CE - Sentencia 18001234000020210006801 de 2025

Radicado: 18001-23-40-000-2021-00068-01 (28464)

Demandante: Víctor Manuel González Tróchez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 18001-23-40-000-2021-00068-01 (28464)

Demandante: Víctor Manuel González Tróchez

Demandada: UGPP

Temas: Aportes al SPS. Enero a diciembre de 2016. Sujeción pasiva. Base gravable.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante 1 contra la sentencia del 29 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá, que decidió2:

Primero. Negar las pretensiones de la demanda incoada por Víctor Manuel González Trochez en contra de la […] UGPP, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presenten (sic) proveído.

Segundo. Condenar en costas en la instancia a la parte actora. Las agencias en derecho se tasan

en el 3% del valor de las pretensiones de la demanda, de conformidad con el Acuerdo PSAA1610554 de 2016 expedido por el CS de la J.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

La demandada expidió la Liquidación Oficial RDO-2019-030563, del 17 de septiembre de 2019, a través de la cual determinó los aportes al Sistema de Protección Social (en adelante, SPS) a cargo del actor, correspondientes a los períodos de enero a diciembre de 2016 y le impuso sanción por no declarar «por la conducta de omisión». La decisión fue modificada por la Resolución RDC-2020-008514, del 25 de noviembre de 2020, toda vez que la demandada aceptó la procedencia de costos y gastos [por un valor inferior al declarado en el impuesto sobre la renta] , lo que disminuyó el monto de los aportes y la sanción.

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones5:

1 Samai Tribunal, índice 28, certificado D1D4D4B2C887B5FD 15D68CD5A83389DA 440B9AD13BAC23EF 48EF597E7D26D156 (pdf), pp. 3 a 8. 2 Samai Tribunal, índice 23, certificado 95E35F64D9258BA4 B3C6E957EBE8D0C9 9DEAC83F146E2CB1 D560CD269DDEF22C (pdf), p. 34.

2 Samai Tribunal, índice 23, certificado 95E35F64D9258BA4 B3C6E957EBE8D0C9 9DEAC83F146E2CB1 D560CD269DDEF22C (pdf), p. 34. 3 Samai CE, índice 2, certificado 16BB979F8C8EB782 0F92A594A002468F A70246D2AD7EB047 BC4249BCA50E4044 (pdf), pp. 110 a 125. 4 Samai CE, índice 2, certificado 16BB979F8C8EB782 0F92A594A002468F A70246D2AD7EB047 BC4249BCA50E4044 (pdf), pp. 64 a 93. 5 Samai CE, índice 2, certificado 16BB979F8C8EB782 0F92A594A002468F A70246D2AD7EB047 BC4249BCA50E4044 (pdf), pp. 3 a 4.Radicado: 18001-23-40-000-2021-00068-01 (28464)

Demandante: Víctor Manuel González Tróchez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Primero. Que es nulo el acto administrativo (…) Resolución RDC-2020-00851, del 25 [de noviembre de] 2020, a través del cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la Liquidación Oficial RDO -2019-03056, del 17 de septiembre de 2019, acto administrativo de cierre del procedimiento administrativo, mediante el cual la [demandada] determinó, l iquidó y sancion ó al

Oficial RDO -2019-03056, del 17 de septiembre de 2019, acto administrativo de cierre del procedimiento administrativo, mediante el cual la [demandada] determinó, l iquidó y sancion ó al [demandante] con el pago al Sistema General de la Seguridad Social. Dicho actuar es improcedente, por cuanto el tributo para los independientes sin contrato de prestación de servicios, en el año 2016, no se enc ontraba regulado en ninguna norma de manera precisa y clara; y menos aún existía un reglamento sobre el Ingreso Base de Cotización (IBC), para calcularlo. Adicionalmente que las normas que cita la UGPP eran imposibles de aplicarse de acuerdo a la exposició n y argumentación del presente medio de control.

