CE - Sentencia 19001230000020180033401 de 2025

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 19001-23-00-000-2018-00334-01 (2588 – 2024)

Demandante : Francisco Javier Bedoya Rodríguez Demandado : Hospital Francisco de Paula Santander - Empresa Social del Estado – Santander de Quilichao - Cauca Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho - Ley 1437 de 2011

Tema : Relaciones laborales encubiertas Decisión : Sentencia segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 22 de febrero de 2024 , proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca1, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2

1.1 Pretensiones

El señor Francisco Javier Bedoya Rodríguez , por intermedio de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad del oficio HFPS-GG-JURIDICA N° 72 del 3 de mayo de 2018, suscrito por el gerente de la entidad, mediante el cual negó el reconocimiento y pago de las acreencias laborales solicitadas por la parte actora.

A título de restablecimiento del derecho solicitó se reconozca la existencia

1 Sala conformada por los magistrados: Jairo Restrepo Cáceres, Marino Coral Argoty y Carlos Leonel Buitrago Chávez

actora.

A título de restablecimiento del derecho solicitó se reconozca la existencia

1 Sala conformada por los magistrados: Jairo Restrepo Cáceres, Marino Coral Argoty y Carlos Leonel Buitrago Chávez 2 Expediente físico, fl. 23-412

Numero interno: 2588-2024

Demandante: Francisco Javier Bedoya Rodríguez

Demandado: Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E

de un contrato de trabajo; en consecuencia se ordene el pago a su favor de las prestaciones sociales causadas desde el año 2006 al 2016, tiempo en que prestó sus servicios a través de contrato de prestación de servicios, siendo estas: cesantías y sus intereses, primas de servicios de junio y diciembre y vacaciones; así como, la sanción moratoria por el no pago de aquellas y, la sanción establecida en el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 por no depositar las cesantías, causada esta desde el año 2007 y hasta el 2016; sumado a ello, pide se reconozca y paguen los aportes a la seguridad soc ial integral, la entidad demandada sea condenada en costas y, que todas las cifras adeudadas sean reconocidas debidamente indexadas.

1.2 Hechos

Los fundamentos fácticos expuestos en la demanda son los siguientes:

Manifiesta el actor que en el año 2006 se presentó una vacante en la entidad accionada en el cargo de coordinador de gestión de residuos, ante lo cual se presentó con el fin de ocupar aquél, habiendo sido contratado para tal fin desde el 2 de mayo del año en cita, a través de contrato de prestación de servicios.

Dicha vinculación permaneció en el tiempo hasta el 31 de diciembre de 2016, en

presentó con el fin de ocupar aquél, habiendo sido contratado para tal fin desde el 2 de mayo del año en cita, a través de contrato de prestación de servicios.

Dicha vinculación permaneció en el tiempo hasta el 31 de diciembre de 2016, en que se vio obligado a renunciar dada la desigualdad de su salario respecto a los empleados de planta y el no reconocimiento de prestaciones ; afirmando además que el vínculo se desarrolló a través de los citados contratos de prestación de servicios, pero también en algunas oportunidades mediante asociaciones sindicales que servían de intermediarias en la relación.

Recalca que, a pesar de configurarse los tres elementos del contrato de trabajo, a saber: prestación del servicio, retribución económica y subordinación, la demandada nunca le canceló las prestaciones sociales, vacaciones, auxilio de transporte, diferencias salariales ni la seguridad social, la cual tuvo que cancelar directamente.

Expone que la labor desempeñada no era autónoma, debiendo cumplir las directrices dadas por el supervisor del contrato; así como, cumplir el mismo horario de los empleados de planta.

Indica que el día 3 de mayo de 2018 presentó reclamación administrativa tendiente a obtener la declaratoria del contrato realidad y el pago de las acreencias laborales3

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Demandante: Francisco Javier Bedoya Rodríguez

Demandado: Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E

debidas, la cual fue resuelta de forma negativa a través del acto administrativo acusado.

1.3 Normas violadas y concepto de violación

La parte demandante estima vulnerados los artículos 53, 83 y 90 de la Constitución

debidas, la cual fue resuelta de forma negativa a través del acto administrativo acusado.

