CE - Sentencia 18001233300020250008501 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación nro.: 18001 23 33 000 2025 00085 01

Accionante: ALEXANDER CUÉLLAR BERMEO

Accionado: JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

DE FLORENCIA

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el proceso en el que se profirió la providencia cuestionada se encuentra en curso y no se hizo uso de los mecanismos de defensa que tenía al alcance para cuestionar lo que se reprocha en sede constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo de tutela proferido el 4 de septiembre de 2025 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá , que declaró improcedente la solicitud de amparo.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Alexander Cuéllar Bermeo interpuso acción de tutela en contra de la sentencia proferida el 27 de junio de 2025 por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Florencia dentro del medio de control de nulidad simple identificado con

El señor Alexander Cuéllar Bermeo interpuso acción de tutela en contra de la sentencia proferida el 27 de junio de 2025 por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Florencia dentro del medio de control de nulidad simple identificado con el radicado núm. 18001 -33-33-003-2023-00497-00, y formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] 1. Principal: Que se deje sin efecto la providencia proferida el 27 de junio de 2025 por el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia – Caquetá, mediante la cual se declaró la nulidad simple del Decreto 191 de 2023, por las causales descritas anteriormente y por desconocer derechos fundamentales, elementos materiales probatorios, precedentes judiciales y normas que amparan mi estabilidad laboral derivada del mérito, así como las demás garantías constitucionales menguadas que han conllevado a un perjuicio irremediable que se ha derivado a partir de la desvinculación de mi cargo y que se sigue generando por tal decisión.

1 Aparte del escrito tutela. Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 18001 23 33 000 2025 00085 00.Radicación: 18001 23 33 000 2025 00085 01

Accionante: Alexander Cuéllar Bermeo

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2. Subsidiaria: Que, en caso de no acceder a lo anterior, se ordene mi

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2. Subsidiaria: Que, en caso de no acceder a lo anterior, se ordene mi vinculación como tercera interesada en el proceso, reconociendo que solicité tal vinculación dentro del término legal y antes del vencimiento del plazo para apelar, sin que se resolvier a mi petición, concediéndome el término de ley para interponer recurso de apelación.

3. Ordenar al juzgado tercero administrativo de Florencia adoptar las medidas necesarias para reparar el daño causado.

4. Ordenar al juzgado tercero administrativo de Florencia que profiera una nueva sentencia con base en la valoración correcta de los hechos y pruebas

[…]”.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que, mediante el Decreto nro. 191 de 2023, la alcaldía municipal de San Vicente del Caguán (Caquetá) creó varios empleos dentro de la planta de personal de la administración de dicho municipio.

Señaló que , por medio del Decreto nro. 226 del 26 de diciembre de 2023, fue nombrado en provisionalidad en el cargo de profesional universitario código 219 grado 1, creado mediante el precitado Decreto nro. 191 de 2023.

Manifestó que el 27 de junio de 2025, en el proceso de nulidad identificado con el radicado nro. 18001-33-33-003-2023-00497-00, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Florencia profirió sentencia mediante la cual declaró la nulidad del

radicado nro. 18001-33-33-003-2023-00497-00, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Florencia profirió sentencia mediante la cual declaró la nulidad del Decreto nro. 191 de 2023.

Aseguró que “tales supuestas irregularidades puestas de presente en la mencionada demanda de nulidad simple ya habían sido analizadas y descartadas por el Tribunal Administrativo del Caquetá en sede de una demanda de nulidad electoral, donde se concluyó que el Decreto 191 de 2023 se ajustaba a la legalidad y se amparó a los funcionarios en sus cargos”2.

Anotó que “la sentencia de nulidad simple no fue notificada a mi persona, ni fui vinculado al proceso, a pesar de ser una de las directamente afectadas por sus efectos, impidiéndome ejercer el derecho de defensa y contradicción, así como la posibilidad de interponer r ecurso de apelación. Al respecto, cabe mencionar que antes del vencimiento del término para apelar, a través de apoderada presenté solicitud de vinculación como tercera interesada, acreditando por medio de soportes documentales tal condición; s in embargo, el juzgado guardó silencio y, posteriormente, expidió constancia de ejecutoria, dejando en firme la sentencia”3.

