CE - Sentencia 18001233300020220001601 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Catorce (14) de agosto de Dos Mil Veinticinco (2025).

| | | | | --- | --- | --- | | Radicado | : | 18001-23-33-000-2022-00016-01 (0969-2025)[[1]](#footnote-2) | | Demandante | : | Vladimir Ilich Montealegre Marín | | Demandado | : | E.S.E. Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia-Caquetá | | Medio de control | : | Nulidad y restablecimiento del derecho | | Tema | : | Relaciones laborales encubiertas (Médico psiquiatra). | | Decisión | : | Sentencia de segunda instancia |

La Sala de Subsección decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la entidad demandada contra la sentencia del Diecisiete (17) de octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Primera de Decisión[[2]](#footnote-3), que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda[[3]](#footnote-4).

• - 1. Pretensiones.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda[[3]](#footnote-4).

• - 1. Pretensiones.

El señor Vladimir Ilich Montealegre Marín, actuando por intermedio de apoderado judicial, acudió a esta jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), mediante demanda que tuvo por objeto obtener la nulidad del Oficio No. 1122 del 11 de marzo de 2020, expedido por la Empresa Social del Estado Hospital Departamental María Inmaculada, mediante el cual se le negó el reconocimiento de una relación de naturaleza laboral.

Como consecuencia de dicha nulidad solicitó se declarara que entre el Hospital Departamental María Inmaculada y el demandante existió una relación laboral, sin solución de continuidad, desde el 1° de enero de 2014 hasta el 28 de febrero de 2019, en la cual ejecutó funciones bajo subordinación y propias del objeto misional de la entidad.

A título de restablecimiento del derecho deprecó:

Que se ordenara a la entidad demandada el pago de las prestaciones sociales dejadas de percibir durante el período de vinculación, incluyendo el auxilio de cesantías y sus intereses causados, la prima de servicios, la prima de navidad, la prima de vacaciones, el auxilio de vacaciones, así como la compensación en dinero de las vacaciones no disfrutadas. Requirió igualmente el pago de las indemnizaciones e intereses moratorios derivados del incumplimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 1° del Decreto 797 de 1949, el Decreto 747 de 1949, el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, el parágrafo del artículo 2 de la Ley 244 de 1995 y demás disposiciones concordantes.

Solicitó también el reconocimiento y pago de la indemnización por terminación anticipada y unilateral del contrato de trabajo, la indemnización por despido sin justa causa, la devolución de los valores descontados por concepto de retención en la fuente, la devolución de las cotizaciones efectuadas como trabajador independiente al Sistema de Seguridad Social y la actualización del cálculo actuarial de dichas cotizaciones. Igualmente, pidió la devolución de los valores que correspondan por tales conceptos, junto con los incrementos legales y las actualizaciones de rigor.

Requirió adicionalmente que, las sumas reconocidas fueran debidamente indexadas desde la fecha en que se hicieron exigibles hasta el pago efectivo, y que devengaran intereses de toda índole desde el momento en que nació la obligación hasta la fecha de pago.

Finalmente, solicitó la condena en costas y agencias en derecho a la entidad demandada, y que se dispusiera el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.

1.1.2 Hechos

Finalmente, solicitó la condena en costas y agencias en derecho a la entidad demandada, y que se dispusiera el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.

1.1.2 Hechos

Según lo expuesto por la parte actora, el señor Vladimir Ilich Montealegre Marín prestó sus servicios personales y especializados como médico psiquiatra al Hospital Departamental María Inmaculada, ejecutando funciones propias del servicio asistencial en salud, particularmente en la atención de consultas, urgencias, labores en la unidad mental y demás actividades dispuestas por sus superiores jerárquicos, conforme a las necesidades del centro hospitalario.

