CE - Sentencia 18001234000020170024202 de 2025

Radicación: 18001-23-40-000-2017-00242-02

Demandados: Nación, Ministerio de Defensa y Ejército Nacional

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 18001-23-40-000-2017-00242-02 (6569-2022)

Demandante: Hames Alveiro Samboní Mosquera

Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional y Ejército Nacional

Tema: Pensión de invalidez para soldado regular. Subtema 1: principio de favorabilidad en materia pensional. Subtema 2: Validez del dictamen de las juntas regionales de calificación de invalidez, cuando es aportado con la demanda.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, contra la sentencia proferida el 10 de febrero de 2022 por el Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala Cuarta, mediante la cual se negaron sus pretensiones.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El demandante ingresó al Ejército Nacional como soldado conscripto en 1998. En el

mediante la cual se negaron sus pretensiones.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El demandante ingresó al Ejército Nacional como soldado conscripto en 1998. En el 2000 pasó a ser soldado voluntario. En el año 2001 su comando fue hostigado por grupos subversivos. En los hechos, una esquirla de granda lesionó su ojo izquierdo, el cual le fue extirpado y en su lugar se le implantó una prótesis. El 16 de febrero de 2002 fue retirado del servicio debido a que mediante acta del 23 de enero de esa anualidad, la Junta Médico Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército le dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 58.5%. En 2016 solicitó al Ministerio de Defensa Nacional el reconocimiento de la pensión de invalidez con fundamento en un acta de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta del 30 de julio de 2013, que le determinó una merma de la capacidad laboral del 88%. Sin embargo, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez conceptuó que dicha calificación no corresponde con el tipo de patología ni con el correcto uso del manual de calificación.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. El accionante, por conducto de apoderado judicial, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho1 de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que a continuación se señalan.

2.1.1. Pretensiones 1 Según el medio de control previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento

jurídicos que a continuación se señalan.

2.1.1. Pretensiones 1 Según el medio de control previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA. La demanda fue presentada el 30 de junio de 2017, según el «acta individual de reparto» visible a f. 52 del archivo pdf denominado «2_ExpedienteDigi_01CuadernoPpal1_0_20250129151424396.pdf», que está en el índice 151 de Samai tribunales. La demanda se encuentra en las páginas 36 a 51 del referido archivo pdf.Radicación: 18001-23-40-000-2017-00242-02

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2. El demandante solicitó la nulidad del acto administrativo ficto producto del silencio administrativo negativo en que incurrieron el Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército Nacional al no responder su petición del 28 de septiembre de 2016, en la que solicitó el reconocimiento de una pensión de invalidez y el reajuste de la indemnización por disminución de la capacidad laboral.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condenara al Ministerio de Defensa Nacional y al Ejército Nacional a: (i) reconocerle y pagarle de manera indexada a partir de su retiro, una pensión de invalidez con los parámetros de la Ley Marco 923 de 2004 y el Decreto Reglamentario 443 del mismo año, en cuantía del

indexada a partir de su retiro, una pensión de invalidez con los parámetros de la Ley Marco 923 de 2004 y el Decreto Reglamentario 443 del mismo año, en cuantía del 85% del salario mínimo legal mensual vigente, más el 40%, a partir del retiro de la institución, y subsidiariamente, una pensión de invalidez acorde al artículo 3, numeral 3.5, de la referida ley marco, (ii) reliquidarle la indemnización que le fue reconocida y pagarle las diferencias en forma indexada, y (iii) pagarle 100 salarios mínimos legales mensuales «como reparación de los perjuicios causados».

2.1.2. Hechos

4. La Sala sintetiza los principales hechos del caso de la siguiente manera:

1. El accionante ingresó al Ejército Nacional como soldado conscripto en 1998. En el 2000 pasó a ser soldado voluntario, y en el 2002 se retiró del servicio por incapacidad relativa y permanente. Al momento del ingreso al servicio «se encontraba en óptimas condiciones de salud».

