CE - Sentencia 18001233300020210015902 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., seis (6) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 18001-23-33-000-2021-00159-02 (0496-2025) Demandante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

– UGPP Demandado : Ana Arcilia Peña de Murcia Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho Tema

:

Acción de lesividad – Reconocimiento y reliquidación pensión gracia.

Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia de 18 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda1

1.1.1 Pretensiones

La UGPP , acudió a la Jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones N° 9594 del 13 de agosto de 1996, por medio de la cual la extinta CAJANAL reconoció una pensión de jubilación gracia, y N° 9513 del 08 de mayo de 2002, que reliquidó la pensión por retiro del servicio.

de 1996, por medio de la cual la extinta CAJANAL reconoció una pensión de jubilación gracia, y N° 9513 del 08 de mayo de 2002, que reliquidó la pensión por retiro del servicio.

1 Samai-Tribunal-expediente digital-índice 25, archivo 9.Número Interno: 0496-2025

Demandante: UGPP

Demandada: Ana Arcilia Peña de Murcia

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A título de restablecimiento del derecho, pidió que (i) le restituya la suma correspondiente a los valores pagados a los que no ten ía derecho y que le fueron reconocidos mediante las resoluciones demandadas emanadas por la extinta Cajanal, (ii) la actualización de la condena de conformidad con lo previsto en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, (iii) el pago de intereses comerciales y moratorios, tal y como lo ordena el artículo 195 de la Ley 1437 de 2011 y, (iv) la condena en costas y agencias en derecho a la demandada de conformidad con el artículo 188 de CPACA.

1.1.2 Hechos

La UGPP puso de presente que la señora Ana Arcilia Peña de Murcia, nació el 26 de octubre de 1935, que laboró como docente para el Ministerio de Educación Nacional desde el 22 de julio de 1974 hasta el 31 de enero de 1976 , con u na vinculación nacional. Asimismo, para la Secretaría de Educación del Caquetá , desde el 2 de febrero de 1976 hasta el 1° de agosto de 2001, fecha de retiro del servicio, con una vinculación nacionalizada.

nacional. Asimismo, para la Secretaría de Educación del Caquetá , desde el 2 de febrero de 1976 hasta el 1° de agosto de 2001, fecha de retiro del servicio, con una vinculación nacionalizada.

Inidicó que la accionada adquirió el estatus jurídico de pensionada el 4 de septiembre de 1994, por tiempo de servicios, motivo por el cual, mediante la Resolución N° 9594 del 13 de agosto de 1996 , la extinta CAJANAL reconoció una pensión de jubilación gracia, y a través de la Resolución N° 9513 del 08 de mayo de 2002, reliquidó la pensión por retiro del servicio.

Finalmente, señaló que la demandada presentó varias solicitudes de reliquidación de pensión, las cuales fueron negadas por la extinta Cajanal y luego por la UGPP, al considerar que parte del tiempo laborado fue bajo el nombramiento del orden nacional, y por tanto, no era válido para reliquidar la pensión gracia.

1.1.3 Normas violadas y concepto de violación

La parte actora invocó como normas desconocidas las siguientes: artículos 1, 2, 6, 48 y 209 de la Constitución Política; artículos 1 y 4 de la Ley 114 de 1913 ; artículo 6 de la Ley 116 de 1928; artículo 15 numeral 2 literal a) de la Ley 91 de 1989 y el artículo 3 de la Ley 37 de 1993.Número Interno: 0496-2025

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Demandada: Ana Arcilia Peña de Murcia

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Como sustento de lo anterior , con relación a la pensión gracia señaló que «[…] la

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Demandada: Ana Arcilia Peña de Murcia

