CE - Sentencia 18001233300020210009201 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 18001-23-33-000-2021-00092-01 (7570-2023)

Demandante: Luis Enrique Buendía Ciceri Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y departamento del

Caquetá

Temas: Reconocimiento de pensión de jubilación. Régimen docente.

Vinculación a través de contratos de prestación de servicios

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 6 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Luis Enrique Buendía Ciceri presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -administrativo1, en orden a que

1. Luis Enrique Buendía Ciceri presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -administrativo1, en orden a que se declarara la nulidad de la Resolución 001298 del 6 de noviembre de 2020, mediante la cual la secretaria de educación departamental del Caquetá le negó el reconocimiento de una pensión de jubilación.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho

1 En lo que sigue CPACA.2

Radicado: 18001-23-33-000-2021-00092-01 (7570-2023) Demandante: Luis Enrique Buendía Ciceri solicitó i) el reconocimiento de la pensión de jubilación a partir del 15 de mayo de 2019; ii) el pago de los intereses previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; iii) la actualización del valor que resulte por las mesadas atrasadas con base en el índice de precios al consumidor certificado por el DANE ; iv) el pago del interés moratorio a la tasa comercial más alta de no cumplir lo ordenado en la sentencia en el término previsto en el artículo 195, numeral 4, del CPACA; v) el cumplimiento del fallo de acuerdo con lo establecido en los artículos 192 y 195 ibidem; y vi) la condena en costas y gastos del proceso en los términos del artículo 188 ejusdem.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Luis Enrique Buendía Ciceri nació el 15 de mayo de 1964. Laboró como docente

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Luis Enrique Buendía Ciceri nació el 15 de mayo de 1964. Laboró como docente para la Secretaría de Educación del municipio de Puerto Rico, vinculado a través de órdenes de prestación de servicio por un total de 13 años, 10 meses y 9 días. Luego fue nombrado por la Secretaría de Educación Departamental del Caquetá, mediante el Decreto 1083 del 17 de febrero de 2004, desde el 2 de marzo de 2004 hasta el 8 de julio de 2019, y completó así un total de 29 años, 2 meses y 15 días.

3.2. Comoquiera que estuvo vinculado al servicio de la docencia en el sector público antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y que completó los requisitos establecidos en la Ley 33 de 1985, el 10 de septiembre de 2019 solicitó a la Secretaría de Educación del departamento del Caquetá el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.

3.3. La entidad negó la petición a través del acto acusado, que fue notificado por correo electrónico el 11 de noviembre de 2020.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 2, 4, 5, 6, 13, 46, 48 y 53 de la Constitución Política; y 10 del Decreto 2709 de 1994; y las leyes 33 y 62 de 1985, 91 de 1989, y 100 de 1993.

5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente2:

Política; y 10 del Decreto 2709 de 1994; y las leyes 33 y 62 de 1985, 91 de 1989, y 100 de 1993.

5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente2:

5.1. Se vinculó al servicio educativo antes del 26 de junio de 2003, fecha en que entró en vigencia la Ley 812 de 2003, por lo tanto, la pensión de jubilación debe reconocerse bajo los supuestos establecidos en la Ley 33 de 1985, para lo cual, debe tenerse en cuenta en su liquidación que, en el último año de servicio, antes de

2 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «06ReformaDemanda», páginas 1 a 28.3

Radicado: 18001-23-33-000-2021-00092-01 (7570-2023) Demandante: Luis Enrique Buendía Ciceri la estructuración del estatus de pensionado (15 de mayo de 2019), devengaba además de la asignación básica mensual, las primas de navidad y de vacaciones y horas extras.

5.2. El Consejo de Estado ha señalado que los periodos cuya vinculación se dio a través de contratos de prestación de servicios deben ser tenidos en cuenta para efectos pensionales; sin embargo, la entidad no reconoció esos lapsos a efectos de computar los 20 años de servicio requeridos por la Ley 33 de 1985.

