CE - Sentencia 19001230000020110058401 de 2025

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 19001-23-00-000-2011-00584-01 (30082) Demandante COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL CAUCACOOMOTORISTAS Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN Temas Impuesto sobre la renta. Año gravable 2006. Beneficio neto o excedente. Determinación contable y fiscal. Provisiones por litigios y demandas. Dictamen pericial. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 29 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 1, que resolvió lo siguiente: PRIMERO: NIEGANSE las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: No hay lugar a condena en costas.

TERCERO: Devuélvase el remanente de lo consignado para gastos del proceso. (…) ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA El 20 de abril de 2007, la Cooperativa de Motoristas del Cauca - COOMOTORISTAS presentó la declaración el impuesto sobre la renta y complementario del período

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA El 20 de abril de 2007, la Cooperativa de Motoristas del Cauca - COOMOTORISTAS presentó la declaración el impuesto sobre la renta y complementario del período gravable 20062, incluyendo todo el resultado del período como renta exenta, en aplicación del régimen especial, sin que resultase saldo a pagar. Previa emisión del requerimiento especial y su respuesta 3, la DIAN formuló la liquidación oficial de revisión 172412010000003 del 18 de mayo de 20104, a través de la cual reliquidó la renta exenta y la renta líquida gravable, dado que desconoció una provisión para multas, sanciones y litigios, la provisión del 20% del excedente que las cooperativas deben destinar al fondo de educación y solidaridad. Como consecuencia de lo anterior, recalculó el impuesto a cargo a la tarifa vigente más la sobretasa e impuso sanción por inexactitud del 160% del mayor saldo a pagar. El actor interpuso recurso de reconsideración, el cual fue resuelto con la resolución 900094 del 14 de junio de 2011 que confirmó la liquidación oficial de revisión.

1 Samai Tribunal, índice 106. 2 Folio 36, Caa. 3 El 16 de abril de 2009 le notificaron a Coomotoristas emplazamiento para corregir, al cual dio respuesta el 15 de mayo de 2009. El 18 de mayo de 2009, la DIAN emitió el Requerimiento Especial 172382009000001, notificado el 20 de mayo de 2009. Coomotorista dio respuesta el 20 de agosto de 2009.

de 2009. El 18 de mayo de 2009, la DIAN emitió el Requerimiento Especial 172382009000001, notificado el 20 de mayo de 2009. Coomotorista dio respuesta el 20 de agosto de 2009. 4 Folio 1 Anexos de la Demanda.Radicado: 19001-23-00-000-2011-00584-01 (30082)

Demandante: Cooperativa de Motoristas del CaucaCoomotoristas

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), el demandante formuló las siguientes pretensiones5:

1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: 1.1. Que se declare la nulidad de la Resolución de la Liquidación Oficial de Revisión No. 172412010000003, Código 501 de fecha 18 de mayo de 2010, expedida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán. 1.2. Qua (sic) se declare la nulidad de la Resolución No. 900094 del 14 de junio de 2011, expedida por la Subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales.

Que como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho en que han sido lesionados los actores, se pronuncien las siguientes o similares declaraciones y condenas:

Gestión Jurídica de la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales. Que como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho en que han sido lesionados los actores, se pronuncien las siguientes o similares declaraciones y condenas: 2.1. Declárese que la Cooperativa de Motoristas del Cauca - COOMOTORISTAS, goza de la exención del TOTAL del excedente fiscal por el año gravable 2006 en cuantía de $756.747.000.oo y no en cuantía de $73.579.000, como lo propone la DIAN. 2.2. Que al no existir una Renta líquida gravable, tampoco existe la obligación de pagar por parte de la demandante el valor de $136.634.000 por concepto de impuesto a la renta, más la sobretasa de $13.663.000, más la sanción por inexactitud de $240.475.000. A los anteriores efectos, el demandante invocó como violados los artículos 28 de la Constitución Política, 54 de la Ley 79 de 1988, 84 del Código Contencioso Administrativo y 5 (parágrafo 1) del Decreto 124 de 1997. En los hechos de la demanda afirmó que no era cierto lo indicado por la Administración, cuando en la liquidación oficial dijo que se constituyó una provisión de cartera en la contabilidad de la sucursal de Puerto Tejada. Aclaró que esa nota corresponde a la contabilidad de la sede principal, y lo que se registró fue una provisión para litigios, indemnizaciones y demandas. Agregó que existe una provisión de cartera de la sucursal Zona Norte, cuyo valor es igual al que rechaza la DIAN, que fue constituida en 2005 y se trasladó de la sucursal

provisión para litigios, indemnizaciones y demandas. Agregó que existe una provisión de cartera de la sucursal Zona Norte, cuyo valor es igual al que rechaza la DIAN, que fue constituida en 2005 y se trasladó de la sucursal a la principal en 2006, movimiento que no afecta las cuentas de resultado del ejercicio (la nota NC-1304 evidencia traslado de cartera a la principal). Indicó que esta provisión fue investigada por la demandada, quién archivó la investigación en

