CE - Sentencia 18001234000020170031101 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 18001-23-40-000-2017-00311-01 (71182)

Demandantes: Miller Fabio Hurtado Collazos y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional Medio de control: Reparación directa

CADUCIDAD EN LESIONES PERSONALES-Reiteración de jurisprudencia: en los casos en los que el daño no se conoce concomitantemente con el acaecimiento del hecho dañoso, el término de caducidad en la reparación directa se cuenta desde el descubrimiento del daño, pero no se aplaza hasta la certeza de su magnitud. JUNTA DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ-Su notificación no tiene la virtualidad de desplazar el momento a partir del cual debe contabilizarse el plazo .

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 31 de enero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá, mediante la cual se declaró probada la excepción de caducidad propuesta por la demandada.

SÍNTESIS DEL CASO

Miller Fabio Hurtado Collazos y su grupo familiar interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación -Ministerio de Defensa -Policía Nacional, por la

caducidad propuesta por la demandada.

SÍNTESIS DEL CASO

Miller Fabio Hurtado Collazos y su grupo familiar interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación -Ministerio de Defensa -Policía Nacional, por la presunta falla del servicio en la que habría incurrido la entidad en el cumplimiento de los protocolos para procedimientos poli civos, cuya correcta aplicación habría evitado la realización de un atentado con artefacto explosivo, del cual fue víctima el señor Hurtado Collazos cuando se disponía a realizar la inspección y levantamiento de un cadáver y que le generó graves afectaciones a su integridad psicológica.Radicación: 18001-23-40-000-2017-00311-01 (71182)

Demandantes: Miller Fabio Hurtado Collazos y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional Medio de control: Reparación directa

2

ANTECEDENTES

La demanda

El 14 de diciembre de 20171, Miller Fabio Hurtado Collazos, Betty Collazos Lozada, Deivy Dayana Murcia Collazos, Jennifer Murcia Collazos, Anderson Murcia Collazos, Nasly Sorely Hoyos Burbano y Sara Valentina Hurtado Hoyos, presentaron demanda contra la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

PRIMERO: Se declare que; LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA son solidaria, patrimonial y administrativamente responsab les por las afecciones y perjuicios de todo tipo;

PRIMERO: Se declare que; LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA son solidaria, patrimonial y administrativamente responsab les por las afecciones y perjuicios de todo tipo; materiales, morales y daño a la salud ocasionadas al señor MILLER F. HURTADO COLLAZOS como víctima directa y a sus familiares; BETTY COLLAZOS LOZADA,

DEIVY DAYANA MURCIA COLLAZOS, JENNIFER MURCIA COLLAZOS, ANDERSON MURCIA COLLAZOS, NASLY SORELY HOYOS BURBANO y SARA VALENTINA HURTADO HOYOS como víctimas indirectas, con base en los hechos ocurridos el día 07/12/2011 mientras el señor Miller F. Hurtado realizaba labores de Policía.

SEGUNDA: Condenar, en conse cuencia, solidariamente A LA NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA a reconocer y pagar a favor de los accionantes, con reparación y/o indemnización, los perjuicios de orden material, moral y a la salud, los cuale s se

estiman de la siguiente manera:

POR PERJUICIOS MORALES: Con base en las tablas de valores establecidas por el Consejo de Estado mediante Documento final aprobado mediante acta del 28 de agosto de 2014 referentes para la reparación de perjuicios inmateriales. Consejo de Estado sala de lo contencioso administrativo sección tercera.

• Para el señor MILLER FABO [sic] HURTADO COLLAZOS (Directo afectado) el

equivalente a (100) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.

administrativo sección tercera.

• Para el señor MILLER FABO [sic] HURTADO COLLAZOS (Directo afectado) el equivalente a (100) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes. • Para NASLY SORELY HOYOS BURBANO (es posa) el equivalente a (100

S.M.L.M.V.). • Para SARA VALENTINA HURTADO HOYOS (hija), el equivalente a (100 S.M.L.M.V.). • Para BETTY COLLAZOS LOZADA (madre) el equivalente a (100 S.M.L.M.V.) • Para DEIVY DAYANA MURCIA COLLAZOS (hermana), el equivalente a (50 S.M.L.M.V.). • Para JENNIFER MURCIA COLLAZOS, (hermana), el equivalente a (50 S.M.L.M.V.). • Para ANDERSON MURCIA COLLAZOS , (hermano), el equivalente a (50

S.M.L.M.V.).

