CE - Sentencia 19001233100020100005801 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Número interno: 58369

Radicación: 19001-23-31-000-2010-00058-01

Demandante: Luis Hernando Lenis Rengifo Demandado: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER (sucedido por la Agencia Nacional de Tierras-ANT) Proceso: Nulidad y restablecimiento del derecho

CONSEJO DE ESTADO -Competencia para conocer de asuntos agrarios. LEY 1152 DE 2007 -Efectos de la sentencia que declaró la inexequibilidad. BALDÍOS-Régimen constitucional y legal. BALDÍOS-Atributos jurídicos de los terrenos. BALDÍOS-El reconocimiento de derec hos del ocupante sólo se con solida con el acto de adjudicación. BALDÍOS -El ocupante tiene una mera expectativa sobre el bien. LEY 160 DE 1994 -Tránsito legislativo frente al régimen legal anterior. LEY 160 DE 1994-Su aplicación abarca las situaciones jurídicas de baldíos que no se consolidaron durante la vigencia d el régimen legal anterior. MERA EXP ECTATIVADiferencias con las expectativas legítimas y los derechos adquiridos. ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS -Los requisitos se definen conforme a la norma vigente al momento de la decisión.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo

requisitos se definen conforme a la norma vigente al momento de la decisión.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a decidir el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de l 16 de julio de 2015 , proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que anuló los actos administrativos acusados, expedidos por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, en adelante INCODER.

I.SÍNTESIS DEL CASO

Luis Hernando Lenis Rengifo formuló demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el INCODER y pidió la anulación de las Resoluciones No. 0085 del 18 de junio de 2009 y 00132 del 6 de agosto del mismo año, que negaron la adjudicación de l terreno baldío denominado San Martín, ubicado en la vereda Guacarí del municipio de López de Micay, departamento del Cauca. Como restablecimiento del derecho solicitó que se ordene a la entidad demandada la adjudicación del inmueble y se disponga la inscripción del título ante la oficina de registro de instrumentos públicos competente. Sostuvo que los actos acusados incurrieron en los vicios de infracción de las normas superiores en que deb ieron fundarse y falsa motivación, en la medida en que omitieron aplica r el régimen de transición previsto por el decreto reglamentario de la Ley 160 de 1994.

II. ANTECEDENTESRadicación: 19001-23-31-000-2010-0005801 (58369)

Demandante: Luis Hernando Lenis Rengifo

Demandado: INCODER

II. ANTECEDENTESRadicación: 19001-23-31-000-2010-0005801 (58369)

Demandante: Luis Hernando Lenis Rengifo Demandado: INCODER Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

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La demanda

El 23 de febrero de 20101, Luis Hernando Lenis Rengifo, por conducto de apoderado judicial, presentó de manda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el INCODER, para que se hicieran las siguientes declaraciones (transcripción literal, incluidos posibles errores):

PRIMERO: Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos emanados

de la DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE

DESARROLLO RURAL-INCODER:

A) Resolución No. 0085 de 18 de junio de 2009, por la cual se negó al demandante, LUIS HERNANDO LENIS RENGIFO, la adjudicación de un terreno baldío denominado SAN MARTÍN, ubicado en la Vereda Guacarí, jurisdicción del municipio de Micay, departamento del Cauca. B) Resolución No. 0132 de 6 de agosto de 2009, negativa del recurso de reposición interpuesto por el señor Procurador Judicial Ambiental y Agrario del Cauca en contra de la resolución antes mencionada.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, declarar que el demandante, LUIS HERNANDO LENIS RENGIFO tiene derecho a la adjudicación del dominio sobre el predio baldío denominado SAN MARTÍN, cuya ubicación, extensión superficiaria y linderos se consignan en los hechos de esta demanda.

LUIS HERNANDO LENIS RENGIFO tiene derecho a la adjudicación del dominio sobre el predio baldío denominado SAN MARTÍN, cuya ubicación, extensión superficiaria y linderos se consignan en los hechos de esta demanda.

TERCERO: Ordenar, como consecuencia de la anterior pretensión si ella fuere estimatoria, la inscripción d e su sentencia en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos competente para que sirva al actor como título de dominio del inmueble.