1. Debido a trauma ocular «que sufrió hallándose activo» en el Ejército, la Junta Médica Laboral de Sanidad, mediante acta 031 del 23 de enero de 2002, le dictaminó una disminución de la capacidad laboral del 58.50%.

1. El demandante no ha recibido tratamiento ni asistencia médica ni pago de pensión de invalidez por parte de la demandada.

1. De acuerdo con el dictamen 12180755 del 30 de julio de 2013 de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta, se le determinó una pérdida de capacidad laboral del 88%.

1. De acuerdo con el dictamen 12180755 del 30 de julio de 2013 de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta, se le determinó una pérdida de capacidad laboral del 88%.

1. Hames Alveiro Samboní Mosquera no ha tenido recuperación alguna. Por lo tanto, «ha dependido siempre, para su formulación médica y tratamiento, de sus familiares».

1. El 28 de septiembre de 2016, solicitó al Ministerio de Defensa Nacional y al Ejército Nacional: (i) el reconocimiento de una pensión de invalidez y el reajuste de la indemnización por disminución de la capacidad laboral, (ii) practicarle nuevos exámenes médicos, (iii) brindarle atención médica, quirúrgica, hospitalaria y terapéutica, (iv) reconocerle y pagarle de manera indexada a partir de su retiro, una pensión de invalidez, (v) reliquidarle la indemnización que le fue reconocida, y (vi) pagarle 100 salarios mínimos legales mensuales por perjuicios morales.

1. Las entidades demandadas no respondieron su solicitud.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

5. El demandante citó como normas violadas las siguientes: de la Constitución Política, los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 29, 48, 49, 53, 228, 229 y 230; del Código SustantivoRadicación: 18001-23-40-000-2017-00242-02

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3 del Trabajo (CST), los artículos 9 y 25; del CPACA, los artículos 2 y 3; de la Ley 100 de 1993, el artículo 40; de la Ley Marco 923 de 2004, el artículo 3.5; del Decreto 94 de 1989, los artículos 15, 39, 47, 79, 86, 87, 88 y 90; del Decreto 1796 de 2000, los artículos 2, 3, 27 y 39; del Decreto 1157 de 2014, el artículo 2; y del Decreto 4433 de 2014, el artículo 32.

6. En el concepto de violación expuso que el acto administrativo ficto demandado está

viciado de nulidad por las siguientes razones:

a) Los miembros de la Fuerza Pública tienen derecho a que, en servicio activo o retirados, se les proteja su salud cuando sufren una enfermedad o lesión en la prestación del servicio, por lo que tienen derecho al reconocimiento de una pensión y ser indemnizados, prestaciones que para él son compatibles.

b) El demandante sufrió un notable menoscabo en sus condiciones de salud y calidad de vida cuando se encontraba en servicio activo. No obstante, en el acta de la Junta Médico Laboral que le realizaron no se consignaron plenamente las lesiones que sufrió, y que han evolucionado, mermando ostensiblemente su salud, al punto que resultó no apto para el servicio.

Médico Laboral que le realizaron no se consignaron plenamente las lesiones que sufrió, y que han evolucionado, mermando ostensiblemente su salud, al punto que resultó no apto para el servicio.

c) El régimen especial del personal de la Fuerza Pública, Ley 923 de 2004 y decretos reglamentarios 4433 de 2004 y 1157 de 2014, exigen como presupuesto sustancial para la pensión de invalidez, una discapacidad mínima del 50%, sin perjuicio del reconocimiento del reajuste a la indemnización. Normas que fueron adoptadas para favorecerlos, debido a la especial naturaleza de la función y a la vulnerabilidad a la que se exponen, por lo que considera que dichas normas deben ser más laxas y favorables a las ordinarias.

d) Se debe reconocer el reajuste a la indemnización como consecuencia de la pensión reconocida, debido a que son compatibles según el artículo 3 del numeral 3.12 de la Ley 923 de 2004.