(…)

1 Folios 45 a 56, c. 1.Radicación: 18001-23-40-000-2017-00311-01 (71182)

Demandantes: Miller Fabio Hurtado Collazos y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional Medio de control: Reparación directa

3

POR PERJUICIO INMATERIAL: DAÑO A LA SALUD Para la víctima directa, MILLER F. HURTADO COLLAZOS único beneficiario legal de este perjuicio, la suma equivalente a (100 S.M.L.M.V.), con base en la valoración de pérdida de capacidad laboral del (62.65%), superior al (50%).

(…)

POR PERJUICIO MATERIAL - LUCRO CESANTE CONSOLIDADO

de este perjuicio, la suma equivalente a (100 S.M.L.M.V.), con base en la valoración de pérdida de capacidad laboral del (62.65%), superior al (50%).

(…)

POR PERJUICIO MATERIAL - LUCRO CESANTE CONSOLIDADO Para la víctima directa, el señor MILLER FABIO HURTADO COLLAZOS, la suma equivalente a lo dejado de percibir desde el mome nto en que determinaron su Pérdida de capacidad laboral (13/10/2015), como consecuencia de la detonación de la carga explosiva y hasta la fecha de presentación de esta solicitud de conciliación prejudicial, 24 meses, Lucro que se determina así: (…)

$63.873.241.00

En letras: SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL

DOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE.

POR PERJUICIO MATERIAL - LUCRO CESANTE FUTURO Este valor corresponde a lo que dejará de percibir, como consecuencia del porcentaje de PÉRDID A DE CAPACIDAD PARA LABORAR el señor MILLER F. HURTADO COLLAZOS que es de (62.56%), que por ser superior al (50%), se denomina Estado de Invalidez absoluta, por lo tanto debe pagarse la suma equivalente a lo dejado de percibir desde la fecha de calificació n de invalidez, 13/10/2015 hasta el límite de su esperanza de vida, que según las tablas aprobadas por la Superintendencia Financiera de Colombia que para los hombres es de 72 años (…)

$ 515.827.392

En letras: QUINIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI SIETE MIL

TRECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE.

años (…)

$ 515.827.392

En letras: QUINIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI SIETE MIL

TRECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE.

TERCERA: Solicito que todas las anteriores sumas dinerarias, sean actualizadas, el valor del salario mínimo deberá ser el actual a la fecha que se profiera sentencia de primera o de segunda instancia según corresponda, los demás valores cuantificados en pesos deberán ser indexados a la fecha de la sentencia de primera instancia o segunda instancia y generaran intereses a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia respectiva.

CUARTA: Las sumas así causadas devengarán los intereses previstos en el C.P.A.C.A. y se ejecutará en los términos establecidos en el mismo.

QUINTA: Sírvanse condenar en costas y agencias en derecho a A [sic] LA NACIÓN

COLOMBIANA - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL DE

COLOMBIA.

Hechos

En sustento de sus pretensiones, en la demanda se relataron los hechos que se compendian así:

El 7 de diciembre de 2011, Miller Fabio Hurtado Collazos, miembro activo de la Policía Nacional, resultó lesionado en un suceso que tuvo ocurrencia en la “curvaRadicación: 18001-23-40-000-2017-00311-01 (71182)

Demandantes: Miller Fabio Hurtado Collazos y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional Medio de control: Reparación directa

4

Demandantes: Miller Fabio Hurtado Collazos y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional Medio de control: Reparación directa

4

de Gas País” en la ciudad de Florencia (Caquetá). El evento tuvo lugar cuando el demandante y otros uniformados que se encontraban en la “ realización de labores investigativas y de inspección técnica a cadáver ”, se disponían a efectuar la inspección y levantamiento, instante en el que grupos delincuenciales activaron un artefacto explosivo dejado cerca del cuerpo sin vida y a continuación arremetieron con ráfagas de fusil contra los uniformados.