1.3 Normas violadas y concepto de violación

La parte demandante estima vulnerados los artículos 53, 83 y 90 de la Constitución Política, Leyes 244 de 1995, 43 de 1975, 432 de 1998 y, los Decretos 3118 de 1968, 1042 y 1045 de 1978, 1848 de 1962. 2025 de 2011 y 583 de 2016

Considera que en su caso se cumplen los requisitos para que se declare la existencia del contrato de trabajo, teniendo en cuenta el principio constitucional de la primacía sobre las formalidades; dado que la labor desempeñada no fue temporal, esta perduró por más de 10 años, aquella correspondió al giro ordinario de las actividades del hospital, fue prestada bajo continua subordinación debiendo cumplir horarios y recibía órdenes del personal de la entidad como sus superiores; así como, en retribución a esta le era cancelado un salario.

Cita las normas que regulan las prestaciones sociales, vacaciones y sanción deprecadas, para luego concluir que aquellas no le fueron pagadas al haberse disfrazado la relación laboral por medio de contratos de prestación de servicios.

Finalmente, precisa que fue contratado a través de las cooperativas de trabajo asociado Coopresalud y Coenpaz.

2. Contestación de la demanda3

La accionada se opuso a las pretensiones de la demanda bajo el argumento que nunca existió un vínculo laboral con el demandante, quien suscribió con la entidad inicialmente contratos de prestación de servicios que trata la Ley 80 de 1993 , sin

La accionada se opuso a las pretensiones de la demanda bajo el argumento que nunca existió un vínculo laboral con el demandante, quien suscribió con la entidad inicialmente contratos de prestación de servicios que trata la Ley 80 de 1993 , sin que en ellos haya habido subordinación, elemento propio y característico de la relación laboral; posteriormente, fue vinculado por medio de la Cooperativa de Trabajo Asociada Coenpaz, como se puede apreciar en su historia laboral, entidad que es la encargada de pagar las acreencias laborales deprecadas.

Alega que al actor no se le exigió el cumplimiento de horarios sino de sus actividades, como tampoco se le pagó salario habiéndosele cancelado honorarios, previo informe de supervisión; por tanto, no se configuró el contrato laboral pregonado.

3 Expediente físico fl. 64-744

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Argumenta que la entidad demandada sufrió una modificación en la planta de personal, e n virtud de lo cual muchas de las actividades tuvieron que ser contratadas a través de sindicatos especializados y por medio de cooperativas de trabajo asociado.

Finalmente, propuso las excepciones que denominó: prescripción, cobro de lo no debido, compensación e innominada.

3. La sentencia de primera instancia4

El Tribunal Administrativo del Cauca mediante sentencia proferida el 22 de febrero de 2024 accedió a las pretensiones de la demanda, sin condena en costas.

Para llegar a esa conclusión el a quo trajo a colación jurisprudencia del Consejo de

El Tribunal Administrativo del Cauca mediante sentencia proferida el 22 de febrero de 2024 accedió a las pretensiones de la demanda, sin condena en costas.

Para llegar a esa conclusión el a quo trajo a colación jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la materia, analizó la regulación de las cooperativas de trabajo asociado o empresas intermediarias, para luego concluir que en este asunto se acreditó que el demandante fue vinculado por la enti dad a través de contratos de prestación de servicios desde el 3 de mayo de 2010 al 31 de diciembre de 2016 , para prestar los servicios en el proceso de gestión de residuos.

Previo a esa vinculación se indicó el actor había sido contratado por medio de la Cooperativa de Trabajo Asociado Coopresalud; entidad que según lo probado tuvo relación contractual con la ESE demandada desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2010.

Según el Tribunal con las pruebas allegadas al plenario, especialmente los documentos y los testimonios recaudados, se logró acreditar la prestación del servicio, la remuneración y la subordinación en la vinculación que unió al demandante con la entidad, ya de forma directa o a través de empresas intermediarias; lo anterior en los siguientes periodos de tiempo:

a) Desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de julio de 2009. b) Desde el 1 de septiembre de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2009. c) Desde 3 de mayo de 2010 hasta el 3 de julio de 2010. d) Desde el 16 de agosto de 2011 hasta el 31 de enero de 2013.