Hechos

Como fundamento fáctico, en síntesis, se narró:

Luis Hernando Lenis Rengifo es ocupante del predio denominado San Martín , ubicado en la vereda Guacarí del municipio de López de Micay, departamento del Cauca, con extensión superficiaria de 313 hectáreas y 3933 metros cuadrados , identificado por los siguientes linderos (se transcriben, incluidos posibles errores):

Se tomó como punto de partida No. 46 de coordenadas planas X= 830.010 m.Ny Y= 940.256 m.E, ubicado sobre la Quebrada Guacaricito, sitio donde concurren las colindancias de la entre (sic) comunidad negra de Manglares del río Micay y el globo a deslindar. Norte: Del punto No. 45 se sigue por la quebrada Guacaricito hasta el punto No. 47 de coordenadas planas X= 830.522 m.N y Y = 941.786 m.E, en una distancia de 1622 metros y en colindancia con la comunidad negra de Manglares del río Micay. Oriente: Del punto No. 47 se continúa en línea recta hasta

en una distancia de 1622 metros y en colindancia con la comunidad negra de Manglares del río Micay. Oriente: Del punto No. 47 se continúa en línea recta hasta el punto No. 48 de coordenadas planas X= 829.227 m.N y Y = 942.193 m.E, en distancia de 1357 metros y en colindancia con la comunidad negra de Manglares.

1 Cfr. Fl. 34, c. 4.Radicación: 19001-23-31-000-2010-0005801 (58369)

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Del punto 48, se sigue aguas abajo por la quebrada Guacaria hasta el punto No. 49 en distancia de 759 metros y en colindancia con la comunidad negra de Manglares del río Micay. Del punto No. 49 se contin úa en línea recta hasta encontrar el brazo Candelaria del Río Micay, sitio donde se ubica el punto No. 50 de coordenadas planas X= 827.414 m.N y Y = 941.363 m.E, en una distancia de 1586 metros. Sur: Del punto No. 50 se contin úa por el brazo Candelaria del río Micay; en distancia de 1672 metros hasta encontrar el punto N o. 51 de coordenadas planas X = 828.713 m.N y Y = 940.713 m.E y en colindación (sic) con el río en mención. Occidente: Del punto No. 52 se avanza aguas arriba por la quebrada Jacobo hasta el pun to No. 52 ( árbol de nato mocho) de coordena das planas X = 829.075 m.N y Y = 940.865 m.E; en distancia de 524 metros y en

quebrada Jacobo hasta el pun to No. 52 ( árbol de nato mocho) de coordena das planas X = 829.075 m.N y Y = 940.865 m.E; en distancia de 524 metros y en colindación (sic) con la comunidad negra de Manglares del río Micay. Del punto No. 52 se sigue con un azimut de 31235 59.2 hasta el pun to 46; en distancia de 1116 metros y en colindancia con la comunidad negra de Manglares del río Micay, en donde encierra nuevamente en el punto de partida. El área del predio Aserrío San Martín es de 313 Has. 3933 metros cuadrados.

Según el demandante, la ocupación del predio se ha extendido, por lo menos, durante cuarenta años. Ha ejercido actos de explotación económica con el aprovechamiento del bosque natural, a través del aserrío, que para el año de 1964 se encontraba en el delta del río Micay y posteriormente se trasladó a la sede actual, es decir, la q uebrada Jacobo, vereda de Guacar í. Esas actividades forestales llegaron a generar empleos para unas 180 familias de la región.

El predio San Martín había integrado un terreno –de dominio privado– denominado Comunidad San Juan de Micay, de extensión superficiaria aproximada de ciento veinte mil hectáreas, que comprendía los municipios de López de Micay, Tambo y Patía (departamento del Cauca), cuya propiedad estuvo en cabeza, entre otros, de Cecilia Chaux viuda de Arboleda, Luz Nohem í Arboleda Chaux, Ana Cecilia Arboleda Chaux, Ricardo León Arboleda Chaux. El inmueble Comunidad San Juan

Cecilia Chaux viuda de Arboleda, Luz Nohem í Arboleda Chaux, Ana Cecilia Arboleda Chaux, Ricardo León Arboleda Chaux. El inmueble Comunidad San Juan de Micay fue objeto de un procedimiento administrativo de extinción del dominio privado, que adelantó el entonces I nstituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) y concluyó con la Resolución No. 00527 del 13 febrero de 1967 –extintiva del dominio –. Por ello, e se terreno ingresó al patrimonio de l INCORA–Fondo Nacional Agrario.