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Como sustento de lo anterior , con relación a la pensión gracia señaló que «[…] la Resolución 108 del 30 de agosto de 1974 y el Decreto 718 del 02 de febrero de 1976 fueron expedidos por el Intendente Nacional d e Caquetá, entidad o autoridad dependiente del Gobierno Nacional de la época, es preciso señalar que en el nombramiento hubo intervención directa del gobierno central, y por tal razón, el carácter de la vinculaci ón durante el periodo comprendido ent re el 22 de julio de 1974 al 31 de enero de 1976 y el 01 de febrero de 1976 al 31 de Julio de 2001 es NACIONAL ». En ese sentido, indicó que «[…] la pensión gracia consagrada en la Ley 114 de 1913, no admite completar o computar tiempos de servicio prestados en la Nación cuyo nombramiento provenga del Ministerio de Educación Nacional por ser estos incompatibles con los prestados en un Departament o, Municipio o Distrito, de tal manera que los tiempos de orden nacional deben ser desestimados ». (sic) Frente a la reliquidación por retiro definitivo del servicio, expuso que, «[…] a los docentes a quienes se les reconoce una pensi ón de jubilación gracia les asiste el derecho a que su prestaci ón se liquide con lo devengado en el año anterior a la adquisición del estatus y que la misma sea cancelada desde ese momento, sin que sea impedimento que permanezca en el servicio de la docencia oficial ». (sic)

se liquide con lo devengado en el año anterior a la adquisición del estatus y que la misma sea cancelada desde ese momento, sin que sea impedimento que permanezca en el servicio de la docencia oficial ». (sic) Teniendo en cuenta lo anterior, resaltó que «[…] Si bien es cierto la Resolución 09513 del 08 de mayo de 2002, por la cual se reliquidó la prestación por retiro definitivo del servicio a la señora ANA ARCILA PE ÑA DE MURCIA., no se encuentra ajustad o a derecho de conformidad con las consideraciones citadas, tambi én lo es que la pensi ón gracia fue reconocida computando tiempos Nacionales, por tanto se solita la declaratoria de Nulidad de las “09594 del 13 de agosto de 1996,y la Resolución 09513 del 08 de mayo de 2002 teniendo en cuenta que a la demandada al momento del otorgamiento de su pensión gracia le tuvieron en cuenta tiempo de servicio del orden Nacional » (sic) 1.2 Contestación de la demanda

1.2.1 Ana Arcilia Peña de Murcia,2 por medio de apoderado judicial expuso que en el presente asunto, «[l]a pensión gracia fue obtenida de acuerdo con los cánones en la Ley 114 de 1913: veinte años de servicio, la edad de cincuenta años y el ejercicio honesto y dedicado de la docencia. La buena fe de la profesora orientó su comportamiento como maestra «[en] escuelas oficiales de primaria. La trabajadora mantuvo la condición de educadora en colegios de enseñanza primaria en planteles municipales o departamentales, con nombramiento de la autoridad municipal o departamental y salarios originados en el presupuesto seccional, aún en el caso de que procedieran del presupuesto

planteles municipales o departamentales, con nombramiento de la autoridad municipal o departamental y salarios originados en el presupuesto seccional, aún en el caso de que procedieran del presupuesto nacional (situación fiscal, en su momento), pues esto último es la forma que toma la descentralización administrativa y territorial por mandato constitucional. La participación de los entes territoriales en los recursos de la Nación transforma estos ingresos en endógenos, no pudiéndose predicar que a la maestra se le remuneró con recursos nacionales». (sic)

2 Samai-Tribunal-expediente digital-índice 25, archivo 143.Número Interno: 0496-2025

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Frente a la prescripción , señaló que , «[h]abiéndose pagado la pensión desde el mes de septiembre de 1996, y su reajuste desde mayo 2002, es inobjetable que la devolución de está prescrita. De acuerdo con lo expuesto se ha operado la prescripción instintiva de la acción para adelantar el reconocimiento y el cobro de las mesadas pagadas». (sic)

Propuso las excepciones que denominó, «prescripción de la acción para pedir la devolución de las mesadas pagadas», e «legitimidad del reconocimiento de la pensión gracia».