Segundo. Que son nulos los actos administrativos que se relaciona [n] a continuación: Liquidación Oficial RDO-2019-03056, del 17 de septiembre de 2019 , y la Resolución RDC -2020-00851 del 25 [de noviembre de] 2020, mediante los cuales la [demandada], determin ó, l iquidó y sancion ó al [demandante] con el pago al Sistema General de la Seguridad Social al Subsistema de Salud, dicho actuar es improcedente por cuanto el tributo para los independientes sin contrato de prestación de servicios, en el año 2016 no se encontraba regulado en ninguna norma de manera precisa y clara; y menos aún existía un reglamento sobre el Ingreso Base de Cotización (IBC), para calcul arlo. Adicionalmente que las normas que cita la UGPP eran imposibles de aplicarse de acuerdo a la exposición y argumentación del presente medio de control.

Tercero. Se ordene a la UGPP a modificar las sanciones por concepto de omisión e inexactitud por

Adicionalmente que las normas que cita la UGPP eran imposibles de aplicarse de acuerdo a la exposición y argumentación del presente medio de control.

Tercero. Se ordene a la UGPP a modificar las sanciones por concepto de omisión e inexactitud por evidenciarse que las bases de las sanciones no deben ser sobre el aporte del 100%, por no estar reglado de manera clara, expresa e inequívoca el ingreso base de cotización.

Cuarto. Como consecuencia de todo lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se indemnice por daños y perjuicios causados al [demandante], conforme a las cuentas de cobro de servicios jurídicos en los cuales el contribuyente incurrió y las planillas integradas de liquidación de aportes que canceló el demandante al Subsistema de Salud y Pensión, documentos que se adjuntan al presente medio de control nulidad y restablecimiento del derecho.

Invocó como vulnerados los artículos 29, 150, 338 y 363 de la Constitución; 1, 2 y 3 de la Ley 153 de 1887 ; 3, 52, 90, 157.1, 177 y 204 de la Ley 100 de 1993; 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley 797 de 2003; 10 y 18 de la Ley 1122 de 2007; 33 de la Ley 1438 de 2011; 2.1 y 2.5 de la Ley 1562 de 2012; 179 de la Ley 1607 de 2012; 319 de la Ley 1819 de 2016;

714 del ET (Estatuto Tributario); 26 del Decreto 806 de 1998; 16 (letra c.) del Decreto 1406 de 1999; 1, 3 y 5 del Decreto 510 de 2003 ; 1 del Decreto 4982 de 2007; 13 del Decreto 723 del 2013; 5 del Decreto 3033 de 2013; y la Resolución 2388 de 2016, así6:

-Tasación de perjuicios. Individualizó las pérdidas ocasionadas por la demandada a título de daño emergente por (i) honorarios de representación judicial y (ii) los aportes al SPS durante el 2016, más los intereses moratorios causados hasta la devolución del dinero.

-Inexistencia de reglamentación de los elementos tributarios de los aportes al SPS para los independientes sin contrato de prestación de servicios y rentistas de capital. Alegó la violación a los artículos 150 y 338 de la Constitución y al principio de legalidad, pues la demandada determinó, fiscalizó y sancionó el pago de aportes al SPS sin que existieran los elementos del tributo (sujetos activo y pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa) a cargo de los citados trabajadores. En específico, sostuvo que los rentistas de capital e independientes sin contrato de prestación de servicios «comerciantes con actividad CIUU 0141 cría de ganado bovino y bufalino» no tenían definidas las condiciones «de pago» al sistema en 2016 con los distintos tipos de independiente a cargo de los operadores del pago de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (en adelante, PILA) . Cuestionó que la autoridad afirmó erróneamente que los elementos de la obligación eran claros y precisos,

2016 con los distintos tipos de independiente a cargo de los operadores del pago de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (en adelante, PILA) . Cuestionó que la autoridad afirmó erróneamente que los elementos de la obligación eran claros y precisos, dado que las normas citadas como sustento no recopilaban tales aspectos, de modo que la entidad acomod ó y conect ó disposiciones para convalidar un a investigación sin fundamentos.