El 10 de octubre de 1989 , el demandante radicó solicitud de titulación del predio San Martín ante el INCORA, sede de Guapi (Cauca). Con ocasión del trámite de esta petición, se publicó la existencia del trámite administrativo, conforme lo certificó la Gerencia y la Secretaría Jurídica de la Regional Valle del Cauca del INCODER, el 24 de agosto de 1992 . De modo que , para entonces, estaban pendientes las etapas de medición e inspección ocular del inmueble. No obstante, según el demandante, el expediente se destruyó y debió reconstruirse para continuar elRadicación: 19001-23-31-000-2010-0005801 (58369)

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trámite de la adjudicación.

Por otra parte, el Consejo Comunitario Manglares del Río Micay solicitó al INCORA la titulación colectiva –como propiedad de la comunidad afrodescendiente – de un gran globo de terreno baldío, que comprendía parte del predio objeto de la extinción

Por otra parte, el Consejo Comunitario Manglares del Río Micay solicitó al INCORA la titulación colectiva –como propiedad de la comunidad afrodescendiente – de un gran globo de terreno baldío, que comprendía parte del predio objeto de la extinción de dominio del año 1967 y que, incluso, abarcaba el área del inmueble San Martín. Dada esta circunstancia, el demandante formuló incidente de oposición a la titulación colectiva y, para ese efecto, alegó la ocupación económica del predio desde antes de la vigencia de la Ley 70 de 1993. Por Resolución No. 0275 del 1 de febrero de 2006, se excluyó de la titulación colectiva el área del Aserrío San Martín, esto es, la extensión superficiaria de 313 hectáreas y 3933 mts2.

No obstante, la entidad demandada, mediante la Resolución No. 085 del 18 de junio de 2009, negó la solicitud del demandante para la adjudicación del predio. Contra esta decisión el afectado interpuso recurso de reposición, que se rechazó por auto del 21 de julio de 2009. A su vez, el procurador 7 judicial, ambiental y agrario del Cauca recurrió en reposición la Resolución No. 085 de 2009. La entidad demandada negó la impugnación, mediante la Resolución No. 0132 del 6 de agosto de 2009.

En relación con el fundamento jurídico –las normas violadas y el concepto de violación–, el demandante adujo que los actos acusados son nulos , porque contravienen las normas superiores en que debieron fundarse y están falsamente motivados, porque:

violación–, el demandante adujo que los actos acusados son nulos , porque contravienen las normas superiores en que debieron fundarse y están falsamente motivados, porque:

(a) Infringieron los mandatos del régimen de transición previsto en el artículo 60 del Decreto 2664 de 1994, reglamentario de la Ley 160 de 1994, en materia de titulación de baldíos y, con ello, dejaron de aplicar a la situación del peticionario las normas pertinentes, esto es, el artículo 10 de la Ley 30 de 1988 y el artículo 6 del Decreto 2275 de 1988 . Asimismo, los actos acusados trasgredieron los artículos 65, 66 y 112 de la Ley 160 de 1994 ; el artículo 73, inciso primero, del Decreto 01 de 1984 (CCA), que regula la revocación directa de actos administrativos de carácter particular y los artículos 58 y 83 de la Constitución Política.

