CE - Sentencia 18001233300020200004002 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 18001-23-33-000-2020-00040-02 (4190-2024)

Demandante : Gloria Mariño Quiñones

Demandada : Nación – Rama JudicialDirección Ejecutiva de Administración Judicial Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho Tema : bonificación por compensación.

Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demand ada contra la sentencia del catorce (14) de junio de dos mil veinticuatro (2024), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, declaró probada la prescripción trienal y condenó en costas.

ANTECEDENTES

1. Demanda1.

1.1. Pretensiones.

Gloria Mariño Quiñones, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimi ento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de solicitar ; la nulidad del Oficio DESAJNEO 19433 del 8 de febrero de 2019 y del acto ficto configurado con el recurso de apelación

1 Expediente digital cuaderno principal.2

Administrativo (CPACA), con el fin de solicitar ; la nulidad del Oficio DESAJNEO 19433 del 8 de febrero de 2019 y del acto ficto configurado con el recurso de apelación

1 Expediente digital cuaderno principal.2

Interno: 4190-2024

Demandante: Gloria Mariño Quiñonez

Demandada: Rama JudicialDirección Ejecutiva de Administración Judicial

del 28 de febrero de 2019, por medio d e la cual le niegan la reliquidación de la bonificación por compensación.

A título de restablecimiento , solicitó la reliquidación de la bonificación por compensación; el pago de las diferencias de la remuneración; el reconocimiento de los aportes de pensió n por ser factor salarial para pensiones; la actualización de la condena conforme al IPC y condenar en costas.

Hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda:

La actora se desempeñó como magistrada de la sala disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Florencia - Caquetá, por el periodo del 16 de abril de 2012 al 5 de octubre de 2016.

Expuso que, mediante la Ley 4ª de 1992, se estableció el marco del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos y Magistrados y Jueces de la República y con base en los lineamientos de la anterior disposición legal, mediante el Decreto 610 de 1998, se estableció una bonificación por compensación para los funcionarios de la Rama Judicial.

Enfatizó que, con la expedición del Decreto 4040 del 3 de diciembre de 2004, se cambió la denominación de “bonificación por compensación” por “bonificación de gestión judicial”

Rama Judicial.

Enfatizó que, con la expedición del Decreto 4040 del 3 de diciembre de 2004, se cambió la denominación de “bonificación por compensación” por “bonificación de gestión judicial” para los magistrados de tribunal y otros funcionarios de igual categoría, con carácter permanente que sumada a la asignación básica y demás ingresos laborales igualara el setenta (70%) de lo que, por todo concepto devengarán los magistrados de Altas Cortes.

Con el Decreto 1102 del 24 de mayo de 2012, dispuso que, a partir del 27 de enero de 2012, la bonificación por compensación que venían percibiendo los magistrados de tribunal equivale a un valor del ochenta (80%) de lo que por todo concepto devenguen anualmente los magistrados de las Altas Cortes.

Precisó que, solicitó a la dirección ejecutiva seccional de administración judicial, la reliquidación de la bonificación por compensación, sin embargo, le fue negada mediante Oficio DESAJNEO 19-433 del 8 de febrero de 2019 y el recurso de apelación3

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que interpuso contra esta decisión no fue decidido por la demandada, configurándose el silencio administrativo negativo.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

Señaló que, los actos demandados vulneran la Constitución Política, artículos 2 y 53; la ley 4ª de 1992, artículo 15 y los Decretos 610 de 1998 y 1102 de 2012.

Señaló que, los actos demandados vulneran la Constitución Política, artículos 2 y 53; la ley 4ª de 1992, artículo 15 y los Decretos 610 de 1998 y 1102 de 2012.

Fundamenta el concepto de violación en lo previsto en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, el Decreto 610 de 1998 y la sentencia de la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, radicado 250002325000201000246-02, por medio de las cuales se puede establecer que, para el cálculo de la bonificación por compensación se deben incluir todos los factores salariales que perciban los magistrados, incluyendo las cesantías y demás prestaciones que devengan los congresistas, pues estas sirven de base para liquidar la prima especial de servicios. Mencionó que , a pesar de estos parámetros, la Administración Judicial pagó su remuneración sin considerar el pago de cesantías que sí reciben los congresistas, lo que implicó una liquidación incompleta de la bonificación por compensación, que afectan sus derechos constitucionales, especialmente en cua nto a la igualdad y al pago justo por su trabajo.