2.2. Contestación de la demanda

7. La parte demandada se opuso argumentando que2: (i) de acuerdo con la normativa vigente al momento de ocurrir los hechos, para acceder a la pensión de invalidez se debe acreditar la pérdida de capacidad laboral del 75%, y (ii) no puede tenerse en cuenta el dictamen rendido por la Junta Regional de Invalidez del Meta, porque los miembros de la fuerza pública se encuentran excluidos de su ámbito de competencia.

2.3. Sentencia de primera instancia

8. El Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala Cuarta, mediante sentencia del 10 de febrero 20223, resolvió no acceder a las pretensiones de la demanda y condenar en

2.3. Sentencia de primera instancia

8. El Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala Cuarta, mediante sentencia del 10 de febrero 20223, resolvió no acceder a las pretensiones de la demanda y condenar en

costas a la parte actora, porque:

a) Encontró probado que el 28 de septiembre de 2016 el demandante solicitó, entre otros, el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez a la demandada , situación que no fue refutada por la entidad, ni obra prueba de que haya emitido una respuesta, por lo que consideró procedente declarar la configuración del acto 2 La contestación a la demanda está en las páginas 88 a 102 archivo pdf denominado «2_ExpedienteDigi_01CuadernoPpal1_0_20250129151424396.pdf», que está en el índice 151 de Samai tribunales. 3 Ff. 342 a 365 Samai tribunales y juzgados, índice 00002Radicación: 18001-23-40-000-2017-00242-02

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4 ficto o presunto, derivado del silencio administrativo negativo conforme el artículo 83 del CPACA.

b) El 23 de enero de 2002 la Junta Médico Laboral mediante acta núm. 031 determinó a Hames Alveiro Samboní Mosquera una incapacidad relativa y permanente, no apto para el servicio, y disminución de la capacidad laboral del 58.5%, por trauma

a Hames Alveiro Samboní Mosquera una incapacidad relativa y permanente, no apto para el servicio, y disminución de la capacidad laboral del 58.5%, por trauma ocular penetrante en el ojo izquierdo con secuela de enucleación del ojo, ocurrida en el servicio por acción directa del enemigo. Dicho dictamen fue confirmado dentro de este proceso por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía a través de acta núm. TML19-2-534 del 11 de diciembre de 2019.

c) Aunque el demandante acude a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta, la cual emite dictamen el 30 de julio de 2013 en el que le determina una pérdida de capacidad laboral del 88%. El 14 de mayo de 2021 la Junta Nacional de Calificación de Invalidez emitió un nuevo dictamen, dentro del presente proceso, en el que tuvo en cuenta las actas médico laborales de los organismos Militares y de Policía, en cuyo análisis consignó que el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta no corresponde con el tipo de patología ni con el correcto uso del manual de calificación. Así mismo, realizó una calificación por el Decreto 094 de 1989 con una disminución de la capacidad laboral del 58.50%, imputable al servicio por acción directa del enemigo.

d) Actualmente los requisitos para el reconocimiento de la pensión de invalidez de los miembros de la fuerza pública son los contenidos en el numeral 3.5 del artículo 3 de la Ley Marco 923 de 2004 y el artículo 2 del Decreto Reglamentario 1157 de 2014, normas que no son aplicables al caso concreto ya que el retiro del servicio

de la Ley Marco 923 de 2004 y el artículo 2 del Decreto Reglamentario 1157 de 2014, normas que no son aplicables al caso concreto ya que el retiro del servicio de Samboní Mosquera fue el 20 de febrero de 2002, esto es, antes de su entrada en vigencia, por lo que resultan aplicables las disposiciones vigentes a la fecha de retiro del servicio. El demandante tiene un 58.50% de pérdida de capacidad laboral, dictaminada por los organismos de la Dirección de Sanidad y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, por lo que no cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 1796 de 2000 al no contar con un porcentaje mínimo del 75% de pérdida de capacidad laboral para el reconocimiento de la pensión de invalidez.