Indicó que su vinculación inició el 1° de enero de 2014, mediante contrato de prestación de servicios suscrito directamente con la ESE, y que, a partir de entonces, fue contratado de manera sucesiva y continua bajo la misma modalidad hasta el 28 de febrero de 2019, fecha en la cual la entidad decidió dar por terminado el vínculo de forma unilateral y sin justa causa.

Sostuvo que, durante todo el período de vinculación, estuvo sometido a un horario impuesto por la entidad de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., con la obligación adicional de mantener disponibilidad nocturna permanente, a pesar que únicamente se le reconocían tres horas por dicha jornada adicional. Afirmó que dicho horario, así como el cuadro de turnos y demás condiciones diarias, le eran señalados por su superior inmediato, quien ejercía el cargo de subgerente científico.

Manifestó que, ejecutó sus funciones de manera personal, dentro de las instalaciones del hospital, con los instrumentos, herramientas y recursos proporcionados por la entidad, y bajo subordinación directa de los directivos, jefes de área y superiores jerárquicos, cumpliendo los reglamentos internos y las órdenes impartidas. Precisó que desarrolló sus actividades en igualdad de condiciones frente al personal de planta, sin diferencia alguna en cuanto a jornada, permisos, asistencia a reuniones, cumplimiento de órdenes, reglamentos y funciones.

Explicó que, la remuneración percibida osciló entre siete y trece millones de pesos mensuales, denominados contractualmente como honorarios, y que durante toda la vinculación asumió de manera personal el pago total de los aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales, cotizando como trabajador independiente.

Afirmó que, la relación contractual, aunque formalmente presentada como de naturaleza civil, en realidad reunía los elementos definitorios de una relación laboral: la prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración. En su criterio, la figura utilizada por la entidad tuvo como propósito desconocer sus derechos laborales y prestacionales.

Señaló que, una vez finalizado el vínculo, solicitó a la ESE el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, emolumentos salariales e indemnizaciones correspondientes, incluyendo la derivada del despido sin justa causa, petición que fue resuelta de manera desfavorable mediante Oficio No. 1122 del 11 de marzo de 2020.

1.1.3 Normas violadas y concepto de violación.

La parte demandante sostuvo que el acto administrativo acusado vulneró los artículos 25 y 56 de la Constitución Política, así como lo dispuesto en la Ley 6 de 1945 y su Decreto Reglamentario 2127 de 1945; la Ley 65 de 1946; los Decretos 797 de 1949, 3135 de 1968, 1848 de 1979, 1042 y 1045 de 1978; el numeral 13 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; los artículos 27 y 48 de la Ley 734 de 2002; el artículo 19 de la Ley 790 de 2002 y el artículo 44 de la Ley 909 de 2004.

Afirmó que, conforme al principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, en el presente caso se configuró una verdadera relación laboral y no un contrato de prestación de servicios, dado que la existencia del vínculo de trabajo no depende de la denominación contractual, sino de la concurrencia de los elementos que la caracterizan. En ese sentido, invocó la doctrina constitucional sentada en la Sentencia T-202 de 1997 en relación con la subordinación.

Sostuvo que en su caso se cumplieron plenamente los elementos definitorios del contrato de trabajo: i) el señor Vladimir Ilich Montealegre Marín ejecutó de manera personal y permanente funciones propias del cargo de médico psiquiatra; ii) dichas labores correspondían a actividades misionales de la entidad demandada y se desarrollaron de manera continua durante más de cinco años; iii) percibió una remuneración mensual por la prestación de sus servicios; y iv) estuvo sujeto a subordinación por parte de la entidad que le imponía horarios, exigía solicitud de permisos, asignaba un lugar fijo de trabajo dentro de sus instalaciones, le proporcionaba elementos e insumos necesarios para el ejercicio de sus funciones, lo citaba a reuniones de carácter obligatorio y le daba instrucciones precisas sobre la forma de ejecución de sus labores, así como sobre el acatamiento de protocolos y reglamentos internos.