Puntualizó que, la negativa para la reliquidación se fundamentó en la ausencia de certificado de disponibilidad presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda, lo cual es cuestionado jurídicamente pues implica una omisión del Estado, por ello, considera que, los actos administrativos fueron expedidos con violación de las normas constitucionales y legales.

2. Contestación de la demandaNación - Rama Judicial2.

Se opuso a las pretensiones de la demanda, toda vez que, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ha realizado los pagos conforme a las directrices del Ministerio

2. Contestación de la demandaNación - Rama Judicial2.

Se opuso a las pretensiones de la demanda, toda vez que, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ha realizado los pagos conforme a las directrices del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En el caso específico de la demandante, no tiene derecho a recibir retroactivamente el 80% de lo que perciben íntegramente los

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Demandante: Gloria Mariño Quiñonez

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Magistrados de las Altas Cortes, ya que los efectos de la sentencia de nulidad tienen carácter prospectivo hacia el futuro, sin efectos retroactivos.

Aclara que , el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no forman parte del Gobierno Nacional, esta última es quien expide los decretos, según el artículo 115 inciso 2º de la Constitución Política.

Precisa que, el Consejo Superior de la Judicatura pertenece a los organismos que administran justicia (artículo 116), es decir, a la Rama Judicial, y por ello está obligado a cumplir los mandatos establecidos por la entidad del nivel ejecutivo del orden nacional, sin poder modificarlos.

Propone excepciones de pago de la obligación; cobro de lo no debido; inexistencia de la obligación, ausencia de causa petendi y prescripción.

1. Sentencia de primera instancia3.

La Sala transitoria del Tribunal Administrativo del Valle, mediante sentencia del catorce (14) de julio de dos mil veinticuatro (2024), expuso:

1. Sentencia de primera instancia3.

La Sala transitoria del Tribunal Administrativo del Valle, mediante sentencia del catorce (14) de julio de dos mil veinticuatro (2024), expuso: “PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de “Prescripción trienal” formulada por la parte demandada, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DEC LARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) Oficio DESAJNEO19-433 del 08 de febrero de 2019; (i) acto ficto configurado ante el silencio de la administración frente al recurso de apelación interpuesto contra el primer acto administrativo citado.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, se condena a la parte demandada a reconocer y pagar en favor de la señora Gloria Mariño Quiñonez identificada con C.C. No. 63.306.119, las diferencias que surjan de la reliquidación de la bonifica ción por compensación considerando el auxilio de cesantías devengado por un Congresista dentro del cálculo de lo que por todo concepto devengue anualmente un Magistrado de Alta Corte, sobre el cual se debe aplicar el tope del 80%.

En concordancia con lo pr evisto en la sentencia del Consejo de Estado SUJ -016CE-S22019 del 02 de septiembre de 2019, cuya aplicación es vinculante, la parte demandada deberá tener en cuenta que el reconocimiento ordenado en la presente providencia, no podrá en ningún caso lleva r a superar el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte, que como ya se precisó, es igual a lo que por todo concepto reciben los Congresistas, incluido el auxilio de cesantías.

anualmente los Magistrados de Alta Corte, que como ya se precisó, es igual a lo que por todo concepto reciben los Congresistas, incluido el auxilio de cesantías.

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Demandante: Gloria Mariño Quiñonez

Demandada: Rama JudicialDirección Ejecutiva de Administración Judicial

De manera que, para efectos del cump limiento de la condena, a la parte demandada le corresponderá revisar que, con motivo de la reliquidación de la bonificación por compensación ordenada, no se supere el límite del 80% determinado por el Gobierno Nacional en el artículo 1 del Decreto 1102 de 2012. (…) QUINTO: Condenar en costas de primera instancia a la parte demandada, en los términos indicados en la parte motiva de esta providencia”.