2.4. Recurso de apelación

9. El demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, en el que insistió en los argumentos de su demanda4. Además, agregó que debió aplicarse el principio de favorabilidad y por consiguiente el artículo 38 de la Ley 100 de 1993.

2.5. Intervenciones en segunda instancia

10. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 20215, no hubo traslado a las partes para alegar porque no fue necesario el decreto de pruebas y no fueron solicitadas por las partes.

2.6. El Ministerio Público

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

necesario el decreto de pruebas y no fueron solicitadas por las partes.

2.6. El Ministerio Público

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

4 Ff. 370 a 375 Samai tribunales y juzgados, índice 00002 5 Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo -ley 1437 de 2011y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción.Radicación: 18001-23-40-000-2017-00242-02

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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

12. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico y metodología de su resolución

13. De acuerdo con lo expuesto, a la Sala le corresponde resolver como problema jurídico si: ¿el demandante tiene derecho a la pensión de invalidez dispuesta para los miembros de la Policía Nacional de conformidad con el Decreto 1796 de 2000, norma especial vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos, o , por principio de favorabilidad, se debe aplicar la Ley 100 de 1993, pues los órganos médico laborales

especial vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos, o , por principio de favorabilidad, se debe aplicar la Ley 100 de 1993, pues los órganos médico laborales de sanidad militar y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez le asignaron una pérdida de la capacidad laboral del 58.50%?

14. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala reseñará, en primer lugar, las disposiciones aplicables en materia de reconocimiento de la pensión de invalidez para los miembros de la Fuerza Pública y el principio de favorabilidad. Para luego, estudiar el caso en concreto.

3.3. Disposiciones aplicables en materia de reconocimiento de pensión de invalidez a los miembros de la Fuerza Pública

15. El Decreto 2728 de 1968, «por el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de soldados y grumetes de las Fuerzas Militares», estableció en el artículo 2 que para efectos de determinar, clasificar y evaluar las aptitudes, incapacidades, invalideces e indemnización los Soldados y Grumetes quedaban sometidos al «[r]eglamento General de Incapacidades, Invalideces e Indemnizaciones para el personal al servicio de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional».

16. Posteriormente, el Decreto 1836 de 1979 se encargó en el título noveno de regular la pensión de invalidez de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, para lo cual estableció una regulación diferenciada según los diversos cargos desempeñados en dichas instituciones, tal y como se observa en sus artículos 60, 61,

Defensa, para lo cual estableció una regulación diferenciada según los diversos cargos desempeñados en dichas instituciones, tal y como se observa en sus artículos 60, 61, 62 y 63. No obstante lo anterior, la prestación establecida respecto de los miembros de cada entidad tenía en común la exigencia de una disminución en la capacidad sicofísica de por lo menos el 75%.

17. A través de la Ley 5 de 1988, el Congreso de la República, de conformidad con el ordinal 12 del artículo 76 de la Constitución de 1886, revistió al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de un año, entre otras, para reformar el estatuto de capacidad psicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, soldados, grumetes, agentes, alumnos de las escuelas de formación y personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.

18. El presidente de la República en uso de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 05 de 1988 profirió el Decreto 094 de 11 de enero de 1989, por el cual se reformó el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional,Radicación: 18001-23-40-000-2017-00242-02

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6 soldados, grumetes, agentes, alumnos de las escuelas de formación y personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, cuyo artículo 89, en cuanto a la pensión de invalidez, dispuso:

«Artículo 89. Pensión de invalidez del personal de Oficiales, Suboficiales y agentes. A partir de la vigencia del presente Decreto, cuando el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y Agentes, adquieran una incapacidad durante el servicio, que implique una pérdida igual o superior al 75 % de su capacidad psicofísica, tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el Tesoro Público y liquidada con base en las partidas señaladas en los respectivos estatutos de carrera, así: a) El 50% de dichas partidas cuando el índice de lesión fijado determina una disminución del 75% de la capacidad sicofísica. b) El 75% de dichas partidas, cuando el índice de lesión fijado determina una disminución de la capacidad sicofísica que exceda del 75% y no alcance el 95%. c) El 100 % de dichas partidas cuando el índice de lesión fijado determina una disminución de la capacidad sicofísica igual o superior al 95%. (…)».