2 Aparte del escrito tutela. Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 18001 23 33 000 2025 00085 00. 3 Ibidem.Radicación: 18001 23 33 000 2025 00085 01

Accionante: Alexander Cuéllar Bermeo

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3 Ibidem.Radicación: 18001 23 33 000 2025 00085 01

Accionante: Alexander Cuéllar Bermeo

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Resaltó que “la demanda de nulidad simple únicamente tenía como pretensión la nulidad del acto administrativo general (Decreto 191 de 2023), mas no de los actos administrativos individuales de nombramiento, que gozan de presunción de legalidad conforme al artículo 88 del CPACA. Sin embargo, en la práctica, la decisión ha provocado la desvinculación automática de todos los ocupantes de dichos cargos, aspecto que genera gran contrariedad, máxime cuando por parte del Tribunal Administrativo del Caquetá, ya se había emitido sentencias que declararon la legalidad de los cargos creados, las cuales, si bien fueron dictadas en sede de nulidad electoral, el análisis versó sobre hechos sustancialmente idénticos y sobre las mismas supuestas irregularidades que fueron alegadas en l a demanda de nulidad simple, por lo que ignorar tal precedente judicial no solo desconoce el principio de igualdad y la seguridad jurídica, sino que configura un defecto por desconocimiento del precedente, en la medida en que priva de efectos a una decisión judicial previa, firme y vinculante para casos con identidad fáctica y jurídica como el presente”4.

Indicó que el 24 de julio de 2025 la administración municipal expidió el Decreto nro. 089 por el cual dio por terminado su nombramiento en provisionalidad y fue retirado del cargo.

como el presente”4.

Indicó que el 24 de julio de 2025 la administración municipal expidió el Decreto nro. 089 por el cual dio por terminado su nombramiento en provisionalidad y fue retirado del cargo.

El accionante alegó que, como consecuencia de la providencia cuestionada, se ha visto afectada su situación económica y familiar comoquiera que fue desvinculado del cargo “ sin permitirme ningún tipo de recurso ”, y actualmente (i) tiene una obligación económica con una entidad financiera en virtud de un crédito de libre inversión que adquirió en noviembre de 2024 por valor inicial de $43.813.454; (ii) su hija de 19 años que estudia en la Universidad de la Amazonía depende económicamente de él; (iii) su hij o de 27 años se encuentra recluido en una fundación de rehabilitación para personas con trastornos mentales y problemas de consumo de sustancias psicoactivas, quien también depende económicamente de él; (iv) debe asumir los gastos de arriendo y servicios públicos de su residencia ; y (v) su esposa, quien también depende de él económicamente, tiene controles médicos en una ciudad diferente en la que residen.

Expuso que “la pérdida de mi empleo y la incertidumbre laboral han generado en mí altos niveles de estrés, ansiedad y depresión, pues el hecho de no poder cubrir mis obligaciones dinerarias, y familiares, generan en mí una gran preocupación y desespero, que también está afectando mi salud física, mental y emocional”5.

Precisó que “aunque el retiro del cargo ya se ejecutó, los perjuicios se mantienen y se agravan cada día, afectando de manera directa mi derecho fundamental al

desespero, que también está afectando mi salud física, mental y emocional”5.

Precisó que “aunque el retiro del cargo ya se ejecutó, los perjuicios se mantienen y se agravan cada día, afectando de manera directa mi derecho fundamental al trabajo, al mínimo vital, a la dignidad humana y a la salud”6.

4 Ibidem. 5 Ibidem. 6 Ibidem.Radicación: 18001 23 33 000 2025 00085 01

Accionante: Alexander Cuéllar Bermeo

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Posteriormente, en el acápite del escrito de tutela denominado “DEFECTOS EN LA PROVIDENCIA JUDICIAL”, adujo que en la sentencia acusada se incurrió en un defecto fáctico, en un error inducido, en un desconocimiento del precedente, en un defecto sustantivo , en un defecto procedimental por omisión , y en una violación directa de la Constitución.

En cuanto al defecto fáctico, aseveró que la autoridad judicial accionada fundamentó su decisión en pruebas inexistentes o desvirtuadas por el Tribunal Administrativo del Caquetá, ignorando el acervo probatorio que demostraba la legalidad del acto administrativo demandado.