2009. Transcribió la relación de notas contables del acta de inspección tributaria y expuso que, sobre las notas 03-0001271 y SAL-00002, se presentó una imprecisión en la redacción y las partidas crédito a afectar, pero que esto no afectó los saldos de la contabilidad.

Sobre los cuestionamientos del monto de las provisiones para litigios, allegó nueve demandas admitidas durante el 2006, cuyo monto total ascendía a $4.008.159.120, lo cual evidencia la necesidad de constituir estas. Consideró que la DIAN no tuvo en cuenta la información depurada de los procesos de 2006 radicada el 18 de mayo del 2010.

5 Samai, índice 3.Radicado: 19001-23-00-000-2011-00584-01 (30082)

Demandante: Cooperativa de Motoristas del CaucaCoomotoristas

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Advirtió que el hecho de tener fallos favorables en el 97.7% de los casos no puede asumirse como una constante y por esto cuestionarse el monto de la provisión, pues

www.consejodeestado.gov.co Advirtió que el hecho de tener fallos favorables en el 97.7% de los casos no puede asumirse como una constante y por esto cuestionarse el monto de la provisión, pues el resultado de cada proceso es impredecible . Acudió al concepto de ente económico para sostener que la empresa es una sola y que, en caso de responder por una o varias condenas, su patrimonio se compromete totalmente, de forma que las provisiones no deben guardar proporcionalidad solo con determinados ingresos. Acotó que las pólizas contratadas por la Cooperativa no son suficientes dado que, en caso de accidentes graves, las cuantías demandadas superan el amparo de las pólizas y no siempre se puede vincular a las aseguradoras en los procesos, de manera que la res ponsabilidad radica en cabeza de las empresas de transporte y no de los asociados, quienes tampoco pueden pagar un mayor valor por concepto de pólizas. Insistió en que las pretensiones de las demandas exceden el patrimonio bruto de la empresa y la administración debe protegerlo. Reparó en que la provisión cumplió lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto 2649 de 1993 y la Resolución 1515 de 2001, de tal forma que la reinversión en educación formal se efectuó con fundamento legal. Para reforzar su argumento, hizo alusión a la Circular Básica Contable y Financiera 0013 de 30 de julio de 2003, el Plan Único de Cuentas para entidades del Sector Solidario de 2005 y el Oficio 0A/01257 de la Superintendencia de Sociedades. En particular, refirió la dinámica de pas ivos estimados y provisiones y de provisiones, contingencias y pasivos contingentes en

de Cuentas para entidades del Sector Solidario de 2005 y el Oficio 0A/01257 de la Superintendencia de Sociedades. En particular, refirió la dinámica de pas ivos estimados y provisiones y de provisiones, contingencias y pasivos contingentes en los Decretos 2649 y 2650 de 1993. Precisó que la obligación de contabilizar la provisión, en su caso, fue justificada, cuantificable y confiable debido a que, según la certificación del departamento jurídico de la Cooperativa enviada a la DIAN, la cuantía de las demandas admitidas en 2006 ascendí a a $4.008.159.120, cifra que demuestra que la provisión de $400.000.000 era necesaria. Acotó que, de no haber hecho la provisión, el representante legal y el revisor fiscal hubiesen respondido por omisión y/o actuación negligente6 y se hubiese puesto en riesgo la existencia de la empresa, dada la exigencia de un capital pagado o patrimonio líquido para la operación de empresas de transporte público.7 Calificó de parcialmente cierto el hecho de que el beneficio neto o excedente debiese efectuarse conforme con el artículo 357 del Estatuto Tributario , pues en el sector cooperativo también opera el artículo 10 de la Ley 1066 de 2006 , y afirmó que las provisiones son egresos procedentes. Estimó equivocados los argumentos de la Administración relativos a la constitución de fondos, que afectan los excedentes, dado que lo discutido eran provisiones que afectan los resultados. Hizo hincapié en que la normatividad cooperativa ordena la constitución de provisiones para proteger el patrimonio social, y que, en este caso, la efectuada

