforme a los artículos 565 y 568 del Estatuto Tributario. La primera disposición prevé que los requerimientos, la liquidación oficial, entre otr as actuaciones, podrán notificarse de manera electrónica, personalmente o a través de la red oficial de correos o de cualquier servicio de mensajería especializada debidamente autorizada por la autoridad competente. La segunda (modificada por el artículo 58 del Decreto Ley 19 de 2012 ) indica que en caso de devolución del correo por cualquier motivo se deberá notificar por aviso en la página web de la entidad y en un sitio de acceso al público. Precisado lo anterior, se evidencia que, en este caso, la entidad envió el correo de notificación del requerimiento de información 14 y el requerimiento para declarar y/o corregir a la dirección “CR 8 A 9 12 BRRR LA ESTRELLA” en la ciudad de Florencia (Caquetá), la cual coincidía con la reportada en el RUT de la actora15 . Sin embargo, ambos actos administrativos fueron devueltos por la empresa de correo bajo la causal “no existe”, razón por la cual la administración procedió a su publicación mediante aviso. Así, el requerimiento de información notificado por aviso en el portal web y en la cartelera de la entidad desde el 18 de octubre de 2016 hasta

correo bajo la causal “no existe”, razón por la cual la administración procedió a su publicación mediante aviso. Así, el requerimiento de información notificado por aviso en el portal web y en la cartelera de la entidad desde el 18 de octubre de 2016 hasta

14 Antecedentes administrativos. Requerimiento de información. Oficio NOTIFICACIÓN POR CORREO.pdf. 15 PDF demanda. Página 18.Radicado: 18001-23-33-000-2018-00175-01 (29604)

Demandante: Elisabet Osorio Canacue

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el 24 del mismo mes y año 16; mientras tanto, el requerimiento para declarar y/o corregir se public