Agregó que “la sentencia cuestionada incurre en un defecto fáctico, al haberse valorado de manera incompleta el acervo probatorio, acogiendo de manera acrítica los argumentos y documentos aportados por la parte demandante, mientras que se omitió tener en cuenta pruebas esenciales que ya habían sido aportadas y valoradas

valorado de manera incompleta el acervo probatorio, acogiendo de manera acrítica los argumentos y documentos aportados por la parte demandante, mientras que se omitió tener en cuenta pruebas esenciales que ya habían sido aportadas y valoradas en sede de nulidad electoral por el Tribunal Administrativo del Caquetá, dentro de procesos que resolvieron sobre los mismos cargos y los mismos supuestos hechos de ilegalidad”7.

Sobre el error inducido, explicó que el fallo cuestionado incurrió en dicho defecto “en la medida en que la administración municipal - parte demandada en el proceso de nulidad simple - no desplegó una defensa técnica adecuada ni aportó al proceso las pruebas con las que contaba y que habían sido previamente validadas por el Tribunal Admini strativo del Caquetá en sede de nulidad electoral. Amén de lo anterior, es evidente que el municipio desconoció su obligación como sujeto procesal pues no sustentó una defensa técnica con elementos mediante los cuales se verificara la realidad del proceso de creación de cargos, por el contrario no se opuso a lo planteado en el escrito de demanda e incluso coadyuvó las pretensiones de la misma y ratificó tal posición de no defender el decreto 191 de 2023 por presentar supuestos vicios de legalidad e inconstitucionalidad, cuando contaban con acervo probatorio para demostrar lo contrario”8.

Sostuvo que “el error no surgió de la decisión arbitraria del titular del juzgado tercero administrativo de Florencia, sino de la actuación amañada de las partes en este caso del señor Adolfo Osorio Gaspar y el municipio de San Vicente del Caguán que, de manera irregular, presentaron información o argumentos que llevaron al juez a

administrativo de Florencia, sino de la actuación amañada de las partes en este caso del señor Adolfo Osorio Gaspar y el municipio de San Vicente del Caguán que, de manera irregular, presentaron información o argumentos que llevaron al juez a tomar una decisión equivocada, pues presentaron pruebas sin validez que el juez quizá sin mala fe considero (sic) válidas”9.

Frente al desconocimiento del precedente afirmó que la autoridad judicial accionada “desatendió el fallo del Tribunal Administrativo del Caquetá que resolvió sobre los

7 Ibidem. 8 Ibidem. 9 Ibidem.Radicación: 18001 23 33 000 2025 00085 01

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mismos hechos y pretensiones en la demanda de nulidad electoral, decisión de superior jerarquía funcional”10.

En lo que respecta al defecto sustantivo, argumentó que el juzgado accionado “anuló un acto general sin demandar ni estudiar la legalidad de los actos particulares de nombramiento, implicándose el art. 88 del CPACA (presunción de legalidad)”11.

Manifestó que “en la demanda de nulidad simple de la cual se derivó la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia, la única pretensión consistía en obtener la nulidad del Decreto 191 de 2023, mediante el cual la Alcaldía de San Vicente del Caguán modificó la planta de personal y creó nuevos cargos. No

consistía en obtener la nulidad del Decreto 191 de 2023, mediante el cual la Alcaldía de San Vicente del Caguán modificó la planta de personal y creó nuevos cargos. No se incluyó pretensión alguna orientada a controvertir los actos individuales de nombramiento expedidos en desarrollo de ese decreto, ni se vinculó como parte o tercero a los servidores que hoy se ven directamente afectados por la sentencia”12.

Subrayó que “la extensión de los efectos de la sentencia de nulidad simple a los actos individuales de nombramiento constituye una actuación desproporcionada y contraria al principio de legalidad, al debido proceso y a la cosa juzgada. Cada uno de estos nombramientos c onstituye un acto administrativo autónomo, que genera una situación jurídica individual y concreta, y cuya legalidad debía ser discutida en procesos judiciales independientes, si así se estimaba necesario, con plena garantía del derecho de defensa de los v inculados. Más aún, en el caso concreto, estos nombramientos ya fueron objeto de control judicial por parte del Tribunal Administrativo del Caquetá, dentro del proceso de nulidad electoral, donde se desestimaron las mismas supuestas irregularidades alegada s y se confirmó la legalidad del decreto y de los cargos. Por tanto, resulta incompatible que una acción de nulidad simple que no tenía como finalidad anular dichos actos individuales sirva como fundamento para su desvinculación, cuando además existe un pronunciamiento previo favorable que amparó los derechos de los mismos funcionarios”13.