Señaló que, de acuerdo con la certificación del 30 de agosto de 2018, demostró que la actora se desempeñó en el cargo de Magistrada del Despacho 2 de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura en Florencia – Caquetá entre el 16 de abril de 2012 y el 05 de octubre de 2016. Durante este período, reclamó la reliquidación de la bonificación por com pensación, solicitando que dentro del cálculo de la misma se incluyeran los ingresos anuales permanentes percibidos por los Congresistas, incluyendo específicamente el auxilio de cesantías.

Conforme al régimen laboral aplicable desde el 27 de enero de 20 12, establecido en el Decreto 1102 de 2012, la bonificación por compensación para Magistrados de

Congresistas, incluyendo específicamente el auxilio de cesantías.

Conforme al régimen laboral aplicable desde el 27 de enero de 20 12, establecido en el Decreto 1102 de 2012, la bonificación por compensación para Magistrados de Tribunal y sus equivalentes que sumado s a la asignación básica y demás ingresos laborales iguales el 80% de lo que reciben anualmente los Magistrados de las Al tas Cortes.

Determinó que, el auxilio de cesantías devengado por un Congresista debe incluirse dentro de los ingresos laborales anuales que se toman como base para calcular la bonificación por compensación de los Magistrados de Alta Corte, con fundamento en la interpretación c onjunta del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 y el artículo 2º del Decreto 10 de 1993, y la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Por lo anterior, ordenó reconocer y pagar a favor de la actora las diferencias que surjan de la reliquidación de la bonificaci ón por compensación. Para ello, debe tomar en cuenta el auxilio de cesantías devengado por un Congresista dentro del cálculo de los ingresos anuales totales de un Magistrado de Alta Corte, aplicando un límite máximo del 80% de dichos ingresos anuales para el pago de la bonificación.6

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Por otra parte, en cuanto a la prescripción trienal estableció que la demandante laboró como Magistrada de Consejo Seccional desde el 16 de abril de 2012 hasta el 5 de

Por otra parte, en cuanto a la prescripción trienal estableció que la demandante laboró como Magistrada de Consejo Seccional desde el 16 de abril de 2012 hasta el 5 de octubre de 2016. Y que p resentó la reclamación administrativa el 23 de octubre de 2018, es decir fuera del plazo de tres años desde el inicio de la relación laboral, por lo que las sumas causadas antes del 23 de octubre de 2015 están prescritas.

Finalmente, sobre la condena en costas, señaló que, la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021, establece que, se debe condenar en costas cuando la demanda carece manifiestamente de fundamento legal, pero esta condena aplica solo en casos de interés público y con un criterio o bjetivo, no subjetivo. Las costas comprenden todos los gastos del proceso, incluida la representación legal, cuya cuantía se determina según tarifas oficiales y la complejidad del caso. En consecuencia, en procesos donde la demanda prospera íntegramente, se condena en costas a la parte vencida.

4. Recurso de apelación4.

La entidad demandada presentó recurso de apelación, mediante la cual, solicita revocar la sentencia de primera instancia, para ello, hace un recuento normativo de la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998 , luego derogado por el Decreto 2668 de 1998, este último posteriormente declarado nulo mediante sentencia del Consejo de Estado, por lo tanto , revivió la bonificación por compensación, pero, este no respetaba los porcentajes del 60% (año 1999), 70% (año

sentencia del Consejo de Estado, por lo tanto , revivió la bonificación por compensación, pero, este no respetaba los porcentajes del 60% (año 1999), 70% (año 2000) y 80% (años 2001 y siguientes) de lo que devengaban los magistrados de Altas Cortes.