Producto del incidente, el señor Miller Fabio Hurtado Collazos estuvo veinte días en observación hospitalaria. Entre otras afectaciones, sufrió pérdida parcial y temporal de la memoria, no reconocía a su familia, entraba en pánico, se volvió violento y no se sentía bien; fue medicado con calmantes e internado en dos ocasiones en centro psiquiátrico para tratar su enfermedad. Luego de ser sometido a varios tratamientos, el 5 de marzo de 2016 fue diagnosticado por psiquiatría con “ enfermedad mental crónica - cefalea crónica - trastorno de estrés postraumático + esquizofrenia”. El 13 de octubre de 2015, mediante acta n.° 8685, notificada el 20 de octubre de 2015, el señor Hurtado Collazos fue valorado por el Tribunal Médico Laboral de Revis ión Militar y de Policía, estableciendo como resultado una disminución de la capacidad laboral del 62.56% como consecuencia directa del incidente ocurrido el día 7 de diciembre de 2011.

Militar y de Policía, estableciendo como resultado una disminución de la capacidad laboral del 62.56% como consecuencia directa del incidente ocurrido el día 7 de diciembre de 2011.

El demandante alega que el evento en donde resultó lesionado le produ jo un daño consistente en las afecciones de tipo psicológico y mental que le generaron un estado de invalidez absoluta, quedando “con tratamiento por psiquiatría de por vida, siendo ésta una carga que no tenía la obligación de soportar”. Y manifiesta que este daño le es imputable a la demandada, porque el incidente tuvo lugar cuando desarrollaba su labor como miembro activo de la Policía y el procedimiento se llevó a cabo sin tener en cuenta las condiciones de seguridad, estudio, planeación y logística establecidas el “ Manual de Procedimientos del Macroproceso de Control de Delitos y Contravenciones de la Policía Nacional”, consagrados en la Resolución 01142/2007 del 18 de abril de 2007.

Contestación de la demanda

La Nación-Ministerio de Defensa -Policía Nacional contestó la demanda 2,

2 Folios 84 a 107, c. 1.Radicación: 18001-23-40-000-2017-00311-01 (71182)

Demandantes: Miller Fabio Hurtado Collazos y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional Medio de control: Reparación directa

5

oponiéndose a las pretensiones. Mencionó que el accionante se encuentra disfrutando de una asignación por pensión de invalidez y que para la época de los hechos se encontraba adscrito al Grupo de Delitos Contra la Vida DH y DIH de la

oponiéndose a las pretensiones. Mencionó que el accionante se encuentra disfrutando de una asignación por pensión de invalidez y que para la época de los hechos se encontraba adscrito al Grupo de Delitos Contra la Vida DH y DIH de la Seccional de Investigación Criminal de Caquetá, con funciones de policía judicial quienes eran los funcionarios capacita dos e idóneos para el desarrollo de investigaciones por el delito de homicidio, inspecció n al lugar de los hechos y/o al cadáver. Además, sostuvo que estos funcionarios recibieron formación académica referente a las técnicas y procedimientos antes, durante y después en el lugar donde posiblemente se encuentre un cuerpo sin vida, identificando y extremando las medidas de seguridad en el lugar, donde se verifica la presencia de elementos peligrosos o artefactos explosivos en el cadáver o en sus alrededores.

Por lo anterior, afirmó que el señor Miller Fabio Hurtado Collazos resultó lesionando como consecuencia de la materialización de un riesgo propio del ejercicio de sus funciones y que la responsabilidad de los hechos recaía en agentes externos. Además, propuso la excepción de caducidad de la acción, argumentando que la parte actora pretende responsabilizar a la Policía Nacional por una presunta falla del servicio que se generó en el procedimiento del 07 de diciembre de 2011 y de acuerdo al material probatori o se observa que el actor conoció de los hechos dañosos desde la fecha de expedición de la epicrisis y que, también obra en el expediente un certificado médico psiquiátrico de fecha 22 de abril de 2015, en donde se advierte que conocía con anterioridad a esa fecha el padecimiento alegado en la demanda.

Sentencia de primera instancia

expediente un certificado médico psiquiátrico de fecha 22 de abril de 2015, en donde se advierte que conocía con anterioridad a esa fecha el padecimiento alegado en la demanda.