(b) El inmueble San Martin quedó con la condición de baldío desde la ejecutoria de la Resolución No. 0527 de 13 de febrero de 1967, expedida por el INCORA, pues con esa decisión se determinó la extinción del derecho de dominio privado sobre el predio de mayor extensión denominado Comunidad San Juan De Micay, que incluíaRadicación: 19001-23-31-000-2010-0005801 (58369)

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el terreno en discusión. De ahí que la autoridad demandada, conforme al artículo 26 de la Ley 135 de 1961, vigente para la época de los hechos, estaba facultada para

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el terreno en discusión. De ahí que la autoridad demandada, conforme al artículo 26 de la Ley 135 de 1961, vigente para la época de los hechos, estaba facultada para adjudicar a los colonos presentes en el predio (ocupantes que no reconocen dominio) las porciones que les correspondan , de acuerdo con las normas sobre baldíos vigentes a la fecha de su establecimiento.

Respecto de la situación d el demandante, es claro que la entidad demandada reconoció su derecho de «ocupación» y explotación del baldío San Martín, al excluir del procedimiento de titulación colectiva , en favor del Consejo Comunitario Manglares del Río Micay, la extensión de tierra correspondiente a 313 hectáreas y 3933 mts2, decisión contenida en la Resolución No. 0275 del 1 de febrero de 2006.

La c ondición de bien baldío del terreno en controversia no es original , sino que derivó de la decisión administrativa de extinción del dominio privado por ausencia de explotación económica –la Resolución No. 527 de 1967–, pero la ocupación del inmueble y su explotación se remonta al año 19 64 y la solicitud de titulación del baldío se presentó en octubre de 1989. Por ello, la Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios no eran aplicables para la definición de la situación del predio, en la medida en que esa normativa entró en vig or el 5 de agosto de 1994. De hecho, el artículo 60 del Decreto 2664 de 1994 precisó el régimen de transición legislativo

medida en que esa normativa entró en vig or el 5 de agosto de 1994. De hecho, el artículo 60 del Decreto 2664 de 1994 precisó el régimen de transición legislativo para los trámites de adjudicación de baldíos y el desconocimiento de esa disposición reglamentaria trajo consigo la aplicación retroactiva de la nueva ley agraria.

(c) De acuerdo con el «tenor literal» del artículo 60 del Decreto 2664 de 1994 , los procedimientos de titulación de baldíos o de recuperación de los indebidamente ocupados, iniciados antes de la vi gencia de la Ley 160 de 1994, las situaciones jurídicas definidas o consumadas bajo la vigencia de la ley anterior, lo mismo que los efectos producidos por tales actuaciones –antes de que entrara a regir la nueva ley–, quedaron regulados por la Ley 135 de 1961, los Decretos 1265 de 1977 y 2275 de 1988, junto con las modificaciones introducidas con la Ley 30 de 1988.

Asimismo, conforme al artículo 10 de la Ley 30 de 1988, modificatorio del art ículo 29 de la Ley 135 de 1961, la adjudicación de terrenos baldíos en favor de personas naturales se autorizaba hasta el límite de 450 hectáreas, siempre que se hubiera ocupado de manera previa con explotación económica. De ahí que, si la explotación del predio por el peticionario se dio desde 1964 y la extensión de aquel era inferior al límite legal, procedía la adjudicación. No obstante, la entidad demandada aplicóRadicación: 19001-23-31-000-2010-0005801 (58369)

Demandante: Luis Hernando Lenis Rengifo

Demandado: INCODER

al límite legal, procedía la adjudicación. No obstante, la entidad demandada aplicóRadicación: 19001-23-31-000-2010-0005801 (58369)

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la Ley 160 de 1994 al trámite administrativo y, con base en el artículo 56, negó la solicitud, a pesar de que dicho precepto condicionada la adjudicación al reglamento que expidiera el INCODER, lo cual sólo sucedió hasta el Acuerdo No. 037 de 7 de diciembre de 2005, acto este que regló la adjudicación en Unidades Agrícolas Familiares.

(d) El demandante actuó de buena fe y con observación de las normas vigentes que el concedieron el derecho a la adjudicación del predio San Martín, al haber ejercido la ocupación y explotación económica. Por el contrario, la entidad demandada obró de maner a «negligente», pues se tomó veinte años para decidir la petición de titulación.

Contestación de la demanda

Por memorial del 7 de septiembre de 20 102, el INCODER se opuso a las pretensiones de la demanda. Sostuvo que el demandante no agotó en debida forma la vía gubernativa , pues presentó extemporáneamente el recurso de reposición contra la Resolución No.0085 de 2009. De allí que esa decisión quedó en firme.