4 Expediente físico fl. 138-1525

c) Desde 3 de mayo de 2010 hasta el 3 de julio de 2010. d) Desde el 16 de agosto de 2011 hasta el 31 de enero de 2013.

4 Expediente físico fl. 138-1525

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e) Desde el 1 de agosto de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2016

No obstante, determinó que había operado el fenómeno de la prescripción sobre algunas de las acreencias laborales reclamadas , ordenado el pago, debidamente indexado, de las prestaciones de orden legal causadas desde el 1 de agosto de 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2016, junto con el pago de aportes a la seguridad social precisando que estos tenían la connotación de imprescriptibles , teniendo como base salarial el valor de los honorarios percibidos por el actor.

Negó las pretensiones encaminadas a la devolución de los aportes a la seguridad social y sanción moratoria.

4. El recurso de apelación5

La entidad accionada presentó oportunamente recurso de apelación en contra de la sentencia dictada en este asunto , considerando que nunca existió la alegada relación laboral entre las partes.

Adujo que el actor fue vinculado a través de contratos de prestación de servicios por temporadas cortas con la entidad demandada y, en periodos más largos su vinculación fue por medio de cooperativas de trabajo asociado, quienes eran las que realizaban los cuadros de turnos, supervisaban su labor, realizaban el pago de los honorarios, así como de sus prestaciones sociales ; a pesar de l o cual no fueron vinculados al proceso.

realizaban los cuadros de turnos, supervisaban su labor, realizaban el pago de los honorarios, así como de sus prestaciones sociales ; a pesar de l o cual no fueron vinculados al proceso.

Considera que en este asunto no existe un acto administrativo susceptible de nulidad, por cuanto el pronunciamiento que hizo la entidad en respuesta a la reclamación tuvo como fin no violentar el derecho fundamental de petición.

Adicionalmente, expone que en el plenario no se acreditó la subordinación alegada, dado que los testigos Martha Cecilia Ramírez Polanco y Andrés Fernando Chavarro González no conocen las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se desarrolló la relación entre las partes, y en cuanto a la testigo María Teresa Zapata Tegue su declaración fue tachada de fals a, la cual debe prosperar, por cuanto no es imparcial en su testimonio dado que tiene un proceso con similares pretensiones; sumado a ello, considera que el hecho que exista una supervisión del contrato no

5 Expediente físico, fl. 156-1586

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genera la subordinación, puesto que aquella se presenta es con miras a tener control sobre las actividades y verificar su cumplimiento.

Tampoco hay plena prueba de los contratos, lo s cuales no fueron aportados en su totalidad, existiendo tan solo una certificación, a la cual se le dio pleno valor probatorio, documento del cual no se logra tener claridad acerca del objeto del contrato ni demás clausulados del contrato.

Finalmente, pide que se revoque la condena en costas impuestas por el Tribunal.

probatorio, documento del cual no se logra tener claridad acerca del objeto del contrato ni demás clausulados del contrato.

Finalmente, pide que se revoque la condena en costas impuestas por el Tribunal.

5 Trámite del recurso de la Ley 2080 de 20216

Con auto de 26 de junio de 2024, el consejero sustanciador admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021; sin embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda instancia, se prescindió del periodo para que las partes alegaran de conclusión.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 7, el juez de segunda instancia debe pronunciarse sin limitaciones, cuando ambas partes apelan.

CUESTIÓN PREVIA

Aquí considera la Sala importante aclarar la razón por la cual se cuenta con jurisdicción para conocer de este asunto.