Precisó que, el actor cumplió sus funciones en igualdad de condiciones frente al personal de planta del hospital, sin diferencia alguna en cuanto a jornada, obligaciones y régimen interno, al punto que la totalidad de la gestión contractual se tramitó a través de la oficina de Recursos Humanos y no desde el Departamento de Bienes y Servicios.

Adujo que, como consecuencia de lo anterior, le asiste el derecho al pago de la indemnización moratoria por el no reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, conforme al artículo 1° del Decreto 797 de 1949; al pago de la seguridad social en los términos del artículo 15 de la Ley 100 de 1993; así como al reconocimiento de vacaciones, prima de navidad, auxilio de cesantías e indemnización por despido sin justa causa.

1.2 Contestación de la demanda[[4]](#footnote-5).

El apoderado judicial de la E.S.E. Hospital Departamental María Inmaculada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con fundamento en las siguientes consideraciones:

1.2 Contestación de la demanda[[4]](#footnote-5).

El apoderado judicial de la E.S.E. Hospital Departamental María Inmaculada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con fundamento en las siguientes consideraciones:

Sostuvo que, conforme a lo previsto en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo para que se configure una relación laboral deben concurrir tres elementos esenciales: i) la prestación personal del servicio por parte del trabajador; ii) la continua subordinación o dependencia respecto del empleador; y iii) la remuneración como retribución del servicio.

Afirmó que en el caso concreto no existió relación laboral con el señor Vladimir Ilich Montealegre Marín, pues este no desempeñó funciones propias de un cargo, sino que ejecutó actividades específicas, sin imposición de horarios o jornadas. Explicó que, si bien podía coordinar sus actividades con un supervisor para su correcta ejecución, su disponibilidad horaria dependía únicamente de su consentimiento, gozando de total autonomía e independencia en el desarrollo de su labor. Indicó que la entidad no le impartió órdenes derivadas de un poder de mando propio de la subordinación laboral, ni se obra en el proceso prueba alguna que permitiera inferir llamados de atención, instrucciones obligatorias o ejercicio de poder jerárquico. Por lo anterior, consideró que no se configuró el elemento de subordinación exigido por la ley.

Manifestó que, el demandante no señaló de manera clara y expresa ninguno de los supuestos de nulidad previstos en los artículos 137 y 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues se limitó a citar normas que, según su criterio, fueron vulneradas, sin explicar concretamente la causal invocada para desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo acusado.

Como excepciones de mérito, propuso: i) la prescripción; ii) la inexistencia de subordinación entre el contratante y el contratista; iii) la buena fe de la entidad demandada; y iv) la excepción genérica.

1.3 La sentencia de primera instancia[[5]](#footnote-6).

El Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Primera de Decisión, en sentencia de primera instancia declaró la nulidad del Oficio No. 1122 del 11 de marzo de 2020, mediante el cual la E.S.E. Hospital Departamental María Inmaculada negó la existencia de una relación laboral con Vladimir Ilich Montealegre Marín y accedió a las pretensiones de la demanda de la siguiente manera:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad del No. 1122 del 11 de marzo de 2020, suscrito por la E.S.E Hospital Departamental María Inmaculada, mediante el cual le fue negado el reconocimiento de una relación laboral entre dicha entidad y Vladimir Ilich Montealegre Marín y, los consecuentes reconocimientos prestacionales derivadas de la misma.

SEGUNDO: DECLARAR que entre Vladimir Ilich Montealegre Marín y la E.S.E Hospital Departamental María Inmaculada existió un contrato realidad entre el 01 de enero de 2014 y el 28 de febrero 2019.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la E.S.E Hospital Departamental María Inmaculada, a reconocer y pagar en favor de Vladimir Ilich Montealegre Marín, el valor de las prestaciones sociales ordinarias o comunes de carácter legal devengadas por un empleado de planta que tuviera similar categoría y funciones a las desempeñadas por él (médico psiquiatra), tomando como base los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios, correspondientes a los períodos en los cuales se demostró la existencia de un contrato realidad, por los años 2014 a 2019, salvo las interrupciones.