Precisó que las normas invocadas por el demandante como definitorias de la situación jurídica del predio, esto es, el art ículo 10 de la Ley 30 de 1988 –

Precisó que las normas invocadas por el demandante como definitorias de la situación jurídica del predio, esto es, el art ículo 10 de la Ley 30 de 1988 – modificatorio de la Ley 135 de 1961 – y el artículo 6 del Decreto 2275 de 1988 no gobernaban el asunto, por cuanto el artículo 60 del Decreto 2664 de 1994 prescribe que el régimen anterior, que autorizaba la adjudicación de un bien baldío hasta por 450 hectáreas, sólo aplicaba para aquellos asuntos consolidados y definidos antes de la vigencia de la Ley 160 de 1994. Dado que , en esta controversia, al momento del vigor de la nueva ley, no había finalizado el procedimiento administrativo –pues únicamente se habían completado algunas etapas–, la asignación de tierras estaba sujeta a los límites establecidos en el artículo 56 de la Ley 160 de 1994 y la Resolución No. 041 de 1996, es decir, entre 42 y 57 hectáreas, conforme al sistema de Unidades Agrícolas Familiares.

Según la demandada, no se configuró la alegada violación de los artículos 65, 66 y 112 de la Ley 160 de 1994, pues la ocupación de tierras baldías es una situación de hecho, por ello, la titulación que de estas haga el Estado corresponde al régimen jurídico vigente cuando se adopta la decisión administrativa, circunstancia que

2 Cfr. Fl. 95-107, c. 4.Radicación: 19001-23-31-000-2010-0005801 (58369)

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excluye la supuesta aplicación retroactiva de la ley nueva . Por oposición, haber definido la asignación del predio San Miguel, con base en las Leyes 135 de 1961 y 30 de 1998 , habría significado la aplicación ultraactiva de normas derogadas, proceder este sí contrario a derecho, pues la ocupación de tierras , por sí sola, no genera derechos sobre estas que se consolida n por el trascurso del tiempo , sino que es necesario un título jurídico que así lo reconozca.

En ese orden de ideas, tampoco se presentó la trasgresión de los artículos 58 y 83 constitucionales, porque no existe un derecho adquirido en vigencia de l régimen legal anterior que deba protegerse. La situación del interesado, en relación con el predio en discusión, sólo consistía en una «mera expectativa », cuya definición corresponde a la autoridad administrativa competente, en los términos del régimen legal vigente.

Tampoco es cierto que la Resolución No. 0275 de 2006, que culminó el procedimiento de titulación colectiva en favor del Consejo Comunitario Manglares del Río Micay , hubiera reconocido derecho alguno al demandante sobre el predio San Martín. En realidad, tal decisión sólo excluyó un área de dicha asignación de tierras, en la medida en que existía una situación originada por la ocupación de la última extensión de tierra.

La entidad demandada formuló las excepciones de «falta de legitimación en la causa por pasiva», porque el demandante no tenía derecho alguno amparado en

última extensión de tierra.

La entidad demandada formuló las excepciones de «falta de legitimación en la causa por pasiva», porque el demandante no tenía derecho alguno amparado en una norma jurídica, presupuesto de procedencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de acuerdo con el artículo 85 CCA. Asimismo, la falta de configuración de las causales de nulidad de los actos administrativos, porque las decisiones cuestionadas se ajustan al ordenamiento.

Concluyó que no es posible adjudicar el área como lo solicita el demandante (…), puesto que no hay forma de individualizar la parte a que tendría derecho el ocupante si éste no la delimita y que aun cuando cumple con los requisitos para que se la adjudique la U.A.F. en la zona, el Instituto no puede suplir la voluntad del beneficiario, individualizando, delimitando y adjudicando el área establecida por la ley en contra de la voluntad del ocupante.