Luego, con la expedición del Decreto 4040 del 2004, cambió la denominación de la prima especial, por la de gestión judicial que sumada con la asignación básica y demás ingresos igualaba el 70% que por todo concepto devengar a anualmente los magistrados de altas cortes, sin embargo, est a regulación fue declarada nula con sentencia de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 14 de mayo de 2011 y finalmente, con la expedición del Decreto 1102 de 2012 Se

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Demandante: Gloria Mariño Quiñonez

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modifica la bonificación por compensación y por nómina se reconoció el 80% a todos los beneficiarios a partir del 27 de enero de 2012.

De acuerdo con el apelante, para efectos de la bonificación por compensación, la prescripción debe contabilizarse en dos momentos diferentes. El primero, «anterior a la expedición del Decreto 4040 de 2004, esto es que, para interrumpir la prescripción se debió presentar la petición entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004 y el segundo momento, mientras estuvieron vigentes paralelamente el Decreto

se debió presentar la petición entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004 y el segundo momento, mientras estuvieron vigentes paralelamente el Decreto 4040 y el 610 de 1988, esto es entre el 3 de diciembre de 2004 hasta el 26 de enero de 2012», de manera que, si no se presentaron las reclamaciones en dicho interregno, no se interrumpió la prescripción.

Explica que, en la bonificación por compensación debe aplicarse la regla general de la prescripción trienal, considerando que, el interesado cuenta con tres (3) años para reclamar su derecho desde su vinculación, momento a partir del cual se hace exigible el derecho, según la interpretación que hace de las sentencias proferidas por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado.

Finalmente, hace mención a la circular DEAJC19 -68, en la que se indica: “con anterioridad a agosto de 2019, por temas presupuestales, no era posible para la DEAJ conciliar el pago de la incidencia de la prima especial del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, para efectos de liquidar la bonificación por compensación, para los funcionarios con derecho”.

4. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021.

Mediante auto del 16 de diciembre de 2024 5, el consejero sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en virtud del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, se prescindió de la etapa de alegaciones.

CONSIDERACIONES

5 Índice 00004 expediente Samai8

Interno: 4190-2024

2011, se prescindió de la etapa de alegaciones.

CONSIDERACIONES

5 Índice 00004 expediente Samai8

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2.1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). La Sala se pronunciará de los argumentos expuestos por el apelante.

2.2. Problemas jurídicos. 1. ¿Determinar si, el derecho de la demandante a percibir la bonificació n por compensación se encuentra afectado por el fenómeno jurídico de la prescripción? para el efecto, se deberá analizar si para su contabilización debe tenerse en cuenta las fechas de expedición de los decretos que crearon dicha prestación, o la reclamación administrativa como lo decidió el Tribunal en la sentencia de primera instancia del catorce (14) de junio de dos mil veinticuatro (2024) proferida por la Sala transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca? 2. ¿Determinar si la imposibilidad presupuestal de la entidad para el pago de la reliquidación de la bonificación por compensación es una justa causa para negar el derecho? Con el propósito de desatar los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes aspectos: 2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial, 2.3. Hechos probados; 2.4. Caso concreto y 2.5. Condena en costas.

aspectos: 2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial, 2.3. Hechos probados; 2.4. Caso concreto y 2.5. Condena en costas.

2.2.1 Marco normativo y jurisprudencial – Bonificación por compensación.

El 26 de marzo de 1998, en uso de la facultad otorgada por la Ley 4 de 1992, el Gobierno nacional expidió el Decreto 610 de 1998 6, a través del cual se creó la bonificación por compensación a favor de los magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y el Consejo Superior de la Judicatura; a los abogados auxiliares del Consejo de Estado; a los fiscales y jefes de unidad ante el Tribunal Nacional; a los fiscal es del

6 Publicado en el Diario Oficial No 43.268, de marzo 30 de 1998, momento a partir del cual empezó a regir.9

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Tribunal Superior Militar, los fiscales ante el Tribunal de Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito7.