Sentencia de primera instancia

El 31 de enero de 2024, el Tribunal Administrativo de Caquetá profirió sentencia de primera instancia3 en la que declaró probada la excepción de caducidad. Consideró acreditado que desde el 12 de junio de 2013 el señor Miller Fabio Hurtado Collazos fue diagnosticado con trastorno de estrés postraumático, luego con episodios depresivos, y finalmente, el 16 de diciembre de 2014 se le diagnosticó trastorno de estrés postraumático y esquizofrenia paranoide, siendo estas las patologías aducidas en la demanda como concreción del daño alegado. Estimó que, incluso realizando una interpretación favorable, el demandante debió a cudir a la

3 Samai, índice 121. Primera instancia.Radicación: 18001-23-40-000-2017-00311-01 (71182)

Demandantes: Miller Fabio Hurtado Collazos y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional Medio de control: Reparación directa

6

administración de justicia en ejercicio del medio de control de reparación directa a más tardar “el 16 de diciembre de 2016” y, sin embargo, la solicitud de conciliación prejudicial se radicó el 1 de octubre de 2017 y la demanda fue radicada el 14 de diciembre de 2017 , por lo que había operado el fenómeno de la caducidad. Y

prejudicial se radicó el 1 de octubre de 2017 y la demanda fue radicada el 14 de diciembre de 2017 , por lo que había operado el fenómeno de la caducidad. Y agregó, siguiendo lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia SU -216 de 2022, que dicho termino se debe computar desde el momento en que la víctima conoce la lesión, independientemente de la valoración de un dictamen de pérdida de la capacidad laboral, toda vez que este último no es un requisito de procedibilidad.

Recurso de apelación

La parte demandante formuló recurso de apelación4 solicitando la revocatoria de la sentencia de primera instancia . C omo fundamento sostuvo que el término de caducidad se debe contar a partir de la valoración hecha por la Junta Médica y argumentó que, para el día de los hechos, 7 de diciembre de 2011, se encontraba vigente la jurisprudencia según la cual el plazo se contaba a partir de la calificación de invalidez, máxim e cuando en 2022 el señor Miller Hurtado recibió un nuevo diagnóstico en el que se informó su estado de agravamiento en razón del carácter degenerativo de su enfermedad. Interpretación que, a su juicio, debió aplicarse en el caso, en virtud del principio de favorabilidad; objetando que el Tribunal sustentara su decisión con base en una sentencia de la Corte Constitucional proferida en el año 2022.

Aseveró también que correspondía aplicar un control de convencionalidad en el presente caso. En ese sentido, esgrimió que el Consejo de Estado ha establecido que no existe caducidad para solicitar reparación directa por daños causados en

año 2022.

Aseveró también que correspondía aplicar un control de convencionalidad en el presente caso. En ese sentido, esgrimió que el Consejo de Estado ha establecido que no existe caducidad para solicitar reparación directa por daños causados en materia de delitos de lesa humanidad. Consideró que esta determinación no se deriva únicamente del derecho penal, sino que surge de normativa internacional en materia de derechos humanos y de la doctrina y jurisprudencia de los tribunales nacionales e internacionales. Finalmente alegó que el demandante era una persona incapaz, respecto de quien se había declarado su interdicción en marzo 22 de 2016, por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Florencia, por lo que no le aplicaba el fenómeno de la caducidad, debido a su condición.

4 Samai, índice 125. Primera instancia.Radicación: 18001-23-40-000-2017-00311-01 (71182)

Demandantes: Miller Fabio Hurtado Collazos y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional Medio de control: Reparación directa

7

Trámite de segunda instancia

El 22 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo de Caquetá concedió el recurso de apelación5. El 19 de junio de 2024 este despacho admitió el recurso 6, mediante providencia que cobró ejecutoria sin que las partes se pronunciaran frente al mismo y sin que el Ministerio Público rindiera concepto7.

Encontrándose el proceso para dictar sentencia, con auto del 2 de diciembre de 20248, el Despacho advirtió que el expediente digital remitido es, en su mayor parte,

y sin que el Ministerio Público rindiera concepto7.

Encontrándose el proceso para dictar sentencia, con auto del 2 de diciembre de 20248, el Despacho advirtió que el expediente digital remitido es, en su mayor parte, ilegible y que, además, no resultaba posible acceder a los enlaces correspondientes a las grabaciones de las audiencias de pruebas del 3 de agosto y 2 de septiembre del 2021. Po r ello, se ofició al a quo con el fin de que remitiera la totalidad del expediente físico y, por el medio más expedito, el archivo de audio y video de las audiencias de pruebas de las fechas indicadas. Oficio que fue respondido el 15 de enero de 20259, indicando la remisión del expediente físico a esta Corporación.