Sentencia de primera instanciaRadicación: 19001-23-31-000-2010-0005801 (58369)

Demandante: Luis Hernando Lenis Rengifo Demandado: INCODER Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Por providencia del 16 de julio de 20 153, el Tribunal Administrativo de l Cauca declaró la nulidad de las Resoluciones No. 0085 del 18 de junio y 0132 del 6 de agosto de 2009. Como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ordenó a la entidad demandada expedir el acto de adjudicación del baldío San Martín, en extensión de 313 hectáreas y 3933 m 2, conforme al régimen definido en

agosto de 2009. Como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ordenó a la entidad demandada expedir el acto de adjudicación del baldío San Martín, en extensión de 313 hectáreas y 3933 m 2, conforme al régimen definido en las Leyes 135 de 1961 y 30 de 1988. Negó las demás pretensiones de la demanda.

El Tribunal estimó que la normativa aplicable a esta controversia es la prevista en el régimen anterior a la Ley 160 de 1994, porq ue el demandante , como persona natural, al momento de la solicitud de adjudicación del baldío, demostró a la entidad demandada la ocupación del terreno y la explotación econ ómica del predio, requisitos sustanciales necesarios en esa época para la titulación. Asimismo, el interesado estaba incurso en los presupuestos del régimen de transición frente a la nueva ley, de acuerdo con el artículo 60 del Decreto 2664 de 1994.

Consideró que las pruebas dieron cuenta que el demandante tenía la condición de ocupante del predio San Martín , cuya extensión corresponde a 313 hectáreas y 3933 m2, que el predio se encuentra ubicado en la vereda Guacarí del municipio de López de Micay, en el departamento del Cauca, con el respectivo levantamiento topográfico. También que más de dos tercios de la extensión de tierra tenían explotación económica, porque se había constatado la presencia de herramientas y utensilios para el aprovechamiento forestal.

En sustento de su conclusión, el Tribunal indicó que:

[L]a situación jurídica definida o consumada de que habla el primer inciso del art.

utensilios para el aprovechamiento forestal.

En sustento de su conclusión, el Tribunal indicó que:

[L]a situación jurídica definida o consumada de que habla el primer inciso del art. 60 del Decreto 2664 de 1.994, se refiere a aquellos casos en los cuales ya están integrados los elementos de la hipótesis normativa, restando solamente su reconocimiento por l a Administración; por estar ya reunidos tales elementos se genera el derecho a su reconocimiento. En este caso el acto administrativo no es creador del derecho, ni puede serlo, es simplemente un acto declarativo de su existencia, no constitutivo del mismo. Mutatis mutandi, sería el caso del trabajador o del empleado que ha integrado la totalidad de los elementos para solicitar y obtener una pensión: tiene el tiempo de trabajo, el número de cotizaciones, o aportes, la edad prevista en la ley, pero no tiene e l acto administrativo que le reconoce ese derecho. No podría en este caso una nueva ley desconocerle esa situación jurídica ya consumada (…).

Recurso de apelación

3 Cfr. Fl. 207-231, c. pal.Radicación: 19001-23-31-000-2010-0005801 (58369)

Demandante: Luis Hernando Lenis Rengifo Demandado: INCODER Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

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La entidad demandada presentó recurso de apelación mediante escrito radicado el 11 de agosto de 20 154, con el fin de que se revo que la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda. Insistió en que el interesado no recurrió oportunamente, en sede de la vía guber nativa, la

instancia y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda. Insistió en que el interesado no recurrió oportunamente, en sede de la vía guber nativa, la Resolución No. 0085 de 2009, pues la impugnación que presentó fue extemporánea, por ello, dicho acto quedó en firme.

Sobre los motivos de inconformidad contra la decisión del Tribunal, reiteró l as razones de la contestación de la demanda y resaltó que, conforme al artículo 60 del Decreto 2664 de 1994 –régimen de transición–, se deben aplicar las disposiciones de la Ley 160 de 1994 y su reglamento a las situaciones jurídicas que se iniciaron bajo el imperio de la ley anterior, pero que aún están en curso o no tienen definición administrativa cuando dicha ley entró a regir –tal como sucedió en esta controversia–. De modo que sólo cobijan los mandatos de las Leyes 135 de 1961 y 30 de 1988, junto con sus respec tivos reglamentos, a aquellas situaciones sobre baldíos cuya situación jurídica quedó definida o consumada al tiempo de la vigencia de esos preceptos, mediante el respectivo acto administrativo.