Ahora, en cuanto a la configuración de l defecto procedimental por omisión, anotó que en el proceso ordinario objeto de debate no se vinculó a los directamente afectados por la decisión.

funcionarios”13.

Ahora, en cuanto a la configuración de l defecto procedimental por omisión, anotó que en el proceso ordinario objeto de debate no se vinculó a los directamente afectados por la decisión.

Aclaró que “si bien la acción de nulidad simple es de carácter público, ello no exonera al juez de garantizar la participación de quienes ostentan un interés directo y cierto en el resultado del proceso, más aún cuando la decisión impacta de forma concreta y grave una situación jurídica individual, como lo es la permanencia en un empleo público legalmente conferido”14.

10 Ibidem. 11 Ibidem. 12 Ibidem. 13 Ibidem. 14 Ibidem.Radicación: 18001 23 33 000 2025 00085 01

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Finalmente, sobre la violación directa de la Constitución, alegó que en la sentencia cuestionada se incurrió en dicho defecto al desconocer , de manera abierta lo dispuesto en los artículos 13, 25 29, y 53 de la Carta Política, relacionados con el derecho a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas y justas, el derecho al debido proceso y la estabilidad laboral reforzada.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 20 de agosto de 2025 15 a través del aplicativo de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y correspondió

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 20 de agosto de 2025 15 a través del aplicativo de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y correspondió por reparto al despacho 04 del Tribunal Administrativo del Caquetá que, por auto del 2 de septiembre de 202516 la admitió, y dispuso notificar17 al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Florencia, como parte accionada; así como vincular18 al municipio de San Vicente del Caguán y al señor Adolfo Osorio Gaspar , como terceros interesados en el resultado del proceso.

3.2. El titular del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Florencia rindió informe19 en el que señaló que el accionante no se encuentra legitimado para promover la presente acción de tutela, en razón a que no hizo parte del proceso de nulidad objeto de debate.

Aseguró que el despacho desconocía la vinculación del accionante a la plant a de personal del municipio de San Vicente del Caguán y que dicha situación solo se puso de presente por escrito después de proferida la sentencia de primera instancia.

Precisó que “con relación a la existencia de un medio de control electoral, tramitado ante ustedes, debo manifestar que tampoco fue conocido dentro del proceso de nulidad a cargo del juzgado tercero administrativo, además debo decir que la accionante realiza una apreci ación que no se acompasa a la realidad procesal, teniendo en cuenta que, en la actuación surtida ante el Tribunal, nunca se cuestionó la legalidad del Decreto 191 de 2023”.

A su turno, frente a la presunta omisión por falta de vinculación de terceros con

teniendo en cuenta que, en la actuación surtida ante el Tribunal, nunca se cuestionó la legalidad del Decreto 191 de 2023”.

A su turno, frente a la presunta omisión por falta de vinculación de terceros con interés directo en el proceso ordinario , e xpuso que “esta judicatura tuvo la oportunidad de referirse el pasado 26 de agosto, por lo tanto, me remito a las

15 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 18001 23 33 000 2025 00085 00. 16 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 18001 23 33 000 2025 00085 00. 17 Esta orden se cumplió el 2 de septiembre de 2025. Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 18001 23 33 000 2025 00085 00. 18 Ibidem. 19 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 18001 23 33 000 2025 00085 00.Radicación: 18001 23 33 000 2025 00085 01

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argumentaciones expresadas en esa oportunidad, resaltando que no los solicitantes no eran terceros con interés directo, sino coadyuvantes, siendo extemporánea la solicitud de reconocimiento”.

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argumentaciones expresadas en esa oportunidad, resaltando que no los solicitantes no eran terceros con interés directo, sino coadyuvantes, siendo extemporánea la solicitud de reconocimiento”.

Finalmente, anotó que “no se observan vicios o vulneraciones a derechos fundamentales de la (sic) tutelante y, por ende, las pretensiones no están llamadas a prosperar. Ahora es importante resaltar que la legalidad del acto administrativo de insubsistencia o desvinculación de la tutelante es susceptible de ser enjuiciado mediante la nulidad y restablecimiento del derecho, mecanismo al que podrá acudir y además solicitar medidas cautelares, siendo el mecanismo idóneo para que se estudien sus pretensiones, haciendo improcedente esta acción constitucional”.

