CE - Sentencia 18001234000020170025702 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 18001-23-40-000-2017-00257-02 (5978-2019)

Demandante: María del Socorro Jiménez Causil

Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial1

Temas: Prima especial de servicios. Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada en contra de la sentencia proferida el 29 de agosto de 2019 por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala de Conjueces , mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. María del Socorro Jiménez Causil presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -Administrativo3, en orden a que se declarara la nulidad del Oficio DESAJN16-2433 del 11 de mayo de

control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -Administrativo3, en orden a que se declarara la nulidad del Oficio DESAJN16-2433 del 11 de mayo de 2016, proferido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de

1 En adelante DEAJ. 2 Folio 49. La demanda fue presentada el 9 de octubre de 2017. 3 En adelante CPACA.2

Radicado: 18001-23-40-000-2017-00257-02 (5978-2019) Demandante: María del Socorro Jiménez Causil Neiva (Huila)4 y el acto ficto presunto negativo generado por la falta de respuesta al recurso de apelación presentado el 23 de mayo de 2016, con los que se negó el reajuste prestacional y reconocimiento de la prima especial de servicios en cuantía del 30% adicional a la asignación básica mensual.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó: i) la reliquidación y pago, desde el 6 de febrero de 2012 hasta el 10 de enero de 2017 de los siguientes emolumentos: a) gastos de presentación, bonificación por servicios prestados, prima s de vacaciones, de navidad, y de servicios, cesantías, intereses a las cesantías, aportes a seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales y demás prestaciones sociales devengadas, sobre el 100% del salario básico sin excluir el 30% que ha sido pagado como si se tratara de la prima especial de servicios sin carácter salarial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 ; b)

básico sin excluir el 30% que ha sido pagado como si se tratara de la prima especial de servicios sin carácter salarial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 ; b) la prima especial de servicios en cuantía del 30% adicional a la asignación básica mensual; ii) la actualización del valor de la condena a la fecha de pago de conformidad con el artículo 187 del CPACA; iii) el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 ibidem; y iv) la condena en costas a la parte demanda.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes5:

3.1. María del Socorro Jiménez Causil se desempeñó como magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Florencia, Caquetá, entre el 6 de febrero de 2012 y el 10 de enero de 2017.

3.2. El 18 de abril de 2016 solicitó ante la DEAJ la reliquidación de los sueldos y prestaciones sociales percibidos, teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica mensual y sin excluir de esa base de liquidación el 30% al que se le había catalogado como prima especial de servicios sin carácter salar ial. Además, solicitó el reconocimiento de la citada prima, en cuantía del 30% adicional al salario básico.

3.3. La DESAJ profirió Oficio DESAJN16 -2433 del 11 de mayo de 2016 en el que negó la anterior solicitud.

3.4. La demandante presentó recurso de apelación el 23 de mayo de 20166, que fue

3.3. La DESAJ profirió Oficio DESAJN16 -2433 del 11 de mayo de 2016 en el que negó la anterior solicitud.

3.4. La demandante presentó recurso de apelación el 23 de mayo de 20166, que fue resuelto a través de la Resolución 5349 del 31 de julio de 2018, es decir, durante el

4 En adelante DESAJ. 5 Folios 26 al 29. 6 Folios 10 al 14.3

Radicado: 18001-23-40-000-2017-00257-02 (5978-2019) Demandante: María del Socorro Jiménez Causil transcurso del presente medio de control7.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13 y 53 de la Constitución Política; y 2 y 14 de la Ley 4ª de 1992.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente:

5.1. Con la creación de la prima especial de servicios no se indicó que dicho porcentaje debía ser deducido del salario básico, sino que su reconocimiento debía ser adicional a él. Así, el modo en el que se ha reconocido la mentada prima desconoce el principio d e progresividad laboral, pues disminuye la base sobre la cual se pagan las demás prestaciones e implica que no se ha cumplido con el deber de pagar el beneficio creado por el legislador.

5.2. La mencionada prestación debe ser concedida en cuantía del 30% de la asignación básica y pagada de manera adicional a dicho monto, sentido en el cual

de pagar el beneficio creado por el legislador.