19. De acuerdo con el artículo citado, cuando el personal de oficiales, suboficiales y agentes de la Fuerzas Militares adquieran una incapacidad durante el servicio que

disminución de la capacidad sicofísica igual o superior al 95%. (…)».

19. De acuerdo con el artículo citado, cuando el personal de oficiales, suboficiales y agentes de la Fuerzas Militares adquieran una incapacidad durante el servicio que implique pérdida igual o superior al 75% de su capacidad, tienen derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el Tesoro Público en

cuantía del 50% de las partidas establecidas en los respectivos estatutos de carrera, en porcentaje del 75% cuando el índice de lesión fijado determina una disminución de la capacidad sicofísica que exceda el 75% y no alcance el 95%, y del 100 cuando la disminución de la capacidad fuere igual o superior al 95%.

20. Posteriormente, el Decreto 1796 de 2000, en el artículo 48 dispuso que el procedimiento y los criterios de disminución de la capacidad laboral e indemnizaciones, seguirían rigiéndose por el Decreto 94 de 1989 hasta tanto se expidiera una nueva regulación.

21. Es importante anotar, que la Ley 100 de 1993, por la cual se creó el sistema de seguridad social integral, respecto a la pensión de invalidez y su monto, estableció en

el artículo 40 lo siguiente:

«Artículo 40. Monto de la Pensión de Invalidez. El monto mensual de la pensión de invalidez será equivalente a: a. El 45% del ingreso base de liquidación, más el 1.5% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, cuando la

cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral sea igual o superior al 50% e inferior al 66%. b. El 54% del ingreso base de liquidación, más el 2% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras ochocientas (800) semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral es igual o superior al 66%. La pensión por invalidez no podrá ser superior al 75% del ingreso base de liquidación. En ningún caso la pensión de invalidez podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual. La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado».

22. La Ley 100 de 1993, estableció entonces, para el reconocimiento de pensión de invalidez que: (i) cuando la disminución de la capacidad laboral de la persona sea igual o superior al 50% e inferior al 66% el monto es del 45% del ingreso base de liquidación, más el 1.5% adicional por cada 50 semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a la primeras 500 semanas contribuidas; y (ii) cuando la disminución de la capacidad laboral fuera igual o superior al 66% el monto de laRadicación: 18001-23-40-000-2017-00242-02

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7 prestación sería de 54% del ingreso base de liquidación más el 2% por cada 50 semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a la primeras 800 semanas aportadas. Igualmente, estableció que tal pensión no puede ser superior al 75% del ingreso base de liquidación y tampoco inferior al salario mínimo legal mensual vigente.

23. Luego, la Ley Marco 923 de 2004, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal «e» de la Constitución de 1991, señaló las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, y en su artículo 3, numeral 3.5, estipuló que el derecho para acceder a la pensión de invalidez y su monto será fijado teniendo en cuenta el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral del miembro de la Fuerza Pública, determinado por los organismos médico-laborales militares y de policía de acuerdo con criterios diferenciales según las circunstancias que originen la disminución de la capacidad laboral y, advirtió, que en todo caso no se podría establecer como requisito para acceder al derecho, una disminución de la capacidad laboral inferior al 50% y el monto de la pensión en ningún caso será menor al 50% de las partidas computables para la asignación de retiro.

todo caso no se podría establecer como requisito para acceder al derecho, una disminución de la capacidad laboral inferior al 50% y el monto de la pensión en ningún caso será menor al 50% de las partidas computables para la asignación de retiro.