dado que lo discutido eran provisiones que afectan los resultados. Hizo hincapié en que la normatividad cooperativa ordena la constitución de provisiones para proteger el patrimonio social, y que, en este caso, la efectuada cumple los requisitos de justificación, cuantificación y confiabilidad y se derivó de hechos con relación estrecha con el objeto social y la generación de ingresos de la Cooperativa. Desestimó la aplicación de la sentencia del 05 de septiembre de 2002 del Consejo de Estado , dado que se pronunció sobre el excedente fiscal y no el contable y precisó que la provisión no es deducible fiscalmente pero sí puede detraerse contablemente. Clarificó que la provisión no se tuvo en cuenta en la declaración de renta, pero sí afectó el ben eficio neto o excedente presentado a la Asamblea, al afectar los resultados del ejercicio.

6 Al respecto citó el Concepto 034649 del 6 de octubre de 2005 de la Superintendencia de Economía Solidaria. 7 Como soporte invocó los artículos 11, 14 y 16 del Decreto 171 de 2001.Radicado: 19001-23-00-000-2011-00584-01 (30082)

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mencionó que las cooperativas no obtienen utilidades sino excedentes y que la distribución del 20% se realizó sobre el excedente contable, de manera correcta, sobre lo cual citó la Circular Externa 007 de 2009 de la Superintendencia de Economía Solidaria. Resaltó que el proyecto de distribución de excedentes se

distribución del 20% se realizó sobre el excedente contable, de manera correcta, sobre lo cual citó la Circular Externa 007 de 2009 de la Superintendencia de Economía Solidaria. Resaltó que el proyecto de distribución de excedentes se efectuó conforme con el artículo 54 de la Ley 79 de 1938, que se aplicó indebidamente el artículo 5 del Decreto 124 de 1997 y el 19 del Estatuto Tributario. Acusó al acto de falsa motivación, y por esto de desconocimiento del derecho de defensa. Dijo que los motivos en que se fundamenta el acto deben ser ciertos, claros y objetivos, y que esta causal se refiere a la motivación fáctica . Agregó que la motivación de los actos debe ser clara, puntal y suficiente, hasta tal punto que justifique la expedición de los estos. Estimó improcedente la sanción por inexactitud dado que no incurrió en ninguna irregularidad y alegó una diferencia de criterios. Oposición de la demanda La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda8: Defendió los actos indicando que respetaron el debido proceso y el derecho de defensa, ya que la demandante pudo controvertir las glosas. Resaltó que en estos se demostró que la Cooperativa determinó a su discreción el excedente contable , debido a que las reservas no son aceptables como costos y deducciones pues sus movimientos se generan en las cuentas de patrimonio. Reseñó los documentos aportados en la inspección tributaria practicada y observó que el revisor fiscal señaló que las provisiones de multas, sanciones y litigios no obedecieron a criterio alguno y que se tomó el valor total de las cuantías pretendidas

que el revisor fiscal señaló que las provisiones de multas, sanciones y litigios no obedecieron a criterio alguno y que se tomó el valor total de las cuantías pretendidas en las demandas, con independencia de que su admisión ocurrió en 2006 o en años anteriores. Resaltó que en los actos se concluyó que la Cooperativa no realizó la inversión en el fondo de educación como lo disponía el artículo 19 del Estatuto Tributario, dado que disminuyó el excedente contable con una provisión. Explicó que el 20% para la inversión correspondía a $136.633.611 y no a $60.000.0000 y que a la Asamblea General se le presentó un valor del beneficio neto o excedente que había sido afectado por un descuento de $400.000.000 de provisión para litigios y demandas, además de que en el “estado de PyG” se reflejó una utilidad que no correspondía a la distribución de porcentajes de la Ley 79 de 1988. Estimó procedente la sanción por inexactitud dada la utilización de datos o factores falsos, equivocados o incompletos con la inclusión de una renta exenta a la cual la Cooperativa no tenía derecho por la disminución indebida del excedente contable. Sentencia apelada El Tribunal Administrativo del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina9 negó las pretensiones de la demanda , con fundamento en las siguientes consideraciones:10

8 Samai, índice 3. 9 Le correspondió el proceso a este tribunal por efecto de los acuerdos de descongestión. 10 Samai Tribunal, índice 106.Radicado: 19001-23-00-000-2011-00584-01 (30082)