6 Samai CE, índice 2, certificado 16BB979F8C8EB782 0F92A594A002468F A70246D2AD7EB047 BC4249BCA50E4044 (pdf), pp. 3 a 57.Radicado: 18001-23-40-000-2021-00068-01 (28464)

Demandante: Víctor Manuel González Tróchez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 Sobre el hecho generador -luego de definirlo a la luz de la sentencia C-987 de 1999 7 y los artículos 3 y 204 de la Ley 100 de 1993 -, defendió que ninguna de las enunciadas normas desarrolló tal aspecto y agregó que, si en forma hipotética incorporasen «la base gravable y la tarifa», aquellas solo aplicaban a «los trabajadores [con] vínculo laboral», de ahí que la demandada confundió los antedichos aspectos de la obligación tributaria y acudió a un precepto exclusivo para trabajadores con vínculo laboral. Añadió que, según el parágrafo 2 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, el Gobierno Nacional debía reglamentar la base

precepto exclusivo para trabajadores con vínculo laboral. Añadió que, según el parágrafo 2 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, el Gobierno Nacional debía reglamentar la base gravable, lo cual no había ocurrido para el 2021. Reprodujo el artículo 26 del Decreto 806 de 1998 y arguyó que , si bien podía concluirse que el hecho generador de las contribuciones al subsistema en salud para los trabajadores independientes era la capacidad de pago , tal interpretación era incorrecta porque cada elemento del tributo debía ser claro y preciso , sin perjuicio que dicha afirmación fuese imposible de aplicar por ser muy general. Resaltó que la letra d ibidem -la cual refirió que los independientes con ingresos iguales o superiores a 2 smmlv eran cotizantesfue declarada nula con la sentencia del 19 de agosto de 2004 8, por lo que era una « afirmación genérica que no corresponde al hecho generador », máxime si el citado decreto no tenía la capacidad para regular tal elemento. Mencionó que la aceptación a la prenotada tesis implicaba que cualquier ingreso obtenido por un independiente estaría gravado con aportes al SPS.

Subrayó una antinomia entre la letra d. del artículo 26 ejusdem y el parágrafo 2 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, por cuanto la base de cotización debió reglamentarse por el Gobierno Nacional y tal disposición no existía en 2020, por lo que no era posible que la demandada citara como fundamento del hecho generado r el aparte del artículo 26 del mencionado decreto, pues aquel fue anulado y luego derogado por el artículo 89 del Decreto 2353 de 2015. Tras reproducir el artículo 2 de la Ley 793 de 2003, señaló que la

mencionado decreto, pues aquel fue anulado y luego derogado por el artículo 89 del Decreto 2353 de 2015. Tras reproducir el artículo 2 de la Ley 793 de 2003, señaló que la norma refería al hecho generador de los aportes para los independientes sin contrato de prestación de servicios y rentistas de capital , por lo que reforzó que la posición de la Administración no seguía normas claras ni precisas. Posteriormente, transcribió los ordinales 1 y 5 de la letra a) del artículo 2 de la Ley 1562 de 2012 y afirmó que su contraparte partió de una premisa errada , en la medida que la norma estableció como afiliados obligatorios al subsistema de riesgos laborales a los dependientes e independientes con contrato de prestación de servicios , pero no fijó con precisión la obligación de afiliación para los independientes sin contrato de prestación de servicios y rentistas de capital. Así, concluyó que para los comerciantes dedicados a la «cría de ganado bovino y bufalino» y rentistas de capital no existía el hecho generador de los aportes al SPS.

Frente a l sujeto activo , citó la sentencia C-987 de 1999 y destacó que los actos demandados se fundaron en los artículos 52, 90 y 177 de la Ley 100 de 1993 . Resaltó que la inexistencia de un hecho generador claro y preciso imposibilitaba la determinación de los sujetos activo y pasivo -hipotéticamente las administradoras de pensiones serían los sujetos activos-. Agregó que del artículo 52 ídem no se vislumbraba la obligatoriedad de los aportes al SPS (pensión y salud) a cargo de los independientes sin contrato de

los sujetos activos-. Agregó que del artículo 52 ídem no se vislumbraba la obligatoriedad de los aportes al SPS (pensión y salud) a cargo de los independientes sin contrato de prestación de servicios . En idéntico sentido, advirtió que para los efectos del Sistema General de Pensiones (SGP) no exist ía la definición de afiliado s, incluidos los «independientes sin contrato de prestación de servicios», dado que no existía hecho generador.