La norma estableció que la citada bonificación se debía pagar de forma permanente y mensualmente a partir del 1 de enero de 1999, la cual tendría carácter salarial solo para efectos pensionales, en los mismos términos de la prima especial de servicios de los magistrados de las Altas Cortes. Adicionalmente, se estableció que aquella,

y mensualmente a partir del 1 de enero de 1999, la cual tendría carácter salarial solo para efectos pensionales, en los mismos términos de la prima especial de servicios de los magistrados de las Altas Cortes. Adicionalmente, se estableció que aquella, sumada a la prima especial de servic ios y a los demás ingresos laborales actuales, debía corresponder, para el año 1999, al sesenta por ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura; sin embargo, se precisó que el citado porcentaje tendría un incremento gradual, así para el año 2000 correspondería al setenta por ciento (70%), y para el año 2001 y sucesivos sería del ochenta por ciento (80%).

El citado Decreto 610 de 1998 fue derogado por medio del Decreto 2668 de 1998, generando ello que anualmente se dictaran una serie de decretos que regularon la bonificación por compensación de los magistrados de tribunales y otros funcionarios, entre ellos, los decretos 664 del 13 de abril de 1999, derogado por el Decreto 2738 del 27 de diciembre de 2000, derogado por el Decreto 1476 del 19 de julio de 2001, este a su vez derogado por el Decreto 2726 del 17 de diciembre de 2001, este derogado por el Decreto 663 del 10 de abril de 2002, este derogado por el Decreto 3570 del 11 de diciembre de 2003, este a su vez derogado por el Decreto 4040 de 2004.

El Decreto 2668 de 1998 fue demandado en acción de nulidad ante el Consejo de

3570 del 11 de diciembre de 2003, este a su vez derogado por el Decreto 4040 de 2004.

El Decreto 2668 de 1998 fue demandado en acción de nulidad ante el Consejo de Estado, y declarado nulo mediante sentencia proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2001, expediente Nº 395-99, con efectos “ex tunc”. Ante ello, el Decreto 610 de 1998 recobró su vigencia y debe entenderse que las norm as posteriores al acto anulado perdieron su fuerza ejecutoria y son inaplicables, entre ellas el Decreto 664 de 1999 y los que se

7 Posteriormente, mediante el Decreto 1239 de 1998 fueron también beneficiarios de la citada bonificación los secretarios Generales de la Corte Suprem a de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura10

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Demandante: Gloria Mariño Quiñonez

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expidieron con posterioridad y que regularon la bonificación por compensación de los magistrados de tribunales, partiendo de l a base que, el Decreto 610 de 1998 había desaparecido del orden jurídico.

Luego, el Gobierno nacional expidió el Decreto 4040 de 2004, que creó la bonificación de gestión judicial, a favor de los mismos funcionarios que eran beneficiarios de la bonificación por compensación; indicando que la bonificación creada, sumada a la asignación básica y demás ingresos laborales no podía superar el setenta por ciento

de gestión judicial, a favor de los mismos funcionarios que eran beneficiarios de la bonificación por compensación; indicando que la bonificación creada, sumada a la asignación básica y demás ingresos laborales no podía superar el setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto devenguen los magistrados de las Altas Cortes; precisando que, aquella sería incompatible con la bonificación por compensación; además, se adujo que los citados funcionarios podían cobijarse por la bonificación de gestión judicial siempre y cuando cumplieran con alguna de las siguientes situaciones:

a). Quienes han iniciado acciones judiciales relacionadas con la Bonificación por Compensación y desistan de sus pretensiones, renunciando expresamente a la posibilidad de iniciar nuevamente acciones, en los términos del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil; b). Los que no han efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de transacción para precaver litigios futuros relacionados con la Bonificación por Compensación.

Quienes deberían, antes del 31 de diciembre de 2004, por escrito manifestar dicha intención ante la entidad empleadora.