5.2. La mencionada prestación debe ser concedida en cuantía del 30% de la asignación básica y pagada de manera adicional a dicho monto, sentido en el cual ya se ha pronunciado el Consejo de Estado 8 a través de decisiones en las que ha declarado la nulidad de los decretos salariales anuales en los que se previó que la prima especial de servicio ya se encontraba incluida en el salario básico.

5.3. En virtud de lo anterior, los actos administrativos demandados fueron expedidos con violación de las normas en que debieron fundarse, toda vez que se profirieron con una interpretación errónea del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y porque a pesar de que los decretos anuales con base en los cuales se le restó el carácter salarial al 30% de la asignación básica ya fueron declarados nulos por el Consejo de Estado, se negó el derecho de la demandante a que se reliquiden sus prestaciones sociales con base en el 100% de su salario y el pago de la prima especial de servicios a la que tiene derecho.

1.2. Contestación de la demanda

6. La DEAJ se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se

expresan a continuación9:

7 La notificación del acto administrativo se realizó el 5 de diciembre de 2018, es decir, después de la notificación del auto admisorio de la demanda que se hizo el 5 de octubre de ese año. 8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de abril de 2009, radicado

11001-03-25-000-2007-00098-00 (1831-07) y sentencia del 4 de marzo de 2010, radicado 2500023-25-000-2005-06222-01 (1469-07). 9 Folios 85 al 95.4

Radicado: 18001-23-40-000-2017-00257-02 (5978-2019) Demandante: María del Socorro Jiménez Causil 6.1. La prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 no tiene efectos salariales, salvo para calcular el ingreso base de cotización al sistema de pensiones. Lo anterior fue objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional que en sentencia C-279 de 1996 declaró exequible la expresión «sin carácter salarial» contenida en el citado precedente normativo . En tal sentido dicho porcentaje no puede hacer parte de la base a partir de la cual se calculan las primas de navidad y vacaciones, las cesantías y la bonificación por servicios prestados.

6.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no tiene la potestad de adoptar decisiones sobre el régimen salarial de los servidores judiciales y se ha limitado a aplicar en debida forma los decretos salariales anuales expedidos por el gobierno nacional.

6.3. El artículo 7 del Decreto 618 de 2007 dispuso que el 30% de la remuneración mensual de los servidores públicos señalados en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se consideraba prima especial de servicios sin carácter salarial. A pesar de que el citado art ículo fue declarado nulo por el Consejo de Estado 10, los efectos de tal

se consideraba prima especial de servicios sin carácter salarial. A pesar de que el citado art ículo fue declarado nulo por el Consejo de Estado 10, los efectos de tal decisión solo tienen efectos hacia el futuro, toda vez que esa norma causó plenos efectos durante el tiempo de su vigencia.

6.4. Proceden las excepciones de i) ausencia de causa petendi; ii) cobro de lo no debido e iii) inexistencia de la obligación.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala de Conjueces, en sentencia proferida el 29 de agosto de 201911, accedió a las pretensiones de la demanda. En tal sentido,

ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: Declarar la NULIDAD de los actos administrativos demandados como son: el contenido en el oficio DESAJN16 -2433 del 11 de mayo de 2016, emanado de la Dirección Seccional de Administración Judicial Neiva de la Rama Judicial, y el acto ficto generado, por medio de los cuales se negó a la hoy demandante, el reconocimiento y pago de los valores que por concepto de prestaciones sociales, como primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, entre otros, además de los salarios todo ello dentro del lapso de tiempo comprendido entre el 11 de mayo del 2013 hasta el 10 de enero del 2017 de las sumas de dinero que dentro de dicho contexto resulte adeudar la entidad demandada, hasta que le sea cancelada de manera completa cada una de las prestaciones económicas atrás expresadas, las cuales deben ser el resultado de aplicar el 30% de [la] prima especial como FACTOR SALARIAL para su reliquidación, al igual que el pago de la referida prima

manera completa cada una de las prestaciones económicas atrás expresadas, las cuales deben ser el resultado de aplicar el 30% de [la] prima especial como FACTOR SALARIAL para su reliquidación, al igual que el pago de la referida prima

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, radicado 11001 -03-25000-2007-00098-00 (1831-07). 11 Folios 126 al 134.5

Radicado: 18001-23-40-000-2017-00257-02 (5978-2019) Demandante: María del Socorro Jiménez Causil desde tales fechas y la indexación pertinente.