No obstante, con auto del 10 de febrero de 2025, este despacho advirtió que en el expediente no reposan los archivos digitales de la audiencia de pruebas llevada a cabo el 31 de agosto de 20 21 y reanudada los días 2 de septiembre de 2021 y 12 de julio de 2022, que fueron solicitados en la anterior providencia y que, adicionalmente, los enlaces relacionados en el contenido de las respectivas actas de audiencia resultaban inaccesibles; por lo que se requirió nuevamente al Tribunal Administrativo de Caquetá para que procediera a enviar el archivo de audio y video de las mencionadas audiencias10. Así, el 27 de febrero de 202511, el Tribunal remitió los archivos multimedia solicitados de las audiencias, junto con el enlace actualizado de las mismas.

CONSIDERACIONES

1. La demanda se presentó el 14 de diciembre de 2017 12, por lo tanto, el régimen

los archivos multimedia solicitados de las audiencias, junto con el enlace actualizado de las mismas.

CONSIDERACIONES

1. La demanda se presentó el 14 de diciembre de 2017 12, por lo tanto, el régimen

5 Samai, índice 127. Primera instancia. 6 Samai, índice 4. 7 Samai, índice 10. 8 Samai, índice 11. 9 Samai, índice 18. 10 Samai, índice 21. 11 Samai, índice 25. 12 Folio 45 , c. 1.Radicación: 18001-23-40-000-2017-00311-01 (71182)

Demandantes: Miller Fabio Hurtado Collazos y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional Medio de control: Reparación directa

8

aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –en adelante CPACA –. Conforme al artículo 308 del CPACA, este código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y solo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien, as í como a las demandas y procesos que se instauren, con posterioridad a su entrada en vigencia. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este código, en los aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso –en adelante CGP– en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

I. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción contencioso administrativa conoce de las controversias cuando se

de lo contencioso administrativo.

I. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción contencioso administrativa conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño, cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 104 del CPACA. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativ os. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 del CPACA, esto es, $

368.858.50013.

Medio de control procedente

3. La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contr ato estatal o un acto administrativo 14, en este caso por supuestas omisiones en un procedimiento llevado a cabo por la Policía Nacional (art. 90 de la CN y art. 140 del CPACA).

13 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2017, $737.717, por 500. 14 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos respecto de los cuales no se discute su legalidad. Consejo de Estado, Sección Tercera,

14 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos respecto de los cuales no se discute su legalidad. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421.Radicación: 18001-23-40-000-2017-00311-01 (71182)

Demandantes: Miller Fabio Hurtado Collazos y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional Medio de control: Reparación directa

9

Demanda en tiempo

4. La Sala se ve obligada a plantear el problema jurídico en el estudio de este presupuesto procesal, por las razones que se pasarán a explicar.

Problema jurídico

5. Corresponde a la Sala determinar si, en el caso bajo examen, operó el fenómeno preclusivo de la caducidad del término para demandar.

II. Análisis de la Sala

6. La Sala se detiene en el análisis del fenómeno preclusivo de la caducidad del término para demandar, toda vez que, al ser un presupuesto procesal, de configurarse, debe ser declarada por el juez, incluso de oficio, ya que “ por ser de orden público, la caducidad es indisponible, irrenunciable y el juez, cuando encuentre probados los respectivos supuestos fácticos, puede declararla de oficio, aún en contra de la voluntad de las partes”15.

En primer lugar, el artículo 187 del CPACA autoriza al fallador a declarar cualquier hecho exceptivo, como es justamente la configuración del hecho jurídico de la

aún en contra de la voluntad de las partes”15.

En primer lugar, el artículo 187 del CPACA autoriza al fallador a declarar cualquier hecho exceptivo, como es justamente la configuración del hecho jurídico de la caducidad del término para presentar la demanda. En esa línea se pronunció la Sala Plena de esta Sección en sentencia de unificaci ón del 6 de abril de 2018, al sostener16:

…este entendimiento (…) de los límites competenciales del ad quem frente al recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que, si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficio samente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como f undamentos de su inconformidad con la providencia censurada. (Negrilla fuera del texto).