1.3 La medida cautelar3

Mediante auto del 12 de septiembre de 2024, 4 la Corporación estudió la procedencia de la medida cautelar formulada por la UGPP, oportunidad en la que, luego del correspondiente análisis, dispuso suspender provisionalmente los efectos de la

Mediante auto del 12 de septiembre de 2024, 4 la Corporación estudió la procedencia de la medida cautelar formulada por la UGPP, oportunidad en la que, luego del correspondiente análisis, dispuso suspender provisionalmente los efectos de la Resolución N° 9513 del 08 de mayo de 2002, que reliquidó la p ensión por retiro del servicio, al estimar que se debía liquidar con el año anterior a la adquisición del estatus jurídico de pensionado y no con el último año de servicios como se hizo en ese acto administrativo.

1.4 La sentencia de primera instancia5

El Tribunal Administrativo d el Caquetá, mediante sentencia de 18 de septiembre de 2024, negó a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandante.

Como sustento de su decisión, luego de estudiar las pruebas recaudadas, hizó referencia al artículo 1° de Ley 33 de 1985, que dispone que «[e]l empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) a ños continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvi ó de base para los aportes durante el último año de servicio». Asimismo, a la Ley 62 de 1985 que señaló de manera enunciativa los factores salariales que se deben tener en cuenta al momento de reconocer la pensi ón bajo este r égimen, as í: i) asignación b ásica; ii)

de manera enunciativa los factores salariales que se deben tener en cuenta al momento de reconocer la pensi ón bajo este r égimen, as í: i) asignación b ásica; ii) gastos de representaci ón; ii) primas de antig üedad, t écnica, ascensional y de capacitación; iv) dominicales y feriados; v) horas extras; vi) bonificación por servicios prestados; y vii) trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en d ía de descanso obligatorio.

3 Samai-Tribunal-expediente digital-índice 25, archivo 172. 4 Samai-Tribunal-índice 06, radicado 18001-23-33-000-2021-00159-01 (7287-2023). 5 Samai-Tribunal-expediente digital-índice 25, archivo 172.Número Interno: 0496-2025

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Conforme a lo anterior, indicó que la Ley 33 de 1985 regula el sistema ordinario pensional de servidores p úblicos en servicio antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, y con base en esta norma, CAJANAL reconoció la pensión de jubilación a la demandada por haber cumplido 55 a ños y 20 a ños de servicio p úblico. Por lo tanto, resaltó que el acto administrativo en nada se refiere a la pensi ón gracia de jubilación, la cual está consagrada en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de

tanto, resaltó que el acto administrativo en nada se refiere a la pensi ón gracia de jubilación, la cual está consagrada en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, toda vez que , la primera cre ó el der echo prestacional y determin ó unos parámetros como su titular, tiempo de servicio, edad y unos requisitos adicionales; las demás leyes ampliaron los beneficiarios de la pensi ón, y el tiempo de servicio computable para esta prestación. Por lo anterior, determinó que «la pensión de jubilaci ón que trata la Ley 33 de 1985 difiere totalmente de la pensión especial gracia contenida en las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, por consiguiente, para esta Sala es imposible adelantar un juicio de legalidad de los actos acusados cuando los aspectos fácticos y jurídicos planteados en la demanda difieren del contenido fáctico y jurídico de las resoluciones pensionales. De ahí que, esta Colegiatura encuentre que la demanda se present ó con manifiesta carencia de fundamento legal, ya que bas ó todo su argumento jurídico en la pensión jubilación gracia, cuando esta no fue reconocida por CAJANAL a través de los actos acusados. Lo único probado en este proceso, es que a la demandada Ana Arcila Peña de Murcia se le reconoció una pensión ordinaria de jubilación bajo el amparo de la Ley 33 de 1985, la cual fue reliquidada con el último año de servicio».(sic) Por lo tanto, consideró