La Corte Constitucional es quien debe dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas juris dicciones, según lo dispuesto en el numeral 11 del

6 Expediente físico, fl. 166 7 «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior

expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promove r incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»7

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artículo 2418 de la Constitución Política; Corporación que desde el auto que 492 de 2021 estableció que la jurisdicción contencioso administrativa es la competente para conocer y decidir de fondo los procesos promovidos para determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado ; lo anterior, de conformidad con el artículo 104 del CPACA . En la citada providencia la Corte

Constitucional expuso:

«De conformidad con lo expuesto, la Corte aplicará la cláusula especial de competencia derivada del artículo 104 del CPACA. Esto por cuanto se reclama la existencia de un vínculo laboral con el Estado, presuntamente camuflada en sucesivos contratos de prestación de

derivada del artículo 104 del CPACA. Esto por cuanto se reclama la existencia de un vínculo laboral con el Estado, presuntamente camuflada en sucesivos contratos de prestación de servicios. De este modo, se concluye que los asuntos en los que no cabe duda acerca de la existencia de una relación de trabajo se diferencian notoriamente del tipo de controversias en las que se debate la existencia de dicho vínculo. Es decir, aquellas que tienen por objeto definir si el servidor público fungió como trabajador oficial o empleado público, como la que en esta oportunidad estudia la Sala. Lo anterior, dado que:

a) En sentido estricto, lo que se discute es la validez del acto administrativo mediante el cual la Administración da respuesta a la reclamación del contratista y, junto con esto, la legalidad de la modalidad contractual utilizada con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los mismos derechos y acreencias laborales de los servidores públicos de planta.

b) El fundamento de las pretensiones se estructura en un contrato de prestación de servicios estatal.

c) Únicamente el juez contencioso administrativo es el competente para validar si la labor contratada corresponde a una función que “no puede realizarse con personal de planta o requiere conocimientos especializados”, en los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

d) El objeto mismo del proceso consiste en establecer si se configuró un vínculo laboral a través de contratos de prestación de servicios, lo que implica un juicio sobre la actuación de la entidad pública».

El anterior criterio ha sido sostenido en diversos pronunciamientos tal es como A785 de 2022, A-853 de 2023, A-636 de 2023 y A-280 de 2024. Sin embargo, existen

la entidad pública».

El anterior criterio ha sido sostenido en diversos pronunciamientos tal es como A785 de 2022, A-853 de 2023, A-636 de 2023 y A-280 de 2024. Sin embargo, existen otros pronunciamientos recientes donde se le ha asignado por parte de la Corte Constitucional la competencia para conocer de esta clase de procesos , cuando se pretende la declaratoria de la existencia de una relación laboral encubierta con una entidad del Estado , a la jurisdicción ordinaria laboral , así quedó expuesto en los autos A -1528 de 2024 y A -1612 de 2024; debiéndose precisar que la regla establecida en estas do s últimas providencias es que será competente dicha jurisdicción cuando la vinculación haya sido a través de simples intermediarias y la labor que se repute ejercida por el demandante tenga la naturaleza de un trabajador oficial; así quedó expuesto en la ú ltima providencia citada: « De conformidad con el numeral 4º del artículo 105 del CPACA y el numeral 1º del artículo 2 del CPTSS, la jurisdicción ordinaria laboral conocerá de las demandas en las que se pretenda (i) la declaratoria de existencia de una relación laboral con una entidad pública a la que la parte demandante aduce haberle prestado

8 Adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015.8

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servicios personales, a través de un vínculo formal con una empresa, sociedad o entidad que presuntamente habría actuado como simple intermediaria, (ii) cuando la regla general de vinculación

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servicios personales, a través de un vínculo formal con una empresa, sociedad o entidad que presuntamente habría actuado como simple intermediaria, (ii) cuando la regla general de vinculación de la entidad pública sea la de trabajadores oficiales y (iii) dentro del trámite no pueda desvirtuarse prima facie tal parámetro de vinculación»

Según lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley 100 de 1993 las Empresas Sociales del Estado, constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la ley o por las asambleas o concejos, según el caso; el artículo 195 ibidem consagra el régimen jurídico de estas entidades y en su numeral 5 estableció que las personas vinculadas a esta clase de entidades tendrán el carácter de empleados públicos y trabajadores oficiales, conforme a las reglas del Capítulo IV de la Ley 1 0 de 1990; dicha ley en su artículo 26 clasificó los empleos así:

«ARTÍCULO 26.- Clasificación de empleos. En la estructura administrativa de la Nación, de las entidades territoriales o de sus entidades descentralizadas, para la organización y prestación de los servicios de salud, los empleos pueden ser de libre nombramiento y remoción o de carrera. Son empleos de libre nombramiento y remoción:

1. En la administración nacional central o descentralizada, los enumerados en las letras a), b), c) e i) del artículo 1 de la Ley 61 de 1987.

