CE - Sentencia 18001233300020190001401 de 2025

Radicado: 18001-23-33-000-2019-00014-01 (29130)

Demandante: Hernán de Jesús Álvarez Toledo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)

Bogotá, D. C. veintiséis (26) de junio dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 18001-23-33-000-2019-00014-01 (29130)

Demandante: Hernán de Jesús Álvarez Toledo

Demandada: UGPP

Temas: Aportes 2014. Notificación. Trabajador independiente. IBC. Costos y gastos. Sanción por omisión.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 2 6 de enero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión, que determinó2:

Primero: Denegar las pretensiones de la demanda presentada por Hernán de Jesús Álvarez Toledo contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo: Condenar en costas a la parte demandante en favor de la demandada. Por

Parafiscales de la Protección Social - UGPP, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo: Condenar en costas a la parte demandante en favor de la demandada. Por Secretaría liquídense y como agencias en derecho establézcase el 3% de las pretensiones de la demanda. Respecto de las costas por concepto de expensas y honorarios, serán reconocidas en la medida de su comprobación por parte de la Secretaría de este Tribunal.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Previo requerimiento para declarar y/o corregir, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP expidió la Resolución RDO-2017-02692 del 31 de julio de 20173, en la que liquidó a cargo del demandante los aportes en salud y pensión al Sistema de Seguridad Social junto con la sanción por omisión por todos los periodos del año 2014. Contra esta resolución se interpuso recurso de reconsideración, el cual fue resuelto mediante la Resolución RDC-2018-00679 del 26 de julio de 2018 4, que modificó la liquidación oficial, disminuyendo el valor de los aportes y la sanción.

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las siguientes pretensiones5:

1 Ingresó al despacho el 19 de abril de 2023. Samai CE, índice 2. Previamente, con auto del 29 de agosto de 2023 la Sección

siguientes pretensiones5:

1 Ingresó al despacho el 19 de abril de 2023. Samai CE, índice 2. Previamente, con auto del 29 de agosto de 2023 la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. Luego, mediante auto del 20 de mayo de 2024 declaró la falta de competencia y remitió el expediente a la Secretaría de la Sección Cuarta de la Corporación. Mediante auto del 11 de septiembre de 2024, la Sección Cuarta avocó conocimiento del proceso. 2 Samai CE índice 2, folios 1 a 44. 3 Samai CE índice 2, folios 44 a 51. 4 Samai CE índice 2, folios 52 a 69. 5 Samai CE índice 2, folios 3 a 36.Radicado: 18001-23-33-000-2019-00014-01 (29130)

Demandante: Hernán de Jesús Álvarez Toledo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Primera Que se declare la Nulidad del Acto Administrativo contenido en la liquidación oficial No. RDO-2017-02692 proferida el día 31 de julio de 2017, mediante la cual se profiere una sanción por valor de ciento sesenta y ocho millones cuatrocientos ochenta y seis mil seiscientos m/cte ($168.486.600).

Segunda: Que se declare la Nulidad del Acto Administrativo contenido en la Resolución No. RDC-2018-00679 del 26 de julio 2018, notificada por edicto el día 17 de octubre de

Segunda: Que se declare la Nulidad del Acto Administrativo contenido en la Resolución No. RDC-2018-00679 del 26 de julio 2018, notificada por edicto el día 17 de octubre de 2018, por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto el día 07 de octubre de 2017, mediante la cual se profiere una sanción por valor de ciento sesenta y ocho millones cuatrocientos ochenta y seis mil seiscientos m/cte

($168.486.600).

Tercera: En consecuencia y a título de Restablecimiento del Derecho que se declare, que mi poderdante no adeuda suma alguna.

Invocó como normas vulneradas los artículos 107, 565 inciso 2, 638, 714, 730 literal 3, 732 y 734 del Estatuto Tributario; 19 de la Ley 100 de 1993; 135 de la Ley 1753 de 2015 y 1° del Decreto 510 de 2003.