Arcila Peña de Murcia se le reconoció una pensión ordinaria de jubilación bajo el amparo de la Ley 33 de 1985, la cual fue reliquidada con el último año de servicio».(sic) Por lo tanto, consideró infructuoso analizar s í la demandante cumpli ó con el requisito de los 20 a ños de servicio docente con vinculaci ón nacionalizada o territorial, al no estar demostrado que los actos acusados hayan reconocido la pensión jubilación gracia. De otra parte, frente a la solicitud del Ministerio Público, relacionada con la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, advirtió que el numeral 1 literal c) del artículo 164 del CPACA, señala que la demanda puede ser presentada en cualquier tiempo cuando «[s]e dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, que no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe. 1.5 El recurso de apelación6

La UGPP inconforme con la decisión de primera instancia presenta recurso de apelación por medio de la cual expone que la señora Peña de Murcia no tiene derecho a la pensión gracia otorgada, toda vez que, no logra demostrar los 20 años de

6 Samai-Tribunal-expediente digital-índice 25, archivo 173.Número Interno: 0496-2025

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servicios que exige el requisito para acceder a dicho beneficio pensional y la entidad computó tiempos servidos como docente nacional para ese efecto.

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servicios que exige el requisito para acceder a dicho beneficio pensional y la entidad computó tiempos servidos como docente nacional para ese efecto.

Por lo tanto, señal ó que «[...] la extinta CAJANAL, mediante la Resolución N° 09594 del 13 de agosto de 1996 por la cual se reconoció la prestación, computó tiempos laborados para el Ministerio de Educación Nacional - Coordinación de Educación del Caquetá del 22 de enero de 1974 al 30 de enero de 1976 para los cuales fue nombrado por Resolución No. 108 del 30 de agosto de 1974, emanada de la inspección Nacional del Caquetá, y se computaron tiempos laborados para la Secretarla de Educación del Caquetá del 01 de Febrero de 1976 al 21 de Diciembre de 1994 para los cuales fue nombrado por medio del Decreto 718 del 02 de febrero de 1 976 emanada del intendente Nacional de Caquetá y por tal razón el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la señora ANA ARCILA PEÑA DE MURCIA, no se encuentra ajustado a derecho, toda vez que los nombramientos efectuados por el MINISTERIO DE EDUCACI ÓN NACIONAL no son válidos para el reconocimiento de la pensión gracia».

Finalmente, con relación a la reliquidación de la pensión gracia, expuso la ilegalidad en la Resolución 9513 del 08 de mayo de 2002, en virtud de las normas especiales que rigen el r econocimiento de dicha prestación, esto es, el artículo 4° de la Ley 4a

en la Resolución 9513 del 08 de mayo de 2002, en virtud de las normas especiales que rigen el r econocimiento de dicha prestación, esto es, el artículo 4° de la Ley 4a de 1966 y el artículo 5° del Decreto 1743 de 1966, que deben ser aplicadas bajo el entendido que, el setenta y cinco (75%) del promedio obtenido en el último año de servicios, es decir , del año inmediatamente anterior a aquél a la consolidación del estatus de pensionado únicamente, y no así, al retiro definitivo del servicio y a la demandada no le era plausible el reconocimiento de la reliquidación de su prestación como consecuencia de su retiro del servicio.

1.6 Trámite de segunda instancia

Con auto de 1° de abril de 20257, el consejero ponente admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 y, al no existir pruebas que decretar en segunda instancia, el proceso ingresó al Despacho para fallo. La parte demandada no se pronunció sobre la alzada.