1.2. Contestación de la demanda

6. El Fomag se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con

fundamento en lo siguiente3:

6.1. El demandante no tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación

1.2. Contestación de la demanda

6. El Fomag se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con

fundamento en lo siguiente3:

6.1. El demandante no tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, toda vez que su vinculación al Fomag surgió con posterioridad al 27 de junio de 2003, es decir, durante la vigencia de la Ley 812 de 2003; de manera que el régimen aplicable es el contenido en la Ley 100 de 1993 y lo cierto es que al momento de la presentación de la demanda «la docente» (sic) no reunía aun los requisitos frente al tiempo de cotización y la edad.

6.2. En su condición de docente nacional vinculado al Fomag, el demandante «tiene derecho a una pensión ordinaria de jubilación bajo el régimen previsto en la Ley 33 de 1985, de acuerdo con el literal B del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1985. […] Por lo tanto, en la base de liquidación de su pensión no se podían tomar en cuenta los factores devengados los cuales el demandante no efectuó aportes», pues no constituyen base de liquidación. De manera que «tiene derecho a la reliquidación de su pensión ordinaria de jubilación tomando como ingreso base de liquidación la totalidad de los factores devengados en el último año de servicios, incluyendo aquellos sobre los que, se insiste, no se efectuaron aportes al sistema y no están previstos en la Ley 62 de 1985, como se solicitó en la demanda» (sic).

7. La Secretaría de Educación Departamental del Caquetá solicitó que se negaran

se efectuaron aportes al sistema y no están previstos en la Ley 62 de 1985, como se solicitó en la demanda» (sic).

7. La Secretaría de Educación Departamental del Caquetá solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente4:

7.1. A esa entidad se le confía la función de elaborar el proyecto de resolución que reconoce o niega una prestación social, la que, con posterioridad, debe aprobar o improbar la sociedad fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fomag ; ello, en todo caso, en nombre y representación de la nación, Ministerio de Educación Nacional. De manera que es al fondo al que le corresponde el pago de los derechos prestacionales de los docentes afiliados a él, de acuerdo con el procedimiento que para tal efecto ha dispuesto el legislador con posterioridad a la expedición de la Ley

3 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «19ContestaciónFiduprevisora». 4 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «21ContestaciónSecretEducDptal».4

Radicado: 18001-23-33-000-2021-00092-01 (7570-2023)

Demandante: Luis Enrique Buendía Ciceri 91 de 1989.

7.2. La Secretaría de Educación del departamento del Caquetá, ha realizado las actuaciones propias de su competencia, tales como: i) recepcionar la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de jubilación presentada por Luis Enrique Buendía Ciceri; y ii) remitir por competencia la solicitud a la Fiduprevisora SA, tal como consta en oficio con radicado CAQ2019EE021965 del 18 de septiembre de

Buendía Ciceri; y ii) remitir por competencia la solicitud a la Fiduprevisora SA, tal como consta en oficio con radicado CAQ2019EE021965 del 18 de septiembre de 2019; «sin que a la fecha se haya proyectado el acto administrativo que resuelva de fondo», Además, debe tenerse en cuenta que en los términos del parágrafo 2 del artículo 3 del Decreto 2831 de 2005, las resoluciones que se expiden por parte de la autoridad territorial que reconozcan prestaciones sociales que deba pagar el Fomag, sin previa autorización de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos del fondo, carecen de efectos legales y no prestan mérito ejecutivo.

7.3. El Consejo de Estado ha aclarado que el legislador dispuso la participación de las entidades territoriales en la expedición de los actos administrativos que resuelven solicitudes sobre las prestaciones sociale s únicamente por la necesidad de simplificar una serie de trámites que los particulares adelantaban ante la administración, pero que en todo caso lo hace en nombre y representación de la nación, Ministerio de Educación Nacion al, Fomag 5. Por lo tanto, no deben comprometerse los recursos de la entidad territorial para el pago de tales prestaciones, lo que impone desvincularlo de proceso.