La entidad vulneró los principios de legalidad y debido proceso al notificar por fuera del término legal la resolución que resolvió el recurso de reconsideración. El recurso fue presentado el 07 de octubre de 2017 y, aunque la resolución fue emitida el 26 de julio de 2018, el envío del aviso para acudir a la notificación personal no se realizó a la dirección registrada en el RUT, sino a la dirección de la Defensoría del Pueblo Regional de Caquetá. Por ello, el demandante solo tuvo conocimiento del acto administrativo el 1° de noviembre de 2018, por fuera del plazo de un año previsto en el artículo 732 del ET, configurándose el silencio administrativo positivo y la nulidad de los actos demandados . Consideró que si la citación para notificación

administrativo el 1° de noviembre de 2018, por fuera del plazo de un año previsto en el artículo 732 del ET, configurándose el silencio administrativo positivo y la nulidad de los actos demandados . Consideró que si la citación para notificación personal no se realizó en debida forma, no se habilitaba para la entidad la notificación por edicto, porque no se cumplió con la finalidad de garantizar el debido proceso en el acto de comunicación.

Señaló que la entidad desconoció la naturaleza jurídica del comerciante al aplicarle reglas propias de los trabajadores independientes vinculados mediante contrato de prestación de servicios. De acuerdo con el Código de Comercio, los comerciant es obtienen utilidades y están sujetos a una actividad mercantil formal que implica costos y gastos operacionales, administrativos y financieros. Por tanto, su base de cotización no puede ser el ingreso bruto sino la utilidad líquida obtenida al cierre del ejercicio económico.

Afirmó que, para el año 2014, no existía norma legal que estableciera de forma clara y precisa la base de cotización para los trabajadores independientes con calidad de comerciantes. Si bien con la Ley 1753 de 2015 se introdujeron li neamientos aplicables a los trabajadores independientes, ello no resolvía el vacío jurídico frente a los comerciantes no vinculados por contrato de servicios. Sin embargo, manifestó que el Decreto 510 de 2003 fijó la base de cotización sobre los ingresos efectivamente percibidos, permitiendo la deducción de los costos y gastos para obtener una utilidad neta.

Indicó que el Decreto 1070 de 2013, en su artículo 3, circunscribe la obligación de exigir aportes a seguridad social únicamente a los pagos realizados a personas

obtener una utilidad neta.

Indicó que el Decreto 1070 de 2013, en su artículo 3, circunscribe la obligación de exigir aportes a seguridad social únicamente a los pagos realizados a personas naturales cuyos ingresos provienen de una relación contractual de servicios, sin que dicha obligación se extienda a los comerciantes. Expuso que no pueden ser tratados como contratistas en lo referente a la cotización al Sistema de Seguridad Social, ya que sus márgenes de utilidad son menores. En el caso del demandante , cuya actividad consistía en la comercialización de productos de la canasta familiar como granos y enlatados, el margen de rentabilidad no superaba el 10%, lo que no justifica la aplicación de una base presunta de cotización.Radicado: 18001-23-33-000-2019-00014-01 (29130)

Demandante: Hernán de Jesús Álvarez Toledo

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En consecuencia, el ingreso gravable debía calcularse sobre la utilidad neta mensualizada y aplicar el principio de favorabilidad contenido en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, que permite a los independientes cotizar sobre el 40% de sus ingresos, deduciendo previamente las expensas soportadas.

Finalmente, señaló que su declaración de renta del año 2014 demuestra la realidad económica para el periodo discutido, la cual quedó en firme al no haberse emitido requerimiento alguno por parte de la DIAN dentro del término legal . Por lo tanto, la UGPP no podía desconocer los costos y gastos allí reportados, lo que, a su juicio,

requerimiento alguno por parte de la DIAN dentro del término legal . Por lo tanto, la UGPP no podía desconocer los costos y gastos allí reportados, lo que, a su juicio, invalida la liquidación impugnada.

Contestación de la demanda

La UGPP se opuso a las pretensiones del demandante con los siguientes argumentos6:

Señaló que el actor, en sus respuestas a los requerimientos administrativos, confirmó como dirección de notificación la misma registrada en el RUT, ubicada en la Calle 16 nro. 14 - 71 de Florencia, Caquetá, donde previamente recibió todas las actuaciones, incluida la liquidación oficial. Afirmó que no se indicó una dirección diferente y que, cumpliendo con el artículo 565 del ET, el 30 de julio de 2018 se expidió la citación para notificación personal de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, remitida por correo el 1° de agosto y recibida el 6 de agosto de 2018, conforme se demuestra con la guía de entrega de la empresa 472. Por lo anterior, la notificación de la citación para notificación personal se surtió válidamente y ante la no comparecencia del contribuyente, se procedió a la fijación del edicto.

