CE - Sentencia 18001233300020190002201 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Radicación: 180012333000201900022 01 (69326)

Demandante: DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

Demandada: VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA

Tema: Medio de control de repetición . Régimen jurídico aplicable Ley 678 de 2001. Se acreditó la culpa grave del agente. Condena.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda da contra la sentencia del 14 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SINTESIS DEL CASO

José Antonio Silva Malagón, quien al momento de los hechos que fundamentan la demanda era jefe del esquema de seguridad de Víctor Isidro Ramírez Loaiza, Gobernador del Caquetá, presentó demanda de reparación directa contra dicho departamento, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable de las lesiones físicas sufridas como consecuencia del accidente de tránsito acaecido el 24 de marzo de 2012, cuando se desplazaban en un vehículo particular, conducido por el mandatario departamental . Mediante sentencia del 19 de diciembre de 2016 , el Tribunal Administrativo del Caquetá accedió a las

el 24 de marzo de 2012, cuando se desplazaban en un vehículo particular, conducido por el mandatario departamental . Mediante sentencia del 19 de diciembre de 2016 , el Tribunal Administrativo del Caquetá accedió a las pretensiones y condenó a l ente territorial a pagar perjuicios materiales e inmateriales a favor del señor Silva Malagón.

Como el Departamento del Caquetá fue condenado en el proceso referido y afirma que pagó una indemnización por tal concepto, presentó demanda en ejercicio del medio de control de repetición en contra de Víctor Isidro Ramírez Loaiza, señalando que debía reembolsarle dicho dinero, pues había sido el servidor público que con2

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su actuar gravemente culposo incidió en la producción del daño antijurídico por el cual fue condenado el ente territorial.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 7 de marzo de 20191-2, el Departamento del Caquetá mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de repetición, presentó demanda en contra de Víctor Isidro Ramírez Loaiza , para que se le declarara patrimonialmente responsable del pago de $1.351.386.959 a José Antonio Silva Malagón , realizado en cumplimiento de la condena que le impuso el Tribunal Administrativo del Caquetá mediante sentencia del 19 de diciembre de 2016.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 24 de marzo de 2012, el entonces g obernador Víctor Isidro Ramírez Loaiza y el suboficial de la

mediante sentencia del 19 de diciembre de 2016.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 24 de marzo de 2012, el entonces g obernador Víctor Isidro Ramírez Loaiza y el suboficial de la Policía Nacional, José Antonio Silva Malagón, quien fuera jefe del esquema de seguridad del mandatario departamental, se desplazaron en un vehículo particular de Florencia (Caquetá) a Neiva (Huila), arribando a su destino a las 5:30 a.m. y concluyendo labores oficiales a la 1:00 p.m.

Señala que luego de ello, el gobernador del Caquetá se dispuso a ingerir bebidas alcohólicas hasta las 5:00 p.m., momento en que decid ió conducir el vehículo, ocasionando un accidente automovilístico en inmediaciones del municipio de Natagaima (Tolima).

Aduce que en dicho siniestro el señor Silva Malagón, pasajero del automotor, resultó gravemente herido, determinándosele una pérdida de capacidad laboral del 56,68%.

1 Fl. 1 a 23, C. 1. Expediente Digital Repetición. 2 El 14 de agosto de 2019, la parte actora reformó la demanda, respecto de algunos hechos y pruebas (Fl. 187 a 200, C. 1. Expediente Digital Repetición ). Mediante auto del 4 de octubre de 2019, el Tribunal Administrativo del Caquetá admitió la reforma a la demanda (Fl. 203, C. 2. Expediente Digital Repetición).3

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Repetición).3

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Sostiene que , en virtud de lo anterior, José Antonio Silva Malagón presentó demanda de reparación directa contra el Departamento del Caquetá , con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable de las lesiones físicas que sufrió como consecuencia del accidente de tránsito ocasionado por culpa de Víctor Isidro Ramírez Loaiza.

Aduce que, mediante sentencia del 30 de septiembre 2015 , el Juzgado 3º Administrativo de Florencia declaró la responsabilidad de la entidad territorial y la condenó al pago de perjuicios materiales e inmateriales a favor de José Antonio Silva Malagón.