1.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión , profirió sentencia el 6 de septiembre de 20236, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda. En tal sentido, ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: Declarar la nulidad de la Resolución No. 1298 de 06 de junio de 2020,

de la demanda. En tal sentido, ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: Declarar la nulidad de la Resolución No. 1298 de 06 de junio de 2020, mediante la cual el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio negó el reconocimiento y pago de la pensión ordinaria de jubilación al señor LUIS ENRIQUE BUENDIA CICERI, por las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ORDENA al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, que reconozca y pague una pensión de jubilación al señor LUIS ENRIQUE BUENDIA CICERI al cumplimiento del status jurídico de pensionado, es decir, a partir de 15 de mayo de 2019.

5 Al efecto citó: Consejo de Estado, sentencia del 5 de diciembre de 2013, radicado 25000-23-25000-2009-00467-01 (2769-12), M.P. Gerardo Arenas Monsalve. 6 En auto del 12 de enero de 2022, el Tribunal Administrativo del Caquetá se abstuvo de celebrar las audiencias inicial y de pruebas, en los términos del numeral 1, literal c), del artículo 182.A del CPACA; y declaró que no había excepciones prev ias por resolver. Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf, «29FijaLitigioyCorreTraslado».5

Radicado: 18001-23-33-000-2021-00092-01 (7570-2023) Demandante: Luis Enrique Buendía Ciceri Los factores a tener en cuenta para liquidar la mesada pensional, serán únicamente

Radicado: 18001-23-33-000-2021-00092-01 (7570-2023) Demandante: Luis Enrique Buendía Ciceri Los factores a tener en cuenta para liquidar la mesada pensional, serán únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado aportes o cotización al sistema de pensiones, de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo; sobre una tasa de reemplazo del 75% del ingreso base de liquidación, respecto del salario promedio del año anterior a adquirir el status.

Las sumas resultantes deberán actualizarse de acuerdo con la siguiente fórmula:

R= RH x Índice Final Índice Inicial

TERCERO: El FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO deberá llevar a cabo internamente los trámites pertinentes para repetir contra aquellas entidades obligadas al reembolso que les corresponda, a prorrata del tiempo que el señor LUIS ENRIQUE BUENDIA CICERI hubiere servido o aportado por concepto de pensión, y en el evento de existir mora en el pago de los aportes, ejercer las acciones pertinentes ante las entidades nominadoras a efectos de obtener su pago, tal como se expresó en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: El FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO , dará cumplimiento al fallo dentro del término previsto en el artículo 192 del C.P.A.C.A.

QUINTO: Sin condena es costas en esta instancia» [Resaltado del texto original].

9. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos7:

QUINTO: Sin condena es costas en esta instancia» [Resaltado del texto original].

9. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos7:

9.1. A través del acto acusado, la entidad solo le reconoció la calidad de docente oficial a partir del 2 de marzo de 2004, fecha en la que fue nombrado; no obstante, tal situación desconoce el tiempo que laboró desarrollando igual actividad, pero mediante la modalidad contractual en favor del municipio de Puerto Rico . Sin embargo, el Consejo de Estado ha considerado que ese tiempo debe tenerse en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión ordinaria de jubilación8.

9.2. Al actor le resulta aplicable la Ley 33 de 1985, pues de un lado se demostró que sus vinculaciones laborales se produjeron con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y de otro, que la labor que desempeñó fue en el sector de la docencia pública, inclusive con las vinculaciones laborales particulares (contratos de trabajo a término fijo y de prestación de servicio) , por lo que la circunstancia de haber efectuado aportes a l ISS ahora Colpensiones por virtud de esas relaciones contractuales no impide la aplicación del régimen de pensión previsto en la Ley 33 y no el de la Ley 71 de 1988, puesto que en apariencia son vinculaciones particulares pero la prestación del servicio l o fue como docente y en favor de entidades educativas territoriales, que es lo que permite afianzar la prestación oficial

7 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf, «36Sentencia1°Inst».

particulares pero la prestación del servicio l o fue como docente y en favor de entidades educativas territoriales, que es lo que permite afianzar la prestación oficial

7 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf, «36Sentencia1°Inst». 8 Al efecto citó las sentencias del 22 de enero de 2015, radicado 25000-23-42-000-2012-0201701(0775-14), M.P. Alfonso Vargas Rincón; del 25 de noviembre de 2021, radicado 70001-23-33-0002016-00260-01 (1489-18) M.P. César Palomino Cortés; y del 19 de enero de 2023, radicado 1500123-33-000-2019-00103-01 (3083-2022), M.P. William Hernández Gómez.6

Radicado: 18001-23-33-000-2021-00092-01 (7570-2023) Demandante: Luis Enrique Buendía Ciceri de su servicio.