Indicó que no era aplicable el artículo 732 del E T dado que la Ley 1607 de 2012, modificada por la Ley 1739 de 2014, establec ió un procedimiento especial para la determinación oficial de las contribuciones parafiscales por parte de la UGPP . En ese sentido, no ocurrió el silencio administrativo positivo alegado porque no es una institución aplicable en la determinación de las contribuciones parafiscales, siendo

determinación oficial de las contribuciones parafiscales por parte de la UGPP . En ese sentido, no ocurrió el silencio administrativo positivo alegado porque no es una institución aplicable en la determinación de las contribuciones parafiscales, siendo la regla general el silencio administrativo negativo de acuerdo con el artículo 84 del CPACA.

Expresó que los trabajadores independientes con capacidad de pago, incluidos los comerciantes, tienen la obligación de afiliarse al Sistema de Seguridad Social, según lo previsto en los artículos 15, 17, 19, 157 y 204 de la Ley 100 de 1993, entre otras disposiciones. La obligación de cotizar se encuentra debidamente regulada en la ley, y determinada según la efectiva percepción de ingresos depurados según las reglas del artículo 107 del ET, por ende al acreditarse los ingresos del demandante con la declaración de renta del año 2014, este tenía la obligación de afiliarse y pagar los aportes. Señaló que el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 no podía aplicarse de forma retroactiva, por lo cual la determinación del IBC se realizó con base en las reglas establecidas por la Ley 100 de 1993.

Afirmó que durante la actuación administrativa el demandante fue requerido para aportar la relación de sus ingresos, costos y gastos, junto con los documentos soporte, pero al no remitir la información se tomó el ingreso bruto de la declaración de renta para la determinación de los aportes. Adujo que, en gracia de discusión, si el contribuyente hubiese probado que el 100% de los costos y gastos cumplían con los requisitos del artículo 107 del ET, el IBC seguiría superando los 25 smlmv, por

el contribuyente hubiese probado que el 100% de los costos y gastos cumplían con los requisitos del artículo 107 del ET, el IBC seguiría superando los 25 smlmv, por lo que los valores determinados en las resoluciones demandadas no cambiarían.

6 Samai CE índice 2, folios 2 a 40.Radicado: 18001-23-33-000-2019-00014-01 (29130)

Demandante: Hernán de Jesús Álvarez Toledo

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Finalmente, solicitó no condenar en costas en cuanto en el expediente no obra prueba de su causación y el proceso tiene carácter de interés público. Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Caquetá, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas7, por las siguientes razones:

Sostuvo que la notificación de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración se realizó en debida forma dentro del término legal. Para ello, tuvo en cuenta como pruebas los documentos administrativos que demostraban que todas las actuaciones anteriores, incluyendo la liquidación oficial y la misma resolución que resolvió el recurso, fueron enviadas y recibidas en la dirección Calle 16 nro. 14-71, reportada en el RUT. Además, verificó la guía de entrega del correo certificado, con sello de recepción, que evidenció que la citación se introdujo correctamente al correo el 1° de agosto de 2018 y fue recibida el 6 de agosto del mismo año. Esto permitió establecer el cumplimiento de lo previsto en el artículo

certificado, con sello de recepción, que evidenció que la citación se introdujo correctamente al correo el 1° de agosto de 2018 y fue recibida el 6 de agosto del mismo año. Esto permitió establecer el cumplimiento de lo previsto en el artículo 565 del ET, y la habilitación de la notificación por edicto.

Señaló que la obligación de cotizar al Sistema de Seguridad Social conforme a la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios estaba determinada para el año 2014 y reca ía también sobre los comerciantes con capacidad de pago, condición que se acreditó con el certificado de matrícula mercantil aportado al expediente, en el cual se detallaba que el demandante ejercía actividades comerciales de manera formal y continua durante el año 2014. Adicionalmente, la declaración de renta de ese mismo año evidenció ingresos que superaban los mínimos exigidos para la obligación de aportar, por lo que tenía el deber legal de afiliarse y cotizar.