9 Le correspondió el proceso a este tribunal por efecto de los acuerdos de descongestión. 10 Samai Tribunal, índice 106.Radicado: 19001-23-00-000-2011-00584-01 (30082)

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Reseñó las actuaciones del proceso administrativo y los hallazgos de los dictámenes periciales del 21 de mayo de 2017, su aclaración y objeción y del 23 de enero del 2018. Transcribió los artículos 4 del Decreto 124 de 1997, 6 de la Ley 633 de 2000, 8 de la Ley 863 de 2003, 3, 4 y 5 del Decreto 4400 de 2004 para establecer que la determinación del beneficio neto o excedente es un procedimiento reglado y que solo pueden detraerse egresos constitutivos de costo o gasto que tengan relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad con los ingresos. Diferenció entre el registro contable de las provisiones y sus efectos fiscales y precisó que la procedencia del egreso depende de su realización efectiva durante el período. Acotó que la Ley 79 de 1988 prevé la posibilidad para las cooperativas de crear reservas y fondos para proteger los aportes sociales y adelantar finalidades especiales, los cuales no están excluidos de la base para liquidar el impuesto de renta, ni tienen un beneficio tributario similar, dado que su efecto e s contable y no fiscal. Afirmó que la provisión creada por la Cooperativa para cubrir demandas no podía

renta, ni tienen un beneficio tributario similar, dado que su efecto e s contable y no fiscal. Afirmó que la provisión creada por la Cooperativa para cubrir demandas no podía considerarse un gasto. Para esto hizo alusión a la aclaración del dictamen pericial, del 02 de agosto de 2017, donde se indica que esa provisión no se realizó en el 2006, de forma que el gasto no se había producido en el período. Agregó que como las provisiones se relacionan con una contingencia que pudo o no ocurrir, no se puede hablar de un gasto efectivamente realizado en el periodo gravable en discusión, que haya derivado en una disminución del patrimonio de la Cooperativa y el egreso no podía detraerse. No condenó en costas, al no encontrar conducta que así lo ameritara. Recurso de apelación La demandante apeló la decisión de primera instancia 11. Calificó de sesgad o el análisis del Tribunal al tener como fundamento únicamente el dictamen pericial objetado por error grave al fundamentarse en una norma derogada, de forma que se emitió uno nuevo frente al cual no se hizo pronunciamiento. Cuestionó que la sentencia asimilara los fondos o reservas con las provisiones, siendo que son partidas disímiles. Reprochó que no se analizara la naturaleza de las cooperativas y el numeral 4 del artículo 19 del Estatuto Tributario, dada su finalidad socioeconómica y el tratamiento especial constitucional previsto para dichos entes. Añadió que se desconoció el artículo 4 de la Ley 79 de 1998 dado que el Tribunal desatendió que el concepto de excedente en las cooperativas está ligado a una condición de prestación de

especial constitucional previsto para dichos entes. Añadió que se desconoció el artículo 4 de la Ley 79 de 1998 dado que el Tribunal desatendió que el concepto de excedente en las cooperativas está ligado a una condición de prestación de servicios comunes vinculados a su objeto social, que no genera lucro a sus miembros. Dijo que el beneficio neto o excedente aprobado por la Asamblea resulta de restar de los ingresos, los egresos de cualquier naturaleza. Expresó que, para las cooperativas no existen ingresos no constitutivos de renta, ni rentas exentas y, así mismo, tampoco les aplica el concepto de costos y gastos no deducibles por no ser exigibles las condiciones y requisitos fiscales requeridos para otras clases de contribuyentes del impuesto sobre la renta . Adujo que, para estos entes, se utiliza de forma exclusiva las normas contables y del sector cooperativo, de manera que las provisiones tienen relación de causalidad con la obtención de ingresos y son deducibles, al ser erogaciones.