9.3. Los factores a tener en cuenta para liquidar la mesada pensional serían únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado aportes o cotización al sistema de pensiones, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 62 de 1985; sobre una tasa de reemplazo del 75% del ingreso base de liquidación respecto del salario promedio del año anterior a adquirir el estatus.

9.4. Comoquiera que durante el periodo comprendido entre el 2 de marzo de 2004 y el 1 de septiembre de 2016 , se efectuaron los aportes pensionales a favor del demandante al Fomag, y que fue a esta entidad a la que se le realizó el mayor

el 1 de septiembre de 2016 , se efectuaron los aportes pensionales a favor del demandante al Fomag, y que fue a esta entidad a la que se le realizó el mayor número de aportes y en la que se cumplió el mayor tiempo de servicio, le corresponde al fondo reconocer le la pensión de jubilación, lo que guarda correspondencia con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 91 de 1989, según el cual, uno de sus objetivos es el de efe ctuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado. Con todo, el Fomag debe llevar a cabo los trámites pertinentes para repetir contra las entidades y empleadores obligad os al reembolso que les corresponda de acuerdo con el tiempo de servicio prestado en cada una de aquellas, y en el evento de existir mora en el pago de los aportes, debe ejercer las acciones pertinentes ante las entidades nominadoras a efectos de obtener su pago.

9.5. Toda vez que entre el 10 de septiembre de 2019 [fecha en que el demandante elevó la solicitud de reconocimiento de la pensión] y el 11 de noviembre de 2020 [en que fue notificada la Resolución 1298 del 6 de noviembre de 2020 que le niega la prestación reclamada ] no transcurrieron más de 3 años, no se configuró el fenómeno de la prescripción previsto en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969.

9.6. El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 no contiene el imperativo de condenar en costas a la parte vencida, y si bien establece que la sentencia dispondrá sobre ellas,

y 102 del Decreto 1848 de 1969.

9.6. El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 no contiene el imperativo de condenar en costas a la parte vencida, y si bien establece que la sentencia dispondrá sobre ellas, la alocución dispondrá significa «mandar lo que se debe hacer» y la remisión que hace a la norma supletoria es solo para efectos de la liquidación y ejecución de costas. Así, toda vez que en la jurisdicción contencioso -administrativa tal condena no deviene como consecuencia resultar vencido en el proceso contrastado, en el caso concreto, no se emitirá condena en tal sentido en cuanto no existe prueba de su causación de conformidad con lo prescrito en el artículo 365 numeral 8 del Código General del Proceso9.

9 En adelante CGP.7

Radicado: 18001-23-33-000-2021-00092-01 (7570-2023) Demandante: Luis Enrique Buendía Ciceri 1.4. El recurso de apelación

10. El Fomag presentó recurso de apelación con fundamento en lo siguiente10:

10.1. El demandante no tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación por la Ley 33 de 1985, toda vez que su vinculación o afiliación al Fomag surgió con posterioridad al 27 de junio de 2003, es decir, durante la vigencia de la Ley 812 de 2003. «[S]olamente los docentes que se vincul [aron] a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, esto es, el 26 de junio de 2003, tendr [ía]n los derechos del régimen

2003. «[S]olamente los docentes que se vincul [aron] a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, esto es, el 26 de junio de 2003, tendr [ía]n los derechos del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por tanto, el demandante al ingresar al servicio docente con anterioridad a la fecha mencionada no es sujeto pasivo de dicha prerrogativa» (sic).