En cuanto a la base de cotización, consideró que aunque la normativa permite deducir costos y gastos asociados a la actividad económica, esta posibilidad depende de que dichos valores estén debidamente soportados. Así , como el demandante no aportó las pruebas que soportaran la relación detallada de sus ingresos, costos y gastos, en cumplimiento del artículo 107 del ET , validó que la UGPP tomara como referencia los ingresos brutos mensualizados declarados en el impuesto sobre la renta. Asimismo, concluyó que el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 no podía ser aplicable al caso porque se vulnera el principio de irretroactividad.

En consecuencia, la UGPP actuó conforme a derecho y expidió los actos

2015 no podía ser aplicable al caso porque se vulnera el principio de irretroactividad.

En consecuencia, la UGPP actuó conforme a derecho y expidió los actos administrativos con base en las pruebas obrantes en el expediente.

Recurso de apelación

La parte demandante apeló el fallo 8, reiterando que la resolución que resolvió el recurso de reconsideración es nula porque fue notificada de manera extemporánea, pues si bien fue expedida el 26 de julio de 2018, solo fue conocida por el contribuyente el 1° de noviembre del mismo año, cuando ya había transcurrido más del año establecido por los artículos 732 y 734 del ET para resolver y notificar válidamente el acto administrativo.

Señaló que la citación para la notificación personal fue enviada a la dirección Carrera 15 nro. 1427 que correspondía a la Defensoría del Pueblo Regional de Caquetá según se acreditó con el sello y firma de la entidad sobre la citación para notificación personal, y no a la dirección reportada en el RUT del contribuyente en la Calle 16 nro. 14 – 71. Esta circunstancia fue considerada como una vulneración a los artículos 565 y 566 del ET, que establecen la notificación personal como regla

7 Samai CE índice 2, folios 1 a 42. 8 Samai CE índice 2, folios 1 a 50.Radicado: 18001-23-33-000-2019-00014-01 (29130)

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general y el edicto solo como medida subsidiaria cuando se haya agotado correctamente aquella.

Con base en lo anterior, solicitó que se reconociera la ocurrencia del silencio administrativo positivo, ya que la UGPP tenía plazo para notificar la resolución que resolvió el recurso de reconsideración hasta el 07 de octubre de 2018, sin que se haya cumplido con este término legal, y se declare la nulidad del acto administrativo de conformidad con el numeral 3 del artículo 730 del ET.

Alegó que fue indebidamente calificado como trabajador independiente con contrato de prestación de servicios, cuando en realidad es comerciante inscrito ante la Cámara de Comercio. Señaló que los comerciantes no perciben honorarios por servicios personales, sino utilidades, por lo cual no pueden ser aplicadas las normas previstas para trabajadores independientes. Además, insistió en que para el año 2014 la base gravable de los aportes para los independientes – comerciantes no estaba regulada.

La UGPP calculó indebidamente el IBC sobre los ingresos brutos reportados en la declaración de renta, sin considerar los costos y gastos necesarios para la actividad económica. Señaló que esa práctica vulneró el artículo 107 del ET y el Decreto 510 de 2003, que permiten deducir expensas necesarias para determinar el ingreso efectivamente percibido. Solicitó que se aplicara el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, que permite a los independientes cotizar sobre el 40% de sus ingresos, por

de 2003, que permiten deducir expensas necesarias para determinar el ingreso efectivamente percibido. Solicitó que se aplicara el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, que permite a los independientes cotizar sobre el 40% de sus ingresos, por ser una norma favorable para actividades comerciales con márgenes reducidos de utilidad.

Insistió en que su declaración de renta del año 2014 quedó en firme por lo que la UGPP no podía desconocer los costos y gastos allí reportados , so pena de desatender la realidad de sus operaciones en dicho año.

Por todo lo anterior, solicitó la nulidad de los actos administrativos y el levantamiento de la sanción impuesta, ya que para el año 2014 la base de cotización para el caso de los trabajadores independientes en calidad de comerciantes no se encontraba señalada taxativamente.