11 Samai Tribunal, índice 110.Radicado: 19001-23-00-000-2011-00584-01 (30082)

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Reprochó que se invocara el artículo 4 del Decreto 4400 de 2004, el cual fue modificado sustancialmente por el artículo 3 del Decreto 640 de 2005, que eliminó el requisito de pago efectivo de los egresos. Estimó aplicable el principio de realización a las provisiones dado que son hechos económicos que probablemente

modificado sustancialmente por el artículo 3 del Decreto 640 de 2005, que eliminó el requisito de pago efectivo de los egresos. Estimó aplicable el principio de realización a las provisiones dado que son hechos económicos que probablemente implican un sacrificio económico. Sostuvo que las provisiones tienen un efecto contable y fiscal dado que se tienen que hacer, afectan el resultado contable y este es la base para el cálculo de los aportes a los fondos. Añadió que el concepto contable de erogaciones incluye otras formas de pago, más allá de la moneda. Cuestionó que la sentencia considerara que los gastos debían pagarse efectivamente, lo cual equivaldría a aplicar un sistema de caja y no de causación. Expuso que los fondos y reservas no son provisiones , ya que estas afectan el resultado del ejercicio. Insistió en que se desconoció la dinámica de las provisiones como gasto, sobre lo cual reiteró las referencias al Plan único de Cuentas del Sector Solidario y a los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y replicó los argumentos sobre la justificación, cuantificació n y confiabilidad del registro de la provisión y la responsabilidad por omisión y/o actuación negligente de los administradores y el revisor fiscal. Comentó que un gasto puede representar el incremento de un pasivo y no solo salida de dinero u otros recursos y que la sentencia desconoció que la provisión va unida al gasto, pues se constituye afectando un débito en una cuenta de resultado (gasto) y un crédito en una cuenta de pasivo, por lo que figuran en los estados de resultados y de situación financiera. Mencionó que no hay discusión en la realidad del gasto por provisión y que la DIAN ha aceptado dicha situación.

(gasto) y un crédito en una cuenta de pasivo, por lo que figuran en los estados de resultados y de situación financiera. Mencionó que no hay discusión en la realidad del gasto por provisión y que la DIAN ha aceptado dicha situación. Frente a las conclusiones del dictamen pericial utilizado como base de la decisión de primera instancia, alegó que, para 2006 ya estaba vigente el Decreto 640 de 2005 que determinaba el beneficio fiscal con base en sus disposiciones y no en normas fiscales . Agregó que, para las cooperativas, son procedentes todos los gastos dentro de su objeto social y que el perito legisló. Anotó que debió considerarse el peritaje de Jairo Luis Bolaños, respecto del cual no se indicaron las razones por las que no se tuvo en cuenta. Explicó que la sentencia se apartó del precedente del Consejo de Estado en sentencia 16612, C.P. William Giraldo Giraldo y que la Cooperativa sí tenía derecho a la exención del impuesto sobre la renta. Alegatos de conclusión La demandante reiteró los argumentos de la apelación 12. La demandada13 consideró adecuado el análisis de la sentencia de primera instancia dado que la provisión es un contingente que solo se materializa en el momento que se genere o se cause la condición impuesta para su uso y que no se desestimaron las pruebas, sino que la decisión se fundamentó en las normas vigentes y en el hecho de que no se efectuó la reinversión del excedente en debida forma, al tomar como egreso una suma no causada. Expresó que en la sentencia sí se hizo referencia al otro dictamen pericial.

12 Samai , índice 21.

forma, al tomar como egreso una suma no causada. Expresó que en la sentencia sí se hizo referencia al otro dictamen pericial.

12 Samai , índice 21. 13 Samai, índice 20.Radicado: 19001-23-00-000-2011-00584-01 (30082)

Demandante: Cooperativa de Motoristas del CaucaCoomotoristas

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Intervención del Ministerio Público El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la sentencia de primera instancia.14 Conceptualizó a las cooperativas como personas jurídicas de derecho privado, sin ánimo de lucro, con organización asociativa enfocada en la sociedad y dijo que los egresos procedentes para establecer el beneficio neto o excedente son aquellos constitutivos de costo o gasto con relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad con los ingresos. Hizo referencia al dictamen pericial y señaló que los egresos no fueron realizados durante el período, de modo que no se disminuyó el patrimonio de la cooperativa y la provisión no podía detraerse al no constituir un gasto real. Concluyó que las pruebas se valoraron debidamente y que la sanción por inexactitud era procedente dada la inclusión impropia de descuentos tributarios.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Cuestión previa De forma previa al estudio de fondo de los cargos de apelación, la S ección debe reiterar el criterio expuesto en frente al alcance del recurso de apelación en las

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Cuestión previa De forma previa al estudio de fondo de los cargos de apelación, la S ección debe reiterar el criterio expuesto en frente al alcance del recurso de apelación en las sentencias del 9 de abril de 2025, exp. 26144, del 9 de mayo de 2024, exp. 28297, y del 11 de octubre de 2024, exp. 27637, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