24. Igualmente, en el artículo 6 se establecieron los efectos temporales de dicha norma en lo que tiene que ver con las pensiones de sobrevivencia y de invalidez. Al respecto la norma puntualizó que, dichas prestaciones serían reconocidas para los hechos ocurridos desde el 7 de agosto del 2002, es decir que dispuso efectos retroactivos para la aplicación de la ley. Este artículo fue objeto de pronunciamiento de la Corte Constitucional en sentencia C-924 del 2005, providencia en la cual se estudió una acción pública de inconstitucionalidad propuesta con fundamento en la vulneración del derecho a la igualdad. En esa oportunidad, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 6 de la Ley 923 del 2004 y, por lo tanto, consideró que la citada norma no vulneraba el derecho a la igualdad en tanto «la retroactividad prevista por el legislador, no se orienta a brindar protección a unas personas que hubiesen estado desprovistas de ella, sino que busca permitir que, dentro de las limitaciones que impone la situación de las finanzas públicas, algunas de tales personas, en razón de la proximidad de sus circunstancias con el momento del tránsito legislativo, pudiesen beneficiarse de las condiciones previstas en el nuevo régimen».

25. En desarrollo de la Ley Marco 923 de 2004, el ejecutivo dictó el Decreto 4433 de ese mismo año, por medio del cual fijó el régimen pensional y de asignación de retiro

condiciones previstas en el nuevo régimen».

25. En desarrollo de la Ley Marco 923 de 2004, el ejecutivo dictó el Decreto 4433 de ese mismo año, por medio del cual fijó el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública. En los artículos 30 y 31 reguló lo relativo a la pensión de invalidez del personal de oficiales, suboficiales, soldados profesionales y personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de las Fuerzas Militares, y originada en combate o actos meritorios, así:

«Artículo 30. Reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez. Cuando mediante Junta Médico Laboral o Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, al personal de Oficiales, Suboficiales, Soldados Profesionales y personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de las Fuerzas Militares, y de Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de la Policía Nacional se les determine una disminución de la capacidad laboral igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) ocurrida en servicio activo, tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los tres meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio, mientras subsista la incapacidad, a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual, que será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección General de la Policía Nacional, según el caso, liquidada de conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan, con fundamento en las partidas computables que correspondan según lo previsto en el presente decreto:Radicación: 18001-23-40-000-2017-00242-02

porcentajes que a continuación se señalan, con fundamento en las partidas computables que correspondan según lo previsto en el presente decreto:Radicación: 18001-23-40-000-2017-00242-02

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8 30.1 El setenta y cinco por ciento (75%), cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) e inferior al ochenta y cinco por ciento (85%). 30.2 El ochenta y cinco por ciento (85%), cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%) e inferior al noventa y cinco por ciento (95%). 30.3 El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%). Parágrafo 1°. La base de liquidación de la pensión del personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio, será el sueldo básico de un Cabo Tercero o su equivalente en la Policía Nacional. Parágrafo 2°. Las pensiones de invalidez del personal de Soldados Profesionales, previstas en el Decreto-ley 1793 de 2000 serán reconocidas por el Ministerio de Defensa Nacional con cargo al Tesoro Público. Parágrafo 3°. A partir de la vigencia del presente decreto, cuando el pensionado por invalidez requiera del auxilio de otra persona para realizar las funciones elementales de su vida, condición esta que será determinada por los organismos médico-laborales

Parágrafo 3°. A partir de la vigencia del presente decreto, cuando el pensionado por invalidez requiera del auxilio de otra persona para realizar las funciones elementales de su vida, condición esta que será determinada por los organismos médico-laborales militares y de policía del Ministerio de Defensa Nacional, el monto de la pensión se aumentará en un veinticinco por ciento (25%). Para efectos de la sustitució