10.2. No es posible reconocer una pensión cuando no se cumple con los requisitos para adquirirla, y lo cierto es que «ha quedado demostrado que el docente no cumple con los requisitos de edad». Además, de acuerdo con lo informado por Fiduprevisora SA, tampoco cuenta con la totalidad de las semanas cotizadas, por lo tanto, aun no cumple con los requisitos exigidos por la ley para acceder al reconocimiento y pago de la pensión solicitada, motivo por el cual no es posible acceder a las pretensiones de la demanda.

10.3. En la liquidación de la pensión del demandante «solo podía incluirse la asignación básica y no los demás factores devengados en el último año de servicios, tales como Bonificación Decreto 1566, Prima de servicio, Prima de vacaciones y Prima de navidad », pues estos no constituyen base de liquidación de los aportes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985. Así pues, la parte demandante «tiene derecho a la reliquidación de su pensión ordinaria de jubilación tomando como ingreso base de liquidación la totalidad de los factores devengados en el último año de servicios, incluyendo aquellos sobre los que, se insiste, no se efectuaron los aportes al sistema y no

de liquidación la totalidad de los factores devengados en el último año de servicios, incluyendo aquellos sobre los que, se insiste, no se efectuaron los aportes al sistema y no están previstos en la Ley 62 de 1985, como se solicitó en la demanda».

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

11. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar11.

1.6. El Ministerio Público

12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció en esta instancia12.

10 Índice 31 de Samai, aplicativo de Juzgados y Tribunales, expediente digital, archivo en formato pdf. 11 Tal y como se indicó en el auto del 13 de febrero de 2024. Índice 9 de Samai. 12 Así se desprende de la revisión del aplicativo Samai.8

Radicado: 18001-23-33-000-2021-00092-01 (7570-2023)

Demandante: Luis Enrique Buendía Ciceri

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

13. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación , lo que delimita la competencia del juez en segunda instancia13, se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿Luis Enrique Buendía Ciceri puede beneficiarse del régimen de transición dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y, en consecuencia, obtener una pensión de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 33 de

1985?

transición dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y, en consecuencia, obtener una pensión de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985?

14. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala encuentra necesario abordar la siguiente temática en el marco normativo de la decisión: i) el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag; ii) la entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre el régimen pensional de los docentes oficiales; y iii) la posibilidad de tener en cuenta las órdenes o contratos de prestación de servicios para efectos del reconocimiento pensional.

2.2. Marco normativo

2.2.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag

15. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, la

13 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».9

Radicado: 18001-23-33-000-2021-00092-01 (7570-2023) Demandante: Luis Enrique Buendía Ciceri invalidez, la enfermedad o la muerte14. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de « derecho irrenunciable », por lo que es considerado un derecho fundamental al repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas15.

16. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio público y lograr su satisfacción16. Este mandato lo cumplió con la expedición de la Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «unificar

manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio público y lograr su satisfacción16. Este mandato lo cumplió con la expedición de la Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social» 17. El sistema quedó conformado por 4 componentes o subsistemas: el Sistema General de Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.

17. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue expuesto en sus antecedentes legislativos 18. Está integrado por 2 regímenes específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».

Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación, su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen, los beneficiarios y el monto pensional.

18. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que

14 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004. 15 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T -395 de

pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que

14 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004. 15 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T -395 de 1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001 16 El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí». 17 Preámbulo y artículo 6. 18 Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector público tendrán que ser complementarios volunt arios y a cargo de los trabajadores y los recursos propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:

público tendrán que ser complementarios volunt arios y a cargo de los trabajadores y los recursos propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que: constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 0871992 páginas 11 y 12.10

Radicado: 18001-23-33-000-2021-00092-01 (7570-2023) Demandante: Luis Enrique Buendía Ciceri todos los trabajadores públicos, privados e independientes deb ían cotizar a sus subsistemas.

19. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag,

para lo cual dispuso:

«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida». [Resalta la Sala].

20. Dentro de los