SEGUNDO: Que a título de Restablecimiento del Derecho, y como consecuencia de la declaratoria de Nulidad de los referidos Actos Administrativos, se ordena a la Nación -Rama Judicial -Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que reconozca y pague a la demandante MARÍA DEL SOCORRO JIMÉNEZ CAUSIL identificad[a] con la cédula de ciudadanía nro. 40.792.864, los valores que resulten de liquidar teniendo en cuenta para ello el mencionado factor salarial el 30% (treinta por ciento) de la prima especial de servicios: las prestaciones sociales, como primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y demás emolumentos que la entidad demandada le adeude en el lapso de tiempo comprendido entre el […] 11 de mayo del 2013 hasta el 10 de enero de 2017, las sumas de dinero que resulten deberán ser actualizadas (correcc ión monetaria) hasta el momento en que se concrete el respectivo pago.

de mayo del 2013 hasta el 10 de enero de 2017, las sumas de dinero que resulten deberán ser actualizadas (correcc ión monetaria) hasta el momento en que se concrete el respectivo pago.

TERCERA: Como RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, igualmente ordénese a la NACIÓN -RAMA JUDICIAL -DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, que proceda a la liquidación y pago a favor del demandante, de lo que corresponda desde el 11 de mayo del 2013 hasta el 10 de e nero de 2017 de las sumas de dinero que dentro de dicho contexto resulte adeudar la entidad demandada de la prima especial sin carácter salarial que debió percibir como JUEZ de la república, equivalente al 30% de la remuneración básica prevista en el artículo 14 de la [Ley] 4ª de 1992, como un incremento adicional o agregado al salario.

CUARTA: De manera simultánea y como RES TABLECIMIENTO DEL DERECHO, se ordena a la NACIÓN -RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN E JECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL que proceda a la liquidación y pago a favor de la demandante, de lo que corresponda desde el 11 de mayo del 2013 hasta el 10 de enero del 2017 en que se concrete el pago de las sumas de dinero que dentro de dicho contexto resulte adeudar la entidad demandada, del 30% de su sueldo básico que debió percibir como JUEZ de la república.

QUINTO: El valor adeudado se le aplicará la corrección monetaria dando aplicación a la fórmula ya precisada en los considerandos.

SEXTA: Para el cumplimiento de la presente decisión se aplicará lo dispuesto en el

QUINTO: El valor adeudado se le aplicará la corrección monetaria dando aplicación a la fórmula ya precisada en los considerandos.

SEXTA: Para el cumplimiento de la presente decisión se aplicará lo dispuesto en el

Código Contencioso Administrativo CPACA [sic].

SÉPTIMA: Se ordena el archivo del proceso una vez quede Ejecutoriada la presente sentencia» (sic).

8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos:

8.1. De acuerdo con la actual posición del Consejo de Estado, tomar el 30% de la asignación básica de los servidores judiciales descritos en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y catalogarlo como prima especial de servicio sin carácter salarial genera un detrimento de los derechos laborales, pues implica que las prestaciones sociales sean calculadas solo con base en el 70% del salario y no en el 100% como en derecho corresponde.6

Radicado: 18001-23-40-000-2017-00257-02 (5978-2019) Demandante: María del Socorro Jiménez Causil 8.2. Lo anterior también ocasiona el desconocimiento del propósito de ese emolumento, que no es más que la concesión de una retribución mensual adicional al salario básico. En tal sentido, la demandante tiene derecho a que se reliquid en sus ingresos mensuales y las prestaciones sociales con base en el 100% de la asignación básica mensual sin «sumarle ni restarle el 30% ya que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial».

8.3. Sin embargo, operó la prescripción trienal sobre aquellas sumas causadas antes del 11 de mayo de 2013 en atención a la «fecha en que solicitó el reajuste de sus

servicios no tiene carácter salarial».

8.3. Sin embargo, operó la prescripción trienal sobre aquellas sumas causadas antes del 11 de mayo de 2013 en atención a la «fecha en que solicitó el reajuste de sus prestaciones sociales y salariales».