Aludió a las sentencias C-412 de 19969 y C-155 de 200310 para definir el sujeto pasivo, refirió las disposiciones invocadas en la liquidación oficial y manifestó que los artículos 16 letra c. del Decreto 1406 de 199911; 157, ordinal 1 de la letra a) de la Ley 100 de 1993

7 Corte Constitucional, sentencia C-98 de 1999, MP: Alejandro Martínez Caballero. 8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de agosto de 2004, exp. 11001 -03-25-000-2002-0175-01(3403-02), CP: Ana Margarita Olaya Forero. 9 Corte Constitucional, sentencia C-412 de 1996, MP: Alejandro Martínez Caballero. 10 Corte Constitucional, sentencia C-155 de 2003, MP: Eduardo Montealegre Lynett. 11 Hoy compilado en el artículo 2.2.1.1.1.3. del Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social 780, del 6 de mayo de 2016.Radicado: 18001-23-40-000-2021-00068-01 (28464)

Demandante: Víctor Manuel González Tróchez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 y los artículos 3 y 4 de la Ley 797 de 2003 no determinaban al rentista de capital como sujeto pasivo de los aportes al SPS . Por su parte, el independiente sin contrato de prestación de servicios estaba supeditado al «concepto de capacidad de pago, el cual es general y ambiguo». En ese sentido, defendió que las prenotadas normas no definían el sujeto pasivo del tributo , sobre todo porque tales disposiciones solo describían la calidad de trabajador independiente de manera superflua y de manera completamente diferente al de rentista de capital. Respecto de estos últimos, manifestó que eran afiliados voluntarios.

En relación con la base gravable, citó la sentencia C-412 de 1996 y alegó que no estaba tipificada para los independientes ni rentistas de capital , lo cual generaba que la base gravable de las contribuciones fuese «imposible de realizar». Subrayó que del parágrafo 2 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993 p odía abstraerse que desde 1993 el Gobierno Nacional debió reglamentar el sistema de presunción de ingresos para los independientes. Por lo tanto, señaló como irresponsable que la demandada hubiera citado el artículo referido cuando no tenía relación con la base gravable del tributo, pues dejó de lado los artículos 18 de la Ley 1122 de 2007 y 33 de la Ley 1438 de 2011 , que exhortaron al Gobierno Nacional la reglamentación de la presunción de ingresos de los

dejó de lado los artículos 18 de la Ley 1122 de 2007 y 33 de la Ley 1438 de 2011 , que exhortaron al Gobierno Nacional la reglamentación de la presunción de ingresos de los independientes. A renglón seguido, destacó que el parágrafo 2 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993 y los artículos 4 y 5 de la Ley 797 de 2003 no tenían relación alguna con la base gravable de los aportes al SPS de los independientes sin contrato de prestación de servicios y los rentistas de capital. Afirmó que, si bien el artículo 6 ibidem cobijaba a los independientes sin contrato de prestación de servicios, este enfatizó que cotizarían sobre los ingresos declarados en consonancia con el «ingreso percibido», pero la norma no fijó con claridad el alcance de tal expresión . Además, la disposición establecía que la base de cotización no podía ser inferior a 1 smmlv, lo que significaba que los independientes podían cotizar sobre 1 smmlv, en consideración a que el precepto analizado era difuso, impreciso y quebrantaba «el significado y concepto del elemento de la base gravable del tributo».