3.3. El alcalde del municipio de San Vicente del Caguán allegó escrito 20 en el que solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela.

Explicó que “el proceso de nulidad electoral no guarda relación con el proceso de nulidad simple ya que, en la nulidad electoral el tribunal lo que sí evaluó es que, los nombramientos se hicieran conforme a la Ley y a lo que establece la Función Pública en relación al derecho preferencial que tienen los empleados de carrera administrativa hacer (sic) encargados en empleos que se encuentran en vacante definitiva o temporal, a diferencia lo que hizo el juzgado en el proceso de nulidad simple, que se analizó los requisitos y presupuestos exigi dos por la Ley para crear cargos y modificar la planta de personal de cualquier entidad pública”.

Resaltó que la administración municipal no tiene injerencia en las actuaciones y/o decisiones del juzgado accionado; sin embargo, sostuvo que la sentencia

cargos y modificar la planta de personal de cualquier entidad pública”.

Resaltó que la administración municipal no tiene injerencia en las actuaciones y/o decisiones del juzgado accionado; sin embargo, sostuvo que la sentencia cuestionada en est a sede constitucional se profirió acorde con la normatividad vigente para el caso en concreto.

3.4. La Procuradora 25 Judicial II para asuntos administrativos allegó escrito21 en el que solicitó que se declare la improcedencia de la solicitud de amparo.

Argumentó que el señor Alexander Cuéllar Bermeo tiene a su alcance el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar el Decreto 089 del 24 de julio de 2025, por medio del cual se dio por terminado su nombramiento en provisionalidad en la Alcaldía de San Vicente del Caguán.

Advirtió que la acción de tutela es un mecanismo constitucional excepcional y subsidiario, que no puede utilizarse para reclamar derechos que pueden ser solicitados por otro medio de defensa.

20 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 18001 23 33 000 2025 00085 00. 21 Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 18001 23 33 000 2025 00085 00.Radicación: 18001 23 33 000 2025 00085 01

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Agregó que el accionante no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que le impida acudir ante la jurisdicción contencioso-administrativa para demandar el acto administrativo que dio por terminado su nombramiento en provisionalidad en el municipio de San Vicente del Caguán.

Por último, indicó que “ (…) en el expediente adelantado por el Juzgado Administrativo accionado se evidencia que se expidió el Aviso del 22 de abril de 2024, que fue publicado en la página web de la rama judicial, sitio del Juzgado Tercero Administrativo de Florencia (…). En dicho Aviso se informó a la comunidad en general sobre el auto admisorio de la demanda del 11 de abril de 2024, que admitió el medio de control de nulidad promovido por Adolfo Osorio Gaspar contra el Municipio de San Vicente del Caguán, que pretende la declaratoria de nulidad del decreto municipal No. 191 de 22 de noviembre de 2023, publicado el 14 de diciembre de 2023, en la página web de la Alcaldía Municipal de San Vicente del Caguán (…). Así las cosas, se garantizó el principio de publicidad y contradicción para que cualquier persona que se considerara con derecho pudiera intervenir para reclamar y hacer valer sus derechos en el medio de control de nulidad del acto administrativo que creó unos empleos en la planta de personal de la Alcaldía de San Vicente del Caguán. Sin embargo, la accionante solicitó su vinculación cuando ya

reclamar y hacer valer sus derechos en el medio de control de nulidad del acto administrativo que creó unos empleos en la planta de personal de la Alcaldía de San Vicente del Caguán. Sin embargo, la accionante solicitó su vinculación cuando ya había pasado la oportunidad para ello, puesto que ya se había proferido la sentencia de primera instancia, y por ende, no le era dable al Juzgado accionado reconocerla como coadyuvante de la par te accionada para defender la legalidad del acto acusado, al tenor del artículo 223 del CPACA que estipula que solo desde la admisión de la demanda y hasta en la audiencia inicial cualquier persona puede solicitar ser reconocido como coadyuvante de la parte demandante o de la parte demandada en el proceso (…)”.