Sostuvo que (se transcribe con posibles errores):

[D]ebe señalarse que no es la fecha desde la cual se inició la ocupación de un baldío, el hecho que determina cuál es la norma aplicable al momento de proferir la resolución final con la cual se decide el procedimiento de adjudicación, sino que es la fecha en qu e la administración toma la decisión sobre el procedimiento, a través de la expedición de un acto administrativo (resolución), el hecho que determina cuál es la norma o las normas aplicables al asunto que se decide , que

es la fecha en qu e la administración toma la decisión sobre el procedimiento, a través de la expedición de un acto administrativo (resolución), el hecho que determina cuál es la norma o las normas aplicables al asunto que se decide , que no pueden ser otras que las vigentes en esa fecha, en razón de la temporalidad de la norma , a menos que se trate de situaciones a las que expresamente deba aplicarse la ultraactividad de la ley, como pretende el actor, de manera equivocada cuando señala que las normas aplicables al c aso que nos ocupa debía ser el artículo 10 de la Ley 30 de 1988 y el artículo 6 del Decreto 2275 de 1988. Si la teoría fuese cierta, en cuanto fuese el tiempo de ocupación de un baldío el hecho que determine la norma a aplicar para que la administración a dopte su decisión sobre la solicitud de adjudicación de un predio, hoy las distintas resoluciones que el INCODER profiera al culminar estos procedimientos –dada la antigüedad con que algunos campesinos vienen ocupando predios baldíos – tendría que basarse no solo en la Ley 30 de 1988, sino a (sic) algunas anteriores a esa como la 135 de 1961, primera de 1968, cuarta de 1974 y otras, lo que constituiría un absoluto desacierto jurídico y desdiría del atributo de generalidad que comportan las leyes (sic) (…).

Trámite de segunda instancia

4 Cfr. Fl. 233 a 245, c. pal.Radicación: 19001-23-31-000-2010-0005801 (58369)

Demandante: Luis Hernando Lenis Rengifo

Demandado: INCODER

4 Cfr. Fl. 233 a 245, c. pal.Radicación: 19001-23-31-000-2010-0005801 (58369)

Demandante: Luis Hernando Lenis Rengifo Demandado: INCODER Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

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El 30 de agosto de 20165, previo a declarar fallida la audiencia de conciliación [conforme al artículo 70 de la Ley 1395 de 2010] por falta de acuerdo entre las partes, el Tribunal Administrativo del Cauca concedió el recurso de apelación . Por auto del 13 de febrero de 2017, se admitió el recurso de apelación contra la sentencia del 16 de julio de 20156. El 19 de julio de 2017 se reconoció a la Agencia Nacional de Tierras –ANT como sucesora procesal del INCODER y se le requirió para que designara un apoderado7. El 28 de junio de 2019, se reconoció personería a la representante judicial de la sucesora procesal 8. En la misma fecha se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión9.

La parte demandante alegó que debía confirmarse la sentencia de primera instancia, porque la inusual tardanza de la entidad para resolver la solicitud de adjudicación llevó a que se produjera un tránsito legislativo que, en todo caso, quedó salvaguardado por el artículo 60 del Decreto 2664 de 1994, de modo que la situación quedó cobijada por las normas vigentes al tiempo de la petición de titulación10.

La ANT pidió que se rev ocará la sentencia apelada, porque al momento de la expedición de los actos acusados no existía una situación consolidada o definida,

La ANT pidió que se rev ocará la sentencia apelada, porque al momento de la expedición de los actos acusados no existía una situación consolidada o definida, en relación con el predio San Martín. Recalcó que, conforme al artículo 65 de la Ley 160 de 1994, la propiedad de los terrenos baldíos adjudicables sólo se adquiere mediante título traslaticio de dominio otorgado por el Estado , a través del Instituto Colombiano de Reforma Agraria o quien haga sus veces, por ende, la definición de la titulación tenía que hacerse conforme a la nueva ley, que restringe la extensión de los predios a la extensión definida para las Unidades Agr