Afirma que, en fecha indeterminada, el Departamento del Caquetá impugnó dicha decisión y el 19 de diciembre de 2016 el Tribunal Administrativo del Caquetá, confirmó el fallo de primera instancia.

Atendiendo a que el Departamento de Caquetá , afirma haber pagado una indemnización por tal condena, presentó demanda en ejercicio del medio de control de repetición contra Víctor Isidro Ramírez Loaiza, pues considera que fue el servidor público que con su actuar gravemente culposo incidió en la producción del daño antijurídico por el cual fue condenado el ente territorial demandante.

Textualmente señala en la demanda: “El señor Víctor Isidro Ramírez Loaiza, es responsable a título de culpa grave, por las lesiones sufridas por el señor José Antonio Silva Malagón, mientras prestaba sus servicios como escolta del

Textualmente señala en la demanda: “El señor Víctor Isidro Ramírez Loaiza, es responsable a título de culpa grave, por las lesiones sufridas por el señor José Antonio Silva Malagón, mientras prestaba sus servicios como escolta del gobernador, en el accidente de tránsito ocurrido el 24 de marzo de 2012, cuando el ex mandatario conducía un vehículo particular en estado de embriaguez por la carretera que de la ciudad de Neiva conduce al municipio de Natagaima, hecho que generó la condena al Departamento del Caquetá al ser declarado administrativa y patrimonialmente responsable de dichas lesiones por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por falla en el servicio probada (…) se evidencia entonces que la conducta gravemente culposa del señor Víctor Isidro Ramírez Loaiza ocasionó la condena impuesta al Departamento del Caquetá”.4

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2. Contestación

El 4 de abril de 20193, el Tribunal Administrativo del Caquetá admitió la demanda y ordenó su notificación al demandado y al ministerio público.

2.1. Víctor Isidro Ramírez Loaiza a través de apoderado4, se opuso a las pretensiones de la demanda, indicando que el Departamento del Caquetá no acreditó que actuó con dolo y/o culpa grave.

3. Audiencia inicial

El 12 de febrero de 20205 el Tribunal Administrativo del Caquetá celebró la audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

3. Audiencia inicial

El 12 de febrero de 20205 el Tribunal Administrativo del Caquetá celebró la audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, esto es, el objeto del litigio señaló que se circunscribiría a determinar “si la conducta del demandado, que dio origen a la condena por la que se repite, le es imputable a título de culpa grave”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 13 de noviembre de 20206 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. El Departamento del Caquetá 7 reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Adicionalmente, sostuvo que al realizar el análisis de los medios de prueba se podía evidenciar que todos los requisitos para la prosperidad del medio de control de repetición estaban satisfechos.

3 Fl. 141 a 150, C. 1. Expediente Digital Repetición. 4 Fl. 162 a 167, C. 1. Expediente Digital Repetición. 5 Fl. 215 a 220, C. 2. Expediente Digital Repetición. 6 Archivo “ED_DRIVETRIB_29AUTOINCORPORAPRUEB”, índice 2, Samai. Consejo de Estado. 7 Archivo “ED_DRIVETRIB_33ALEGATOSDEPARTAMEN”, índice 2, Samai. Consejo de Estado.5

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4.2. Víctor Isidro Ramírez Loaiza 8 reiteró que no se probó una conducta dolosa o gravemente culposa de su parte, en tanto no se logró establecer que este conducía en estado de embriaguez al momento del accidente ocurrido el 24 de marzo de 2012.

4.3. E l ministerio público9 solicitó acceder a las pretensiones de la demanda, al estimar que los testimonios recaudados daban cuenta del actuar gravemente culposo del mandatario departamental , quien luego de ingerir bebidas alcohólicas durante cuatro horas, condujo un automotor, violando con su conducta el deber objetivo de cuidado.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 14 de septiembre de 202210 el Tribunal Administrativo de l Caquetá accedió a las pretensiones de la demanda, al constatar que la conducta del demandado había sido gravemente culposa al conducir un vehículo automotor en estado de embriaguez y con exceso de velocidad.