CUARTO: Se CONDENA a la E.S.E Hospital Departamental María Inmaculada, a calcular si existen diferencias entre los aportes a pensión realizados mes a mes por Vladimir Ilich Montealegre Marín, y los que debió efectuar en calidad de empleador, entre el 01 de enero de 2014 y el 28 de febrero 2019, teniendo en cuenta los honorarios pactados en cada uno de los contratos, debiendo cotizar al respectivo régimen la suma que resultare faltante o que no se hubiera efectuado por concepto de aportes a pensión, debidamente indexado. Por su parte, el accionante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de pagar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador, debidamente indexado.

QUINTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: La E.S.E Hospital Departamental María Inmaculada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado:

R = Rh. índice final

índice inicial

SÉPTIMO: La E.S.E Hospital Departamental María Inmaculada deberá dar cumplimiento a esta sentencia en el plazo previsto en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

OCTAVO: No realizar CONDENA en costas […]»

índice inicial

SÉPTIMO: La E.S.E Hospital Departamental María Inmaculada deberá dar cumplimiento a esta sentencia en el plazo previsto en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

OCTAVO: No realizar CONDENA en costas […]»

Como fundamento de su decisión, determinó que entre las partes existió relación laboral desde el 1° de enero de 2014 hasta el 28 de febrero de 2019, acreditándose los tres elementos esenciales de aquella: prestación personal del servicio, remuneración y subordinación. Concluyó que la entidad utilizó de manera indebida contratos de prestación de servicios para atender funciones permanentes de su objeto misional.

1.4. Del recurso de apelación.

La apoderada judicial de la E.S.E. Hospital Departamental María Inmaculada, interpuso recurso de apelación contra la sentencia con fundamento en:

Si bien el demandante prestó servicios como médico psiquiatra entre el 17 de enero de 2014 y el 28 de febrero de 2019, su vinculación se realizó mediante contratos y órdenes de prestación de servicios, con interrupciones que impedían configurar una relación laboral continua. Sostuvo que la suscripción de tales contratos obedeció a la autonomía administrativa y a la necesidad del servicio, sin que existiera subordinación jurídica.

Argumentó que, el fallo de primera instancia no valoró adecuadamente las pruebas, pues la coordinación de horarios, propia de la naturaleza de un hospital con atención continua, no constituye subordinación. Agregó que las funciones desempeñadas por el actor no eran equivalentes a las de un servidor de planta, dado que la entidad no cuenta con cargo de médico psiquiatra en su manual de funciones.

En cuanto a los testimonios practicados, señaló que no demostraban la existencia de los tres elementos esenciales del contrato de trabajo previstos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, particularmente el de subordinación. Indicó que no se probó que el demandante recibiera órdenes precisas, solicitara permisos, estuviera sometido a control disciplinario o que su jornada fuera impuesta por la entidad.

En conclusión, solicitó al Consejo de Estado revocar la sentencia apelada y negar las pretensiones de la demanda, por inexistencia de relación laboral y ausencia de los elementos configurativos del contrato de trabajo.

1.5. Trámite de segunda instancia

Mediante auto de fecha siete (7) de julio de dos mil veinticinco (2025)[[6]](#footnote-7), el despacho ponente admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el artículo 247[[7]](#footnote-8) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

1.5.1 Concepto del ministerio público[[8]](#footnote-9).

La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado analizó el caso y conceptuó en el sentido de indicar que, a su juicio, si existió una relación laboral encubierta bajo la figura de contratos de prestación de servicios.

Tras el estudio del expediente, concluyó que se encontraban acreditados los tres elementos esenciales del contrato de trabajo: la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación.