Manifestó que el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 -posterior a toda la normatividad citadaera prevalente para resolver la controversia. Sin embargo, la demandada no aplicó el procedimiento allí determinado y la omisión reglamentaria del Gobierno Nacional impedía la fiscalización a los afiliados como trabajadores independientes. Expuso que el artículo 135 ejusdem dispuso que los independientes debían calcular sus aportes al SPS con base en el 40% del valor mensualizado de sus ingresos, el cual podía disminuirse

impedía la fiscalización a los afiliados como trabajadores independientes. Expuso que el artículo 135 ejusdem dispuso que los independientes debían calcular sus aportes al SPS con base en el 40% del valor mensualizado de sus ingresos, el cual podía disminuirse con las expensas que cumplieran los requisitos del artículo 107 del ET, los cuales no eran pagables en f orma anticipada sino mes vencido. Además, la norma determinó la reglamentación de un sistema de p resunción de ingresos con su metodología sobre la cual fiscalizaría la demandada, lo cual no fue efectuado y, por lo tanto, no se aplicó en este asunto. Agregó que solo hasta la expedición del artículo 3.2.7.6. del Decreto 1273 de 2018 se concretaron las planillas que permitieron el «pago vencido» de los aportes al SPS, lo cual resolvió la imposibilidad de realizarlos de manera anticipada a salud bajo el mismo sistema de pensiones debido a la «exigencia errada que se encontraba en el artículo 3 del Decreto 510 de 2003, lo cual estuvo vigente hasta la expedición de la Ley 1753 de 2015.

Luego, transcribió el artículo 1 del Decreto 510 de 2003 para resaltar que, tratándose de independientes sin contrato de prestación de servicios, su cotización debía corresponder a los ingresos percibidos, los cuales tenían relación directa con su declaración ante la respectiva administradora, debía ser anual y dentro de los dos primeros meses de cada vigencia, no obstante, el procedimiento e ra improcedente y materialmente imposible porque: (i) el valor de los ingresos declarados era un promedio y resultaba imposible

respectiva administradora, debía ser anual y dentro de los dos primeros meses de cada vigencia, no obstante, el procedimiento e ra improcedente y materialmente imposible porque: (i) el valor de los ingresos declarados era un promedio y resultaba imposible conocer rentas que no se ha bían causado; (ii) la puesta en marcha de la norma e ra ilógica, en tanto los independientes p odían tener meses con pérdidas e ingresos diferentes a los reportados inicialmente, lo que los obligaría a corregir todos los periodosRadicado: 18001-23-40-000-2021-00068-01 (28464)

Demandante: Víctor Manuel González Tróchez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 en el mes siguiente del pago con sus respectivos intereses de mora calculados a la tasa máxima, en tanto dicho sistema no estaba diseñado para los independientes sin contrato de prestación de servicios o rentistas de capital; y (iii) el aporte y pago al SPS de los independientes se realizaba mes anticipado, de ahí que era imposible aplicar la norma debido a que se desconocía la base gravable sobre la cual se aplicaba la tarifa. Advirtió que el artículo 3 ejusdem no desarrolló la base imponible para el pago de los aportes al SPS frente a los independientes o rentistas de capital, pese a que la lectura del articulado vislumbró un tope mínimo y máximo de cotización, pues la base no era clara ni precisa.

En cuanto a la tarifa, acudió a la definición de la sentencia C-537 de 199512, transcribió

vislumbró un tope mínimo y máximo de cotización, pues la base no era clara ni precisa.

En cuanto a la tarifa, acudió a la definición de la sentencia C-537 de 199512, transcribió los artículos 20 de la Ley 100 de 1993, 2 del Decreto 510 de 2003, 1 del Decreto 4982 de 2007 y 10 de la Ley 1122 de 2007 e indicó que, si bien aquella fue definida en la ley, esta debía aplicarse sobre el ingreso base de cotización (IBC) -que tampoco era claro ni preciso-, de manera que resultaba imposible poner en práctica la correspondiente tarifa.

-Vulneración del principio « nadie está obligado a lo imposible » por ser imposible declarar y pagar los aportes al SPS (…). Precisó que, desde un punto de vista práctico, era imposible cumplir con la obligación de declarar y pagar los aportes al sistema en 2016 conforme al artículo 13 del Decreto 723 de 2013 , pues los trabajadores independientes debían realizarlo mes anticipado y no había certeza de los ingresos mensuales, costos y gastos porque estos no existían. Así, luego de transcribir los artículos 1 y 3 del Decreto 510 de 2013 -disposiciones que sustentaron la actuación-, abogó por la imposibilidad de aplicarse en la práctica por ser mes anticipado y dada la inexistencia de reglamentación para los independientes sin contrato de prestación de servicios. S ubrayó que la vulneración al prenotado principio era tan contundente que solo hasta la expedición del Decreto 1273 de 2018 se habilitó a los independientes sin contrato de prestación de servicios a realizar los aportes al SPS mes vencido , lo que no cubrió a los rentistas de