Al efecto, sostuvo que : “lo que resulta definitorio del sub judice es la acreditación que pueda predicarse del hecho afirmado por la demandante en el sentido de que el demandado condujo el vehículo bajo efecto de bebidas embriagantes. Respecto del hecho de si el ciudadano Víctor Isidro Ramírez Loaiza se encontraba en estado de embriaguez al conducir el vehículo y en el momento del accidente, encuentra la Sala dos conjuntos de elementos probatorios de sentido contrario: uno que respalda la versión de la parte actora y otro que se dirige a desvirtuarla. Sin embargo, la

de embriaguez al conducir el vehículo y en el momento del accidente, encuentra la Sala dos conjuntos de elementos probatorios de sentido contrario: uno que respalda la versión de la parte actora y otro que se dirige a desvirtuarla. Sin embargo, la fuerza de convicción que cad a uno de ellos ostenta no es, palmariamente, equiparable: mientras que las pruebas demostrativas del estado de embriaguez en que se encontraba el señor Víctor Isidro Ramírez Loaiza para el 24 de marzo de 2012 son coherentes y consistentes entre sí, las que esgrime la demandada para esquivar su responsabilidad no satisfacen esas condiciones, altamente relevantes

8 Archivo “ED_DRIVETRIB_32ALEGATOSDEMANDADO”, índice 2, Samai. Consejo de Estado. 9 Archivo “ED_DRIVETRIB_34CONCEPTOMINISTERIO”, índice 2, Samai. Consejo de Estado. 10 Archivo “ED_DRIVETRIB_36SENTENCIAPRIMERAP”, índice 2, Samai. Consejo de Estado.6

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en sede de valoración probatoria (…) concluye la Sala que la prueba, tanto documental cuanto testimonial -que coinciden entre sí y efectivamente, el accidente se produjo por cuanto el demandado manejaba el vehículo automotor estando embriagado. En suma, se acreditó probatoriamente que el señor Víctor Isidro Ramírez Loaiza, cuando se desempeñaba como Gobernador del Departamento de Caquetá, asumió la ejecución de una actividad peligrosa (conducción de un vehículo

Ramírez Loaiza, cuando se desempeñaba como Gobernador del Departamento de Caquetá, asumió la ejecución de una actividad peligrosa (conducción de un vehículo automotor) bajo los efectos del alcohol, y a alta velocidad, condiciones bajo las cuales aumentó las probabilidades de la ocurrencia de un accidente que tuvo como resultado daños materiales y le siones a las personas que lo acompañaban. Tal comportamiento constituye culpa grave, con lo que se completan los ya señalados presupuestos de la condena en sede de repetición”.

En la parte resolutiva el a quo condenó a Víctor Isidro Ramírez Loaiza a pagar la suma de $1’383.942.728,30 a favor del Departamento del Caquetá.

6. Recurso de apelación

El 11 de octubre de 202211, el demandado interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 25 de octubre de 202212 y admitido el 14 de diciembre de 202213.

6.1. El accionado reiteró que la entidad demandante no probó una conducta gravemente culposa, pues no existe prueba fehaciente que dé cuenta que este condujo en estado de embriaguez. Adicionalmente, aseguró que de las sentencias de reparación directa no podía predicarse una culpa grave del funcionario.

Afirmó que “El Tribunal Administrativo del Caquetá en el fallo de primera instancia omitió que la norma exige obligatoriamente que para determinar el estado de embriaguez se requiere una prueba única, idónea, conducente, pertinente y útil preestablecida en la ley y normas concordantes (…) para determinar el estado de embriaguez alcohólica se debe determinar por ‘prueba de alcoholemia’ o por ‘examen

preestablecida en la ley y normas concordantes (…) para determinar el estado de embriaguez alcohólica se debe determinar por ‘prueba de alcoholemia’ o por ‘examen

11 Archivo “ED_DRIVETRIB_38RECURSOAPELACIONP”, índice 2, Samai. Consejo de Estado. 12 Archivo “ED_DRIVETRIB_41CONCEDERECURSO”, índice 2, Samai. Consejo de Estado. 13 Archivo “AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION”, índice 4, Samai. Consejo de Estado.7

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clínico’ (…). El supuesto estado de embriaguez no fue acreditado en el proceso sub iudice. La doctora Sandra Patricia Morales Méndez, le realizó el examen clínico al señor Víctor Isidro Ramírez, pero no determinó si el día de los hechos estaba en estado de embriaguez. Así lo afirmó también en varias declaraciones ante diferentes autoridades. La entidad demandante no pudo probar el elemento ‘d) la culpa grave o el dolo en cabeza del demandado’, por falta de prueba de embriaguez y porque ello no se puede deducir por la existencia de un fallo de reparación directa. Debe tener en cuenta su señoría que las sentencias por si solas no tienen la virtud de probar la culpa grave del demandado”.