En cuanto a la prestación personal, se estableció que el demandante trabajó de forma continua e ininterrumpida desde el 1 de enero de 2014 hasta el 28 de febrero de 2019 como médico psiquiatra, ejecutando directamente sus funciones, sin posibilidad de delegarlas, dentro de las instalaciones del hospital y utilizando recursos suministrados por la entidad.

Respecto a la remuneración, se comprobó que recibió pagos periódicos, formalmente denominados honorarios, que en realidad constituían una contraprestación fija mensual propia de una relación laboral. Además, el demandante asumió por su cuenta los aportes al sistema de seguridad social como trabajador independiente, lo que representó una carga desproporcionada frente a la verdadera naturaleza del vínculo.

En relación con la subordinación, se verificó que cumplía órdenes del subgerente científico, quien le asignaba turnos, imponía horarios, controlaba su disponibilidad, le exigía asistir a reuniones obligatorias y cumplir protocolos internos, evidenciando un control jerárquico incompatible con la autonomía de un contratista.

La Procuraduría concluyó que, al estar probados los elementos constitutivos de una verdadera relación laboral, correspondía reconocer las prestaciones derivadas de esta, liquidadas con base en los honorarios pactados en cada contrato, así como los aportes a pensión, pero únicamente en el porcentaje a cargo del empleador.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 1[[9]](#footnote-10) del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo[[10]](#footnote-11), el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

2.2. Problema jurídico.

En atención a los argumentos expuestos por la parte demandada en el recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar si, durante el período comprendido entre el 1º de enero de 2014 y el 28 de febrero de 2019, se configuró una verdadera relación laboral entre el señor Vladimir Ilich Montealegre Marín y la E.S.E. Hospital Departamental María Inmaculada, no obstante haber sido vinculado formalmente mediante contratos y órdenes de prestación de servicios.

Para tal efecto, será necesario verificar si en el expediente se encuentran acreditados los elementos esenciales del contrato de trabajo —esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y, especialmente, la subordinación—. Este último aspecto será objeto de un análisis detallado, por cuanto constituye el eje central de la controversia planteada en sede de apelación.

2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial de la existencia de una relación laboral encubierta y/o subyacente

En principio, cabe precisar que, respecto de los contratos estatales de prestación de servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3), dispone:

«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos general relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.»

Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual.

Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso […] general relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154 de 1997, precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el de carácter laboral, así:

«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de prestación de servicios y contrato de trabajose obtiene que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo.» -sicAhora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 1968[[11]](#footnote-12), «[p]or el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil […]», dispone:

«Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por una persona natural.

Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo.

Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de la República.

Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros contratadas por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración Pública y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes.

Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones.»

La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-614 de 2009, al señalar que la permanencia, entre otros criterios, es un elemento más que indica la existencia de una relación laboral. En esa oportunidad, la Corte expuso:

«La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos especializados. De igual manera, despliega los principios constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de funciones permanentes en la administración pública debe realizarse con el personal de planta, que corresponde a las personas que ingresaron a la administración mediante el concurso de méritos.»

De lo anterior, se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales[[12]](#footnote-13); y, para reforzar su tesis, el demandante puede valerse de los criterios de la permanencia del empleo para constatar si se está encubriendo una auténtica relación laboral[[13]](#footnote-14).

En el mismo sentido, la Subsección B de esta Sección Segunda[[14]](#footnote-15) recordó que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo y, (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral.

Este criterio ha sido reiterado por esta Subsección en múltiples oportunidades, consolidando así una línea jurisprudencial uniforme en torno a la materia. En consecuencia, será con fundamento en dicho marco normativo y jurisprudencial que se desarrollará el análisis del presente asunto[[15]](#footnote-16).

2.2.2. Material probatorio

• Copia de veinticuatro (24) contratos de prestación de servicios y una certificación donde se relacionan nueve (9) contratos de prestación de servicios celebrados entre el demandante y la E.S.E. Hospital Departamental María Inmaculada, a continuación