8.4. El Tribunal Administrativo del Caquetá no emitió pronunciamiento sobre la condena en costas.

1.4. El recurso de apelación

9. La DEAJ solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda. Lo anterior, con base en los siguientes

argumentos12:

9.1. No existe ninguna previsión normativa que permita entender que el 30% de la suma percibida mensualmente como prima especial de servicios tenga carácter salarial, pues fue el legislador por medio del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 quien determinó las condiciones del reconocimiento de la citada remuneración, decisión que fue avalada por la Corte Constitucional en sentencia C-279 de 1996.

9.2. La sentencia apelada, a pesar de que se basó en un antecedente del Consejo de Estado,13 desconoció el estudio de constitucionalidad efectuado en la sentencia C-279 de 1996 la cual tiene efecto erga omnes.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

10. Las partes guardaron silencio14.

1.6. El Ministerio Público

11. El Ministerio Público no emitió concepto en esta instancia15.

12 Folios 141 al 150. 13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, radicado 11001 -03-2511. El Ministerio Público no emitió concepto en esta instancia15.

12 Folios 141 al 150. 13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, radicado 11001 -03-25000-2007-00098-00 (1831-07). 14 Índice 24 del aplicativo Samai. 15 Índice 24 del aplicativo Samai7

Radicado: 18001-23-40-000-2017-00257-02 (5978-2019)

Demandante: María del Socorro Jiménez Causil

2. Consideraciones 2.1. Problema jurídico

12. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que delimita la competencia del juez en segunda instancia 16, se circunscriben a establecer si ¿ la prima especial de servicios reconocida a María del Socorro Jiménez Causil tiene carácter salarial de modo que deba incluirse en la reliquidación de las prestaciones sociales ordenada en la sentencia de primera instancia?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar

13. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas, señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del congreso nacional y de la fuerza pública.

14. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República

otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del congreso nacional y de la fuerza pública.

14. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:

«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial 17 para los Magistrados de todo orden de los

16 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia». 17 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-27996 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una

procesales deberán alegarse durante la audiencia». 17 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-27996 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los8

Radicado: 18001-23-40-000-2017-00257-02 (5978-2019) Demandante: María del Socorro Jiménez Causil Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].

15. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen

funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].

15. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por el régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto (artículo 2).

16. Igualmente, en su artículo 6 señaló que «[ se considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de l os Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los

Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».

17. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996, mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios mencionados en la norma [artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la opción de acogerse a la escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente, indicó que también se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes de las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura,

únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente, indicó que también se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes de las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, Magistrados del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los Procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación».

18. Posteriormente, el gobierno nacional dictó los decretos salariales anuales 106 de 1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 47 de 1997, 64 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000, 1474 de 2001, 673 de 2002, 3568 de 2003, 4171 de 2004, 935 de 2005, 389 de

derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».9

Radicado: 18001-23-40-000-2017-00257-02 (5978-2019) Demandante: María del Socorro Jiménez Causil 2006, 618 de 200718, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874 del 2012, 1024 del 2013 y 194 del 2014 , 997 del 2019, 301 del 2020, 981 del 2021, 470 del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n

470 del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar19».

19. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno; directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abo gados, de unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los Tribunales Judiciales [abog ado asesor], el 30% de la remuneración mensual se consideraba prima especial sin carácter salarial.

20. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30% del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación

del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos laborales de los servidores; es decir, descontaba del 100% el 30% denominado como prima.

21. Para solucionar la controversia, la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 2 de septiembre de 200920, fijó, entre otras, las siguientes

pautas:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago

18 Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sen tencia del 29 de abril del 2014 de radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz. 19 Excepto en los decretos 1105 del 2005, 234 del 2016, 1003 del 2017 y 338 del 2018 en los cuales no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados.

19 Excepto en los decretos 1105 del 2005, 234 del 2016, 1003 del 2017 y 338 del 2018 en los cuales no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados. 20 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001 -23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)10

Radicado: 18001-23-40-000-2017-00257-02 (5978-2019) Demandante: María del Socorro Jiménez Causil de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % d e su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.

excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.

22. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en detrimento de los trabajadores. Esta tesis fue reiterada por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 2 de septiembre de 201921.

23. Asimismo, el Consejo de Estado, a través de la sentencia del 29 de abril de 201422 declaró la nulidad de algunas normas que reglamentaban la prima especial,

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33