El Decreto 4040 de 2004 fue declarado nulo por el Consejo de Estado, Sección Segunda, mediante sentencia expedida por la Sala de Conjueces el 14 de diciembre de 2011, expediente No. 11001 -03-25-000-2005-00244-01, ejecuto riada el 27 de enero de 2012. En esa providencia la Sala de conjueces precisó que, para una misma categoría de servidores judiciales, con idénticas funciones, horarios, responsabilidades y requisitos, coexistían dos regímenes vigentes, el Decreto 610 de

enero de 2012. En esa providencia la Sala de conjueces precisó que, para una misma categoría de servidores judiciales, con idénticas funciones, horarios, responsabilidades y requisitos, coexistían dos regímenes vigentes, el Decreto 610 de 1998 que fijaba la asignación mensual en el 80% de lo devengado por los magistrados de altas cortes, mientras que el Decreto 4040 de 2004 la establecía en el 70%, con lo cual se materializó un trato diferenciado injustificado entre sujetos en igualdad de condiciones.11

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Demandante: Gloria Mariño Quiñonez

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En este orden de ideas, se estableció que el Decreto 4040 de 2004 violó los derechos al trabajo, a la igualdad, y a la prohibición de transigir o conciliar sobre derechos ciertos e indiscutibles.

Entonces, en virtud del Decreto 4040 de 2004, y durante el tiempo en que estuvo aquel vigente, para esos funcionarios hubo una duplicidad de normas, las cuales otorgaban el derecho al pago de una bonificación; ello generó diversas acciones judiciales por parte de los beneficiarios de la citada prestación; así como, dificultades a la hora de determinar la prescripción de los derechos laborales que en virtud del Decreto 610 de 1998 surgían para sus beneficiarios.

La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 18 de mayo de 20168 concluyó que, ante la coexistencia de dos regímenes salariales diferentes no era posible dar plena aplicación a las disposiciones del Decreto 3135 de

La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 18 de mayo de 20168 concluyó que, ante la coexistencia de dos regímenes salariales diferentes no era posible dar plena aplicación a las disposiciones del Decreto 3135 de 1968 en materia de prescripción; precisando que la exigibilidad del derecho otorgado por el Decreto 610 de 1998 surgió a partir de l a sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, es decir, a partir del 28 de enero de 2012 -día siguiente a la ejecutoria del referido fallo-.

Luego, la misma corporación, también a través de decisión proferida por la Sala de Conjueces, esta vez de fecha 2 de septiembre de 20199, precisó un lineamiento sobre la prescripción, esta vez para los casos de las reclamaciones de la bonificación por compensación pero causadas entre el 5 de septiembre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004, indicando que durante este tiempo no hubo dualidad de normas; por tanto, aquí si operó el fenóme no de la prescripción conforme las disposiciones de los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969;, salvo que la persona logre demostrar en el expediente, con pruebas documentales, que antes del 3 de diciembre de 2004 había interrumpido la prescripción conforme a la ley. Finalmente, tras la declaratoria de nulidad del Decreto Decreto 4040 de 2004, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1102 de 2012 “ Por la cual se modifica la

8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces , sentencia del 18 de mayo de 2016, e xpediente

Gobierno nacional expidió el Decreto 1102 de 2012 “ Por la cual se modifica la

8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces , sentencia del 18 de mayo de 2016, e xpediente 250002325000201000246-02, C.P. JORGE IVAN ACUÑA ARRIETA 9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, radicado 41001-23-33-0002016-00041-02 (2204-2018), C.P. CARMEN ANAVA DE CASTELLANOS12

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Demandante: Gloria Mariño Quiñonez

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bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios”, el cual en su artículo 1 dispuso:

ARTÍCULO 1°. A partir del 27 de enero de 2012, la Bonificación por Compensación que vienen percibiendo con carácter permanente los Magistrados de Tribunal, Magistrados de Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado, Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, Directores Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y los funcionarios vinculados a la Procuraduría General de la Nación, en empleos en los que actúen de

Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y los funcionarios vinculados a la Procuraduría General de la Nación, en empleos en los que actúen de manera permanente como agentes del Ministerio Público ante los Magistrados del Tribunal, antes señalados, equivaldrá a un valor que sumado a la asignación básica y demás ingresos laborales iguale al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura. La Bonificación por Compensación, pagadera mensualmente, sólo constituye factor salarial para efecto del ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003.

Con fundamento en los derro teros trazados por la jurisprudencia del Consejo de Estado, se procede a decidir el presente caso. 2.3. Hechos probados. A