Por su parte, el Ministerio Público emitió concepto8, en el que concluyó que, «[...] la docente laboró al servicio de la educación nacionalizada con vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, por más de los 20 años exigidos por las leyes alrededor de la materia, luego entonces, al no estar en discusión los demás requisitos exigidos para ser beneficiaria de la pensión g racia de jubilación, se entienden como cumplidos. En tal sentido, no le asiste razón jurídica a la entidad demandante al

7 Índice 04 Samai. 8 Índice 08 Samai.Número Interno: 0496-2025

entienden como cumplidos. En tal sentido, no le asiste razón jurídica a la entidad demandante al

7 Índice 04 Samai. 8 Índice 08 Samai.Número Interno: 0496-2025

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considerar que la docente no es beneficiaria de la prestación aquí discutida ». Por otro lado, respecto a la reliquidación señaló que, «[...] es improcedente la reliquidación de la pensión gracia con base en los factores salariales devengados en el año anterior al retiro, [...] por lo que su liquidación se debe efectuar teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados en el año anterior a la consolidación del derecho, y no es posible reliquidarla por nuevos tiempos de servicios prestados o factores devengados».

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia este proceso, de conformidad con lo establecido en l os artículos 125, 150, 243 y 247 del CPACA.

De igual forma, cabe destacar qué, de conformidad con el artículo 328 9 del Código General del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2 Cuestión previa

2.2.1 Términos de oportunidad para ejercitar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho – Prestaciones periódicas – Sobre la caducidad establecida en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

Los términos para presentar oportunamente las demandas ante esta Jurisdicción

restablecimiento del derecho – Prestaciones periódicas – Sobre la caducidad establecida en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

Los términos para presentar oportunamente las demandas ante esta Jurisdicción fueron consagrados en el artículo 164 del CPACA que, en relación con el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, prevé:

(i) Como regla general, cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda debe ser presentada dentro del término de cuatro (4)

9 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover inc identes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»Número Interno: 0496-2025

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meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según corresponda, so pena

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meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según corresponda, so pena del suceso de la caducidad de la acción.

(ii) A manera de excepción, cuando la demanda sea promovida contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, o contra ac tos producto del silencio administrativo, puede presentarse en cualquier tiempo.

Así, conforme a las reglas contenidas en el CPACA, la configuración del fenómeno jurídico procesal de la caducidad, en asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho, solo resulta predicable respecto de las demandas adelantadas contra actos administrativos expedidos de manera cierta y material por la administración que no versen sobre el reconocimiento y pago de prestaciones periódicas.

No obstante, recientemente el Congreso de la República expidió la Ley 2381 de 2024, que estableció una restricción temporal para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas relacionadas con pensiones, de la siguiente manera:

«Artículo 86. Término para ejercer acciones admin istrativas y contencioso administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las ent idades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.

A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de habe r sido reconocidas, y

excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.

A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de habe r sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley.

Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido, pod rán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.»

En los precisos términos expuestos por el Legislador, la citada disposición comporta una modificación del régimen de oportunidad contemplado por el artículo 164 del CPACA, con vocación de aplicación inmediata, incluso para los procesos en los que se debate la legalidad de actos administrativos que reconocieron una pensión y se encontraban en curso a 16 de julio de 2024, día de promulgación de la comentada ley.Número Interno: 0496-2025

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No obstante, en criterio de la Sala, el artículo en comento no puede ser aplicado de manera contraria a los postulados esenciales que rigen la implementación de reglas concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios preceptuadas por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, pues si bien es cierto que las normas de derecho procesal son de orden público y «[…] prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir», también lo es que «[…] los recursos interpuestos, la práctica de pruebas

son de orden público y «[…] prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir», también lo es que «[…] los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regi rán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones».

Por tanto, se concluye que el término de caducidad establecido por la Ley 2381 de 2024 solo resulta oponible respecto de las demandas formuladas después de su promulgación, pues conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887, no resulta viable superponer a los procesos en curso un término que no existía en el momento en que fueron iniciados. Dicha conclusión, además, se acompasa con los principios de confianza legítima y legalidad y el derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.