vulneración al prenotado principio era tan contundente que solo hasta la expedición del Decreto 1273 de 2018 se habilitó a los independientes sin contrato de prestación de servicios a realizar los aportes al SPS mes vencido , lo que no cubrió a los rentistas de capital. Afirmó que la autoridad exigía el pago, pero omitió que para el operador del pago solo existía un tipo de independiente hasta las Resoluciones 2388 y 5858 de 2016.

Agregó que era imposible exigirle a un independiente sin contrato de prestación de servicios que su IBC fuera distinto al de un independiente con contrato de prestación de servicios, en la medida que los asesores de los operadores del pago PILA indicaban que, por ostentar dicha naturaleza , el IBC era del 40% , lo cual no era desconocid o por el Gobierno Nacional o la demandada, pues con la expedición del artículo 135 de la Ley 1753 del año 2015 se ratificó que todos los independientes podían cotizar -mínimosobre el 40% del IBC. Así, concluyó que el marco normativo de los actos vulner ó la obligación gubernamental de definir reglas y elementos claros para el aporte al sistema y perjudicó al contribuyente, quien debía ajustar las planillas con intereses por el pago anticipado.

-Inaplicación de normas (…) vigentes para el periodo fiscalizado (…). Adujo que la demandada no acudió al parágrafo 2 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, el parágrafo del artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 y el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011, de ahí que ejerció sus facultades fiscalizadoras y sancionatorias en forma «improcedente» porque no

del artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 y el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011, de ahí que ejerció sus facultades fiscalizadoras y sancionatorias en forma «improcedente» porque no existía una reglamentación clara y precisa para los independientes sin contrato de prestación de servicios o los rentistas de capital por la prenotada inacción del Gobierno.

Calificó como erróneo entender que su contraparte podía tomar los ingresos reportados en la declaración del impuesto sobre la renta y cruzarlos con la seguridad social dado que: (i) el impuesto sobre la renta correspondía al ejercicio de un año y lo aportes al SPS eran mensuales y, para el mes de febrero, este se calculaba hasta enero del otro año según el artículo 25 del Decreto 1406 de 1998 ; (ii) los aportes al SPS para el 2016

12 Corte Constitucional, sentencia C-537 de 1995, MP: Hernando Herrera Vergara.Radicado: 18001-23-40-000-2021-00068-01 (28464)

Demandante: Víctor Manuel González Tróchez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 requerían una reglamentación que no existió , pues no p odían tratarse todas las actividades económicas de la misma forma y con una misma planilla de pago; y (iii) solo se permitía el pago de los aportes al SPS con un solo tipo de cotizante, ya que no existían las distintas clases de independientes de la actualidad . Finalmente, destacó que los pagos al sistema no convalidaban los errores de la entidad, sino que evitaban el aumento de los intereses.

las distintas clases de independientes de la actualidad . Finalmente, destacó que los pagos al sistema no convalidaban los errores de la entidad, sino que evitaban el aumento de los intereses.

-Inaplicación de la letra f. del artículo 2 del Decreto 758 de 1990. Adujo que la demandada no tuvo en cuenta la excepción al pago de aportes al subsistema de pensión prevista en la citada norma, la cual excluía a los trabajadores por cuenta propia. Al efecto, aludió a la definición de tales sujetos del artículo 329 del ET para la época de los hechos, así como al artículo 340 ídem, el cual mencionó que a las actividades agropecuarias -su actividad económica incorporada en el RUTles aplicaba una determinada tarifa.

-Inaplicación del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, pues [la demandada] omitió el deber de regirse conforme a las reglas de firmeza de las declaraciones tributarias. Expuso que la investigación se basó en la declaración de renta, de modo que debía aplicarse el artículo 714 del ET por remisión normativa y los ingresos, costos y gastos estaban en firme porque el prenotado denuncio había adquirido dicha condición . Igualmente, mencionó que la declaración de renta no p odía fraccionarse e interpreta rse en forma sesgada, como lo hizo la UPPG, quien únicamente tomó los ingresos allí reportados.