Pronunciamientos finales

La UGPP consideró que el recurso de apelación debe ser resuelto por la Sección Cuarta del Consejo de Estado por virtud del carácter tributario de las contribuciones parafiscales9. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problemas jurídicos

1Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados atendiendo a los cargos de apelación planteados por la parte demandante, en calidad de apelante único, contra la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas. En concreto corresponde determinar (i) si la UGPP notificó de forma indebida la resolución que resolvió el recurso de reconsideración; (ii) si existía

la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas. En concreto corresponde determinar (i) si la UGPP notificó de forma indebida la resolución que resolvió el recurso de reconsideración; (ii) si existía para el año 2014 la obligación de efectuar aportes al Sistema de Seguridad Social por parte de los trabajadores independientes en calidad de comerciantes ; (ii i) si procede el reconocimiento de costos y gastos declarados en el impuesto sobre la renta; (iv) si se debe aplicar el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 en la determinación de los aportes a cargo del demandante en los periodos discutidos; y (iii) si procede la imposición de la sanción por omisión.

9 Samai CE índice 10, folios 1 a 5.Radicado: 18001-23-33-000-2019-00014-01 (29130)

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Análisis del caso concreto

2El demandante adujo como argumento de apelación que los actos demandados son nulos porque la notificación de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración fue extemporánea e invalida, pues no se surtió dentro del término de un año previsto en el artículo 732 del ET. S ostiene que la citación para notificación personal fue recibida por la Defensoría del Pueblo Regional de Caquetá y no directamente en la dirección informada en el RUT, lo que impidió tener conocimiento efectivo del contenido de la resolución.

notificación personal fue recibida por la Defensoría del Pueblo Regional de Caquetá y no directamente en la dirección informada en el RUT, lo que impidió tener conocimiento efectivo del contenido de la resolución.

Las reglas de notificación de las actuaciones proferidas por la UGPP son las contenidas en el ET por virtud de la remisión del artículo 156 de la Ley 1151 de

2007. Así las cosas, se tiene que, el artículo 565 del ET prevé que ciertos actos administrativos y actuaciones de la administración deben notificarse de manera electrónica, personalmente o a través de la red oficial de correos o de cualquier servicio de mensajería especializada autorizada. Y, establece con relación a las providencias que deciden los recursos que «se notificarán personalmente, o por edicto si el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no com pareciere dentro del término de los diez (10) días siguientes, contados a partir del día siguiente de la fecha de introducción al correo del aviso de citación. En este evento también procede la notificación electrónica».

En el caso bajo análisis, consta en los documentos obrantes en el proceso que la UGPP remitió la citación para notificación personal de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración a la dirección Calle 16 nro. 14-71 de Florencia, Caquetá, la cual corresponde a la registrada en el RUT por el demandante, según guía de mensajería nro. 10236799, en donde costa que se remitió el documento RDC-201800679 y fue recibido en la fecha 6 de agosto de 2018 por Wilson Diaz10. Además, según indicó la UGPP y se comprueba en los antecedentes administrativos11 fue la

00679 y fue recibido en la fecha 6 de agosto de 2018 por Wilson Diaz10. Además, según indicó la UGPP y se comprueba en los antecedentes administrativos11 fue la dirección en donde todas las actuaciones previas a la resolución que resolvió el recurso de reconsideración fueron notificadas y recibidas por el contribuyente, sin cuestionamiento sobre su validez.

Por otro lado, mediante este mismo documento la entidad demostró que la citación para notificación personal fue enviada el 1° de agosto de 2018 mediante la empresa certificada de correo 472 y que fue recibida el 6 de agosto del mismo año12. En ese sentido, el hecho de que obre en el expediente un documento que contiene la citación con un sello de recibido de la Defensoría del Pueblo Regional de Caquetá no desvirtúa las pruebas aportadas por la entidad en relación con la debida entrega de dicha citación por medio de la empresa de correo habilitada legalmente a la dirección informada en el RUT, ni constituye prueba suficiente para soportar el envío a una dirección errada . La manifestación de que la notificación fue recibida por la Defensoría del Pueblo, carece de la entidad probatoria necesaria para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos.