En consecuencia, comoquiera que el artículo 187 del CPACA prevé que en «[…] la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada» y que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 plante a la eventual configuración de la caducidad de la acción en procesos como el que nos ocupa, la Subsección considera pertinente inaplicar, para este caso concreto, la acotada modificación procesal, tal como será dispuesto en la parte resolutiva de este fallo.

configuración de la caducidad de la acción en procesos como el que nos ocupa, la Subsección considera pertinente inaplicar, para este caso concreto, la acotada modificación procesal, tal como será dispuesto en la parte resolutiva de este fallo.

Lo anterior, se insiste, como medida de satisfacción y garantía de los principios y prerrogativas constitucionales que rigen los derechos de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva.

2.2.2 Cuestión previa – Congruencia de las pretensiones con los actos demandados

Previo a abordar el fondo de la controversia, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante sentencia de 18 de septiembre de 2024, negóNúmero Interno: 0496-2025

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a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandante, al considerar que «[…] la demanda se presentó con manifiesta carencia de fundamento legal», porque la prestación reconocida por la entonces Cajanal no correspondía a una pensión gracia, sino a una ordinaria de jubilación, conforme a la Ley 33 de 1985. Por lo tanto, consideró infructuoso analizar si la demandada cumplió con el requisito de los 20 años de servicio docente con vinculación nacionalizada o territorial.

No obstante, la Sala resalta que, contrario a lo manifestado por el tribunal, es claro que, la entonces Cajanal, a través de la Resolución 9594 de 13 de agosto de 1996 , reconoció una pensión gracia a la demandada. En ese sentido, si bien es cierto que

que, la entonces Cajanal, a través de la Resolución 9594 de 13 de agosto de 1996 , reconoció una pensión gracia a la demandada. En ese sentido, si bien es cierto que en ese acto administrativo fueron citadas varias normas, tales como la Ley 33 de 1985, tampoco es menos cierto que, en la parte final de aquella resolución la Administración indicó que, l a señora Peña «[…] cumple con los requisitos establecidos en Ley 114/13» , que creó la pensión gracia, luego entonces, no hay duda que, en el referido acto administrativo se reconoció una pensión de jubilación gracia. Dicha actuación así lo expresa:

Por lo tanto, se advierte que, el A-quo incurrió en error, pues, es evidente que, las pretensiones formuladas por la UGPP, guardan plena congruencia con el derecho reconocido y ajustado en los actos demandados, porque, todos aquellos, conforman una unidad jurídica respecto de la pensión gracia reconocida de la señora Peña de Murcia.

Así las cosas, como el recurrente insiste en las pretensiones y argumentos formulados en la demanda, y de ello, se deriva la inconformidad con la revisión de los actos administrativos efectuada por el tribunal, corresponde a la Sala, en garantía de los derechos de acceso a la administración de justicia, debido proceso y doble instancia, resolver el fondo del particular, como se efectuará posteriormente.Número Interno: 0496-2025

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2.3 Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, le

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2.3 Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal Administrativo de Caquetá, que negó las pretensiones de la demanda. Para el efecto, se analizará si a la señora Ana Arcilia Peña de Murcia, le asiste derecho a la pensión gracia reconocida a través de Resolución N° 9594 del 13 de agosto de 1996. De asistirle derecho a recibir la prestación, corresponde determinar si la Resolución 9513 del 08 de mayo de 2002, mediante la cual se le reliquidó la pensión gracia con los factores salariales devengados en el último año de servicio , desconoce la especialidad de la referida pensión, en tanto, es efectiva desde la adquisición del estatus pensional.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos: 2.4. Marco normativo y jurisprudencial; 2.5. Pruebas recauda das; y 2.6. Caso concreto.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia.

En principio, debe señalarse que la pensión gracia se considera una prestación especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras exigencias. Su regulación normativa se condensa en los siguientes párrafos:

El artículo 1º de la Ley 114 de 191310 consagró por primera vez la pensión gracia:

cumplida durante un lapso no inferior a 20