-Vulneración del artículo 5 de la Ley 797 de 2003. Señaló que la demandada, al distribuir el ingreso reportado en la declaración de renta en los 12 meses del periodo fiscalizado a efectos del cálculo del IBC , interpretó erróneamente sus facultades porque los aportes

el ingreso reportado en la declaración de renta en los 12 meses del periodo fiscalizado a efectos del cálculo del IBC , interpretó erróneamente sus facultades porque los aportes debían realizarse conforme a los ingreso s realmente percibidos , depurados con los costos y gastos del respectivo mes. Por ello, estim ó que haberse distribuido en la liquidación oficial los ingresos brutos reportados en la declaración de renta por $6.888.191.000 en los 12 meses del año ($574.015.916,67 mensual) «es irresponsable y falto de técnica jurídica », pues no se tuvo en cuenta que podían generarse pérdidas o la ausencia o variación de ingresos que llevarán a pagar los aportes al SPS con el tope de 25 smmlv, lo cual no tenía soporte en ninguna norma legal o reglamentaria.

Adujo que, acorde con el artículo 5 de la Ley 797 de 2003 , la base mínima era de un smmlv y la máxima de 25 smmlv, cálculo que debía hacerse mensualizado y no anual. Insistió en que el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 previó el establecimiento de un sistema de presunción, que era el que debía ajustarse a los valores declarados en renta, lo cual no se hizo. Además, el ajuste de la diferencia con renta era una operación carente de reglamentación, pues la norma no excluía los costos reportados y la demandada no estaba en capacidad de desvirtuar los costos declarados en renta , para el caso $6.742.405.000, ni estaba facultada para presumir o « prorratear» un ingreso mensual derivado del reporte de unos ingresos anuales por la ausencia de un reglamento. Sostuvo

$6.742.405.000, ni estaba facultada para presumir o « prorratear» un ingreso mensual derivado del reporte de unos ingresos anuales por la ausencia de un reglamento. Sostuvo que se soslayó lo previsto en el artículo 745 del ET, por lo que solicitó que se excluyeran los valores de los ingresos que fueron mensualizados en cuantía de $947.198.167 [se refiere a la parte residual de los ingresos, cuya periodicidad no fue acreditada y la demandada distribuyó en los 12 meses del año], en la medida que los funcionarios solo podían hacer aquello para lo cual los facultaba la ley, de lo contrario incurrirían en prevaricato.

-En los años 2014, 2015 y 2016, los operadores de pago de los aportes al SPS solo manejaban un solo tipo de planilla para todos los independientes. Señaló que consultó, a través del ejercicio del derecho de petición a varios «operadores de pago PILA que operaron en el año 2016 » (SOI, Asopagos y aportes en línea), respecto de la planilla de pago queRadicado: 18001-23-40-000-2021-00068-01 (28464)

Demandante: Víctor Manuel González Tróchez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 utilizaban los trabajadores independientes, de cuyas respuestas «se demuestra una vez más que el sistema de seguridad Social para los independientes sin contrato de prestación de servicios o rentistas de capital era muy complejo proyectar sobre que IBC debía cotizar cada mes, así mismo reportar en los dos primeros dos (2) mes de cada año si iba a tener alguna variación de ingresos para ser reportados

rentistas de capital era muy complejo proyectar sobre que IBC debía cotizar cada mes, así mismo reportar en los dos primeros dos (2) mes de cada año si iba a tener alguna variación de ingresos para ser reportados en estos periodos y por último determinar si era sobre el 100%, el 40% o sobre un salario mínimo legal ». Agregó que , a p artir de la Ley 1753 del año 2015, el gobierno reglament ó a los independientes y aclaró que el IBC era mínimo del 40% del total de los ingresos después de depurar los costos y gastos permitidos por el artículo 107 del ET. Además, anotó que, en el mes de diciembre de 2016, el Ministerio de Traba