3.5. El señor Adolfo Osorio Gaspar guardó silencio.

3.6. Por auto del 4 de septiembre de 202522, la magistrada de conocimiento ordenó remitir la acción de tutela al despacho 03 del Tribunal Administrativo del Caquetá , teniendo en cuenta que “se verificó la existencia de otras acciones de tutela presentadas con identidad de objeto, causa y sujeto pasivo (…). En todas ellas se discute la presunta vulneración de derechos fundamentales como consecuencia de la sentencia del 27 de junio de 2025 y de los actos de desvinculación posteriores”.

3.7. Por auto del 4 de septiembre de 2025, la titular del despacho 03 del Tribunal Administrativo del Caquetá avocó el conocimiento de la presente acción de tutela, advirtiendo que “no se evidencia la necesidad de acumular las acciones de tutelas antes descritas, en virtud de lo cual, serán fallas (sic) por separado”.

advirtiendo que “no se evidencia la necesidad de acumular las acciones de tutelas antes descritas, en virtud de lo cual, serán fallas (sic) por separado”.

22 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 18001 23 33 000 2025 00085 00.Radicación: 18001 23 33 000 2025 00085 01

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4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, en sentencia del 4 de septiembre de 202 523, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito general de subsidiariedad.

Inicialmente, sostuvo que “ el presente caso reviste relevancia constitucional, toda vez que se encuentra comprometido el respeto por las garantías fundamentales del debido proceso y el derecho de defensa, particularmente en lo que concierne al acceso efectivo a la administración de justicia. Esto se evidencia en la omisión de vincular al señor Alexander Cuéllar Bermeo dentro del proceso de nulidad (…), a pesar de que en dicho trámite se discutió la legalidad del acto administrativo mediante el cual se creó el cargo de contador público que ella (sic) desempeñaba en el Municipio de San Vicente del Caguán”.

Con posterioridad, relató que el 10 de julio de 2025 , actuando por conducto de

mediante el cual se creó el cargo de contador público que ella (sic) desempeñaba en el Municipio de San Vicente del Caguán”.

Con posterioridad, relató que el 10 de julio de 2025 , actuando por conducto de apoderada, el señor Cuéllar Bermeo solicit ó al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Florencia que se le reconociera como tercero con interés directo en el proceso de nulidad objeto de debate, argumentando que la sentencia proferida en dicho proceso afectaba de manera directa sus derechos.

Anotó que la mencionada solicitud fue reiterada el 14 y 17 de julio de 2025 y que, por auto del 26 de agosto de 2025 , el juzgado la negó al considerar que se realizó de forma extemporánea . Agregó que, inconforme con dicha decisión, interpuso recurso de apelación.

Adujo que “(…) en el presente mecanismo constitucional que no se han agotado todos los recursos ordinarios, porque está pendiente por resolverse el recurso de apelación interpuesto, el cual resulta procedente según se desprende del numeral 6° del artículo 243, de la Ley 1437 de 2011 (...) . Así las cosas, no se acreditó el requisito de subsidiariedad que permite acudir a la acción de tutela como mecanismo definitivo, conforme los lineamientos expuestos por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado (…)”.

Agregó que “en el mismo sentido, resulta improcedente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pues su promotor no logró demostrar la existencia de un perjuicio de tales características, y tampoco del análisis de los hechos se puede arribar a tal conclusión”.

para evitar un perjuicio irremediable, pues su promotor no logró demostrar la existencia de un perjuicio de tales características, y tampoco del análisis de los hechos se puede arribar a tal conclusión”.

23 Visto en el índice 32 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 18001 23 33 000 2025 00085 00.Radicación: 18001 23 33 000 2025 00085 01

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5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte accionante lo impugnó manifestando lo siguiente24:

I. OBJETO DE LA IMPUGNACIÓN

Se impugna la decisión por desconocer pruebas esenciales, no acceder a la protección frente a un perjuicio irremediable evidente y, sobre todo, por desatender la relevancia constitucional que el mismo Tribunal reconoció en su providencia.

II. CONTEXTO

Fui nombrado en el cargo de -contadorProfesional Universitario Código 219 Grado 01 en la planta de personal de la Alcaldía de San Vicente del Caguán, nombramiento efectuado mediante acto administrativo particular y concreto (Decreto 226 del 26 de diciemb re de 2023, por medio del cual se hace un nombramiento en provisionalidad) que goza de presunción