2. En las entidades territoriales o en sus entes descentralizados:

a. Los de Secretario de Salud o Director Seccional o local del sistema de salud, o quien haga

c) e i) del artículo 1 de la Ley 61 de 1987.

2. En las entidades territoriales o en sus entes descentralizados:

a. Los de Secretario de Salud o Director Seccional o local del sistema de salud, o quien haga sus veces, y los del primer nivel jerárquico, inmediatamente siguiente; b. Los de Director, Representante Legal de entidad descentralizada y los del primero y segundo nivel jerárquico, inmediatamente siguientes; c. Los empleos que correspondan a funciones de dirección, formulación y adopción de políticas, planes y programas y asesoría.

NOTA: Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-387 de 1996.

Todos los demás empleos son de carrera. Los empleados de carrera, podrán ser designados en comisión, en cargos de libre nombramiento y remoción, sin perder su pertenencia a la carrera administrativa. Ver Ley 443 de 1998. PARÁGRAFO.- Son trabajadores oficiales, quienes desempeñen cargos no directivos destinados al mantenimien to de la planta física hospitalaria, o de servicios generales, en las mismas instituciones»

La entidad demandada Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E. hace parte de las entidades definidas por el citado artículo 194 de la Ley 100 de 1993; por tanto el régimen jurídico de sus empleados es el previsto en el artículo 26 de la Ley 10 de 1990.

En ese orden de ideas, la regla general es que sus servidores son empleados públicos, salvo aquellos que sin ser directivos realicen actividades de mantenimiento de la planta física hospitalaria o de servicios generales.9

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públicos, salvo aquellos que sin ser directivos realicen actividades de mantenimiento de la planta física hospitalaria o de servicios generales.9

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En el presente caso se está ante una persona que se desempeñó como gestor ambiental, cuyas funciones, como más adelante se precisará, versaban sobre el manejo de residuos biológicos hospita larios; actividad que, a juicio de la Sala, requiere un manejo especializado y técnico debido a los riesgos sanitarios y ambientales que implican , por tanto, no está dentro de las actividades de mantenimiento de la planta física hospitalaria o de servicios generales, a pesar de su conexidad con estas labores.

Frente al tema que se debe entender por la Corte Suprema de Justicia en su Sala Laboral en sentencia SL1334-2018 del 18 de abril de 2018, con ponencia de la magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo, reiterando jurisprudencia sobre la materia expuso:

«En ese orden, y teniendo en cuenta los conceptos ya fijados por esta Sala sobre qué debe entenderse por «mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales», en la providencia ya referida se explicó lo siguiente: Así las cosas, es preciso analizar qué se entiende por «mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales». Jurisprudencialmente, esta Sala en providencia del 21 de junio de 2004, dentro del proceso conocido con el rad. n.° 22324, explicó lo siguiente: «…los ‘servicios generales’ dentro de una institución gubernamental, esencialmente están destinados para mantener las instalaciones de ella en óptimo estado de funcionamiento, su

«…los ‘servicios generales’ dentro de una institución gubernamental, esencialmente están destinados para mantener las instalaciones de ella en óptimo estado de funcionamiento, su seguridad, las funcion es de aseo, vigilancia y cafetería, así como el manejo de los demás bienes como vehículos y suministro de los elementos requeridos por las distintas dependencias que las integran». Posteriormente, en sentencia CSJ SL, del 29 de junio de 2011, rad. n.° 366 68, respecto al mismo tema señaló: El mantenimiento de la planta física de los hospitales comprende el conjunto de actividades orientadas a mejorar, conservar, adicionar o restaurar la planta física de los entes hospitalarios destinados al servicio público esencial de salud, tales como electricidad, carpintería, mecánica, jardinería, pintura, albañilería, vigilancia o celaduría. Por servicios generales ha de entenderse aquel elenco de actividades cuyo propósito es el de atender las necesidades que le son comunes a todas las entidades, tales como la cocina, ropería, lavandería, costura, transporte, traslado de pacientes, aseo en general y las propias del servicio doméstico, por citar algunas, en vía puramente enunciativa o ejemplificativa, no restrictiva o limitativa. (Las subrayas no son del texto) En ese mismo sentido, la Corte Constitucional en sentencia del 22 de jun. 2006, rad. T-485/06, razonó: No hay una definición legal o reglamentaria que establezca qué actividades comprende el mantenimiento de la planta física, como tampoco las que integran los servicios generales. No obstante, se ha entendido que serían (i) actividades de mantenimiento de la planta física, “aquellas operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones de la planta física