En dichas providencias, se indicó que, según el artículo 320 del Código General del Proceso, el objeto del recurso de apelación consiste en que el superior examine la cuestión decidida, únicamente respecto de los reparos concretos formulados por el apelante. Esto , en concordancia con el artículo 328 ibidem, conforme al cual la competencia del juez de segunda instancia se limita a los argumentos expuestos por el recurrente. Lo anterior, en la medida en que los argumentos con los que se pretende censurar la sentencia apelada deben estar acordes con lo planteado en el concepto de violación de la demanda (en el caso del demandante), lo expuesto en la oposición a la misma (en el caso del demandando) y, en cualquier caso, con lo razonado por el juez de primera instancia 15. En esa medida, está prohibido que el apelante exponga en el recurso de apelación hechos, cargos y pretensiones nuevas que no presentó en la demanda o en la contestación de ese escrito, según el caso. Un entendimiento contrario vulneraría el derecho de contradicción de las partes, el principio de congruencia y la lealtad procesal, ya que implicaría la posibilidad de fundamentar el recurso de apelación en hechos o argumentos que no pudo tener en

Un entendimiento contrario vulneraría el derecho de contradicción de las partes, el principio de congruencia y la lealtad procesal, ya que implicaría la posibilidad de fundamentar el recurso de apelación en hechos o argumentos que no pudo tener en cuenta el juez de primera instancia, por no haber sido puestos a su consideración en la etapa procesal oportuna. Por esa razón, la Sección ha señalado que «Invalidar una providencia con base en hechos y/o argumentos completamente ajenos al debate procesal suscitado, que dio lugar la decisión judicial impugnada, escapa a la lógica procesal del recurso de apelación»16.

14 Samai, índice 12. 15 Ver sentencia del 16 de noviembre de 2023, exp. 27886, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. 16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 9 de mayo de 2013, Exp. 18847, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, reiterada en la sentencia del 28 de abril de 2022, Exp. 25687. C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.Radicado: 19001-23-00-000-2011-00584-01 (30082)

Demandante: Cooperativa de Motoristas del CaucaCoomotoristas

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Sección precisa que, en virtud del principio a la igualdad y de equilibrio procesal, la carga de sustentar el recurso de apelación en concordancia con lo expuesto en la sentencia impugnada y con los hechos, argumentos, pretensiones y excepciones

La Sección precisa que, en virtud del principio a la igualdad y de equilibrio procesal, la carga de sustentar el recurso de apelación en concordancia con lo expuesto en la sentencia impugnada y con los hechos, argumentos, pretensiones y excepciones expuestas en primera instancia y esta, no recae sólo en la parte demandante, sino también en la parte demandada17. En el caso bajo examen, se advierte que la demandante propone en el recurso de apelación un asunto nuevo, que no fue ventilado en la demanda ni en sede administrativa, consistente en el presunto análisis de la naturaleza de las cooperativas, su finalidad socioeconómica, su tratamiento especial constitucional y la vinculación entre el excedente y la prestación de servicios comunes no lucrativos, asuntos que no son objeto de debate en los actos administrativos que discuten la procedencia de egresos por concepto de una provisión que afectaron el beneficio neto o excedente, ni que tampoco fueron puestos de presente en la demanda. En consecuencia, para proteger el equilibrio procesal, el derecho de defensa de las partes y los principios de igualdad y congruencia de las sentencias, la S ección se abstendrá de estudiar dichos argumentos dado que son hechos novedosos que solo se plantearon en sede de apelación y que no se plasmaron en los actos administrativos ni sirvieron de sustento de las glosas. Sin perjuicio de que estos no fueron abordados por el Tribunal en primera instancia, es importante reiterar que, en todo caso, no eran pasib les de estudio, al exceder el debate trabado en sede administrativa.

2. Problema jurídico De conformidad con los cargos de apelación formulados por la parte demanda nte

en todo caso, no eran pasib les de estudio, al exceder el debate trabado en sede administrativa.

2. Problema jurídico De conformidad con los cargos de apelación formulados por la parte demanda nte respecto de la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, juzga la Sección la legalidad de la liquidación que modificó la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 20 06 presentada por el demandante.

En particular corresponde determinar si: i) los egresos registrados como “provisiones” podían detraerse para determinar el beneficio neto o excedente, ii) la sentencia de primera instancia in currió en una indebida valoración probatoria respecto de los dictámenes periciales.

3. Análisis del caso concreto 3.1. Procedencia de los egresos Los actos administrativos demandados reliquidaron la renta exenta regi