Por el contrario, la existencia de la guía de entrega de la empresa 472, en la que consta que la citación fue remitida y entregada con firma de recibido a la dirección registrada en el RUT, Calle 16 nro. 14 – 71, es prueba suficiente de que fue remitida a la dirección autorizada por el propio contribuyente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 565 del ET. Por ello, al no comparecer el interesado en el término legal para surtirse la notificación personal, la entidad procedió a notificar por

a la dirección autorizada por el propio contribuyente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 565 del ET. Por ello, al no comparecer el interesado en el término legal para surtirse la notificación personal, la entidad procedió a notificar por edicto la resolución en debida forma. No prospera el cargo de apelación. 3El demandante alegó que su calidad de comerciante fue indebidamente asimilada a la de un trabajador independiente con contrato de prestación de servicios,

10 La guía de entrega se encuentra en Samai CE índice 2, folio 1. 11 Samai CE índice 2, CD 2. 12 Samai CE índice 2, folio 1.Radicado: 18001-23-33-000-2019-00014-01 (29130)

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situación que desconoce su actividad mercantil y le impone cargas parafiscales indebidas. Y que para el año 2014 no se encontraba regulada la base gravable para la determinación de los aportes a su cargo. Al respecto en el año 2014 el demandante registró en su declaración de renta y en el RUT, la actividad económica 4711 «Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco». Por ello, se concluye que sí realizó actividades como trabajador independiente, puesto que según la interpretación realizada por la Corte Constitucional en la sentencia C-578 de 200913, la expresión trabajadores independientes incluye a todas las personas

se concluye que sí realizó actividades como trabajador independiente, puesto que según la interpretación realizada por la Corte Constitucional en la sentencia C-578 de 200913, la expresión trabajadores independientes incluye a todas las personas económicamente activas dentro de los cuales se encuentran los trabajadores independientes por cuenta propia no vinculados mediante contrato de prestación de servicios y los rentistas de capital.

Ahora, en relación con la base de cotización para calcular los aportes a los subsistemas de salud y pensión de los trabajadores independientes por cuenta propia que no están vinculados mediante contrato de prestación de servicios, como el demandante, la Sección 14 indicó que en el año 2014 existía normativa que establecía la obligación de cotizar para este tipo de trabajadores, así como la determinación de su base gravable15.

3.1Con relación al subsistema de pensión, el artículo 15 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 3 de la Ley 797 de 2003, establece que serán afiliados en forma obligatoria al Sistema General de Pensiones, entre otros, los trabajadores independientes16 y su IBC deberá corresponder a los ingresos efectivamente percibidos y no inferior al salario mínimo17, de tal manera que aquellos que posean capacidad económica suficiente, efectúen los aportes de solidaridad previstos en esta ley. Asimismo, prevé que para verificar los aportes de estos trabajadores, podrán efectuarse cruces con la información de las autoridades tributarias. En similar sentido, el artículo 19 ibidem , modificado por el artículo 6 de la Ley 797 de 2003, regula la base de cotización de los trabajadores independientes no vinculados mediante contrato de trabajo, contrato de prestación de servicios o servidores

similar sentido, el artículo 19 ibidem , modificado por el artículo 6 de la Ley 797 de 2003, regula la base de cotización de los trabajadores independientes no vinculados mediante contrato de trabajo, contrato de prestación de servicios o servidores públicos, al señalar que cotizarán sobre los ingresos que declaren ante la entidad a la cual se afilien, guardando correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos.

El ejecutivo reglamentó el artículo 3 de la Ley 797 de 200318, y mediante el parágrafo del artículo 1.° del Decreto 510 de 2003, dispuso que «se entienden por ingresos efectivamente percibidos por el afiliado, aquellos que él mismo recibe para su beneficio personal. Para este efecto, podrán deducirse las sumas que el afiliado recibe y que debe erogar para desarrollar su actividad lucrativa en las mismas condiciones previstas por el artículo 107 del Estatuto Tributario». Al respecto se ha tenido el criterio 19 que si bien la citada norma hace referencia inicialmente a «las personas naturales que prestan directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios o cualquier otra modalidad de servicios que adopten», no se puede desconocer que el propósito del mismo fue reglamentar el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, el cual refiere a todos los trabajadores independientes, incluidos los rentistas de capital y por cuenta propia según la interpretación constitucional.

13 Sentencia C-578 de 2009, MP. Juan Carlos Henao Pérez. 14 Sentencias del 14 de septiembre de 2023 (exp. 26001, MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello ), del 28 de septiembre de

13 Sentencia C-578 de 2009, MP. Juan Carlos Henao Pérez. 14 Sentencias del 14 de septiembre de 2023 (exp. 26001, MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello ), del 28 de septiembre de 2023 (exp. 26706, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto) y del 09 de mayo de 2024 (exp. 26207, MP. Wilson Ramos Girón). 15 Sentencia del 11 de noviembre de