mantenimiento de la planta física, como tampoco las que integran los servicios generales. No obstante, se ha entendido que serían (i) actividades de mantenimiento de la planta física, “aquellas operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones de la planta física hospitalaria, puedan seguir funcionando adecuadamente. Por su parte serían (ii) servicios generales, “aquellos servicios auxiliares de carácter no sanitario necesarios para el desarrollo de la actividad sanitaria.” (…) “Dichos servicios no benefician a un área o dependencia específica, sino que facilitan la operatividad de toda organización y se caracterizan por el predominio de actividades de simple ejecución y de índole manual.” Dentro tales servicios generales se han incluido los servicios de suministro, tra nsporte, correspondencia y archivo, la vigilancia, y cafetería. Los anteriores definiciones coinciden exactamente con las pautas fijadas por el Ministerio de Salud, mediante Circular n.° 12 del 6 de febrero de 1991, para la aplicación del parágrafo del artículo 26 de la Ley 10 de 1990, sobre la clasificación de los Trabajadores Oficiales del Sector de la Salud. Mantenimiento de la planta física hospitalaria. Son aquellas actividades encaminadas a mejorar, conservar, adicionar o restaurar la planta física de los entes hospitalarios destinados al servicio público de salud, que no impliquen dirección y confianza del personal que labore en dichas obras, tales como electricidad,10

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carpintería, mecánica, jardinería, pintura, albañilería, vigilancia o celaduría. Servicios generales. Son aquellas actividades que se caracterizan por el predominio de tareas

Demandado: Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E

carpintería, mecánica, jardinería, pintura, albañilería, vigilancia o celaduría. Servicios generales. Son aquellas actividades que se caracterizan por el predominio de tareas manuales o de simple ejecución, encaminadas a satisfacer las nece sidades que le son comunes a todas las entidades, tales como cocina, ropería, lavandería, costura, transporte, traslado de pacientes, aseo en general y las propias del servicio doméstico, entre otras».

Revisada las definiciones y empleos usados por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia antes citada y, confrontados aquellos con la labor ejercida por el demandante se logra concluir que la labor de manejo de residuos biológicos no es propia de un trabajador oficial ; dado que las actividades de mantenim iento de la planta física hospitalaria o de servicios generales , que le son propias a esta clase de servidores públicos , son actividades operativas como limpieza, vigilancia o mensajería, que no incluyen funciones técnicas especializadas relacionadas con la gestión de residuos peligrosos, que es el caso del demandante.

Aquí debe precisarse que, conforme se describe en algunos de los objetos de los contratos suscritos por el demandante, entre ellos, el 2016-PS-1421, 2016-PS-1200, 2016-PS-852, 2016 -PS-982, de los cuales se hablará con más precisión más adelante, aquél se le vinculó con el objeto de “ Asesorar y realizar la verificación de las acciones referentes a la gestión ambiental en el marco del cumplimiento de la legislación ambiental vigente y normas i nternacionales de calidad”, con lo cual se confirma que su labor no era

acciones referentes a la gestión ambiental en el marco del cumplimiento de la legislación ambiental vigente y normas i nternacionales de calidad”, con lo cual se confirma que su labor no era operativa, esto es, no era el encargado de realizar las labores de limpieza, aquél tenía como función lograr el cumplimiento de la legislación ambiental, propiamente de lo referente a los residuos biológicos dentro de la institución de salud, de allí que dentro de las obligaciones contractuales pactadas en los citados contratos estaban las de «verificar el cumplimiento del plan de residuos hospitalarios, verificar el u