7. Trámite en segunda instancia

El Despacho no corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, puesto que de conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el numeral 5° del artículo 67 de la Ley

El Despacho no corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, puesto que de conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el numeral 5° del artículo 67 de la Ley 2080 del 2021 14, no se decretaron pruebas en segu nda instancia. Asimismo, se advierte que en esta instancia del proceso el ministerio público 15 rindió concepto y consideró que debía confirmarse la sentencia de primera instancia, pues “ se probó que el exgobernador, en ejercicio de una actividad peligrosa volcó un vehículo sin explicación razonable alguna, con el agravante de haberlo hecho en estado de embriaguez, lo cual originó el accidente de tránsito, que causó los daños que dieron lugar a la condena por la demanda de reparación”.

14 De conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 del 2021. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. “El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso […]”.

para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso […]”. 15 Archivo “CONCEPTO0182023”, índice 11, Samai. Consejo de Estado.8

Radicado: 180012333000201900022 01 (69326)

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III. CONSIDERACIONES

1. Jurisdicción y competencia

La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adsc ritos a esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) 16 y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 200117.

En punto a la competencia del medio de control de repetición, esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 14 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, puesto que la cuantía supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de repetición tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación 18, de acuerdo

Tribunal Administrativo del Caquetá, puesto que la cuantía supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de repetición tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación 18, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011.

16 Artículo 142. “Repetición. Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex serv idor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado. La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública. Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones e n el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño.” 17 Artículo 7. “Jurisdicción y Competencia. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de la acción de repetición.” 18 En el caso bajo estudio la pretensión del medio de control de repetición se estimó en la suma de $1’129.707.323,44 la cual supera los 500 SMLMV para el año en que se presentó la demanda, pues en el año 2019 el SMLMV ascendía a la suma de $828.116, de ahí que 500 SMLMV correspondían a $414.058.000.9

en el año 2019 el SMLMV ascendía a la suma de $828.116, de ahí que 500 SMLMV correspondían a $414.058.000.9

Radicado: 180012333000201900022 01 (69326)

Demandante: Departamento del Caquetá

2. Medio de control procedente

De conformidad con la definición del artículo 2º de la Ley 678 de 2001 19, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política20, el medio de control de repetición es una acción de carácter patrimonial que se ejerce contra el servidor, ex servidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto.

En este caso el medio de control procedente es el de repetición, porque se solicita declarar a Víctor Isidro Ramírez Loaiza patrimonialmente responsable del pago de $1.351.386.959, realizado en cumplimiento de la sentencia del 19 de diciembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá.

3. Vigencia del medio de control

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal21.

19 “Artículo 2. Acción de repetición. La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su

tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal21.

19 “Artículo 2. Acción de repetición. La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimie nto indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial […]”. 20 La Constitución de 1991 en su artículo 90 elevó a rango constitucional la acción de repetición, al disponer que “[e]n el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 21 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales. Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguien te: “es necesario entender que la caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter de irrenunciabilidad, com o se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad actúa al verificarse el

de irrenunciabilidad, com o se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad actúa al verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó10

Radicado: 180012333000201900022 01 (69326)

Demandante: Departamento del Caquetá

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 22, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 23, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252. 22 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del c onglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”

esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.” 23 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Rad.: 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dent ro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la e stabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos11

Radicado: 180012333000201900022 01 (69326)

Demandante: Departamento del Caquetá

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el oper ador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, res ultando como una sanción ipso iure 24 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún

limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, res ultando como una sanción ipso iure 24 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia25, cuya consecuencia, por demandar más allá d el tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 201226, le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)27. En estos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los tér minos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se rigen por las leyes vigentes cuando se interpusieron los

24 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto

así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 25 Corte Constitucional. Sentencia C -574 de 1998: “… [ s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la cadu