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, Rad. 15983. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 6 de abril de 2018, Rad. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.Radicación: 18001-23-40-000-2017-00311-01 (71182)

Demandantes: Miller Fabio Hurtado Collazos y otros

Rad. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.Radicación: 18001-23-40-000-2017-00311-01 (71182)

Demandantes: Miller Fabio Hurtado Collazos y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional Medio de control: Reparación directa

10

La caducidad entonces puede ser declarada incluso de oficio por el juez de segunda instancia, de tal “manera que si en primera instancia se resolvió sobre la caducidad, bien a petición de parte o de oficio, el superior puede revisarla también de oficio”17. E igualmente y a pesar de no ser una cuestión objeto del recurso de apelación, el juzgador de instancia puede referirse a ella, por cuanto la caducidad es un fenómeno jurídico de orden público 18. En ese sentido, también “ la caducidad debe ser objeto de pronunciamiento judicial oficioso cuando aparezca establecida dentro de la actuación procesal, aun cuando no se descarta la posibilidad de que pueda ser declarada a solicitud de parte”19.

7. El fenómeno de caducidad de l medio de control se configura cuando vence el término previsto en la ley para acudir ante los jueces y demandar. Término que, como ha señalado la jurisprudencia, está concebido para definir un plazo objetivo e invariable para que quien pretenda ser titular de un derecho, opte por accionar ante las autoridades competentes. La caducidad tiene lugar justamente cuando expira ese término perentorio fijado por la ley.

7. 1. El término para formular pretensiones, en procesos de reparación directa,

las autoridades competentes. La caducidad tiene lugar justamente cuando expira ese término perentorio fijado por la ley.

7. 1. El término para formular pretensiones, en procesos de reparación directa, según el artículo 164, numeral 2, literal i del CPACA, es de 2 años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. Este término de caducidad es una norma de orden público –y por consiguiente de obligatorio cumplimiento (art. 13 del CGP) – de la que no pueden disponer los jueces ni las partes, porque constituye una garantía para la seguridad jurídica y el interés general.

Así lo ha resaltado la Corte Constitucional, indicando que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho. Por ende, según la Corte, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas en la ley ejerce sus derechos, no se

17 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 16, sentencia del 27 de enero de 2023, Rad. 11001-03-15000-2012-02124-00. 18 Ibíd. 19 Corte Constitucional, sentencia C-574 del 14 de octubre de 1998.Radicación: 18001-23-40-000-2017-00311-01 (71182)

Demandantes: Miller Fabio Hurtado Collazos y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional

Demandantes: Miller Fabio Hurtado Collazos y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional Medio de control: Reparación directa

11

verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado20, situación que no se extiende a quien no acudió en tiempo a la defensa de sus derechos.

La Corte también ha destacado que la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que apunta a la protección del interés general, de mo do que su configuración impide el ejercicio de la acción y no puede iniciarse válidamente el proceso. Señalando igualmente que la caducidad, dado su carácter de orden público, es irrenunciable y puede ser declarada de oficio por el juez, cuando se verifiqu e su ocurrencia21.

7.2. Cuando se trata del medio de control de reparación directa, el artículo 164, numeral 2, literal i del CPACA dispuso que el punto de partida para el cómputo del término de caducidad es el hecho dañoso (acción u omisión causante del daño) y fijó el plazo para la interposición de la demanda en dos años, sin hacer distinciones sobre el tipo de daño que se cause. Por ello, basta verificar el día en que ocurrió el hecho, omisión u operación administrativa para contabilizar el plazo señalado, a menos que el perjudicado no hubiera podido conocer el daño en esa fecha, pues en este evento, la caducidad se debe contar desde que tuvo conocimiento de este22.

Así, aunque los efectos del daño perduren en el tiempo, el conteo del término de caducidad para demandar inicia desde que se produjo la conducta dañosa o desde

este evento, la caducidad se debe contar desde que tuvo conocimiento de este22.

Así, aunque los efectos del daño perduren en el tiempo, el conteo del término de caducidad para demandar inicia desde que se produjo la conducta dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo o debió tener conocimien to del daño si fue en fecha posterior23.

Caso concreto

8. Conforme a la demanda, la parte accionante pretende la